El Tribunal Oral Federal número 1 decidió investigar al ex juez Pedro Tiscornia por encubrimiento
La necesaria complicidad del poder Judicial
Por pedido de la fiscal Mabel Colalongo, el Tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad ordenó que se averigüe la actuación del ex funcionario judicial. Sobrevivientes relataron que se negó a tomar denuncias de secuestros y tormentos.
La necesaria complicidad del poder Judicial
Por pedido de la fiscal Mabel Colalongo, el Tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad ordenó que se averigüe la actuación del ex funcionario judicial. Sobrevivientes relataron que se negó a tomar denuncias de secuestros y tormentos.
La fiscal Mabel Colalongo dijo que el ex juez Tiscornia recibía órdenes del Ejército para legitimar consejos de guerra.
Por José Maggi
"Sin la complicidad de Poder Judicial no hubieran podido ocurrir estos hechos en ningún lugar de la República Argentina", dice la fiscal federal Mabel Colalongo para darle marco a la primera investigación seria que se abrió esta semana en la justicia federal contra el ex juez y ex fiscal Pedro Tiscornia, señalado por varias víctimas como quien se negara a tomar las denuncias por torturas que le relataban.
Para Colalongo, todo comenzó a gestarse "durante esta audiencia sobre todo a partir de las declaraciones de la testigo Adriana Quaranta que era una abogada que trabajaba en el Poder Judicial federal rosarino, en la fiscalía de Tiscornia, que después fue juez quien relató que antes de ser privada de su libertad, le advirtieron que debía renunciar el Poder Judicial, porque no le garantizaban la vida. Y está claro que ese Poder Judicial le estaba dando el mensaje que tenían las fuerzas armadas para aquellos sospechosos, que eran en definitiva casi todos los miembros de esta sociedad, por el solo hecho de decir que no coincidían con la tortura y el asesinato".
"Ella dijo que no entendía por qué debía renunciar, porque no había hecho nada en ese lugar de trabajo, y les pidió que le inicien un sumario. Ella renunció, pero igual a los pocos días fue secuestrada y llevada a La Calamita. Allí fue interrogada sobre las actividades de Rafael Bielsa, que era su compañero en la fiscalía de Tiscornia, y una semana antes había sido privado de su libertad. Es más, cuando liberan a Quaranta ella va directamente a la fiscalía donde trabajaba para denunciar lo ocurrido, pero ellos no hicieron nada".
En rigor, ésta no era la primera vez que se lo denuncia a Pedro Tiscornia: la abogada Ana Figueroa lo había hecho en julio de 2006 patrocinando a Adriana Arce, en una testimonial. "El juez federal de instrucción era Germán Sutter Schneider y a pesar de que hubo incluso después de él un nuevo juez, sobre este tema no se ha investigado nada", dijo Figueroa a Rosario/12.
¿Qué otras victimas señalaron a Tiscornia en las audiencias de este juicio Guerrieri Amelong?
En las declaraciones de Adriana Arce, Juan Rivero y Ramón Verón, ellos comentaron cómo Tiscornia, como juez, se constituyó en el lugar donde estaba detenidos, por una pena impuesta por un Consejo de Guerra, mientras él llegaba allí para decirles que los iba a investigar nuevamente por los mismos hechos que ya los habían condenado. Ni hablar de la falta de legalidad y de legitimidad que significaba ese Consejo de Guerra porque eran civiles, a quienes se les tomaba declaraciones testimoniales cuando eran imputados en el expediente. Es más, Tiscornia termina legitimando ese proceso porque el mismo Consejo de Guerra le pide que los investigue.
-¿El propio Ejército le ordenaba entonces a un juez federal que investigara?
Sí, aunque suene raro era así. Es más, Tiscornia le preguntó por escrito donde estaban detenidos Rivero, Verón y Arce, porque no lo sabía. Y peor aún, el Ejército demoró un mes para contestarle, por lo que debió repetir su consulta.
