Quinta Audiencia
Testigos confirmaron que Bustos recibía
amenazas de miembros del Ejército
Cuatro testigos declararon en la quinta jornada del primer juicio que se sustancia en la provincia de Salta por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los cuatro confirmaron que el escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado y desaparecido el 2 de febrero de 1978, había recibido amenazas de miembros del Ejército y su domicilio había sido allanado reiteradas veces, por miembros de la Policía de la provincia, de la Federal y el Ejército.
Uno de los testigos fue un primo hermano del escribano desaparecido, el docente Enrique Horacio Palacios, con quien compartía un ideario político, según recordó el testigo.
Palacios contó que el 20 de junio de 1977 Bustos le refirió que recibía amenazas y su casa era allanada por miembros de la Policía provincial, la Policía Federal y del Regimiento de Infantería de Monte 28. Recordó asimismo que el entonces teniente coronel Arnaldo Bruno amenazaba a su primo.
Palacios reseñó también que Bustos lo tranquilizó posteriormente diciéndole que había hablado con el jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú. Sin embargo, refirió que él pensaba entonces que su primo “estaba marcado desde un principio y (los allanamientos) fueron los pasos previos” para intimidarlo. Y responsabilizó por el asesinato de Bustos al ex gobernador de facto de Salta Alvaro Ulloa.
El docente y escritor Juan de la Cruz Cabot, que era director de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, donde Bustos era profesor, contó que recibió una carta, dirigida al escribano, que contenía una amenaza y que cuando la entregó al destinatario este le dijo que había llegado una igual en su casa y que, por otras comunicaciones del Regimiento de Monte 28, sabía que eran del Ejército.
Cabot indicó que el escribano era muy conocido en la sociedad tartagalense y que su secuestro constituyó “un hecho público, la gente suponía que lo había llevado el Ejército”.
Cabot fue quien debió informar a Bustos de su cesantía como docente, dispuesta por el gobierno de Ulloa en el marco de un decreto que ordenaba la baja de los docentes considerados subversivos.
El abogado y periodista Marcelo O’Connor, amigo de Bustos, recordó que el escribano se fue a Bolivia cuando sobrevino el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tiempo después, cuando él mismo se preparaba a emigrar de Salta, se encontró con él en esta ciudad, lo que le sorprendió.
Dijo que Bustos le contó que iba a instalarse en Tartagal, algo que él le desaconsejó. En cambio, lo invitó a ir a Santa Fe, pero el escribano insistió en que tenía derecho a vivir donde deseara y a trabajar. “Recuerdo que le dije, Bustos, esto no es prudente. Nos despedimos y no lo ví más”, sostuvo.
O`Connor añadió que se enteró de la desaparición de Bustos por una nota en el diario El Litoral.
Un hecho notorio
El último testigo, el abogado y secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda Alfonsín, aportó más datos sobre las amenazas que recibía Bustos.
En 1978 tenía 23 años y tenía una vista normal (que perdió hace cinco años en un accidente de tránsito). En el segundo semestre de 1977 fue preceptor del 4º año del Colegio San Francisco, que cursaban Raúl Bustos, el hijo del escribano desaparecido, y uno de los hijos de Ríos Ereñú. Recordó que los hijos del militar solían manejarse en dos o tres automóviles, uno de ellos “un Dodge o un Opel”, y uno de ellos amarillo. El dato es interesante porque Raúl Bustos asegura que los hombres que secuestraron a su padre se movilizaban en un Dodge 1500 amarillo que usaba habitualmente uno de los hijos del jefe del Regimiento. “La característica que tenían (estos autos) es que no tenían chapa patente”, recordó el testigo.
Avellaneda Alfonsín desmintió a los militares que declararon en la cuarta jornada, quienes afirmaron no haberse enterado del secuestro de Bustos. El testigo recordó que el escribano “motivó dos o tres noticias importantes en el 77”: una amenaza que recibió en el hotel Espinillo, “le habían dicho que se fuera si no quería que lo mataran”; cuando el gobierno de Ulloa le negó la titularidad del registro notarial 32 de Tartagal, “se decía que era por cuestiones ideológicas”, y cuando se produjo su desaparición, ya en febrero de 1978. “Se decía que se lo habían llevado de noche. Había una tensión, se comentaba que qué había hecho, en las casas nos decían que nos cuidáramos que tuviéramos en cuenta lo que le había pasado al escribano Bustos”, memoró. “El caso de Bustos fue una conmoción”, añadió más tarde.
