El Secretario de Derechos Humanos de Argentina asegura que la creación de una “falsa memoria pretende imponer la organización del olvido”
“Para los autores de crímenes contra la humanidad no hay otro camino que el enjuiciamiento y la condena”
Contaminame
“Para los autores de crímenes contra la humanidad no hay otro camino que el enjuiciamiento y la condena”
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El secretario de Derechos Humanos de la Nación en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, abogado e histórico militante de la causa de los derechos humanos en el país, asegura que “para los autores de crímenes contra la humanidad no hay otro camino que el enjuiciamiento y la condena” y que, en el caso de la memoria histórica, la pretensión que motiva la creación de falsas memorias es “imponer la organización del olvido”.
Eduardo Luis Duhalde se expresó así en el curso de una entrevista en la que explicó a Contamíname el contenido de su conferencia Memoria, verdad y justicia. La experiencia argentina, con la que inicia el segundo día del Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía Memorias en Transición, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes, organizado por la Fundación Contamíname y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La exposición del experto argentino consiste en la explicación de la experiencia del país suramericano, comenzando por una caracterización de la dictadura que gobernó su país entre 1976 y 1983, para seguir por una breve referencia sobre las actuaciones llevadas a cabo en su país para el esclarecimiento de la verdad en torno a la represión y la activación de mecanismos de justicia, para detenerse con más profundidad en una reflexión sobre el papel de la memoria histórica.
“La memoria no es aséptica ni neutral, ni pacífica; hay un combate por la memoria, que tiene un carácter operativo, al ser un instrumento ligado a la construcción de la sociedad que queremos y en función de los intereses en juego”, explica el secretario de Derechos Humanos argentino. En Argentina, la memoria histórica consiste no sólo en el recuento de los hechos represivos y el recuerdo y enumeración de las víctimas, sino que, además, “también es el rescate de las prácticas sociales”: se trata de mostrar lo que fue demolido por la dictadura, pero este rescate se dirige también a “volver a reproducir el tejido social” que fue destruido.
La construcción de la memoria histórica “no tiene recetas”, asegura Duhalde, para señalar seguidamente que esa memoria “no debe dejar de ser parte de nuestro presente en tanto que es nuestro pasado vivo”. En este sentido, señaló que en el caso español se observa que “no hay distancia suficiente en el tiempo, porque las huellas siguen presentes en la sociedad actual” setenta años después de acabada la guerra civil.
En Argentina, el Estado “asume como parte de su obligación el rescate de la memoria histórica asentada en la irrefutable verdad de lo ocurrido”. Memoria histórica es una tarea de mucho rigor: “narración y simbolización en la resignificación del horror no es la mera recordación de hechos del pasado”, se trata de analizar desde las ciencias sociales “la sistematicidad de su práctica ilegal y su persistencia en el tiempo desde las miradas cruzadas de los actores sociales víctimas”.
La experiencia argentina
Duhalde parte de la caracterización de la dictadura argentina como un fenómeno diferente al de la dictadura latinoamericana dirigida por un caudillo militar. En Argentina, tres juntas militares se sucedieron en los años de la dictadura, resultado de un carácter más estructurado a partir de un esquema “ligado a la doctrina de la Seguridad Nacional”. Partiendo de la idea de que las instituciones del Estado democrático no eran capaces de garantizar el orden social, según el análisis de los militares, el ejército dio un golpe y estructuró un “Estado clandestino, con el terror como resultado”.
La acción de este Estado clandestino, que ya hace 30 años, el abogado calificó de “terrorista”, dio lugar en casi ocho años a 30.000 detenidos desaparecidos, 10.000 presos políticos detenidos en cárceles sin proceso judicial, más de 200.000 exiliados y una serie de purgas internas. Al compararla con otras dictaduras contemporáneas del Cono Sur americano, Duhalde especifica: “la dictadura de Argentina siguió una metodología del exterminio como una forma de control del conjunto de la sociedad a través del terror”, que, además, fue planificada de forma sistemática con antelación al golpe. El impacto de estos mecanismos de terror sistemáticos “ha afectado gravemente a la salud mental del conjunto de la sociedad”.
La represión generó un movimiento de rechazo y de resistencia, organizado en torno a la defensa de los derechos humanos y liderado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Este movimiento ha sido el motor de las políticas destinadas a esclarecer la verdad y hacer justicia tras la caída de la dictadura, con actuaciones en las que participaron todas las instituciones del Estado. Así, se dio el caso excepcional de que un tribunal de justicia ordinaria encausara a los integrantes de la cúpula militar y los condenara a prisión perpetua.
Mientras estas medidas resultaron insuficientes para el movimiento de derechos humanos, Alfonsín cedió ante la presión militar, dando paso a la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, labor continuada por el presidente Carlos Menem mediante el indulto a los militares que habían sido condenados. Ante esta situación, la aplicación de la justicia universal en países como España, Italia, Francia y Alemania ha sido trascendental. “Para nosotros, el trabajo de Garzón fue de una enorme ayuda”, explicó el abogado.