Es decir que Tiscornia tenía bajo su responsabilidad a tres detenidos que no sabía siquiera donde estaban alojados? ¿Cuál debió haber sido la actitud de Tiscornia como juez federal?
Más allá del acta de Reorganización Nacional, estaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y la Junta Militar no tenía facultades para derogar esa Convención. Por lo tanto, el juez debió haber revisado y declarado la ilegalidad de este proceso. Pero supongamos que no lo hizo porque creyó que los decretos-leyes permitían esto, porque si podían secuestrar, torturar y desaparecer peronas, esto debió haber sido nada para estas personas. Repito: Tiscornia debió haber declarado todo esto ilegal.
Pero lo más grave es que cada uno de estos testigos que fueron las víctimas de estos hechos, Arce, Rivero, Verón, Olga Moyano; las víctimas del encubrimiento de Tiscornia, de su participación y legitimación de todo este proceso terrible, firmaron estas declaraciones con los ojos vendados en el centro clandestino de detención Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Y con esas declaraciones se los condenó en el Consejo de Guerra. Supongamos que era legítimo ese Consejo, que no lo era. Bueno, a Tiscornia las víctimas le recordaron que les hacía las mismas preguntas que les hacían en los interrogatorios en el "chupadero". Entonces es difícil separar a Tiscornia de la connivencia de quienes tenían la decisión sobre la vida, la muerte y la suerte de cada uno de los habitantes de este país. Y no puedo omitir denunciar ese encubrimiento. A esta altura está meridianamente claro que no se hubiese podido consolidar este proceso sin la participación del Poder Judicial argentino. En algunos casos ocurre que es muy clara la participación como el de Tiscornia, es decir que hay un nombre y apellido.
Santa Fe tiene un antecedente porque hay un ex juez federal detenido y procesado por delitos de lesa humanidad como es Víctor Hermes Brusa. ¿Hay puntos de contacto con este caso?
La mayoría de los hechos imputados a Brusa fueron como secretario del juzgado. Ahora bien, no hay mucha diferencia entre interrogar a los gritos a una personas, o constituirse en una cárcel como hacia Tiscornia y preguntarle a las víctimas las mismas cosas que le preguntaban cuando estaban en un centro clandestino. Y cuando le relataban los tormentos, no investigó nada. En el fondo, no hay mayores diferencias.
Por José Maggi
"Sin la complicidad de Poder Judicial no hubieran podido ocurrir estos hechos en ningún lugar de la República Argentina", dice la fiscal federal Mabel Colalongo para darle marco a la primera investigación seria que se abrió esta semana en la justicia federal contra el ex juez y ex fiscal Pedro Tiscornia, señalado por varias víctimas como quien se negara a tomar las denuncias por torturas que le relataban.
Para Colalongo, todo comenzó a gestarse "durante esta audiencia sobre todo a partir de las declaraciones de la testigo Adriana Quaranta que era una abogada que trabajaba en el Poder Judicial federal rosarino, en la fiscalía de Tiscornia, que después fue juez quien relató que antes de ser privada de su libertad, le advirtieron que debía renunciar el Poder Judicial, porque no le garantizaban la vida. Y está claro que ese Poder Judicial le estaba dando el mensaje que tenían las fuerzas armadas para aquellos sospechosos, que eran en definitiva casi todos los miembros de esta sociedad, por el solo hecho de decir que no coincidían con la tortura y el asesinato".
"Ella dijo que no entendía por qué debía renunciar, porque no había hecho nada en ese lugar de trabajo, y les pidió que le inicien un sumario. Ella renunció, pero igual a los pocos días fue secuestrada y llevada a La Calamita. Allí fue interrogada sobre las actividades de Rafael Bielsa, que era su compañero en la fiscalía de Tiscornia, y una semana antes había sido privado de su libertad. Es más, cuando liberan a Quaranta ella va directamente a la fiscalía donde trabajaba para denunciar lo ocurrido, pero ellos no hicieron nada".
