LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

EL RESTO DE LOS CONDENADOS RECIBIO PENAS QUE OSCILAN ENTRE 23 Y 19 AñOS DE PRISION
Brusa fue condenado a 21 años de cárcel
"Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura", dijo Patricia Isasa, una de las querellantes. "No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos", dijo la vicegobernadora.

Brusa y Cía escuchan las sentencias. La audiencia fue seguida por Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani
Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el mismo cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo, lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). "No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos", dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Koffman se ilusionó con el futuro: "La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella".

Cientos de santafesinos se congregaron ayer en el microcentro frente a la Casa de Justicia para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces, Andrea Creus y Carlos Renna.

El debate comenzó el 1º de setiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron 25 años en llevar a juicio a Brusa desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. "Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe", dijo la vicegobernador Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y en la calle, entre el público, se sumó la ministra de Cultura, "Chiqui" González.

El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después, comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 15 de febrero de 2010, a las 12.

"Estamos satisfechos con la condena", dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. "El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos preveer más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo", agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.

Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Koffman tenía los ojos iluminados. "La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras. La justicia todavía existe en este país, es cuestión de luchar por ella", se ilusionó Koffman.

Tessio también ponderó el veredicto. "Las penas son condignas y ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en la ciudad de Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espúreos. Entonces, tener esas personas condenadas con todo su grupo de tareas es una cosa muy importante", dijo.

El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado por una de las víctimas en el juicio como colaborador de los grupos de tareas. "Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio", dijo uno de los querellantes, José Schullman. "Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro", precisó Schullman.

El veredicto que se escuchó en la calle fue como un duelo para comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.

* Patricia Isasa (querellante): "Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad ha ocupado altísimos cargos públicos?".

* Jorge Pedraza (querellante): "Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: '¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo'. Bueno, al final se pudo".

* Daniel García (querellante): Salió de la audiencia con los ojos enrojecidos. "¿Saben dónde van mis pensamientos?", preguntó. "A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos".

* Roberto Cepeda (testigo): "Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor".

* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): "Siento una felicidad inmensa que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande".

FIESTAS
"Solicito a los señores jueces que permitan a los imputados permanecer en su lugar de detención para poder compartir estas fiestas con sus familias". El pedido que fue aceptado ayer por el Tribunal Oral Federal de Rosario fue realizado por el abogado Galarza Azzoni en nombre de los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Jorge Fariña. Los tres permanecerán en la Policía Federal de 9 de Julio y Ayacucho hasta el 2 de febrero de 2010 -cuando se retome el juicio- y no deberán volver al penal de Marcos Paz, donde están detenidos los responsables del terrorismo de estado.

(Fuente:Rosario12).

DESAPARECIDOS
Dictaron sentencia en el caso Brusa con penas de 19 a 23 años de prisión

