PRESENTE
Papá ayer cuando estaba en la plaza esperando para empezar a marchar se iba sintiendo el calor, no el de la calle, sino de los compañeros, nos corrían gotas de sudor, pero eran gotas de sudor llenas de tantos años de trabajo, de tantos años de espera.
Caminábamos llevando las banderas que nos identifican, las caras de ustedes, las caras de nuestros viejos, cantábamos: “Como a los nazis les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar…” y eso estábamos haciendo marchando.
Ganamos los tribunales, tantas banderas, tantos compañeros, tanta incertidumbre, tanto dolor guardado, tanta angustia retenida, las horas pasaban y la ansiedad aumentaba, comenzó….
Silencio absoluto…atentos...
lágrimas que empezaban a correr…seguíamos esperando…
19 años para Brusa….la calle exploto….
empezamos a sentir que se podía….
A Perizotti 22 años… Aebi 19 años…
Facino 20 años…
Colombini y Ramos 23 años…
Cepeda 21 años…
Cuanto llore… el pecho se me lleno de alegría…. recibí tantos abrazos…Uno de ellos inesperado…El cacique…un compañero tuyo, vio tu foto en mi remera me abrazo y no paraba de decirme..." Tenes que estar orgullosa de tu viejo, fue un COMPAÑERO con todas las letras, se callo a pesar de lo mierda que lo estaban haciendo, sentí orgullo”…
Como para no sentirlo, si por donde iba pasando me iban diciéndolo…los cumpas de Reconquista hablaban de vos con tanta altura, marcando lo buen compañero, el hombre maravilloso que fuiste con solo 23 años, empezó a correr una paz por dentro mió…una paz que hacia mucho que no sentía.
Paula Luna.
Senn será investigado en Santa Fe por presunta complicidad con la represión
"El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura" al condenar al ex juez Brusa, dijo uno de los querellantes. El legislador del PJ cordobés fue ubicado por un testigo en un centro de detención.
SENN. Complicado en la Justicia Federal de Santa Fe.
Uno de los querellantes del primer juicio por los crímenes de la dictadura en Santa Fe, en el cual se pidió que se investigue la presunta relación del legislador del PJ cordobés Horaldo Senn con represores, dijo que "hay que empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad".
"Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio", dijo el querellante José Schullman, según publica .
"Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro", añadió.
Al condenar a 21 años de cárcel al ex juez Víctor Brusa, y a ex cinco policías con penas de entre 19 y 23 años, el Tribunal Oral de Santa Fe pidió que un fiscal investigue la presunta complicidad de una veintena de civiles con la represión, entre ellos Senn, quien estudió veterinaria en Esperanza durante esa época y militó en el "peronismo de izquierda", según reconoció.
Separación de la banca. En la Legislatura Unicameral de Córdoba la situación se analiza en la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por el oficialista Nelson Ibérico, a la cual los opositores César Seculini, Roberto Birri, José Maiocco, Enrique Asbert, Liliana Olivero y Modesta Genesio de Stabio presentaron para insistir con la separación de Senn de la banca.
"Seguimos considerando y, así lo solicitamos al señor presidente de la Comisión (el oficialista Nelson Ibérico) –señala el escrito– que ante tamaños delitos, creemos pertinente y oportuno separar del cargo al legislador Senn hasta tanto se determine su responsabilidad". Sostienen los opositores que "la separación no enerva el principio de inocencia" ya que Senn "podrá ejercer su defensa en juicio". Derechos humanos / Bajo la lupa
Un fiscal federal de Santa Fe investigará al legislador Senn
Fallo: a la par de condenar al ex juez Víctor Brusa, la Cámara Oral derivó los antecedentes del parlamentario al Ministerio Público / El testigo Chiarulli fue el principal promotor de la denuncia.
El Tribunal Oral de Santa Fe, que condenó ayer a 21 años de prisión al ex juez federal Víctor Hermes Brusa, le derivó a un fiscal de Instrucción de esa provincia la acusación que pesa sobre el legislador cordobés Horaldo Senn y otra docena de personas mencionadas durante ese juicio como presuntos “colaboradores” de la dictadura.