En rigor, ésta no era la primera vez que se lo denuncia a Pedro Tiscornia: la abogada Ana Figueroa lo había hecho en julio de 2006 patrocinando a Adriana Arce, en una testimonial. "El juez federal de instrucción era Germán Sutter Schneider y a pesar de que hubo incluso después de él un nuevo juez, sobre este tema no se ha investigado nada", dijo Figueroa a Rosario/12.
¿Qué otras victimas señalaron a Tiscornia en las audiencias de este juicio Guerrieri Amelong?
En las declaraciones de Adriana Arce, Juan Rivero y Ramón Verón, ellos comentaron cómo Tiscornia, como juez, se constituyó en el lugar donde estaba detenidos, por una pena impuesta por un Consejo de Guerra, mientras él llegaba allí para decirles que los iba a investigar nuevamente por los mismos hechos que ya los habían condenado. Ni hablar de la falta de legalidad y de legitimidad que significaba ese Consejo de Guerra porque eran civiles, a quienes se les tomaba declaraciones testimoniales cuando eran imputados en el expediente. Es más, Tiscornia termina legitimando ese proceso porque el mismo Consejo de Guerra le pide que los investigue.
-¿El propio Ejército le ordenaba entonces a un juez federal que investigara?
Sí, aunque suene raro era así. Es más, Tiscornia le preguntó por escrito donde estaban detenidos Rivero, Verón y Arce, porque no lo sabía. Y peor aún, el Ejército demoró un mes para contestarle, por lo que debió repetir su consulta.
Es decir que Tiscornia tenía bajo su responsabilidad a tres detenidos que no sabía siquiera donde estaban alojados? ¿Cuál debió haber sido la actitud de Tiscornia como juez federal?
Más allá del acta de Reorganización Nacional, estaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y la Junta Militar no tenía facultades para derogar esa Convención. Por lo tanto, el juez debió haber revisado y declarado la ilegalidad de este proceso. Pero supongamos que no lo hizo porque creyó que los decretos-leyes permitían esto, porque si podían secuestrar, torturar y desaparecer peronas, esto debió haber sido nada para estas personas. Repito: Tiscornia debió haber declarado todo esto ilegal.
Pero lo más grave es que cada uno de estos testigos que fueron las víctimas de estos hechos, Arce, Rivero, Verón, Olga Moyano; las víctimas del encubrimiento de Tiscornia, de su participación y legitimación de todo este proceso terrible, firmaron estas declaraciones con los ojos vendados en el centro clandestino de detención Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Y con esas declaraciones se los condenó en el Consejo de Guerra. Supongamos que era legítimo ese Consejo, que no lo era. Bueno, a Tiscornia las víctimas le recordaron que les hacía las mismas preguntas que les hacían en los interrogatorios en el "chupadero". Entonces es difícil separar a Tiscornia de la connivencia de quienes tenían la decisión sobre la vida, la muerte y la suerte de cada uno de los habitantes de este país. Y no puedo omitir denunciar ese encubrimiento. A esta altura está meridianamente claro que no se hubiese podido consolidar este proceso sin la participación del Poder Judicial argentino. En algunos casos ocurre que es muy clara la participación como el de Tiscornia, es decir que hay un nombre y apellido.
Santa Fe tiene un antecedente porque hay un ex juez federal detenido y procesado por delitos de lesa humanidad como es Víctor Hermes Brusa. ¿Hay puntos de contacto con este caso?
La mayoría de los hechos imputados a Brusa fueron como secretario del juzgado. Ahora bien, no hay mucha diferencia entre interrogar a los gritos a una personas, o constituirse en una cárcel como hacia Tiscornia y preguntarle a las víctimas las mismas cosas que le preguntaban cuando estaban en un centro clandestino. Y cuando le relataban los tormentos, no investigó nada. En el fondo, no hay mayores diferencias.