Histórico. Los represores Ramos, Facino, Brusa, Aebi, Perizotti y Colombini, escuchan la sentencia. (foto: Roberto Paroni)
La justicia condenó al ex juez federal Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión y los ex policías Juan Calixto Perizotti, a 22 años; a María Eva Aebi, a 19; a Mario Facino, a 20 años; a Héctor Colombini y a Eduardo Ramos, a 23 años al encontrarlos penalmente responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la pasada dictadura militar.
En algo más de media hora el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Roberto Manuel López Arango, flanqueado por sus conjueces, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna, leyó ayer la sentencia del primer juicio por terrorismo de Estado en la provincia, cuyos fundamentos se conocerán el 15 de febrero.
En las afueras de la sala del microcentro capitalino se juntaron unas 1.000 personas, entre familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y partidos políticos, a esperar la sentencia. Expectativa y ansiedad pero certeza de que los represores seguirían presos, animó a la vigilia.
En calle y en el recinto —en el que estuvieron autoridades como la vicegobernadora Griselda Tessio o el ministro de Justicia, Héctor Superti, familiares, querellantes, abogados y acusados— estalló un aplauso a las 19.30, cuando el conjuez López Arango culminó la lectura de la sentencia luego de tres meses de juicio y a siete años del primer requerimiento de instrucción.
“Oé, oé, oé, oá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, fue el cántico que se extendió desde la sala a la calle, mezclados con abrazos y lágrimas de las víctimas, sus familiares y militantes de derechos humanos que, emocionados, consideraron histórica la jornada.
La causa Brusa (como se la llamó por su acusado más notorio, el primer civil juzgado y condenado) es un megaexpediente por el que se puso en el banquillo a responsables, no a todos, de numerosos delitos durante la represión ilegal que ayer el tribunal consideró que formaron parte de un plan sistemático orquestado por la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983.
Superti. “Esto forma parte, como si fuera el eslabón de una cadena, de todo este proceso que se está llevando adelante en el país y que ahora ya está avanzando en la provincia, donde la memoria supera al olvido y la justicia supera a la impunidad”, dijo el ministro Superti luego de las sentencias.
Luego consideró que los imputados “tuvieron derecho a un debido proceso, el que no tuvieron las víctimas, que en lugar de una sala de audiencias tuvieron una sala de torturas”.
Además, el ministro consideró que “desde el punto de vista institucional se trata de un fallo pionero en la provincia”.
La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, calificó a la sentencia como histórica. “La impunidad tuvo su primera derrota; la Justicia permite recuperar la dignidad a las víctimas y a toda la sociedad”, aseguró.
El tribunal rechazó los planteos de prescripción penal e inconstitucionalidad formulados por las defensas de Aebi, Brusa, Ramos y Facino e hizo lugar a la aplicación de la garantía constitucional del non bis in idem formulado por la defensa técnica de Ramos en relación al delito de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos el 22 de noviembre de 1977 contra José Schulman por lo que lo sobreseyó por esa imputación.
El Tribunal Oral Federal declaró la nulidad parcial de la imputación de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Vilma Gómez por haberse aceptado el principio de congruencia a favor de Aebi y la sobreseyó en este caso y no hizo lugar a la pretensión de condena por genocidio formulada por los letrados de Schulman por no haber sido motivo de imputación penal.
Uno por uno. El tribunal declaró a Brusa “autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Estella Maris Vallejo, Anatilde Bugna, Alva Sánchez, Daniel García, José Schulman, Marino Millán y Roberto Cepeda, en concurso real, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión total del Estado considerándose delito de lesa de humanidad e imponiendo la pena de 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas”.
A Perizotti: “Coautor penalmente responsable de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Carlos Pacheco, Ana María Cámara, Patricia Traba y Patricia Isassa, en concurso real e imposición de tormentos contra esas personas, cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 22 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.
A Aebi: “Coautora penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Estela Vallejo, Ana María Cámara, Patricia Traba y Patricia Isassa, en concurso real e imposición de tormentos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 19 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas”.
A Facino: “Coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Patricia Isassa, José Schulman y Eduardo Almada, e imposición de tormentos a Isassa, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático (...) e imponiendo en tal carácter la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.
A Colombini y a Ramos les aplicó 23 años e inhabilitación absoluta y perpetua a cada uno tras declararlos coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Vilma Gómez, Daniel García, Alba Sánchez, y Mariano Millán” en el caso del primero y por los mismos delitos al segundo “en perjuicio de Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Patricia Isassa, José Schulman y Estela Vallejos”.
(Fuente:Lacapital).

ESTA ES TODA LA COBERTURA QUE LOS MEDIOS NACIONALES DIERON A LA SENTENCIA POR EL CASO BRUSA.

REPRESION ILEGAL EN SANTA FE
Condenan a 21 años de prisión a un ex juez
El ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa fue condenado ayer a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Fue el primer juicio que se llevó a cabo en esa provincia por este tipo de crímenes y, además de Brusa, fueron condenados cinco ex policías a penas de entre 23 y 19 años de cárcel.

Brusa era funcionario judicial durante la dictadura y estaba acusado de haber presenciado sesiones de tortura a secuestrados. La Fiscalía había pedido para él 25 años de cárcel. En cambio, la Liga por los Derechos del Hombre había solicitado penas de prisión perpetua para todos los acusados y la Secretaría de Derechos Humanos, 25 años para todos ellos.

Las penas fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Manuel López Arango, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.

Brusa fue designado juez durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y fue destituido hace nueve años por el Consejo de la Magistratura por no haber asistido a un bañista al que embistió con su lancha en el río Paraná.

El ex magistrado fue encontrado culpable por ocho casos de apremios ilegales. Los policías, en cambio, fueron condenados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas e imposición de tormentos.

Los condenados están detenidos desde 2005. Los otros acusados alcanzados por este veredicto son los ex policías Juan Calixto Perizotti (22 años), María Eva Aebi (19 años de prisión), Mario José Fascino (20 años), Héctor Colombini (23 años) y Eduardo Ramos (23).

Todos los condenados recibieron además la pena accesoria de que jamás podrán volver a ocupar un cargo público, según dispuso anoche el tribunal.
(Fuente:Clarín).