El abogado recordó también, ante preguntas de la querella, que conoció a un integrante del Regimiento de Monte que era veterinario, el “Negro” Correa. Contó que cierta vez, en el boliche Maracatú, el centro de la diversión en la época, al que también concurrían miembros del Ejército, Correa dijo que el tema de Bustos “era un tema policial”.
Avellaneda Alfonsín declaró en la primera etapa de la investigación del secuestro de Bustos. Luego de que declarara, el 21 de noviembre de 2006, recibió en su estudio una carta anónima en la que le contaban como había ocurrido el homicidio de Bustos.
La carta fue leída ayer en la audiencia: sostiene que el escribano en la misma madrugada del 2 de febrero el escribano fue llevado por el actual coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, al escuadrón de Gendarmería de Embarcación. Que allí era golpeado cada hora hasta que lo llevaron al río Bermejo y no lo regresaron. De vuelta del río los gendarmes demoraron a Arias, que logró la libertad tras la intervención del jefe del Regimiento de Monte 28. La carta sostiene que Gendarmería “no tenía nada que ver” con el crimen de Bustos.
Improcedente
La audiencia se inició bastante tarde hoy, 10 de diciembre, debido a que el abogado Pablo Tobío, defensor del coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado como autor mediato de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Bustos, recusó al fiscal Eduardo Villalba, porque es yerno del teniente coronel Guiñazú, que en 1978 era jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en Salta.
Tobío pidió también que se anule todo el debate llevado a cabo hasta hoy. El fiscal se opuso a la recusación, “por considerarla manifiestamente extemporánea, improcedente” y un acto más para demorar el juicio.
Villalba recordó que en la instrucción de este proceso él mismo informó que es pariente de Guiñazú, y que el propio Tobío (como defensor entonces del militar retirado Arnaldo Bruno) fue notificado de esta situación. Además, Guiñazú no está siendo investigado en esta causa y hace once años que falleció.
La querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, adhirió al pedido de rechazo del fiscal. Tras una corta deliberación el tribunal, integrado por los jueces Roberto Frías, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek (con la presencia permanente del cuarto juez, Renato Rabbi Baldi Cabanillas), rechazó el planteo de Tobío y le impuso las costas.
Elena Corvalan, directora Radio Nacional Salta
Lo apresaron a pedido del Destacamento de Inteligencia 143 de la ciudad de Salta Dos informes confirman que a Bustos lo detuvo el Ejército
El contenido de esos documentos fue avalado por un ex jefe del Comando de la V Brigada con asiento en Tucumán
FACSIMIL DEL INFORME "SECRETO" QUE DA CUENTA DE QUIEN SECUESTRO A MELITON BUSTOS.