Sfulcini
El represor Carlos Sfulcini fue detenido ayer en el departamento de España 344 piso 10, luego de que la Cámara Federal de Rosario ordenara su detención el 30 de octubre pasado. Según indicaron desde Hijos Rosario, "éste es uno de los cuatro asesinos que secuestraron a Tito Messiez el 22 de agosto de 1977 y el que más gozó de las increíbles protecciones que le brindaran los jueces federales y los servicios de seguridad". Para Hijos, "Sfulcini no es cualquier represor. Es un individuo que cínicamente ocupó la Dirección del Eempa 1284". Recién ayer, "después de presentaciones realizadas por la querella y la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, se ha logrado que Gendarmería cumplimiera la orden judicial".
El represor Carlos Sfulcini fue detenido ayer en el departamento de España 344 piso 10, luego de que la Cámara Federal de Rosario ordenara su detención el 30 de octubre pasado. Según indicaron desde Hijos Rosario, "éste es uno de los cuatro asesinos que secuestraron a Tito Messiez el 22 de agosto de 1977 y el que más gozó de las increíbles protecciones que le brindaran los jueces federales y los servicios de seguridad". Para Hijos, "Sfulcini no es cualquier represor. Es un individuo que cínicamente ocupó la Dirección del Eempa 1284". Recién ayer, "después de presentaciones realizadas por la querella y la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, se ha logrado que Gendarmería cumplimiera la orden judicial".
Indagan a Victor Manuel Montti, de la "patota judicial"
Mucho tiempo después
El ex secretario del juzgado federal de Santa Fe presionaba a las víctimas para que firmen lo declarado bajo tortura. Ahora, deberá dar explicaciones ante un juez por esos hechos.
Mucho tiempo después
El ex secretario del juzgado federal de Santa Fe presionaba a las víctimas para que firmen lo declarado bajo tortura. Ahora, deberá dar explicaciones ante un juez por esos hechos.
En el juicio contra Brusa y otros cinco represores, el nombre de Montti se escuchó varias veces.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Durante la dictadura, Victor Manuel Montti era secretario del juez federal Fernando Mántaras, un activo colaborador de la represión. En 1983, un ex preso político, Orlando Barquín lo acusó por haberlo presionado para que firme una declaración arrancada bajo torturas en la comisaría 4ª, en 1977. Pero otro juez al que secundaba en la reapertura democrática, Héctor Tripicchio, lo sobreseyó y archivó la causa el 4 de abril de 1984. Casi un cuarto de siglo después, el 9 de mayo de 2008, un tercer magistrado, Ricardo Lazzarini, desarchivó el expediente y anuló el sobreseimiento porque descubrió que Montti nunca había sido investigado y ni siquiera indagado por lo que consideró un delito de lesa humanidad. Tuvieron que pasar otros quince meses para que la Cámara Federal de Rosario ratifique que no había cosa juzgada. La serie seguirá el jueves, a las 9 de la mañana, cuando Lazzarini amplíe la indagatoria de Montti y le pida explicaciones por esa denuncia que pesa en su contra desde hace 26 años y por la que nunca fue molestado. Hasta ahora.
Montti ya había sido indagado en la causa que instruye Lazzarini hace dos años, cuando actuaba como conjuez el abogado Leandro Corti, quien lo acusó por no dejar constancia en un acta judicial de las torturas que había denunciado otro ex detenido político, Roberto Cepeda y no requerir asistencia médico. Fue el 18 de octubre de 2007, cuando el ex secretario de Mántaras ingresó al Juzgado Federal por una puerta y salió por la otra.
El jueves, Lazzarini lo interrogará por la denuncia de Barquín, pero también por dos hechos que denunciaron otros ex presos políticos: Francisco Klaric y José Villarreal.
La investigación de Lazzarini es un desprendimiento del juicio a los represores santafesinos, en la que ya procesó por "asociación ilícita" a siete acusados: los seis que juzga el Tribunal Oral (Víctor Brusa, los comisarios Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romero Colombini y Mario Facino, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex oficial de inteligencia de la Policía, Eduardo Ramos), más el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, que zafó del juicio por problemas de salud. El octavo imputado en la causa es Montti, pero sobre él no pesan los cargos de los demás.