La Cámara, que preside Roberto Manuel López Arango, dio así curso a la acusación contra Senn que hizo el testigo Carlos Chiarulli, y que tuvo el aval del fiscal general Martín Suárez Faisal. Ahora uno de los dos fiscales federales de Instrucción de la ciudad de Santa Fe abrirá una investigación contra Senn y otra personas, según la línea bajada por la Cámara.
Brusa fue condenado por ser considerado autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos, en concurso real, durante su actuación como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
Además, cinco ex policías fueron condenados a penas de entre 19 y 23 años de prisión por ser responsables en carácter de coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas e imposición de tormentos.
Todos los delitos fueron cometidos, según el Tribunal, en el marco de un “plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado”, lo que los transforma en “delitos de lesa humanidad”.
Así, Juan Calixto Perizotti fue condenado a 22 años de prisión; María Eva Aebi a 19 años; Eduardo “Curro” Ramos a 23 años; Mario José Facino a 20 años; y Héctor “Pollo” Colombini a 23 años
El juicio, histórico para los santafesinos, dejó como elemento distintivo las revelaciones que se hicieron durante las audiencias públicas al margen del caso en cuestión. Así, cuando le tocó el turno de testimoniar a Chiarulli, recordó que Senn “lo visitó cuando estaba cautivo en un centro ilegal de detención” en la Capital santafesina, en 1977.
(Fuente: Rdendh-Lavoz).
SOBREVIVIENTES DECLARARON QUE BRUSA PRESENCIABA LAS TORTURAS
“Un colaborador del Ejército”
Durante la dictadura, Víctor Hermes Brusa apelaba a patadas de karate para amedrentar a los secuestrados. Durante el menemismo fue ascendido a juez federal. La investigación de Baltasar Garzón marcó el principio del fin de su impunidad.
A Anatilde Bugna de Perassolo la secuestró La Patota, el grupo de tareas que actuaba durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe. Quedó detenida en el siniestro puesto de la Guardia de Infantería Reforzada, reconocido como centro clandestino. Como lo hicieron otras víctimas, también Bugna de Perassolo recordó la presencia del ex juez Víctor Hermes Brusa en los pasillos de ese lugar. Brusa era secretario del Juzgado Federal 1 y mano derecha del juez santafesino Fernando Mántaras. “Cuando me llevaron a declarar y entra Brusa –dijo la mujer a Rosario/12– me puse chocha porque lo conocía de la Facultad de Derecho, pero no me escupió la cara porque no pudo. Me sentaron en una sillita y mientras yo hablaba, él daba vueltas alrededor mío. Se cagaba de risa por supuesto, me tiraba golpes de karate.”
Perassolo no es la única persona que habló de esas vueltas alrededor de una silla, ni de las patadas de karate lanzadas una y otra vez al ras de la cara. Dicen que ése era uno de los métodos del ex juez, ahora primer integrante del Poder Judicial condenado por su participación en el terrorismo de Estado. Que con aquella calesita Brusa intentaba amedrentar aún más a los detenidos políticos para obligarlos a mantenerse en estado de alerta, sin que pudieran detenerse a pensar.
Brusa tiene un pasado de rugbier en el Jockey Club de Santa Fe, entrenador del equipo que luego pasó al Ateneo Inmaculada. El año pasado, las publicaciones provinciales difundieron un informe de la SIDE con sus antecedentes fechado en 1981. Allí se decía que Brusa integró los grupos de Acción Católica en 1967, y tres años después entraba en el sistema judicial. Entró como meritorio ad honorem en el Juzgado Federal 1, lo nombraron empleado un año más tarde. El 30 de octubre de 1975 se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y en 1978 asumió el cargo de secretario criminal de instrucción de ese mismo juzgado, el título que esgrimía o con el que lo presentaban cuando llegaba a los centros clandestinos.
“Brusa parece que tiene un dios aparte, de todas formas me parece terrible que un secretario de un juez se preste a tomar declaraciones en un lugar de detención clandestino”, dijo en este caso Patricia Isasa, otra ex detenida de la GIR, a Rosario/12. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme”, relató José Schulman años más tarde, ante el Consejo de la Magistratura, y entre los ocho ex detenidos que explicaron cómo les hacía firmar declaraciones arrancadas durante las torturas.
El informe de la SIDE no ocultó un detalle: el destacamento de inteligencia 122 que firma el documento lo menciona como “un amigo, colaborador del Ejército Argentino”.
