Diputados
El secretario Parlamentario de Barrionuevo es el defensor de militares de la dictadura
Durante los últimos años, la Cámara de Diputados sufrió un fuerte desgaste ante la mirada de sociedad catamarqueña, por los constantes escándalos que se produjeron en el seno del cuerpo. Con la llegada del jalilista Luis Barrionuevo a la presidencia de la Cámara, los cuestionamientos y el descreimiento general al cuerpo se acrecentaron todavía más.
El controversial presidente de Diputados, Luis Barrionuevo, designó como secretario Parlamentario al abogado Lucio Montero, quien fue defensor de militares ligados con desapariciones en la última dictadura.
Pero las críticas no sólo se sustentan en la traición de los diputados del MIRA al FCyS, para arrebatarle la conducción de la Cámara baja. Los reproches también se sustentan en ungir a una persona como Barrionuevo en un puesto de tanta relevancia institucional, como la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados y tercera autoridad de la provincia, siendo que sobre el diputado recaen varias denuncias y pedidos de desafuero por supuesta mala praxis, mientras se desempañaba como médico.
Pero si de cuestionamientos a la Cámara baja provincial se trata, Barrionuevo dio un paso más adelante, y designó como secretario Parlamentario a Lucio Miguel Montero. Este abogado, que desde la semana pasada es el encargado del normal funcionamiento en lo que hace a la labor legislativa del cuerpo, es nada más y nada menos que el abogado defensor en las causas por delitos de lesa humanidad, que se siguen a militares por estar relacionados con la desaparición de personas en la provincia durante la última dictadura militar.
Cabe destacar que nadie cuestiona la capacidad que pueda tener Montero en el nuevo puesto que se desempeña. Pero si tenemos en cuenta que el Poder Legislativo es la representación máxima de la democracia moderna, donde a través de sus miembros están representadas todas las voces del pueblo, su designación y su pasado como abogado defensor de personas ligadas con gobiernos de facto, al menos produce una fuerte contradicción. La situación se agrava si tenemos en cuenta que estas personas cuentan con un sinnúmero de causas judiciales por privación ilegitima de la libertad y desaparición de personas en su contra.
Sus clientes
Antes de ser honrado con el puesto de secretario Parlamentario, Montero brindó sus servicios como abogado en las causas que recayeron sobre algunos personajes de la nefasta dictadura militar en la provincia.
Entre los clientes de Montero se encuentran los ex militares Carlos Ricardo Ruiz, Juan Daniel Rauzzino, Darío Otero Arán, Enrique Henzi Basso y el mismísimo Carlos Alberto Lucena, todos ellos relacionados por la Justicia Federal con la desaparición de personas en la provincia de Catamarca, en pleno proceso militar.
En el caso del ex militar Carlos Ricardo Ruiz, está acusado del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”, por su presunta participación en el secuestro ilegal del dirigente del gremio Smata y militante activo de la Juventud Obrera Católica, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda Ponce, de Julio Genaro Burgos Ponce. y la estudiante oriunda de Belen Nelly Yolanda Borda.
Por los mismos casos, Montero defendió a Juan Daniel Rauzzino, quien se desempeñó como jefe policial de Catamarca durante la dictadura, y que fue imputado del delito de “desaparición forzosa de personas”.
Por su parte, el ex teniente coronel Darío Otero Arán fue jefe de Inteligencia del ex Regimiento de Infantería durante el proceso, y está ligado con la desaparición de los hermanos Ponce y Burgos Ponce, también defendido por Montero.
En el caso de Enrique Henzi Basso, está imputado por estar al frente de los operativos de control llevados a cabo en Belén durante enero de 1977, cuando Yolanda Borda fue secuestrada por un grupo de tareas desde su casa paterna, ubicada en la cabecera departamental.
Todos estos ex militares respondían a las órdenes de Carlos Alberto Lucena, jefe del Regimiento e interventor militar de Catamarca, quien también está acusado por la desaparición de estas personas y quien también fue defendido por Montero.
Capilla del Rosario
Montero también defendió ante la Justina Federal al ex militar Mario Nakagama, procesado como “partícipe secundario” de homicidio en la “Masacre de Capilla del Rosario, ocurrido el 12 de agosto de 1974, donde se habrían acribillado a 12 ex guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
(Fuente:Rdendh-launiondigital).