El nombre de Montti comenzó a sonar en el juicio a Brusa y compañía ya desde el arranque, el 14 de setiembre, cuando declararon Barquín y Klaric. Un mes después, el 14 de octubre, lo señalaron Cepeda y José Villarreal.
Barquín ratificó que Montti lo presionó para que firme una declaración que le habían arrancado en una sala de tormentos en la comisaría 4ª. "Me dijo: 'ya viste que mal la pasaste, si no ratificas esto ante mi presencia, volvés y te va a pasar exactamente lo mismo", contó ante el Tribunal. Mientras que Klaric lo definió como un integrante de la "patota judicial". "Sabíamos quiénes eran Mántaras, Montti, Brusa y (el ex juez federal ya fallecido Miguel Angel) Quirelli. Era la patota judicial", precisó.
Cepeda dijo que el 14 de junio de 1977, cuando estaba detenido en la comisaría 4ª. denunció ante Mántaras, Montti y Brusa las torturas que había sufrido en dos centros clandestinos de Córdoba: La Perla y La Rivera, de donde lo habían trasladado a Santa Fe. "Tenía olor a muerto. Estaba muy mal, con cicatrices, golpeado, con una perforación en el pie que me habían hecho con un soplete. Me faltaba una parte del cuero cabelludo. Estaba podrido en vida", dijo. Entonces, preguntó cómo le podían tomar una declaración judicial en ese estado. "Mántaras y Montti se chocaron para decirme que tenía suerte, que otros no habían tenido esa oportunidad. Que la había sacado barata", recordó.
Villareal también relató un interrogatorio de Montti y Brusa. Estaba con otros detenidos. "Fuimos pasando de a uno. Montti estaba con Brusa y un escribiente, no muy alto, peinado para atrás. Tuvimos una discusión con Montti por los términos de la declaración. Intervino Brusa, que dijo: 'Si se pone en duro lo bajamos/matamos y ya'. Después, nos llevaron de nuevo a la 4ª, donde había un régimen de abandono, no nos daban de comer, ni nos sacaban para ir al baño", dijo.
La jueza Lidia Carnero le preguntó entonces cuál había sido la reacción de Montti. "En todos los interrogatorios había una complicidad entre los que nos golpeaban y los jueces", respondió Villarreal.
Uno de los laderos de Mántaras en la dictadura era Montti. El otro, Brusa. Los dos se reciclaron en la democracia. Brusa ocupó el mismo cargo de Mántaras hasta su remoción, en marzo de 2000. Mientras que Montti se desempeñó como juez federal Nº 2 de Santa Fe durante un año -desde setiembre de 1983 hasta octubre de 1984 , después se radicó en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó altos cargos judiciales en el gobierno de Arturo Puricelli. Y finalmente, se instaló en Mar del Plata, donde se retiró como fiscal general, en 2002.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Durante la dictadura, Victor Manuel Montti era secretario del juez federal Fernando Mántaras, un activo colaborador de la represión. En 1983, un ex preso político, Orlando Barquín lo acusó por haberlo presionado para que firme una declaración arrancada bajo torturas en la comisaría 4ª, en 1977. Pero otro juez al que secundaba en la reapertura democrática, Héctor Tripicchio, lo sobreseyó y archivó la causa el 4 de abril de 1984. Casi un cuarto de siglo después, el 9 de mayo de 2008, un tercer magistrado, Ricardo Lazzarini, desarchivó el expediente y anuló el sobreseimiento porque descubrió que Montti nunca había sido investigado y ni siquiera indagado por lo que consideró un delito de lesa humanidad. Tuvieron que pasar otros quince meses para que la Cámara Federal de Rosario ratifique que no había cosa juzgada. La serie seguirá el jueves, a las 9 de la mañana, cuando Lazzarini amplíe la indagatoria de Montti y le pida explicaciones por esa denuncia que pesa en su contra desde hace 26 años y por la que nunca fue molestado. Hasta ahora.