En 1992, durante la era menemista, Brusa logra convertirse en juez federal. Asume el cargo a pesar de que su nombre había sido incluido entre los represores denunciados por la Conadep en 1984 o pese a gestiones como las que años más tarde confesó el ex juez santafesino Raúl Dalla Fontana, quien habló de sus gestiones secretas en el Congreso para frenar el nombramiento. Dalla Fontana llegó a planteárselo, dijo, a Deolindo Bittel pero ninguna de sus gestiones finalmente sirvieron. Brusa había sido impulsado en su flamante cargo por dos ex senadores, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich, cercanos a los sectores del Ejército. “Mirá, hermano”, le dijo Bittel a Dalla Fontana, explicó él mismo al ex magistrado. “Yo entiendo lo que me decís, pero acá no hay forma porque en el Senado hay un acuerdo que dice que al juez federal lo ponen los senadores de cada provincia”.
Así como ahora, Brusa es el primer juez condenado por los delitos de lesa humanidad en mayo del año 2000 obtuvo un título un poco más decoroso: se convirtió en el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura. Pese a sus recorridos en los pasillos de los centros clandestinos, pese a las denuncias y a los testigos, el Consejo lo expulsó en el marco del caso de Miguel Pedernera, el aprendiz de guardavida, al que Brusa embistió con su lancha el 8 de noviembre de 1997 y al que abandonó. El Consejo lo expulsó no por el caso sino por las maniobras con las que intentó desentenderse de su responsabilidad en la causa. Según el Consejo, Brusa le pidió a Prefectura que “le arreglara el asunto” y designó como abogado al ex esposo de la jueza que tenía la causa para obligarla a excusarse. Siempre se supo, sin embargo, que el Consejo que no podía juzgar a quien entonces aún era juez por su intervención en la dictadura, encontró en esos mecanismos la excusa para sacarlo del Poder Judicial. “Su proceder a partir del accidente ocurrido en la Laguna Setúbal –indicó el camarista Gabriel Chausovsky, por ejemplo– revela una actitud derivada de un sentimiento de impunidad que guarda relación con las antiguas y graves denuncias formuladas. Aquellos vientos, trajeron estas tempestades.”
Las tempestades para Brusa en cambio sobrevinieron a partir de ese momento. En 2001 el juez español Baltasar Garzón pidió su detención y extradición por genocidio, terrorismo y torturas y eso se trasformó en la primera posibilidad para detenerlo. El 17 de septiembre de ese año, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Brusa se presentó después de diez díaz acompañado por el abogado Pedro Bianchi, ex defensor del ex capitán nazi Erich Priebke y del represor Emilio Massera. En esa entrega, Brusa albergaba la esperanza de que no lo extraditaran a España, favor que cumplió Fernando de la Rúa que invocó el derecho de territorialidad.
“No tengo ningún inconveniente de viajar adonde sea”, dijo una vez a José Maggi de Rosario/12. “Siempre y cuando ese juez sea competente para interrogarme. ¿O usted viajaría a Portugal por un hurto cometido en Lomas de Zamora.”
El 14 de agosto de 2002 el juez santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, y en 2002 se abrió la posibilidad de juzgarlo. En 2005, el juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó por los delitos de lesa humanidad. Ahora termina el juicio oral, y acaban de condenarlo.
(Fuente: Rdendh-Pagina12).
OPINION
En camino a la feria
Por Mario Wainfeld
Dos jueces (Víctor Brusa y Rosa Parrilli) en el banquillo de los acusados, sometidos a drásticas condenas. Una Cámara definiendo la elección en el Sindicato de Aeronavegantes, innovando y hasta inventando el derecho. Norberto Oyarbide interviniendo en expedientes que afectan a altas esferas del poder político. El Poder Judicial (al que ampulosamente se apoda “la Justicia”) está en el centro de la escena, en los preliminares de la generosa feria de enero. Vale la pena una fugaz panorámica sobre esos casos, parte de la fascinante aunque imperfecta dinámica de las instituciones.
