LOS NOSTÁLGICOS DEL DESIERTO.

Los nostálgicos del Desierto
El 30 de octubre la dirigencia de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita fue amenazada de muerte a través de una nota publicada en el blog del programa radial La Flecha, la intimidación se extendía a organismos de derechos humanos y comunicadores. La criminalización de los pueblos originarios también se incrementó tras el asesinato de Javier Chocobar. Si bien el gobierno nacional repudió la “avanzada terrateniente”, la Policía Federal confirmó que investiga el supuesto vínculo ETA-Pueblo Mapuche, uno de los ejes del discurso ruralista.


"Lo haremos mierda a todos los cabecillas de cada comunidad", dice la amenaza recibida en nuestro blog. La misiva firmada por 'Marcos' fue publicada como comentario de la entrevista a Margarita Mamaní, referente de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, sobre el asesinato de Javier Chocobar, dirigente de la comunidad diaguita de Chuschagasta (departamento de Trancas, Tucumán).
La amenaza no sólo está dirigida a las autoridades de las comunidades que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita sino también contra la organización de derechos humanos ANDHES y las "emisoras y editores" que informan sobre el asesinato de Chocobar. Por este hecho ocurrido el pasado 12 de octubre están detenidos el terrateniente Darío Amín y los ex policías Luis Gómez y Jorge Valdivieso, el primero es cuñado del jefe de la policía de Tucumán y el segundo está sindicado como integrante del "Comando Atila", que conducía el ex comisario "Malevo" Ferreyra. Desde el programa radial La Flecha enmarcamos esta amenaza en el contexto nacional de violencia hacia los pueblos originarios que se incrementó en los últimos meses. En la provincia de Neuquén hay una avanzada de terratenientes y empresarios que se ven afectados por las demandas indígenas. Esta posición es amplificada por diarios como La Nación y Río Negro, que reproducen argumentos tales como que los mapuche no son un pueblo indígena "argentino" -negando los derechos derivados de su preexistencia al Estado. En Tucumán también se repiten estas maniobras con argumentos tan absurdos como negar a los diaguitas "porque hablan en celular". La intimidación fue publicada en nuestro blog pero podría haber sido vertida en cualquiera de los medios comprometidos con los derechos indígenas.El Gobierno Nacional adelantó que va a pedir la prórroga de la ley 26.160, sancionada en el 2006, que viene siendo resistida con ganaderos y empresarios. Esta norma suspende los desalojos de comunidades y dictamina un relevamiento de los territorios indígenas. En Tucumán este estudio se puso en marcha hace dos meses y generó una escalada de desalojos, con la complicidad de jueces, en distintas comunidades de la provincia, que culminó con el crimen de Chocobar. En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una campaña de presión que comenzó en diciembre de 2008 y se ha extendido durante todo el año en curso, contando entre uno de los promotores a Carlos 'Nuno' Sapag, hermano del gobernador. Esta avanzada contra el "desborde" de "usurpaciones de campos" y ataques a la aplicación de la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena está estrechamente vinculada a la campaña de criminalización de los movimientos sociales impulsada en todo el país por la derecha.
(Fuente:Indymedia).