MASACRE DE PALOMITAS: NUEVA AUDIENCIA DEL JUICIO POR FUSILAMIENTOS DE PRESOS POLÍTICOS-A 35 AÑOS DEL ASESINATO DE EDUARDO FRONDA.

Un coronel dijo que la cúpula policial
de Salta se manejaba con “impunidad”

El coronel retirado Yago Luis de Gracia contó hoy, 8 de enero, que el represor Joaquín Guil tuvo una carrera “meteórica” en la Policía de la provincia de Salta. Lo mismo ocurrió con otros policías que 1979 integraban la cúpula policial y que están sospechados de haber participado de violaciones a los derechos humanos. El testigo dijo que la cúpula policial salteña se manejaba con “impunidad”.
De Gracia declaró en el marco del juicio escrito que en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad se sigue en contra de los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio doblemente calificado por la Masacre de Palomitas, la matanza de 12 presos políticos (11 estaban en la cárcel de Villa Las Rosas y el duodécimo estaba en la provincia de Jujuy) en las cercanías de esta pequeña localidad, el 6 de julio de 1976.
El testimonio de De Gracia, también pedido por el defensor oficial ad hoc que asiste a Espeche, el abogado Bernardo Sola, sirvió para dejar en claro, una vez más, que los militares que se autoproclamaban la reserva moral de la patria, y sus acólitos, aprovechaban el poder que concentraban para rapiñar hasta en los ámbitos más impensados: en este caso, ascensos en muy corto tiempo y la obtención de campeonatos de fútbol mediante el apriete a árbitros y jugadores de equipos contrarios.
De Gracia fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1981, vino a reemplazar al teniente coronel Juan Carlos Grande (ya fallecido). Según contó, lo mandaron para normalizar a la Policía provincial, desgastada por “irregularidades”, casi todas referidas a la administración y al gobierno de la fuerza.
El militar afirmó que cuando llegó a Salta le llamó la atención la “impunidad” con la que se manejaba la cúpula, que no rendía cuentas a nadie. Además, sus integrantes habían alcanzado el grado de comisario general en muy corto tiempo, diez años cuanto mucho, mientras que otros policías que reunían los requisitos para ser promovidos, nunca habían recibido ascensos. Entre los que habían realizado “carreras meteóricas” enumeró a Guil (del que dijo que “tenía un poder absoluto”), Enrique Trovatto, “Sapo” Toranzos, Roberto Arredes, Abel Murúa. Todos ellos integraban lo que popularmente se conoció en Salta como “la patota de Guil” que está sospechada de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En 1980 De Gracia dio de baja a estos policías; el coronel admitió que existían otras irregularidades, pero dijo que “no se podían probar”.
Añadió en este sentido la existencia de un equipo de fútbol de la Policía, el Sargento Suárez. Este equipo había ganado cuatro campeonatos: su táctica infalible consistía en detener a los árbitros y a los jugadores de los equipos contrarios. Además, los jugadores del Sargento Suárez figuraban como policías, y cobraban sueldos como tales, pero cuando De Gracia los convocó a trabajar, renunciaron. Por estos hechos se inició un sumario contra Grande, recordó De Gracia.
Sobre el fusilamiento de los presos políticos, contó que habló con Espeche cuando lo visitó en su detención y que este le contó que Mulhall le había ordenado sacar a los detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas y entregárselos a Grande en el acceso a Salta para que fueran trasladados a Córdoba.
Hoy también declaró el coronel retirado Jorge Mainoli, amigo de la infancia de Espeche. Negó conocer la doctrina de seguridad nacional, en la que la dictadura basó la represión interna. “Yo lo que hacía era aplicar el reglamento militar”, respondió ante una pregunta de la abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas.
Por otra parte, reconoció que un capitán, tal era el grado de Espeche en julio de 1976, podía integrar la plana mayor de un Regimiento.
De la audiencia de hoy, a cargo de la secretaria penal del Juzgado, Isabel Falú, participaron familiares de las víctimas, Nora Leonard, Cristina Cobos y Elia Fernández; Blanca Lezcano y Mirta Torres, por Familiares de Detenidos Desaparecidos; el defensor de Espeche, y los abogados querellantes: Kiriaco, representante de algunos familiares; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; Gabriel Sánchez y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta. También estuvo la rectora de esta casa de estudios, Stella Bianchi.
Está previsto que la semana próxima Espeche concurra al Juzgado para ampliar su declaración indagatoria.
Por Elena Corvalan, periodista, directora de Radio Nacional Salta