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El primero, no el único: Brusa es el primer magistrado condenado por participar en delitos de lesa humanidad. Un nuevo eslabón al develamiento de responsabilidades que van más allá de quienes revistaron en las fuerzas armadas y de seguridad. Como el sacerdote Christian von Wernich, Brusa encarna la complicidad activa de otros actores en el terrorismo de Estado. Piezas estratégicas, actores con autoridad, que gustan ser muy severos a la hora de levantar el dedito para cuestionar acciones ajenas.
La ejemplar condena a Brusa es un paso más en la búsqueda de verdad y justicia que se construye día a día. Muchos magistrados tienen alto compromiso con ese avance institucional, muchos ponen piedras en el camino y habrán padecido un sinsabor con la sanción a Brusa.
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La que salió en la tele: Rosa Parrilli estaba destituida de antemano, desde cuando se divulgaron sus exabruptos autoritarios y discriminadores por tevé. Descontrolada, intolerante, quedó expuesta por el material filmado. La fiscalía tenía su caso cerradito, llave en mano, listo para presentar. Las condiciones del siglo XXI, la grabación completa e innegable, propagada difusamente por los medios, transformaban al proceso legal en un trámite ratificatorio (¿una variante de la escribanía?). Ayer pasó lo que estaba escrito (ver asimismo páginas 20-21 ). El juicio político no admite sanciones intermedias, la eyección venía por un tubo.
Se desconocen los fundamentos de la sentencia, que a ojímetro parece adecuada. La falta de decoro y el discurso de Parrilli son incompatibles con el ejercicio digno de su función. También parece sensato no haberla inhabilitado para otros cargos públicos, dado que su conducta ocurrió fuera de su despacho. Desde luego, su currículum le dificultará conseguir un conchabo estatal.
Una pregunta tan inquietante cuan necesaria es si Brusa y Parrilli son exóticas ovejas negras o manzanas podridas aisladas. A los ojos del cronista no hay tal: dista de ser irrisoria la cantidad de jueces infatuados, abusivos del poder como Parrilli o cómplices de la dictadura como Brusa. Por no aludir a los encubridores actuales, por vías menos sanguinarias y seguramente no pasibles de sanción penal. Todos los que niegan la difusión periodística de los procesos y los cajonean, sin ir más lejos.
La formación aristocratizante, la pulsión corporativa, la condición vitalicia en sus cargos dejan su sedimento. La falta de introspección de la corporación judicial contribuye al fenómeno.
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A mí me gusta volar: Los integrantes de la Lista Celeste de Aeronavegantes asumieron ayer en el sindicato (ver página 8), con revuelo de movileros y en un valorable contexto de respeto y serenidad. La Sala IV de la Cámara Laboral lo decidió así en un fallo dividido, con fundamentos interesantes de mayoría y minoría.
Recordemos las líneas maestras del conflicto, ahorrando (para facilitar la divulgación, no porque les falte importancia) detalles sobre expedientes paralelos y otras sutilezas legales. La Lista Verde, oficialista, se consagró ganadora de una elección por escaso margen. La Celeste denunció fraude, recorrió instancias administrativas, luego pleiteó. Hace poco consiguió que se la reconociera ganadora del comicio, cuando restaban contados días para terminar el consiguiente mandato. Se ordenó reponerla al mando del sindicato, hubo resistencia de la Lista Verde y de autoridades del gobierno nacional. En ese trance, anteayer, el horizonte de la Cámara era intrincado pues le quedaban dos opciones imperfectas. La primera era instalar a la Lista Celeste con su mandato vencido, una rareza formal. La segunda, propuesta por el Ministerio de Trabajo, era mantener la intervención y llamar a elecciones: la mejor salida política, pero la cristalización de una injusticia. Los magistrados que hicieron mayoría, Héctor Guisado y Oscar Zas, decidieron que la Celeste asumiera. Su argumento sustancial (en un expediente que tiene varias discusiones adicionales) fue que el mandato no puede tenerse por concluido porque jamás se inició, por obstrucción de terceros. Es un razonamiento sugestivo que, en los hechos, remata en una decisión discrecional no contenida en ninguna norma: se conceden seis meses a la Celeste para ordenar el gremio y convocar a elecciones. Ese tramo de la sentencia oscila entre la creatividad jurídica y la invención pura, en ambos casos sustituyendo al legislador.