El secretario Parlamentario de Barrionuevo es el defensor de militares de la dictadura
Durante los últimos años, la Cámara de Diputados sufrió un fuerte desgaste ante la mirada de sociedad catamarqueña, por los constantes escándalos que se produjeron en el seno del cuerpo. Con la llegada del jalilista Luis Barrionuevo a la presidencia de la Cámara, los cuestionamientos y el descreimiento general al cuerpo se acrecentaron todavía más.
El controversial presidente de Diputados, Luis Barrionuevo, designó como secretario Parlamentario al abogado Lucio Montero, quien fue defensor de militares ligados con desapariciones en la última dictadura.Pero las críticas no sólo se sustentan en la traición de los diputados del MIRA al FCyS, para arrebatarle la conducción de la Cámara baja. Los reproches también se sustentan en ungir a una persona como Barrionuevo en un puesto de tanta relevancia institucional, como la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados y tercera autoridad de la provincia, siendo que sobre el diputado recaen varias denuncias y pedidos de desafuero por supuesta mala praxis, mientras se desempañaba como médico.
Pero si de cuestionamientos a la Cámara baja provincial se trata, Barrionuevo dio un paso más adelante, y designó como secretario Parlamentario a Lucio Miguel Montero. Este abogado, que desde la semana pasada es el encargado del normal funcionamiento en lo que hace a la labor legislativa del cuerpo, es nada más y nada menos que el abogado defensor en las causas por delitos de lesa humanidad, que se siguen a militares por estar relacionados con la desaparición de personas en la provincia durante la última dictadura militar.
Cabe destacar que nadie cuestiona la capacidad que pueda tener Montero en el nuevo puesto que se desempeña. Pero si tenemos en cuenta que el Poder Legislativo es la representación máxima de la democracia moderna, donde a través de sus miembros están representadas todas las voces del pueblo, su designación y su pasado como abogado defensor de personas ligadas con gobiernos de facto, al menos produce una fuerte contradicción. La situación se agrava si tenemos en cuenta que estas personas cuentan con un sinnúmero de causas judiciales por privación ilegitima de la libertad y desaparición de personas en su contra.
Sus clientes
Antes de ser honrado con el puesto de secretario Parlamentario, Montero brindó sus servicios como abogado en las causas que recayeron sobre algunos personajes de la nefasta dictadura militar en la provincia.
Entre los clientes de Montero se encuentran los ex militares Carlos Ricardo Ruiz, Juan Daniel Rauzzino, Darío Otero Arán, Enrique Henzi Basso y el mismísimo Carlos Alberto Lucena, todos ellos relacionados por la Justicia Federal con la desaparición de personas en la provincia de Catamarca, en pleno proceso militar.
En el caso del ex militar Carlos Ricardo Ruiz, está acusado del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”, por su presunta participación en el secuestro ilegal del dirigente del gremio Smata y militante activo de la Juventud Obrera Católica, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda Ponce, de Julio Genaro Burgos Ponce. y la estudiante oriunda de Belen Nelly Yolanda Borda.
Por los mismos casos, Montero defendió a Juan Daniel Rauzzino, quien se desempeñó como jefe policial de Catamarca durante la dictadura, y que fue imputado del delito de “desaparición forzosa de personas”.
Por su parte, el ex teniente coronel Darío Otero Arán fue jefe de Inteligencia del ex Regimiento de Infantería durante el proceso, y está ligado con la desaparición de los hermanos Ponce y Burgos Ponce, también defendido por Montero.
En el caso de Enrique Henzi Basso, está imputado por estar al frente de los operativos de control llevados a cabo en Belén durante enero de 1977, cuando Yolanda Borda fue secuestrada por un grupo de tareas desde su casa paterna, ubicada en la cabecera departamental.
Todos estos ex militares respondían a las órdenes de Carlos Alberto Lucena, jefe del Regimiento e interventor militar de Catamarca, quien también está acusado por la desaparición de estas personas y quien también fue defendido por Montero.
Capilla del Rosario
Montero también defendió ante la Justina Federal al ex militar Mario Nakagama, procesado como “partícipe secundario” de homicidio en la “Masacre de Capilla del Rosario, ocurrido el 12 de agosto de 1974, donde se habrían acribillado a 12 ex guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
(Fuente:Rdendh-launiondigital).
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