El martes se reanuda el juicio
Martes 12 de Enero8:30 Isolina Ramallo
Jueves 14 de Enero
8:30 Ampliación de indagatoria de Espeche


A 35 años del asesinato de Eduardo Fronda, reclaman el juicio
Treinta y cinco años del asesinato de Eduardo Fronda, su hermano Luis Rubén urgió a la justicia federal de Salta que ponga fecha para el comienzo del juicio oral que debe determinar la responsabilidad de los dos procesados en la causa, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzuguray.

Luis Fronda.
"En Salta la justicia federal es muy lenta. Esto es así de la mano de algunos jueces como el juez Miguel Medina, que esperó que Joaquín Guil cumpla los 70 años para indagarlos", sostuvo el hermano del primer desaparecido en Salta.

Eduardo Fronda era un militante de la juventud peronista que fue secuestrado del hotel Colón de esta ciudad, a donde había ido a refugiarse, luego de haber sido advertido que estaba siendo buscado.

Pocas horas después, el 8 de enero de 1975, su cuerpo fue encontrado camino a Lesser, a unos cinco kilómetros de la ruta 9. Estaba maniatado, amordazado, con signos de haber sido "picaneado" y acribillado con treinta balazos."Mi hermano fue el primer asesinado en Salta por razones políticas, pero hay 200 causas más. Nosotros seguimos esperando que la causa sea elevada de una vez por todas a juicio oral. Mientras tanto, Guil entra y sale por su casa cuando y cómo quiere", lamentó Luis Fronda.

Al asesinato de Fronda siguió pocos días después el del periodista del diario El Intransigente, Luciano Jaime, quien llegó a ver vivo al militante peronista en la Central de Policía, y luego lo reconoció en Lesser.

Jaime publicó el 10 de enero en el diario que Fronda habría sido torturado antes de ser ultimado a tiros. El cuerpo del periodista fue encontrado camino a El Encón, de jurisdicción de la Silleta, donde había sido dinamitado con trotyl, el 12 de febrero.

La causa por el asesinato de Fronda fue iniciada por su hermano Luis Rubén, pero sufrió múltiples demoras, hasta que en 2007 el juez federal Cornejo procesó y ordenó la prisión efectiva de Guil y Alzugaray por homicidio calificado. Sin embargo, la Cámara Federal de Salta le otorgó después la prisión domiciliaria a Guil y posteriormente dictó la excarcelación a ambos imputados. Guil, entonces jefe de del departamento de Seguridad, sigue sin embargo en prisión domiciliaria por las causa de Ragone y Palomitas, pero los organismos de derechos humano denunciaron que tampoco cumple con el arresto.
"Guil debería estar en una prisión común, como Etchecolatz (el jefe de la policía bonarense también imputada en múltiples delitos de lesa humanidad).", señaló Fronda. Y lamentó que en Salta cada 24 marzo se haga un silencio político notable, "particularmente significativo en quienes en el PJ tienen la responsabilidad política de hablar". Luis Fronda convocó a la misa que por su hermano Eduardo se realizará hoy a las 20 en la iglesia de San Francisco.
Fuentedeorigen:Nuevodiariodesalta.



Masacre de Palomitas: dos testigos trataron de exculpar al principal acusado

Por Elena Corvalan (x)
Dos coroneles retirados aseguraron que el también coronel retirado Hugo César Espeche no tenía posibilidad de negarse a cumplir la orden de trasladar a los 11 presos políticos que luego fueron asesinados en la denominada Masacre de Palomitas cometida el 6 de julio de 1976 en la provincia de Salta, Argentina.

Joaquín Cornejo Aleman, que en 1976 era segundo jefe del Regimiento de Caballeróa del Ejército en Salta, y Guillermo Zuviría, amigo personal de Espeche, brindaron sus testimonios en el juicio escrito que en los Tribunales Federales salteños se sigue contra los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche, por su participación en la matanza cometida en las cercanías de la pequeña localidad de Palomitas, más de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.