Montti ya había sido indagado en la causa que instruye Lazzarini hace dos años, cuando actuaba como conjuez el abogado Leandro Corti, quien lo acusó por no dejar constancia en un acta judicial de las torturas que había denunciado otro ex detenido político, Roberto Cepeda y no requerir asistencia médico. Fue el 18 de octubre de 2007, cuando el ex secretario de Mántaras ingresó al Juzgado Federal por una puerta y salió por la otra.
El jueves, Lazzarini lo interrogará por la denuncia de Barquín, pero también por dos hechos que denunciaron otros ex presos políticos: Francisco Klaric y José Villarreal.
La investigación de Lazzarini es un desprendimiento del juicio a los represores santafesinos, en la que ya procesó por "asociación ilícita" a siete acusados: los seis que juzga el Tribunal Oral (Víctor Brusa, los comisarios Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romero Colombini y Mario Facino, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex oficial de inteligencia de la Policía, Eduardo Ramos), más el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, que zafó del juicio por problemas de salud. El octavo imputado en la causa es Montti, pero sobre él no pesan los cargos de los demás.
El nombre de Montti comenzó a sonar en el juicio a Brusa y compañía ya desde el arranque, el 14 de setiembre, cuando declararon Barquín y Klaric. Un mes después, el 14 de octubre, lo señalaron Cepeda y José Villarreal.
Barquín ratificó que Montti lo presionó para que firme una declaración que le habían arrancado en una sala de tormentos en la comisaría 4ª. "Me dijo: 'ya viste que mal la pasaste, si no ratificas esto ante mi presencia, volvés y te va a pasar exactamente lo mismo", contó ante el Tribunal. Mientras que Klaric lo definió como un integrante de la "patota judicial". "Sabíamos quiénes eran Mántaras, Montti, Brusa y (el ex juez federal ya fallecido Miguel Angel) Quirelli. Era la patota judicial", precisó.
Cepeda dijo que el 14 de junio de 1977, cuando estaba detenido en la comisaría 4ª. denunció ante Mántaras, Montti y Brusa las torturas que había sufrido en dos centros clandestinos de Córdoba: La Perla y La Rivera, de donde lo habían trasladado a Santa Fe. "Tenía olor a muerto. Estaba muy mal, con cicatrices, golpeado, con una perforación en el pie que me habían hecho con un soplete. Me faltaba una parte del cuero cabelludo. Estaba podrido en vida", dijo. Entonces, preguntó cómo le podían tomar una declaración judicial en ese estado. "Mántaras y Montti se chocaron para decirme que tenía suerte, que otros no habían tenido esa oportunidad. Que la había sacado barata", recordó.
Villareal también relató un interrogatorio de Montti y Brusa. Estaba con otros detenidos. "Fuimos pasando de a uno. Montti estaba con Brusa y un escribiente, no muy alto, peinado para atrás. Tuvimos una discusión con Montti por los términos de la declaración. Intervino Brusa, que dijo: 'Si se pone en duro lo bajamos/matamos y ya'. Después, nos llevaron de nuevo a la 4ª, donde había un régimen de abandono, no nos daban de comer, ni nos sacaban para ir al baño", dijo.
La jueza Lidia Carnero le preguntó entonces cuál había sido la reacción de Montti. "En todos los interrogatorios había una complicidad entre los que nos golpeaban y los jueces", respondió Villarreal.
Uno de los laderos de Mántaras en la dictadura era Montti. El otro, Brusa. Los dos se reciclaron en la democracia. Brusa ocupó el mismo cargo de Mántaras hasta su remoción, en marzo de 2000. Mientras que Montti se desempeñó como juez federal Nº 2 de Santa Fe durante un año -desde setiembre de 1983 hasta octubre de 1984 , después se radicó en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó altos cargos judiciales en el gobierno de Arturo Puricelli. Y finalmente, se instaló en Mar del Plata, donde se retiró como fiscal general, en 2002.
(Fuente:Rosario12).
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