BRASIL: LA IGLESIA Y EL AGRO CONTRA LULA, POR LA INVESTIGACIÓN DE LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA 1964 y 1985.

No quieren investigar
La Iglesia y el agro contra Lula por la dictadura
En Brasil, ambos sectores rechazan varios puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos decretado por el presidente Luiz Lula da Silva, que ya había sido objetado por los mandos militares que se oponen a que se investiguen los crímenes cometidos por el gobierno de facto entre 1964 y 1985.

Lula se enfrenta a la Iglesia y al campo por los crímenes de lesa humanidad. La Iglesia Católica de Brasil y el sector ruralista, incluido el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, rechazaron varios puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos decretado por el presidente Luiz Lula da Silva, que ya había sido objetado por los mandos militares que se oponen a que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura entre 1964 y 1985.

El plan de Derechos Humanos instrumentado por el ministro del área, Paulo Vanucchi, en diciembre, incluye, además de la creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura, aspectos referentes a la disputa de tierras y la despenalización del aborto y la unión civil entre homosexuales.

Son 27 proyectos de ley a ser tratados en los próximos 11 meses.

"Vemos estas iniciativas como una actitud arbitraria y antidemocrática del gobierno de Lula. La Iglesia es contraria. Todos los obispos están en contra", dijo el obispo de Assis, estado de San Pablo, José Simao, titular del Comité de Defensa de la Vida de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).


El autor del programa amenazó con renunciar si el presidente da marcha atrás
Lula decide sobre los DD.HH.
El ejecutivo brasileño se enfrenta al dilema de avanzar por la justicia a través de una “comisión de la verdad” o ceder ante la presión de los comandantes militares. La Corte Suprema analiza la ley de amnistía ante un pedido de derogación.

Lula da Silva regresará hoy al trabajo luego de sus vacaciones; esperan su mediación en el tema.
El ministro de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vanucchi, dijo ayer que renunciará si el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva da marcha atrás en su impulso a la investigación de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “Soy un fusible removible, mi renuncia no sería un problema para Brasil”, señaló Vanucchi en una entrevista publicada ayer por el diario Fo- lha de Sao Paulo.

El ministro está en el centro de la polémica por ser el autor del Programa de Derechos Humanos que Lula envió al Congreso el 21 de diciembre y que postula la creación de una “comisión de la verdad” para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen de facto que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Vanucchi se opone a que modifiquen su programa. “No puedo admitir que transformen el programa de DD.HH. en un monstruito político sin el apoyo de las Naciones Unidas ni de la Organización de Estados Americanos.

”Los comandantes de las tres Fuerzas Armadas calificaron la iniciativa como “revanchista”, aclararon que sólo la aceptarán si incluye también la investigación de los grupos guerrilleros que actuaron en esa época y advirtieron que, en caso contrario, renunciarán a sus cargos.

Según la prensa brasileña, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, transmitirá mañana a Lula la posición de los comandantes militares, con la que está de acuerdo.

Vanucchi sostuvo que “no se puede poner en el mismo nivel a torturadores y torturados” porque “unos actuaron ilegalmente, con respaldo del Estado, y los otros fueron juzgados, presos, desaparecidos y muertos”. El ministro recordó que el propio Lula fue juzgado y condenado a tres años de prisión –pena revisada y no aplicada– por liderar huelgas en fábricas paulistas contra la dictadura militar, a partir de 1978.

Jobim y Vanucchi esperan la mediación de Lula, que regresará hoy al trabajo luego de sus vacaciones en las playas de Bahía y en el balneario paulista de Guarujá. “El presidente Lula es constructor de caminos intermedios; pero si no es posible, no puedo quedarme”, subrayó Vanucchi.

En tanto, el vicepresidente José Alencar expresó su rechazo a una eventual derogación de la Ley de Amnistía, que impide la apertura de procesos contra efectivos del régimen de facto, que causó unos 400 desaparecidos y miles de torturados. “Creo que los archivos deben ser puestos a disposición, como están ahora, pero estoy en contra de la modificación de la Ley de Amnistía” porque ésta “fue bien lanzada en la época y puso fin a aquel período”, dijo el vicepresidente al diario Jornal do Brasil.

La Ley de Amnistía se encuentra bajo análisis en el Superior Tribunal Federal (Corte Suprema), con un pedido de derogación hecho por la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Esta institución sugirió la dimisión de Jobim y de los comandantes militares.

Por otra parte, Lula escuchará esta semana las quejas al capítulo agrario del Programa de Derechos Humanos por parte del ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, quien sostuvo públicamente que, de prosperar, el proyecto generará “inseguridad jurídica” al alentar, a su juicio, la ocupación de haciendas improductivas. “No estoy en contra del agronegocio, pero es necesario garantizar que no oprima, no viole y no asfixie a la agricultura familiar y al productor mediano”, comentó Vanucchi al respecto.

El Programa de Derechos Humanos causó también reacciones adversas en medios de comunicación, ya que postula un sistema de multas administrativas para ellos, y en la Iglesia Católica, pues contempla la despenalización del aborto, la unión civil entre homosexuales y la libertad para adoptar niños por parte de parejas homosexuales.

En cambio, tiene el apoyo de la Asociación de Jueces de la Democracia, que recolectó unas 11.000 firmas para respaldarlo, y del relator de la ONU Paulo Pinheiro, quien declaró que Brasil debe investigar su pasado y sostuvo que “los que hablan de revanchismo por hacer esto son los que extrañan a la dictadura”.

Dos articulos previos
FUERTE APOYO EN BRASIL DEL GOBIERNO DE LULA
Ratifican la Comisión por la Verdad
Después de la polémica de-satada en Brasil por la posible creación de una Comisión por la Verdad sobre los crímenes de la última dictadura militar (1964-1985), ayer Paulo Vannuchi, ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, defendió públicamente la iniciativa. “Va en favor de las fuerzas armadas. Es necesario terminar un proceso sin revanchismo, sin retorno al pasado y de manos tendidas para la reconciliación nacional”, señaló.