DECLARO HERMANO DE MARTA BENASSI, DESAPARECIDA
"Ella era alegre y muy generosa"
Por Sonia Tessa
Juan Vicente Benassi es el hermano menor de Marta María Benassi, una de las desaparecidas que estuvo cautiva en la Quinta de Funes. Ella le llevaba seis años, y él rememora su profundo compromiso religioso, además de recordarla como "muy alegre, muy solidaria, muy generosa".

Benassi declaró ayer en el juicio oral a cinco represores. Sus palabras no aportaron datos concretos, pero expresaron la profunda huella que el terrorismo de Estado dejó en la sociedad.

"Tal vez haya miles de argentinos que como yo deambulan por la calle pareciendo que viven normalmente y sin embargo llevan consigo un espanto permanente que les apaga la vida", dijo el testigo con la voz quebrada, mientras el imputado de mayor rango militar, Oscar Pascual Guerrieri, bostezaba sin disimulo.

Benassi fue el tercer testigo que compareció ayer ante el Tribunal Federal Oral número 2, presidido esta semana por Jorge Venegas Echagüe. "Cuando se viola de esta manera la dignidad humana, las víctimas se cuentan en varias generaciones", dijo el hermano de la militante montonera desaparecida. Antes había relatado: "Una profesional que me asiste es de origen armenio y me cuenta cómo su hermana de 77 años y su hijo de 25 sufren las secuelas del genocidio que le tocó vivir a sus padres hace 100 años".

Benassi recordó que en una de las cartas enviadas por su hermana, en cautiverio, "ella, llena de esperanza invocaba a la Virgen María, de quien era devota". También consideró que "tal vez sus captores, que después fueron sus verdugos, también hayan invocado a la Virgen". Y se preguntó: "¿Cómo pudo pasar esto, cómo pudo suceder que un general de la Nación, un presidente, que concurría a misa, haya pergeñado este sistema espantoso? ¿en nombre de qué valores, de qué dios?".

Benassi es economista, vive en Capital Federal. Y el dolor que provocó la desaparición de su hermana lo persigue. "¿Cómo podían volver a sus casas, a sus hijos, a sus templos, después de haber hecho esto?", expresó su dolor frente a los jueces. "¿Cómo pudieron haber pasado 5.000 personas por la Esma, y la gente pasaba enfrente con sus autos, y nadie hizo nada? Yo no tengo respuestas a estas preguntas", expresó. El hombre confesó: "El hecho de no tener respuestas ni explicaciones paralizó mi vida hace 30 años".

El testigo terminó su breve declaración con una exhortación a los jueces. "Quisiera pedirle el Tribunal que contemple en su sentencia la gravedad, la profundidad de lo que significa la violación de la dignidad humana, y que por consiguiente encuentre en su sentencia el lugar que corresponde a esta atrocidad", dijo Benassi. Cuando terminó, los aplausos se escucharon en la sala de audiencias.

Antes de Benassi, había comparecido ante el Tribunal la perito calígrafo María Isabel Gismondi, quien fue convocada para realizar una pericial sobre las cartas de Ignacio Laluf y Marta María Benassi, así como las de Fernando Dante Dussex. El elemento que le brindaron para cotejar fue el formulario 4 del Registro Nacional de las Personas donde figura la firma de los tres militantes. Aunque la profesional adelantó que eran "muy pocos elementos indubitados" para realizar el análisis. Por eso, la fiscal Mabel Colalongo pidió que se intime al Renaper para que remitan otros formularios, de más utilidad para esa pericia.

También la enfermera Ana María Friedrich de Basabilbaso, que trabajó en el hospital Militar de Paraná, concurrió ayer a la audiencia. Su testimonio resultó poco relevante: no trabajaba allí cuando nacieron los mellizos de Raquel Negro, en marzo de 1978.
(Fuente:Rosario12).

EL JUICIO A REPRESORES EN ROSARIO
El veredicto será en febrero
La última audiencia del año en el juicio oral y público en Rosario contra Oscar Pascual Guerrieri y otros cuatro represores de la última dictadura se desarrolló ayer sin testimonios importantes, ya que la única testigo que llegó a comparecer, la enfermera Liliana Alicia Itatí Martínez, ingresó a trabajar en el hospital Militar de Paraná en julio de 1978, tres meses después del nacimiento de los mellizos de Raquel Negro, en marzo de ese año. La mujer negó haber escuchado algún comentario sobre ese parto. Al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal número 2, presidido esta semana por Jorge Venegas Echagüe, decidió reanudar las audiencias el 2 de febrero de 2010.