Con el debate de ayer, en el juicio que se ventila en torno de la desaparición del escribano Melitón Bustos, se confirmó que el secuestro del profesional, ocurrido hace 31 años en la ciudad de Tartagal, fue obra del Ejército. Durante la doble jornada, en el Tribunal Oral Federal de Salta se analizaron en profundidad dos informes, uno de carácter "secreto" que da cuenta que Bustos fue detenido a las 3 de la mañana del 2 de febrero de 1978. El documento, con la firma del entonces jefe del Regimiento de Monte 28 Tartagal, teniente coronel Roberto Felipe Domínguez, consigna que Melitón fue apresado a solicitud del Destacamento de Inteligencia 143 con asiento en la ciudad de Salta, y que lo entregaron a este organismo ese mismo día a las 17.30.Dicho informe surgió como respuesta al telegrama Nº 1816 enviado al regimiento norteño por el Comando de la Brigada de Quinta División. En él se expresa que "ante requerimiento del Ministerio del Interior, informe con carácter urgente si en esa jurisdicción existen antecedentes de la probable detención de Aldo Melitón Bustos, ocurrida el 2 de febrero en su estudio profesional de la ciudad de Tartagal, por civiles armados que adujeron ser gendarmes". Este pedido llegó a manos de Domínguez el 15 de febrero, el mismo día que se hizo cargo de la unidad militar. En la instrucción Domínguez declaró que de inmediato convocó al mayor Luis Angel Gastón Zírpolo, quien estaba a cargo interinamente del regimiento, y que éste le informó sobre la detención del escribano, y por ese motivo respondió en esos términos al requerimiento de la superioridad. Sin embargo, Zírpolo, uno de los acusados junto al coronel Carlos Arias, negó haber comunicado de esta situación al nuevo jefe.Para dilucidar esta cuestión, ayer declaró el general (r) Luis Santiago Martella, quien en esa época era el jefe del Comando de la V Brigada, de quien dependía el regimiento de Tartagal. Recordó que fue él quien posesionó en el cargo a Domínguez, pero aseguró que ese día nadie le comunicó nada respecto a lo ocurrido con Bustos. Fue entonces que el fiscal Eduardo Villalba y los querellantes David Leiva y Tania Kiríaco lo interrogaron acerca del contenido de los documentos de marras.Respecto al pedido de informe sobre la detención del escribano, dijo que no lo firmó él porque se encontraba viaje, y por eso aparece refrendado por su segundo, el coronel Antonio Llamas. El militar no hizo ninguna objeción sobre la estructura del telegrama. "Tiene todos los elementos para este tipo de pedido", señaló. En idénticos términos se pronunció respecto al informe secreto que dio cuenta de la detención del Bustos. "Si está la firma del jefe (por Domínguez) es porque así debió haber sido", afirmó.Luego fue el turno de otros militares que integraron la plana mayor del regimiento norteño. Héctor Petricich, quien era ayudante de Domínguez, sostuvo que los dos informes carecen de validez porque no guardan relación con el método que se usaba para estos casos. Luego incurrió en una serie de contradicciones, a tal punto que el fiscal Villalba pidió que fuera detenido por falso testimonio. Eduardo Gentuluomo dijo que era el jefe de Logística, y se esmeró en señalar que el auto Dodge amarillo que usaron para secuestrar a Bustos en esa época se hallaba fuera de servicio. El personaje de la jornada fue Juan Salvador Roqué, un hombre que se declaró sordo. Escuchaba cuando le convenía, hizo tantas payasadas que al final el Tribunal se hartó y lo dejó ir.
Al haberse cumplido dos años de sus detenciones por la causa Palomitas
Prorrogaron la preventiva a Menéndez y Guil
Cuando Menéndez fue traído a Salta se negó a declarar, siguiendo con su postura de desconocer a la Justicia civil.
MENENDEZ ES ESCRACHADO A SU ARRIBO AL JUZGADO FEDERAL
Está implicado debido que la Guarnición Salta, que ejecutó los crímenes, dependía del III Cuerpo de Ejército y Menéndez era el jefe.Carlos Olivera Pastor, juez federal subrogante Nº 2 de Salta, resolvió extender por un año la prisión preventiva que pesa sobre el represor del tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y ex director de Seguridad de la Policía de la Provincia Joaquín Guil, procesados por la "masacre de Palomitas2". La medida fue dispuesta debido a que ya pasaron dos años de la detención de ambos sin que se haya dictado sentencia en esta causa. Menéndez (condenado ayer a prisión perpetua por la Justicia de Córdoba, también por crímenes de lesa humanidad, ver página 3) y Guil (con prisión domiciliaria) están acusados de homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros, por el fusilamiento de 12 presos políticos, cometido el 6 de julio de 1976 en la provincia de Salta. La matanza de estas personas se produjo en el paraje Palomitas, cerca de Cabeza de Buey, en el departamento General Güemes, luego de haber sido sacados del penal de Villa Las Rosas, donde se hallaban privados de su libertad.En su resolución el juez Pastor expresó que como los