Finalmente, desde 2003, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, y en la actualidad, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la memoria, la verdad y la justicia forman parte del “corpus doctrinario de las políticas públicas”. Así, se anularon los indultos y la ley de punto final, y se procedió a la reapertura de las causas judiciales, al tiempo que el nuevo jefe del ejército hacía una autocrítica en las que repudió las actuaciones de la dictadura, facilitando la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Actualmente, el gobierno argentino está organizando el Archivo Nacional de la memoria y el Centro Cultural de la Memoria.
(Fuente:Cecilio M. Salguero-Contaminame).
Eduardo Luis Duhalde se expresó así en el curso de una entrevista en la que explicó a Contamíname el contenido de su conferencia Memoria, verdad y justicia. La experiencia argentina, con la que inicia el segundo día del Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía Memorias en Transición, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes, organizado por la Fundación Contamíname y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La exposición del experto argentino consiste en la explicación de la experiencia del país suramericano, comenzando por una caracterización de la dictadura que gobernó su país entre 1976 y 1983, para seguir por una breve referencia sobre las actuaciones llevadas a cabo en su país para el esclarecimiento de la verdad en torno a la represión y la activación de mecanismos de justicia, para detenerse con más profundidad en una reflexión sobre el papel de la memoria histórica.
“La memoria no es aséptica ni neutral, ni pacífica; hay un combate por la memoria, que tiene un carácter operativo, al ser un instrumento ligado a la construcción de la sociedad que queremos y en función de los intereses en juego”, explica el secretario de Derechos Humanos argentino. En Argentina, la memoria histórica consiste no sólo en el recuento de los hechos represivos y el recuerdo y enumeración de las víctimas, sino que, además, “también es el rescate de las prácticas sociales”: se trata de mostrar lo que fue demolido por la dictadura, pero este rescate se dirige también a “volver a reproducir el tejido social” que fue destruido.
La construcción de la memoria histórica “no tiene recetas”, asegura Duhalde, para señalar seguidamente que esa memoria “no debe dejar de ser parte de nuestro presente en tanto que es nuestro pasado vivo”. En este sentido, señaló que en el caso español se observa que “no hay distancia suficiente en el tiempo, porque las huellas siguen presentes en la sociedad actual” setenta años después de acabada la guerra civil.
En Argentina, el Estado “asume como parte de su obligación el rescate de la memoria histórica asentada en la irrefutable verdad de lo ocurrido”. Memoria histórica es una tarea de mucho rigor: “narración y simbolización en la resignificación del horror no es la mera recordación de hechos del pasado”, se trata de analizar desde las ciencias sociales “la sistematicidad de su práctica ilegal y su persistencia en el tiempo desde las miradas cruzadas de los actores sociales víctimas”.
La experiencia argentina
Duhalde parte de la caracterización de la dictadura argentina como un fenómeno diferente al de la dictadura latinoamericana dirigida por un caudillo militar. En Argentina, tres juntas militares se sucedieron en los años de la dictadura, resultado de un carácter más estructurado a partir de un esquema “ligado a la doctrina de la Seguridad Nacional”. Partiendo de la idea de que las instituciones del Estado democrático no eran capaces de garantizar el orden social, según el análisis de los militares, el ejército dio un golpe y estructuró un “Estado clandestino, con el terror como resultado”.
La acción de este Estado clandestino, que ya hace 30 años, el abogado calificó de “terrorista”, dio lugar en casi ocho años a 30.000 detenidos desaparecidos, 10.000 presos políticos detenidos en cárceles sin proceso judicial, más de 200.000 exiliados y una serie de purgas internas. Al compararla con otras dictaduras contemporáneas del Cono Sur americano, Duhalde especifica: “la dictadura de Argentina siguió una metodología del exterminio como una forma de control del conjunto de la sociedad a través del terror”, que, además, fue planificada de forma sistemática con antelación al golpe. El impacto de estos mecanismos de terror sistemáticos “ha afectado gravemente a la salud mental del conjunto de la sociedad”.
La represión generó un movimiento de rechazo y de resistencia, organizado en torno a la defensa de los derechos humanos y liderado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Este movimiento ha sido el motor de las políticas destinadas a esclarecer la verdad y hacer justicia tras la caída de la dictadura, con actuaciones en las que participaron todas las instituciones del Estado. Así, se dio el caso excepcional de que un tribunal de justicia ordinaria encausara a los integrantes de la cúpula militar y los condenara a prisión perpetua.
Mientras estas medidas resultaron insuficientes para el movimiento de derechos humanos, Alfonsín cedió ante la presión militar, dando paso a la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, labor continuada por el presidente Carlos Menem mediante el indulto a los militares que habían sido condenados. Ante esta situación, la aplicación de la justicia universal en países como España, Italia, Francia y Alemania ha sido trascendental. “Para nosotros, el trabajo de Garzón fue de una enorme ayuda”, explicó el abogado.
Finalmente, desde 2003, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, y en la actualidad, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la memoria, la verdad y la justicia forman parte del “corpus doctrinario de las políticas públicas”. Así, se anularon los indultos y la ley de punto final, y se procedió a la reapertura de las causas judiciales, al tiempo que el nuevo jefe del ejército hacía una autocrítica en las que repudió las actuaciones de la dictadura, facilitando la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Actualmente, el gobierno argentino está organizando el Archivo Nacional de la memoria y el Centro Cultural de la Memoria.
(Fuente:Cecilio M. Salguero-Contaminame).
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