Para entonces, contarán con copia certificada de la declaración de Gustavo Bueno, así como su traducción del portugués. Una vez que haya podido ver esa prueba, el imputado Juan Daniel Amelong pidió ampliar su indagatoria.

El Tribunal leyó ayer la resolución por la cual se reanudan las audiencias el primer día hábil de febrero. Venegas Echagüe, Beatriz Baravani y Otmar Paulucci decidieron fijar la nueva audiencia dado que no hay testimonios pendientes, aunque sí falta la remisión del testimonio de Bueno y su traducción, así como la pericial psicológica de ese testigo, y la pericial caligráfica que certifique si las cartas enviadas por Carlos Laluf, Marta María Benassi y Fernando Dante Dussex fueron escritas por ellos. Según la resolución, una vez que se corran vistas de estas pruebas, y Amelong amplíe su indagatoria, comenzarán los alegatos. "Estimamos que a mediados de febrero el Tribunal podrá dar la sentencia", sostuvo la querellante Daniela Asinari.

Además de Guerrieri, Pagano y Amelong, también están imputados en la causa Jorge Fariña y Eduardo Costanzo, éste último con prisión domiciliaria porque corre riesgo su seguridad, ya que rompió el pacto de silencio. Los cinco están imputados por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a 28 personas, así como la desaparición forzada de 17 de esas personas, catorce que estuvieron cautivos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, escuela Magnasco y la Intermedia, y otros tres prisioneros de la Fábrica Militar de Armas.
(Fuente:Rosario12).

lunes 21 de diciembre de 2009
Raquel Negro: La pista Paraná
Por H.I.J.O.S Rosario. Para ampliar la información en relación al último tramo del juicio Guerrieri-Amelong, en el que se avanzó sobre la investigación sobre el destino de la desaparecida Raquel Negro y uno de sus mellizos -quien según el represor Eduardo Costanzo murió, pero que tanto sus hermanos, como Abuelas e H.I.J.O.S seguiremos buscando- es que desde el equipo jurídico de la agrupación H.I.J.O.S difundimos el siguiente informe sobre la causa que tramita en la justicia federal de Entrer Ríos y que sigue específicamente esta línea de investigación.

Esa línea investigativa tiene en realidad una causa propia que tramita en los juzgados federales entrerrianos, bajo la carátula “Trimarco, Juan Carlos Ricardo y otros ”, en la que varios de los testimonios producidos en las últimas semanas ya fueron realizados.

Son partes querellantes en la causa de Paraná, además de Abuelas de Plaza de Mayo (a través de las abogadas Ana Oberlin y Nadia Schujman), la Secretaría de DDHH de la Nación y Sebastián Álvarez (hijo mayor de Raquel Negro).

La hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, quien recuperó su identidad a raíz de la investigación realizada por Abuelas y aportada al juzgado de Entre Ríos, Sabrina Gullino, se presentó también como querellante el día 6 de marzo de 2009.

A Sebastián y a Sabrina los patrocinan en la causa de Paraná los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón, Gamal Taleb y Alvaro Piérola, y en la causa Guerrieri en Rosario, los abogados de H.I.J.O.S Rosario Lucas Ciarniello, Álvaro Baella, Ana Oberlin y Nadia Schujman.

“Trimarco y Cia.”:

La causa “Trimarco, Juan Carlos Ricardo y otros ”, se inició el 18 de mayo de 2005, debido a una denuncia presentada por el recientemente fallecido Guillermo Antonio Germano, en su carácter de coordinador del Registro Único de la Verdad, dependiente de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con motivo de haber tomado éste conocimiento de la existencia de mujeres embarazadas que habrían dado a luz en el Hospital Militar de la ciudad de Paraná, durante la última dictadura militar.

Durante los primeros años de instrucción las medidas principales fueron llevadas por el Fiscal a cargo, Mario Silva. En ese tiempo se tomaron testimoniales de la mayoría de los empleados civiles que prestaban servicio en el Hospital Militar durante los años 1977-8. Además, declararon médicos y enfermeras del Instituto Médico de Pediatría de la ciudad de Paraná, debido a que hay prueba que indica que los bebés nacidos fueron trasladados a ese lugar. Abuelas se constituyó como querellante el 14 de febrero de 2008 .