imputados están detenidos desde el 19 de julio de 2007, correspondía tratar la prórroga en los términos de la ley 25430. En ella se establece que la prisión preventiva no puede ser superior a dos años si no se dictó sentencia. Pero también dispone que "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año, por resolución fundada que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que corresponda para su debido contralor".Al tratarse ésta una causa vinculada con crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar, lo dispuesto por el magistrado está contemplado dentro de la citada norma legal.El general Menéndez y el comisario Guil están procesados por la Justicia Federal salteña por habérselos considerado autores responsables del delito de "homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas". El primero lo está en calidad de "autor mediato" y el segundo como "partícipe necesario", conforme a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta del 19 de agosto de 2008, la que se encuentra firme.Un expediente gordoEl juez Pastor argumenta que la demora de este proceso obedece a la gravedad de los delitos investigados, la cantidad de imputados que registra el sumario, el número elevado de querellantes (ocho) y la cantidad de pruebas producidas. Subraya que por esta situación a la fecha se cuenta con un expediente de 53 cuerpos, con un número aproximado de 10.600 fojas, además de una numerosa cantidad de incidentes. Sostiene el magistrado que por la complejidad de la causa no se pudo finalizar el proceso en tiempo y forma, a lo que se suman los avatares que son de conocimiento público, tales como la excusación del juez natural, la imposibilidad de contar con jueces subrogantes o "ad-hoc" de la provincia de Jujuy, como el suscrito. Esto sin considerar las excusaciones y recusaciones de los fiscales actuantes y las complicaciones para la constitución del tribunal de alzada. Pastor señala que a esto debe añadirse que su designación como juez subrogante fue dispuesta el cinco de noviembre pasado, de la que fue notificado cuatro días después. Es decir que en el plazo de 17 días debió resolver esta cuestión, lo que considera insuficiente teniendo en cuenta la voluminosidad y complejidad del expediente para una adecuada ilustración de su contenido.Luego de citar jurisprudencia de casos de imputados de crímenes de lesa humanidad, particularmente el del general Ramón Genario Díaz Bessone, y por los fundamentos expuestos, el magistrado consideró que corresponde en este caso disponer la prórroga de un año de la prisión preventiva de los nombrados Menéndez y Guil. Al mismo tiempo resolvió efectuar las comunicaciones pertinentes a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
(Fuente:Rdendh-Eltribuno).
Testigos confirmaron que Bustos recibía
amenazas de miembros del Ejército
Cuatro testigos declararon en la quinta jornada del primer juicio que se sustancia en la provincia de Salta por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los cuatro confirmaron que el escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado y desaparecido el 2 de febrero de 1978, había recibido amenazas de miembros del Ejército y su domicilio había sido allanado reiteradas veces, por miembros de la Policía de la provincia, de la Federal y el Ejército.
Uno de los testigos fue un primo hermano del escribano desaparecido, el docente Enrique Horacio Palacios, con quien compartía un ideario político, según recordó el testigo.
Palacios contó que el 20 de junio de 1977 Bustos le refirió que recibía amenazas y su casa era allanada por miembros de la Policía provincial, la Policía Federal y del Regimiento de Infantería de Monte 28. Recordó asimismo que el entonces teniente coronel Arnaldo Bruno amenazaba a su primo.
Palacios reseñó también que Bustos lo tranquilizó posteriormente diciéndole que había hablado con el jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú. Sin embargo, refirió que él pensaba entonces que su primo “estaba marcado desde un principio y (los allanamientos) fueron los pasos previos” para intimidarlo. Y responsabilizó por el asesinato de Bustos al ex gobernador de facto de Salta Alvaro Ulloa.
El docente y escritor Juan de la Cruz Cabot, que era director de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, donde Bustos era profesor, contó que recibió una carta, dirigida al escribano, que contenía una amenaza y que cuando la entregó al destinatario este le dijo que había llegado una igual en su casa y que, por otras comunicaciones del Regimiento de Monte 28, sabía que eran del Ejército.
Cabot indicó que el escribano era muy conocido en la sociedad tartagalense y que su secuestro constituyó “un hecho público, la gente suponía que lo había llevado el Ejército”.
Cabot fue quien debió informar a Bustos de su cesantía como docente, dispuesta por el gobierno de Ulloa en el marco de un decreto que ordenaba la baja de los docentes considerados subversivos.