La causa Palomitas, como se la conoce, se reabrió en 2002, a instancias de organismos de derechos humanos. Luego de un proceso lleno de dilaciones, la causa fue dividida, para permitir que al menos una parte fuera elevada a la etapa de dictado de sentencia. Los testigos de hoy declararon en la primera parte de la causa, denominada Palomitas I, en la que están siendo juzgados Mulhall, Gentil y Espeche, y que está a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor.

Los testimonios de Cornejo Alemán y Zuviría fueron pedidos por la defensa de Espeche, a cargo del defensor oficial ad hoc Bernardo Sola, que trata de demostrar que el acusado, que en 1976 era capitán, solo cumplió órdenes cuando sacó a los detenidos Benjamín Avila, Celia Leonard de Avila, José Povolo, Pablo Outes, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, Amaru Luque de Usinger,Rodolfo Usinger, Evangelina Botta y Georgina Droz de la cárcel de Villa Las Rosas y los llevó hasta el lugar donde fueron asesinados.

Cornejo Alemán sostuvo que cuando ocurrió la masacre estaba en Buenos Aires y que se enteró del hecho por teléfono pero fue muy poca la información que le dieron porque “de eso no se hablaba”. El coronel reconoció que a pesar de que es pariente de Pablo Outes, nunca se acercó a hablar con sus familiares sobre este hecho.

Sobre Espeche dijo que no era el único oficial que podría haber realizado el traslado, y que el acusado no tuvo posibilidad de negarse a una orden en tal sentido.

A su turno Zuviría dijo que como jefe de una subunidad Espeche estaba obligado a cumplir las órdenes del jefe de unidad, es decir Mulhall, siempre que estuvieran dentro del marco de la ley.

De la audiencia, realizada en el Juzgado Federal Nº 2, participaron miembros de organismos de derechos humanos y los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gabriel Sánchez, por familiares de las víctimas; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta.

Para mañana, 8 de enero, está previsto el testimonio del militar retirado Luis Yago de Gracia, que fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1980. Hay otro testimonio previsto para el 12 de este mes y Espeche, que pidió ampliar su indagatoria, se presentaría el 14. Tras esto en la causa ya podrían presentarse los alegatos de las partes y la causa quedaría en condiciones de que se dicte sentencia.

En el caso de Cornejo Alemán algunos querellantes ya han pedido que sea imputado en esta causa, una cuestión que es posible que vuelva a plantearse. En la tramitación del Juicio por la Verdad que se sustancia también esta provincia ocurrió un hecho al menos llamativo: en el Juzgado Federal Nª 1 intentaban dar con Cornejo Alemán para que declarara como testigo pero los encargados de notificarlo informaban que no podían dar con su domicilio. El asunto se dilató hasta que militantes de derechos humanos se enteraron de que el propio hijo del coronel retirado, Matías Cornejo Vela, es ujier en el Poder Judicial Federal de Salta y, como tal, realizaba las notificaciones. Recién cuando los organismos hicieron un planteo en este sentido, se pudo “ubicar” a Cornejo Aleman y convocarlo a declarar como testigo.

“Asesinos y cobardes”

¿Dónde está el cuerpo de Víctor Brizzi? La pregunta, que desvela a Cristina Cobos desde que el joven fuera desaparecido, el 8 de marzo de 1976, cuando cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería del Ejército Salta, la sufrió ayer (aunque por motivos distintos) el coronel retirado Joaquín Cornejo Aleman, que en aquella época era el segundo jefe del Regimiento.

Cornejo Alemán salía de la oficina donde se le tomó declaración y se topó con la pregunta: “Dónde está el cuerpo de Víctor Brizzi?”, quiso saber Cobos, que era esposa del joven desaparecido.

“¿Cómo me pregunta eso? Yo no tuve nada que ver”, se quejó el militar. Cobos le recordó el cargo que ocupaba en marzo de 1976 en el Regimiento salteño. “No se hacen cargo de nada”, completó, acompañada por Nora Leonard, familiar de dos víctimas de Palomitas, Celia Leonard de Avila y Benjamín Avila, y de Hugo Tapia, de la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Cornejo Aleman intentó excusarse nuevamente y luego, acompañado por su hijo, Matías Cornejo Vela, ujier del Poder Judicial Federal, emprendió la retirada, pero el grito de Cobos lo detuvo: “Asesinos y cobardes”, lo acusó reiteradamente. Parecía que el militar iba a decir algo más a los familiares que lo increpaban pero solo le pidió a la secretaria Isabel Falú: “Quiero que quede constancia en acta”, y se retiró seguido por los insultos.
(x) Directora de Radio Nacional Salta. Editada por la Red de Noticias DH
Publicado el ( Viernes, 08 de Enero de 2010 )