Hasta el momento fueron citados a indagatoria:

1) Trimarco, Juan: es un militar que fue interventor de la provincia de Entre Ríos, ex comandante de la II Brigada de Caballería Blindada, con asiento en la capital entrerriana y fue Comandante del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario pero que incluía a Paraná. Presentó certificado médico aduciendo problemas neurológicos, con posterioridad se realizó una pericia a su favor –ver detalle más abajo- todavía no fue indagado.

2) Amelong, Daniel: militar que integraba el grupo operativo rosarino que tenía privada ilegítimamente de la libertad a Raquel Negro –la hipótesis más fuerte en la causa es que dio ella dio a luz en Paraná y tuvo mellizos, ver detalles más abajo- y sería uno de los que la llevó a parir en Paraná. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

3) Pagano, Walter Salvador: servicio de inteligencia militar, también integrante del grupo operativo rosarino y otro de los que habría trasladado a Negro a Paraná. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

4) Gónzalez, Héctor Marino: también integraba el grupo de tareas rosarino y otro de los que habría trasladado a Negro a Paraná. Fue indagado, sin dar mayores aportes. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

5) Navone, Paul: militar prestaba servicios en el Hospital de Paraná, apareció muerto el día en que debía prestar declaración indagatoria en esta causa, en la ciudad Córdoba.

6) Fariña, Rubén: militar de jerarquía de Rosario con un rol importante en la represión en esa zona, también integraba el grupo de tareas y otro de los que habría trasladado a Negro a Paraná. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

7) Zacarías, Antonio: militar que prestaba servicios en el Hospital Militar, era anestesista y Jefe de Terapia Intensiva. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

8) Cantaberta, Mario: médico del Hospital Militar al momento en que ocurrieron los hechos, habría tenido contacto con Raquel y sus hijos. Se le dictó falta de mérito el 3 de septiembre de 2008. Murió el 23 de febrero de 2009.

9) Guerrieri, Pascual: 2do jefe del Batallón de Inteligencia 121. Procesado el 3 de septiembre de 2008.

De todos los testimonios que hay en la causa hasta el día de la fecha, se puede concluir que:

En los primeros meses del año 1978, una mujer cuya descripción coincide con la de Raquel Negro (que fue secuestrada los primeros días de enero en la ciudad de Mar del Plata, embarazada de unos 7 meses de mellizos, y luego trasladada a Rosario donde permaneció en los centros clandestinos de detención de esa ciudad “Quinta de Funes”, “Las Intermedia” y “La Magnasco”) dio a luz mellizos en el Hospital Militar de Paraná. Tuvo una nena y un nene y se determinó que nacieron aproximadamente a las 16 horas. El niño tuvo problemas respiratorios y cardíacos. Cómo el Hospital no tenía la infraestructura necesaria para atender bebés con dificultades (no tenía sala de neonatología) habitualmente si había problemas los nacidos debían ser trasladados al Instituto Médico de Pediatría, que era una clínica privada y la única que había en Paraná en esa época que atendía niños. Aparentemente no se consiguió lugar en esa clínica hasta la mañana del día siguiente al nacimiento, por lo que los niños permanecieron en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Militar (de ahí la imputación al Jefe de Terapia, Zacarías). Según contó una enfermera, el niño estaba muy grave antes de ser trasladados. Esta hipótesis coincide con el relato del personal del Instituto que dice que solo recibieron un bebé. En los libros de la clínica figura la entrada de una beba llamada “Soledad López” y un bebé “NN López” proveniente del Hospital Militar. Es de destacar que el ingreso de bebés muertos se consignaba con NN, lo cual coincide con todo lo relatado por las enfermeras.

En esta causa declaró como testigo un represor que está preso en Rosario que también formaba parte del grupo operativo, que se llama Eduardo Costanzo. Él señaló a los indagados como partícipes del traslado de Negro a Paraná y también dijo que el bebé que quedó vivo fue llevado de vuelta a Rosario y dejado en la puerta de un convento. Basados en este dato, Abuelas presentó ante el Juzgado un escrito donde señalaba un lugar que podría ser al cual fuera llevada la niña. A raíz de esta presentación, se pudo identificar a Sabrina Gullino, quien es hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela y recuperó su identidad a fines del año 2008, es la nieta nro. 96.

El 3 de septiembre de 2008, como señaláramos, fueron procesados Amelong, Fariña, Gonzalez, Zacarías y Guerrieri. Estos procesamientos fueron apelados y actualmente se encuentran en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, aunque aún no se ha fijado la fecha para la audiencia respectiva.