El abogado y periodista Marcelo O’Connor, amigo de Bustos, recordó que el escribano se fue a Bolivia cuando sobrevino el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tiempo después, cuando él mismo se preparaba a emigrar de Salta, se encontró con él en esta ciudad, lo que le sorprendió.
Dijo que Bustos le contó que iba a instalarse en Tartagal, algo que él le desaconsejó. En cambio, lo invitó a ir a Santa Fe, pero el escribano insistió en que tenía derecho a vivir donde deseara y a trabajar. “Recuerdo que le dije, Bustos, esto no es prudente. Nos despedimos y no lo ví más”, sostuvo.
O`Connor añadió que se enteró de la desaparición de Bustos por una nota en el diario El Litoral.
Un hecho notorio
El último testigo, el abogado y secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda Alfonsín, aportó más datos sobre las amenazas que recibía Bustos.
En 1978 tenía 23 años y tenía una vista normal (que perdió hace cinco años en un accidente de tránsito). En el segundo semestre de 1977 fue preceptor del 4º año del Colegio San Francisco, que cursaban Raúl Bustos, el hijo del escribano desaparecido, y uno de los hijos de Ríos Ereñú. Recordó que los hijos del militar solían manejarse en dos o tres automóviles, uno de ellos “un Dodge o un Opel”, y uno de ellos amarillo. El dato es interesante porque Raúl Bustos asegura que los hombres que secuestraron a su padre se movilizaban en un Dodge 1500 amarillo que usaba habitualmente uno de los hijos del jefe del Regimiento. “La característica que tenían (estos autos) es que no tenían chapa patente”, recordó el testigo.
Avellaneda Alfonsín desmintió a los militares que declararon en la cuarta jornada, quienes afirmaron no haberse enterado del secuestro de Bustos. El testigo recordó que el escribano “motivó dos o tres noticias importantes en el 77”: una amenaza que recibió en el hotel Espinillo, “le habían dicho que se fuera si no quería que lo mataran”; cuando el gobierno de Ulloa le negó la titularidad del registro notarial 32 de Tartagal, “se decía que era por cuestiones ideológicas”, y cuando se produjo su desaparición, ya en febrero de 1978. “Se decía que se lo habían llevado de noche. Había una tensión, se comentaba que qué había hecho, en las casas nos decían que nos cuidáramos que tuviéramos en cuenta lo que le había pasado al escribano Bustos”, memoró. “El caso de Bustos fue una conmoción”, añadió más tarde.
El abogado recordó también, ante preguntas de la querella, que conoció a un integrante del Regimiento de Monte que era veterinario, el “Negro” Correa. Contó que cierta vez, en el boliche Maracatú, el centro de la diversión en la época, al que también concurrían miembros del Ejército, Correa dijo que el tema de Bustos “era un tema policial”.
Avellaneda Alfonsín declaró en la primera etapa de la investigación del secuestro de Bustos. Luego de que declarara, el 21 de noviembre de 2006, recibió en su estudio una carta anónima en la que le contaban como había ocurrido el homicidio de Bustos.
La carta fue leída ayer en la audiencia: sostiene que el escribano en la misma madrugada del 2 de febrero el escribano fue llevado por el actual coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, al escuadrón de Gendarmería de Embarcación. Que allí era golpeado cada hora hasta que lo llevaron al río Bermejo y no lo regresaron. De vuelta del río los gendarmes demoraron a Arias, que logró la libertad tras la intervención del jefe del Regimiento de Monte 28. La carta sostiene que Gendarmería “no tenía nada que ver” con el crimen de Bustos.
Improcedente
La audiencia se inició bastante tarde hoy, 10 de diciembre, debido a que el abogado Pablo Tobío, defensor del coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado como autor mediato de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Bustos, recusó al fiscal Eduardo Villalba, porque es yerno del teniente coronel Guiñazú, que en 1978 era jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en Salta.
Tobío pidió también que se anule todo el debate llevado a cabo hasta hoy. El fiscal se opuso a la recusación, “por considerarla manifiestamente extemporánea, improcedente” y un acto más para demorar el juicio.
Villalba recordó que en la instrucción de este proceso él mismo informó que es pariente de Guiñazú, y que el propio Tobío (como defensor entonces del militar retirado Arnaldo Bruno) fue notificado de esta situación. Además, Guiñazú no está siendo investigado en esta causa y hace once años que falleció.
La querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, adhirió al pedido de rechazo del fiscal. Tras una corta deliberación el tribunal, integrado por los jueces Roberto Frías, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek (con la presencia permanente del cuarto juez, Renato Rabbi Baldi Cabanillas), rechazó el planteo de Tobío y le impuso las costas.
Elena Corvalan, directora Radio Nacional Salta
Lo apresaron a pedido del Destacamento de Inteligencia 143 de la ciudad de Salta Dos informes confirman que a Bustos lo detuvo el Ejército
El contenido de esos documentos fue avalado por un ex jefe del Comando de la V Brigada con asiento en Tucumán
FACSIMIL DEL INFORME "SECRETO" QUE DA CUENTA DE QUIEN SECUESTRO A MELITON BUSTOS. Con el debate de ayer, en el juicio que se ventila en torno de la desaparición del escribano Melitón Bustos, se confirmó que el secuestro del profesional, ocurrido hace 31 años en la ciudad de Tartagal, fue obra del Ejército. Durante la doble jornada, en el Tribunal Oral Federal de Salta se analizaron en profundidad dos informes, uno de carácter "secreto" que da cuenta que Bustos fue detenido a las 3 de la mañana del 2 de febrero de 1978. El documento, con la firma del entonces jefe del Regimiento de Monte 28 Tartagal, teniente coronel Roberto Felipe Domínguez, consigna que Melitón fue apresado a solicitud del Destacamento de Inteligencia 143 con asiento en la ciudad de Salta, y que lo entregaron a este organismo ese mismo día a las 17.30.Dicho informe surgió como respuesta al telegrama Nº 1816 enviado al regimiento norteño por el Comando de la Brigada de Quinta División. En él se expresa que "ante requerimiento del Ministerio del Interior, informe con carácter urgente si en esa jurisdicción existen antecedentes de la probable detención de Aldo Melitón Bustos, ocurrida el 2 de febrero en su estudio profesional de la ciudad de Tartagal, por civiles armados que adujeron ser gendarmes". Este pedido llegó a manos de Domínguez el 15 de febrero, el mismo día que se hizo cargo de la unidad militar. En la instrucción Domínguez declaró que de inmediato convocó al mayor Luis Angel Gastón Zírpolo, quien estaba a cargo interinamente del regimiento, y que éste le informó sobre la detención del escribano, y por ese motivo respondió en esos términos al requerimiento de la superioridad. Sin embargo, Zírpolo, uno de los acusados junto al coronel Carlos Arias, negó haber comunicado de esta situación al nuevo jefe.Para dilucidar esta cuestión, ayer declaró el general (r) Luis Santiago Martella, quien en esa época era el jefe del Comando de la V Brigada, de quien dependía el regimiento de Tartagal. Recordó que fue él quien posesionó en el cargo a Domínguez, pero aseguró que ese día nadie le comunicó nada respecto a lo ocurrido con Bustos. Fue entonces que el fiscal Eduardo Villalba y los querellantes David Leiva y Tania Kiríaco lo interrogaron acerca del contenido de los documentos de marras.Respecto al pedido de informe sobre la detención del escribano, dijo que no lo firmó él porque se encontraba viaje, y por eso aparece refrendado por su segundo, el coronel Antonio Llamas. El militar no hizo ninguna objeción sobre la estructura del telegrama. "Tiene todos los elementos para este tipo de pedido", señaló. En idénticos términos se pronunció respecto al informe secreto que dio cuenta de la detención del Bustos. "Si está la firma del jefe (por Domínguez) es porque así debió haber sido", afirmó.Luego fue el turno de otros militares que integraron la plana mayor del regimiento norteño. Héctor Petricich, quien era ayudante de Domínguez, sostuvo que los dos informes carecen de validez porque no guardan relación con el método que se usaba para estos casos. Luego incurrió en una serie de contradicciones, a tal punto que el fiscal Villalba pidió que fuera detenido por falso testimonio. Eduardo Gentuluomo dijo que era el jefe de Logística, y se esmeró en señalar que el auto Dodge amarillo que usaron para secuestrar a Bustos en esa época se hallaba fuera de servicio. El personaje de la jornada fue Juan Salvador Roqué, un hombre que se declaró sordo. Escuchaba cuando le convenía, hizo tantas payasadas que al final el Tribunal se hartó y lo dejó ir.