Primero fue la amenaza de la impunidad. Hace algunas semanas, la cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, fueron los protagonistas de la peor crisis militar durante los dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, el brigadier Juniti Saito y el ministro Jobim amenazaron con dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad para investigar violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura.

La ira de los militares se enmarca en una propuesta presentada por el propio Lula y que ahora está siendo sometida a revisión: la construcción de una comisión para investigar los delitos de la dictadura, pero procesar o encarcelar a los responsables de esos crímenes.

“Crear una Comisión de la Verdad va a favor de las fuerzas armadas (...). No hay ningún sentido revanchista”, dijo ayer el ministro Vannuchi. Asimismo, el hombre insistió en que el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) no prevé la derogación de la Ley de Amnistía –aprobada en 1979– y en sus declaraciones diferenció a los militares “dedicados a la patria y al servicio público” de los responsables de torturas y desapariciones.

“Es necesario terminar un proceso sin revanchismo, sin retorno al pasado y de manos tendidas para la reconciliación nacional”, agregó el ministro. De todas maneras, Vannuchi destacó que la situación de armonía “no puede encubrir” los crímenes de lesa humanidad. Entre otras atribuciones, el proyecto propone “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violaciones de los derechos humanos, localizar e identificar los cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”.
Fuente: Pagina 12, domingo 3 de enero


LA CUPULA MILITAR Y EL MINISTRO DE DEFENSA ENCABEZAN LA PEOR CRISIS MILITAR DEL GOBIERNO DE LULA
Las FF.AA. se oponen a un Nunca Más en Brasil
Treinta años después de sancionada la Ley de Amnistía, los mandos castrenses advirtieron al presidente Lula da Silva que no consentirán ninguna investigación sobre las violaciones a los derechos humanos.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, presentó su renuncia al presidente en respuesta a la creación de una Comisión de la Verdad.
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
En Brasil la impunidad “nao tem fim”. La cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, encabezaron la peor crisis militar en siete años del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al amenazar dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985).


Lula acusó recibo de la estocada y ayer se reunió de urgencia con su ministro de Justicia, Tarso Genro, uno de los mentores de la Comisión de la Verdad junto al secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.


Al dejar la sede del gobierno, Genro buscó bajarle voltaje a la crisis y aplazó cualquier decisión sobre el tema para la segunda semana de enero, cuando Lula regrese de vacaciones.


“No hay ningún tipo de alarma o preocupación, éste es un debate normal que venía ocurriendo dentro del gobierno y sobre el que el presidente dará la palabra final”, tranquilizó el ministro.


Treinta años después de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo, los mandos castrenses advirtieron al presidente constitucional que no consentirán ninguna investigación sobre cientos de desapariciones y miles de detenciones ilegales perpetradas durante uno de los regímenes de facto más longevos de América latina.


El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, y el brigadier Juniti Saito, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, pusieron sus cargos a disposición de Lula luego del lanzamiento del III Programa Nacional de Derechos Humanos. El hecho ocurrió reservadamente hace una semana, pero ayer saltó a los titulares de los principales diarios.


La ira castrense fue encendida por una propuesta comparable a la diseñada en Africa del Sur tras el final del apartheid y sobre la cual Lula conversó hace un mes con la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, la jurista sudafricana Navanethem Pillay.


El proyecto presentado por Lula y ahora sometido a revisión propone constituir una comisión para “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violación de derechos humanos, localizar e identificar cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”. Ni una mención al eventual procesamiento o punición de los responsables de tales delitos.


“Es un proyecto muy moderado que el gobierno sólo iba a girar al Congreso en abril y sin ninguna garantía de que se apruebe antes de que Lula termine su gobierno en diciembre de 2010”, señala Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos.


La intrigas militares son moneda relativamente corriente en este país: en 1999 hubo descontento con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso por la creación del Ministerio de Defensa y la eliminación de las carteras de ejército, marina y aeronáutica. En 2004 cayó el ministro de Defensa José Viegas luego de que el ejército justificara la represión durante la dictadura. Hace dos años, el ex preso político Waldir Pires, nunca aceptado por los militares que recelaban de su pasado, renunció al Ministerio de Defensa tras una tragedia aérea y presiones de la aeronáutica


Comparada con las anteriores, esta crisis parece ser más seria, pues aquí no prevalecen reivindicaciones corporativas como presupuesto o tensiones coyunturales.


Ahora los uniformados objetan una decisión avalada por el primer presidente civil que propone correr el velo sobre el terrorismo de Estado. Y en esa ofensiva los militares hacen causa común con el ministro del área, quien debiera ser un servidor incondicional del mandatario.


“No estamos frente a una crisis institucional, o en un clima de golpe, claro que no”, plantea Jair Krischke, que ve en la presión castrense un “mensaje grave y retardatario”.
Y explica cómo ve el accionar de los mandos castrenses. “Con esta actitud los militares le están diciendo a la sociedad que aún reivindican el golpe de Estado de 1964, están mostrando para esta clase militar que el elogio de la dictadura es una religión.”


“Esta casta militar está condenando a Brasil a ser el país más atrasado de América latina en materia de esclarecimiento sobre el terrorismo de Estado y aplicación de la ley contra quienes la violaron. Argentina encarceló a Videla y tantos otros, Uruguay al dictador Goyo Alvarez, Chile a Manuel Contreras, en Brasil ni un cabo del ejército fue citado a declarar”, comparó el dirigente de los derechos humanos.
Fuente: Pagina12, 31 de diciembre de 2009
Fuente:Rdendh.