Por otra parte, respecto de uno de los sindicados como responsables de estos hechos, Juan Carlos Trimarco, su defensa solicitó que se suspenda el llamado a indagatoria por considerar que no está en condiciones de ser sometido a juicio y también la realización de una pericia médica. La pericia determinó que no estaba en condiciones de someterse a juicio, pero fue declarada nula por no haber sido citado el perito de parte ofrecido por la querella que representa a Sebastián. El defensor de Trimarco apeló la resolución de nulidad y el 18 de febrero de este año, la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión de la jueza de primera instancia y ordenó la realización de una nueva pericia, la que se llevara a cabo el día 20 de mayo del corriente.

*Informe elaborado por Ana Oberlin, integrante del equipo jurídico investigativo de H.I.J.O.S Rosario.

(Fuente:Diariodeljuicio).

martes 22 de diciembre de 2009

Declaró Juan, hermano de Marta Benassi de Laluf
Este lunes hubo ronda de testimonios de enfermeras del Hospital Militar de Paraná, lugar al que fue llevada la desaparecida de la causa Raquel Negro a parir sus mellizos en marzo de 1978. Además declaró Juan Vicente Benassi, hermano Marta, una de las jóvenes desaparecidas de la Quinta de Funes, quien tras un conmovedor testimonio se preguntó: ¿En nombre de qué valores, de qué dios se puede haber torturado durante meses a jóvenes de 17 años y luego tirarlos mutilados de un avión?”.

Ana María Friedrich fue la primera de las testigos que declaró este lunes ante el Tribunal Oral Federal de Rosario en el último tramo del juicio a los represores Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. La enfermera, al igual que las que se presentaron la semana pasada, fue citada para seguir la pista de Raquel Negro y uno de los mellizos, que también continúa desaparecido.

La testigo propuesta por la Fiscal Mabel Colalongo no aportó datos relevantes, y explicó al tribunal que ella ingresó al Hospital Militar en junio de 1978, varios meses después de los hechos investigados.

También tuvo una declaración fugaz la perito caligráfica María Isabel Gismondi, quien fue llamada para observar documentos y firmas de los desaparecidos de la causa, pero que no pudo realizar su tarea debido a “no contar con los elementos ni las condiciones pertinentes”.

El otro testimonio que se escuchó este lunes fue el de Juan Benassi, hermano de Marta y cuñado del también desaparecido de la Quinta Carlos Laluf. El testigo habló del profundo sentimiento cristiano de su hermana y recordó “haber leído alguna carta de ella escrita en su cautiverio, en esa carta invocaba a la virgen María de quien era devota”.

“Tal vez algunos de sus captores que después fueron sus verdugos también hayan invocado a la virgen María”, especuló Benassi ante el tribunal y se preguntó: “¿Como pudo suceder esto? Que un general de la nación haya pergeñado todo este sistema espantoso. En nombre de qué valores, de qué dios se puede haber torturado durante meses a jóvenes de 17 años y luego tirarlos mutilados de un avión. Cómo pueden haber pasado 5000 personas por la ESMA y nadie hizo nada, nadie paró esta tragedia”.

Benassi confesó no tener respuesta a estas preguntas. “El hecho de no tener respuestas ha paralizado mi vida desde hace 30 años”, afirmó el hermano de Mara Benassi de Laluf.

El testigo concluyo con un pedido explícito al tribunal: “Quisiera pedirle al tribunal que contemple en su sentencia la gravedad, profundidad de lo que significa la violación de la dignidad humana. Y que consiguientemente encuentre en su sentencia el lugar que corresponde para esta atrocidad. También quisiera transmitirle el deseo de que esto sea para vivir en nuestro país un periodo de paz, tranquilidad después de décadas de desencuentro. Nada más”.

Final de juego. El primer juicio contra represores de la dictadura en Rosario se extendió más de lo imaginado. Comenzó el 31 de agosto y desde un principio se especulaba que para fin de año se estuviera conociendo la sentencia. Distintas razones hicieron que el juicio se alargue, en gran medida la gran cantidad de nuevas pruebas que fueron surgiendo a lo largo del proceso. Lo cierto es que si bien todavía desde el TOF1 no se ha dado ningún dato, se ha filtrado el rumor de que los alegatos y la sentencia quedarán para lo primeros días de febrero, hecho que hará demorar el inicio de la causa Feced.

(Fuente:Diariodeljuicio).

Foto de la semana: Recital de Perro e' Sulky en Tribunales. (Foto: Jorge Contrera) F.:Diariodeljuicio.