26 de diciembre de 2009

MASACRE DE LA TABLADA: GATILLO FÁCIL- JUAN ALEMAN: PROCESISTA, PROCESADO.

Derechos Humanos
Gatillo fácil
Imagen: Veintitrés
Declararon a los crímenes de La Tablada de lesa humanidad. La Justicia determinó que los militantes apresados tras el intento de copamiento fueron vejados y ejecutados. Para la viuda de Burgos, uno de los muertos, “el fallo demuestra que reprimieron como en la dictadura”.
Por Carlos Romero
La “masacre” de La Tablada sucedió hace casi 21 años, pero la investigación para esclarecer lo ocurrido ese día interminable en el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº III recién ahora comienza a perfilarse. La clave está en el fallo que el juez federal Germán Andrés Castelli acaba de dictar en la causa 5110, donde dispuso que los 13 activistas capturados tras la recuperación de los cuarteles fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, al ser sometidos a vejaciones y, en 9 casos, directamente fusilados. “Lo que se investigan son casos de ejecuciones sumarias y torturas”, determinó el magistrado en su dictamen.
El intento de copamiento de La Tablada fue llevado adelante por un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), organización que entre sus principales figuras tenía al fallecido Enrique Gorriarán Merlo, que también había sido parte de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El saldo de la acción, que reprimieron militares y policías por orden del ex presidente Raúl Alfonsín, fue de 28 civiles muertos y otros 3 desaparecidos, junto a 11 caídos en las filas de las fuerzas de seguridad, comandadas por el general (R) Alfredo Manuel Arrillaga.
En su momento, el grueso de la sociedad repudió lo hecho por el MTP, en tanto que sus militantes sostuvieron –y sostienen– que tomaron la decisión de avanzar sobre la unidad militar justamente para evitar un nuevo golpe de Estado.
Tras un período de “oscurantismo” pericial, la investigación reveló la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. Para Martha Fernández Burgos, abogada querellante y viuda de Juan Manuel “Quito” Burgos –uno de los muertos en La Tablada– el dictamen confirma “que, tanto dentro como fuera de los cuarteles, reprimieron como en la época de la dictadura”.
La resolución de Castelli, que fijó la imprescriptibilidad de estos delitos, también dispuso que se llame a prestar declaración indagatoria a Arrillaga –que cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa por “La Noche de las Corbatas”, de junio de 1977, donde varios abogados fueron “desaparecidos” en Mar del Plata– y al mayor (R) Jorge Eduardo Varando, señalado como el último en tomar contacto con los activistas Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos nombres clave para la Justicia. En los antecedentes de su escrito, Castelli recoge el informe elaborado en abril de 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostuvo que Ruiz y Díaz “fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados, luego de encontrarse bajo custodia y el control exclusivo de los agentes militares que recuperaron el cuartel”.
La CIDH concluyó que “9 atacantes que sobrevivieron y fueron capturados por los militares (...), fueron ejecutados extrajudicialmente” y que “los 13 sobrevivientes (...), como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado”.
Al cierre de esta edición, Varando permanecía prófugo y el juez había dispuesto las actuaciones necesarias para que declare. Si bien el mayor ya lo había hecho en una etapa previa, Fernández Burgos especifica que el motivo fue “abuso de arma”, un delito menor.
Por mucho tiempo, incluso después de que se conociera el informe de la CIDH, la versión oficial sobre el destino de Ruiz y Díaz fue que ambos habían logrado fugarse. Así fue hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional logró identificar, vía estudios de ADN, restos óseos pertenecientes a los dos militantes. No fue fácil. Sus cuerpos habían llegado a la morgue totalmente carbonizados.
Como primera reacción, la defensa de Arrillaga apeló la decisión del juez, que ahora deberá elevar la causa a la Cámara Federal de San Martín, la misma que, en la causa Nº 1722 y basándose en la Ley de Protección de la Democracia, condenó a prisión a todos los miembros del MTP que participaron del intento de copamiento.
Fernández Burgos, que tiene sus reparos sobre el futuro de la causa, recuerda que el cadáver de su esposo fue reconocido el 16 de diciembre de 1997, a ocho años del episodio. En esa tarea, además del Cuerpo Médico Forense, que realizó los exámenes de ADN, también participó el prestigioso Equipo de Antropología Forense, que llevó adelante la exhumación.
Fue un proceso largo y duro. Y cuando la abogada obtuvo el certificado de defunción de su esposo, además de que no consignaba estado civil ni profesión, como fecha de deceso figuraba el día en que se realizó la exhumación y no la fecha en que “Quito” Burgos perdió la vida. Justamente, un interminable y caluroso 23 de enero de 1989.