Al haberse cumplido dos años de sus detenciones por la causa Palomitas
Prorrogaron la preventiva a Menéndez y Guil
Cuando Menéndez fue traído a Salta se negó a declarar, siguiendo con su postura de desconocer a la Justicia civil.
MENENDEZ ES ESCRACHADO A SU ARRIBO AL JUZGADO FEDERAL Está implicado debido que la Guarnición Salta, que ejecutó los crímenes, dependía del III Cuerpo de Ejército y Menéndez era el jefe.Carlos Olivera Pastor, juez federal subrogante Nº 2 de Salta, resolvió extender por un año la prisión preventiva que pesa sobre el represor del tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y ex director de Seguridad de la Policía de la Provincia Joaquín Guil, procesados por la "masacre de Palomitas2". La medida fue dispuesta debido a que ya pasaron dos años de la detención de ambos sin que se haya dictado sentencia en esta causa. Menéndez (condenado ayer a prisión perpetua por la Justicia de Córdoba, también por crímenes de lesa humanidad, ver página 3) y Guil (con prisión domiciliaria) están acusados de homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros, por el fusilamiento de 12 presos políticos, cometido el 6 de julio de 1976 en la provincia de Salta. La matanza de estas personas se produjo en el paraje Palomitas, cerca de Cabeza de Buey, en el departamento General Güemes, luego de haber sido sacados del penal de Villa Las Rosas, donde se hallaban privados de su libertad.En su resolución el juez Pastor expresó que como los imputados están detenidos desde el 19 de julio de 2007, correspondía tratar la prórroga en los términos de la ley 25430. En ella se establece que la prisión preventiva no puede ser superior a dos años si no se dictó sentencia. Pero también dispone que "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año, por resolución fundada que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que corresponda para su debido contralor".Al tratarse ésta una causa vinculada con crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar, lo dispuesto por el magistrado está contemplado dentro de la citada norma legal.El general Menéndez y el comisario Guil están procesados por la Justicia Federal salteña por habérselos considerado autores responsables del delito de "homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas". El primero lo está en calidad de "autor mediato" y el segundo como "partícipe necesario", conforme a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta del 19 de agosto de 2008, la que se encuentra firme.Un expediente gordoEl juez Pastor argumenta que la demora de este proceso obedece a la gravedad de los delitos investigados, la cantidad de imputados que registra el sumario, el número elevado de querellantes (ocho) y la cantidad de pruebas producidas. Subraya que por esta situación a la fecha se cuenta con un expediente de 53 cuerpos, con un número aproximado de 10.600 fojas, además de una numerosa cantidad de incidentes. Sostiene el magistrado que por la complejidad de la causa no se pudo finalizar el proceso en tiempo y forma, a lo que se suman los avatares que son de conocimiento público, tales como la excusación del juez natural, la imposibilidad de contar con jueces subrogantes o "ad-hoc" de la provincia de Jujuy, como el suscrito. Esto sin considerar las excusaciones y recusaciones de los fiscales actuantes y las complicaciones para la constitución del tribunal de alzada. Pastor señala que a esto debe añadirse que su designación como juez subrogante fue dispuesta el cinco de noviembre pasado, de la que fue notificado cuatro días después. Es decir que en el plazo de 17 días debió resolver esta cuestión, lo que considera insuficiente teniendo en cuenta la voluminosidad y complejidad del expediente para una adecuada ilustración de su contenido.Luego de citar jurisprudencia de casos de imputados de crímenes de lesa humanidad, particularmente el del general Ramón Genario Díaz Bessone, y por los fundamentos expuestos, el magistrado consideró que corresponde en este caso disponer la prórroga de un año de la prisión preventiva de los nombrados Menéndez y Guil. Al mismo tiempo resolvió efectuar las comunicaciones pertinentes a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
(Fuente:Rdendh-Eltribuno).
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