COMENZO EL JUICIO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE PALOMITAS
Tres represores en el banquillo
Los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche son juzgados por el fusilamiento de once presos políticos del penal salteño de Villa las Rosas. Por ese crimen hay otros cinco represores con prisión preventiva.
Hugo César Espeche encabezó la comisión militar que retiró del penal a los presos posteriormente fusilados.
Por Diego Martínez
Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal salteño de Villa las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la Ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, departamento de General Güemes, a más de 30 kilómetros de la capital de Salta. El caso pasó a la historia como la Masacre de Palomitas. Esta semana, con más de un tercio de siglo de demora, la Justicia federal de Salta comenzó a juzgar por esos crímenes a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Otros cinco represores ya están procesados con prisión preventiva. Como el juicio tramita por el viejo código de procedimientos penales, los testimonios se realizan a puertas cerradas y sólo se registran por escrito.
La Red de Noticias Derechos Humanos denunció la semana pasada “la llamativa morosidad de la Justicia federal” en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, y destacó que a más de cinco años de la nulidad de las leyes de impunidad “los imputados siguen gozando de una siniestra impunidad”. Hasta el momento hubo un solo juicio, en Tucumán, que concluyó con las condenas de los célebres Menéndez & Bussi (el ex gobernador tucumano sigue gozando de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena). El segundo juicio comenzó el mes pasado, en Salta. Por el secuestro y la desaparición del escribano Melitón Bustos, el Tribunal Oral Federal de Salta juzga a los militares Luis Angel Zirpolo, con arresto domiciliario en su casa de Tucumán, y Carlos Alberto Arias, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El proceso se reiniciará recién el 3 de febrero.
El primer juicio por la Masacre de Palomitas, que instruye el juez federal Carlos Olivera Pastor, arrancó el miércoles con el testimonio de los coroneles Joaquín Cornejo Aleman y Guillermo Zuviría. Ambos fueron ofrecidos como testigos por el defensor del imputado Espeche, quien hasta abril gozó de arresto domiciliario en Comodoro Rivadavia, donde creó la firma de seguridad Espe SRL. El privilegio concluyó cuando trascendió que se movía con absoluta libertad. Según la información difundida por H.I.J.O.S. regional Salta, ambos militares aseguraron que el entonces capitán Espeche no tenía posibilidad de negarse a cumplir con la orden de trasladar a los presos desde el penal, que le había impartido el coronel Mulhall, entonces jefe de la Guarnición Militar Salta. Cornejo Aleman, que era segundo jefe del Regimiento de Caballería de Salta, declaró bajo juramento que el día del fusilamiento estaba en Buenos Aires y que se enteró por teléfono aunque no le brindaron detalles. “De eso no se hablaba”, admitió el militar, quien reconoció que es familiar de Pablo Outes, uno de los fusilados, y que nunca habló del hecho con la familia. El coronel Zuviría, amigo personal de Espeche, explicó que como jefe de una subunidad Espeche estaba obligado a acatar la orden superior.
La causa por la masacre se reabrió en 2002. En mayo de 2003 el juez federal Miguel Medina (investigado por el Consejo de la Magistratura por la demora en la instrucción) procesó a los tres militares que seis años después juzga el subrogante Olivera Pastor. Mulhall, que llegó a ser interventor de la provincia, fue el encargado de entregarle al juez federal de facto Ricardo Lona una nota con la versión oficial de la masacre: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”. Gentil era el interventor de la policía y Espeche, quien encabezó la comisión militar que los retiró del penal. Según el informe de la Red de Derechos Humanos, hay otros cinco represores procesados por la masacre: Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y el condenado Menéndez.
Las causas por delitos de lesa humanidad en el NOA proseguirán el mes próximo con un nuevo juicio a Bussi, Menéndez y otros seis imputados por crímenes en la Jefatura de Policía de Tucumán. Aún sin fecha confirmada, también se realizaría en 2010 el juicio por la desaparición del ex gobernador salteño Miguel Ragone, que también tiene entre los acusados a Menéndez, Mulhall, Gentil, Guil, y otros cuatro represores.

Fuentedeorigen:Pagina12

Fuente:Rdendh