Derechos Humanos
Procesista procesado
Juan Alemann, más complicado en la causa ESMA.
Foto: Veintitrés

Por Tomás Eliaschev
Al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann le llegó el turno: la Justicia lo procesó por su accionar en lo años oscuros del terrorismo de Estado. El juez federal Sergio Torres tomó la decisión en el marco de la megacausa de la ESMA, donde se lo investiga por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario” a partir de un reportaje realizado por Veintitrés. De ese modo, quien fuera el número dos del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió en el primer civil en ser procesado por los crímenes de la dictadura militar.
Sin abogados, Alemann se había presentado el pasado jueves 10 ante el despacho de Torres, en el piso cuarto de los tribunales de Comodoro Py. El economista se negó a declarar y, cumplidos los plazos de rigor, el magistrado decidió su procesamiento. De todos modos, Alemann, que está a punto de cumplir 80 años, no esperará el juicio en la cárcel: el delito que se le imputa tiene penas que lo eximen de la prisión preventiva.
El derrotero judicial del ex funcionario de facto comenzó con un reportaje que le hizo el periodista Walter Goobar, y que publicó esta revista en 2005. Allí Alemann justificó la apropiación de bebés: “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y que después las liquidaron. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban porque hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”. También afirmó que “la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer”, y que “en otros lados sólo se torturaba para sacar información y luego los mataban. Lo de todas las guerras”.
A la semana siguiente, Alemann intentó desmentir sus dichos sin éxito: esta revista publicó un CD con la grabación completa de la entrevista. En esa misma edición se reveló además la acusación de los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lorkipanidse, quienes aseguran que el ex funcionario visitó la ESMA en octubre de 1979. De acuerdo al testimonio, Alemann habría estado en la sala de tormentos para conocer de cerca al prisionero Orlando Antonio Ruiz, quien permanecía encapuchado y engrillado acusado de haber participado en un fallido atentado contra el economista, junto a su esposa Silvia Beatriz Dameri, próxima a dar a luz. Alemann se habría hecho acompañar por el jefe de operaciones Adolfo Donda Tigel y el jefe de inteligencia Horacio Lorenzón, el teniente Fernando Peyón y dos efectivos de la Prefectura.
Durante los más de dos años que permaneció en cautiverio, Lorkipanidse trabajó en el laboratorio, lo que le daba alguna libertad para caminar por las instalaciones. En una oportunidad pudo ver a Alemann, al que describió como un hombre alto, impecablemente trajeado y con zapatos oscuros. Los Ruiz Dameri continúan desaparecidos. Sus tres hijos fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Laura, la más pequeña y nacida en 1980, es la nieta recuperada número noventa. Tres décadas después, Alemann deberá explicar por qué lo vieron en una sala de la torturas.
(Fuente:Rdendh-Veintitrés).

2 comentarios:

Anónimo dijo...

NO SERIA BUENO QUE USTES " PEDIODISTAS" SE ACUERDEN DE LOS SOLDADOS CONSCRITOS Y MENOS DE LOS DEMAS. YA QUE ELLOS NUNCA QUISIERON ESTAR HAY, CUMPLIAN CON UNA LEY, COSA QUE LOS QUE ENTRARON Y ARRUINARON LA VIDA A MUCHOS CHICOS LOS PROTEJE, ESTE GOBIERNO.
ESPERO QUE LO PUBLIQUEN

Anónimo dijo...

Como en los 70' el terrorismo mostró su violencia en la Tablada. El ERP y lo Montoneros fueron la misma lacra que remixados en el MTP atacaron bajo las ordenes del asesino Gorriaran Merlo el Regimiento de la Tablada. El respeto de toda la sociedad argentina por los soldados que defendieron el cuartel y el sistema de gobierno que hoy tenemos. Con sus errores hoy gracias a ellos no tenemos una dictadura comunista. Viva la Patria, Viva Argentina.