La jueza Estela Ferreirós propició la otra salida, apoyándose en una interpretación del mandato. Según ella, el principal titular de esa relación es el mandante (los afiliados) y no el mandatario (los elegidos). Desde ese ángulo, el vencimiento del plazo pone fin a las atribuciones de los designados, imponiéndose un nuevo proceso de elección de autoridades. El voto de Ferreirós es, seguramente, el más apegado a la letra de la ley.
Ambas posturas fueron dignamente fundadas. Primó, da la impresión, la que arrima más a la idea de justicia del sentido común: los que ganaron deben estar al frente. Desde luego, es un zurcido imperfecto (se había llegado a un punto en el que no podía ser de otra manera) y sólo la política puede enderezar el entuerto. La nueva convocatoria a elecciones, celosamente vigiladas, puede parir una conducción con legitimidad vigente, salida del actual padrón de los afiliados.
Queda una deducción que trasciende el ejemplo: los tribunales pueden paliar la patología, la salud democrática necesita de la participación ciudadana.
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Un federal particolare: Norberto Oyarbide justificaría más un seminario de dos días que unos párrafos en una columna periodística. Integra la aciaga cofradía de los federales de la servilleta, la protección solidaria de los senadores peronistas impidió que prosperara un (bien fundado) juicio político en su contra, en 2001. Más allá de las polémicas, conserva sus atribuciones, y sus resoluciones suelen ser bien fundadas, a diferencia de lo que es regla en otros federales paridos por el menemismo.
En estos días se ocupa de varios expedientes de postín, entre ellos las escuchas policiales del macrismo, los medicamentos truchos y el patrimonio de los Kirchner. En todas obras de modo similar: con enorme despliegue mediático y mucho protagonismo. Las valoraciones sobre su obrar varían, en directa relación con el alineamiento político y con el expediente de que se trate. El sobreseimiento concedido a la pareja presidencial detonó oleadas de furia en la oposición, no faltó quien mocionó su juicio político antes de que se conocieran los fundamentos (“considerandos”) del fallo. Se discute en el Foro si corresponde encausar magistrados por el contenido de las sentencias, hay quien considera que no. Este escriba opina que es admisible en algunos casos, pero considera que es absurdo sancionar a alguien por el contenido de la sentencia, sin saber la argumentación que la sustenta. La politización y enardecimiento de la controversia deriva a la desmesura y a la sanción automática.
El sobreseimiento no pone fin al proceso, que pasará a otras instancias.
Entre tanto, la Cámara Federal convalidó las acciones de Oyarbide en el expediente que sigue las andanzas de Jorge “Fino” Palacio, Ciro James y sus secuaces. Hasta sugirió, sin prejuzgar, la existencia de una asociación ilícita cuando habló de la “posibilidad cierta de estar frente a un aparato estatal de dimensiones”. La detención de Juan José Zanola fue confirmada en otro trámite. Su Señoría tendrá sus bemoles, pero sus acciones impactan en una gama variada del poder político.
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Agenda y autocrítica: Autoridades políticas actuales y pretéritas son investigadas en Tribunales. Jueces de todo pelaje tienen su cuarto de hora mediático (por caso, la que hizo ingresar a la Lista Celeste y festejó a la par de ellos, con escasa equidistancia). También son juzgados o asediados por el poder político, denuncieitors profesionales o amateurs, personas de a pie damnificadas. La agenda cotidiana de la administración de justicia es sofisticada y de amplio consumo público, incomparable con la de hace un par de décadas.
La transformación institucional es zigzagueante y traumática, es difícil negar que ha avanzado desde la restauración democrática, sin acceder a ser satisfactoria. Lo más cruel y lejano de cualquier idea de justicia es el clasismo y la crueldad de los tribunales penales, pródigos en encarcelar presos sin condena, máxime si son pobres y morochos.
Fiscal de otros poderes, el Poder Judicial adolece de falta de autocrítica e introspección, sobre todo en sus estadios más altos. Y el sistema político todo sigue en mora, sin implantar el juicio por jurados. La Constitución lo ordena desde hace más de un siglo y medio. Sería un resquicio para hacer intervenir a los ciudadanos en el más cerrado de los poderes, el único cuyos integrantes ocupan cargos vitalicios, y no son ni electos ni removidos por la ciudadanía. La Constitución transformada en letra muerta, una violación flagrante que inquieta a pocos. Algo quiere decir, más vale.
(Fuente:Pagina12).
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