Sara Derotier de Cobacho-Foto:pagina12El juez de Garantías platense César Melazo dictó la prisión preventiva al ex policía Juan Mateo, detenido por el robo de archivos y dinero en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno bonaerense, informaron fuentes judiciales. Esta acusado de "robo agravado por su condición de funcionario policial y por haber sido cometido con armas de fuego".
El magistrado le endilgó los delitos de "robo agravado por su condición de funcionario policial y por haber sido cometido con armas de fuego", por lo que por ahora continuará preso en el marco de esta investigación.
Además, declinó la competencia al fuero federal, tal como lo había pedido la fiscalía, ya que consideró que "no se trata de un robo simple o común".
Mateo fue detenido en su domicilio el 1 de enero, cuando efectivos policiales encontraron una suma de dinero similar a la robada en la Secretaría de Derechos Humanos el 30 de diciembre, cuando dos delincuentes maniataron a la titular de esa oficina, Sara Derotier de Cobacho, y a otros siete empleados.
Pasadas las 17 de ese día, los delincuentes ingresaron a la Secretaría y tras atar a los empleados que estaban allí, amenazaron a punta de pistola a la funcionaria.
Luego, le exigieron que entregara archivos de represores de una caja fuerte, le sustrajeron su notebook personal, donde guardaba denuncias a policías por presuntos delitos cometidos, y también se robaron 11 mil pesos y celulares.
Cobacho radicó la denuncia en la fiscalía 3, a cargo de Marcelo Martini, y en esa ocasión sostuvo que no se trataba de un "robo común", argumento que ratificó el gobernador bonaerense Daniel Scioli y distintos organismos de derechos humanos.
Cuando Mateo fue detenido, los investigadores policiales determinaron que las huellas dactilares del sospechoso coincidían con las que habían quedado en la caja fuerte y también estaban los 11 mil pesos que habían sido robados de la Secretaría, pero no había rastros de los celulares ni de la computadora portátil.
El 6 de enero, la notebook fue entregada por un policía de la División de Narcocriminalidad de La Plata en el despacho del juez Melazo, sin que trascendiera su identidad ni quiénes eran las cinco personas que le habrían devuelto el aparato.
El 7 de enero, Cobacho y los 7 empleados que también fueron víctimas del asalto realizaron una rueda de presos con Mateo en la DDI de La Plata, lo que dio como resultado "4 reconocimientos positivos, incluyendo el de la funcionaria", sostuvo el fiscal Martini.
Además, el fiscal pidió a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que peritara la notebook, lo que arrojó que "la computadora fue abierta, accedieron a los archivos y se realizaron copias de todos ellos", añadió Martini.
Mateo, de 25 años, se encontraba exonerado de la Policía Bonaerense desde principios de diciembre de 2009, tras ser acusado de "encubrimiento" en el crimen del niño Santiago Pellegrini, ocurrido en Villa Castells, y cuya investigación está a cargo de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Para el juez Rozanski, es "irreversible" la continuidad de juicios contra lesa humanidad
Juez Carlos Rozanski-Foto:Pagina12El juez federal afirmó que los juicios por violaciones a los derechos humanos continuarán "de manera irreversible" y señaló que la sociedad "tiene una materia pendiente" que es "analizar qué se hace después del genocidio" ocurrido durante la dictadura militar, para permitir "una verdadera reconversión de las instituciones".
"Más allá de las reacciones negativas, algunas insostenibles y otras insoportables como la desaparición de Jorge Julio López, el avance hacia un proceso de concientización a partir de la memoria, la justicia y la reparación, es irreversible", sostuvo el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y al sacerdote Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad.
En una entrevista con Télam, Rozanski remarcó la "trascendencia internacional" de los juicios iniciados desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 que modificaron sustancialmente la imagen argentina en esa materia.
"Argentina es el único país en el mundo que realiza estos juicios después de 30 años y no valorarlo es nocivo socialmente", señaló el magistrado al remarcar el "reconocimiento internacional" que despierta "ser un país que se plantó frente a la violación de los derechos humanos aún tardando 28 años" de la recuperación de la democracia.
Para Rozanski, los organismos de derechos humanos fueron "decisivos" para el desarrollo de los juicios porque "marcaron el ritmo" con "la constancia y la coherencia en el reclamo que pusieron a lo largo de 30 años".
Sin embargo, reconoce "dificultades" con los tiempos procesales, porque "cada causa es a su vez origen de otras.
Es más, de los propios juicios derivan otras causas", situación que lo llevó a proponer sin éxito "concentrarlas por circuito de centros clandestinos o por cuerpo de ejército", según el lugar del país, para permitir "menos juicios con una inversión mayor de tiempo, pero no de dinero ni de recursos humanos".
A un mes de que comience el juicio conocido como "causa Dupuy" en el que el Tribunal que integra juzgará delitos cometidos entre 1976 a 1980 en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, el magistrado insistió en que "falta hablar de lo que pasó".
"El fenómeno de la dimensión del terrorismo de Estado pone a prueba a la sociedad hacia el futuro, porque una vez que termina formalmente esa etapa y comienza la época democrática, aparece el otro desafío de analizar lo que pasó desde lo histórico, jurídico y social", planteó.
Según Rozanski, ese abordaje "va a permitir tener un tipo u otro de sociedad" y la respuesta "no la puede dar un político, un sacerdote o un filósofo", sino que "debe ser resuelto interdisciplinariamente con la humildad intelectual de tener como mira la mejora institucional". En el plano jurídico, consideró necesario "una continuación de la mejora institucional" porque "son mucho más que juicios, son juicios por violaciones masivas a los derechos humanos" que requieren "jueces más humanos, más abiertos, con orejas más grandes".
La falta de un debate interdisciplinario significa para el magistrado "que en 30 años no haya habido una reconversión institucional profunda en materia seguridad, de justicia o en materia penitenciaria, por ejemplo", lo que según su criterio sólo se da "si el entorno social acompaña el cambio".
En ese marco, interpretó el robo de archivos de represores ocurrido el 30 de diciembre a las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense como un ejemplo de esa falta de reconversión institucional que "no permite tener instituciones democratizadas".
"Aunque cueste tener que reconvertir una institución aceptando que no son problemas aislados de un funcionario delincuente o corrupto, sino que a veces la propia institución tiene espacios muy grandes que generan ese tipo de funcionarios, hay que trabajar desde afuera porque la propia institución esta atravesada por ese fenómeno", evaluó.
En ese sentido, consideró que la reconversión "es un proceso difícil, pero posible" porque "en cada institución hay gente con capacidad para llevar adelante esos cambios".
Fuente:Telam.
EL POLICIA QUE ASALTO LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS BONAERENSE SEGUIRA PRESO
Un poliladron con prisión preventiva
Juan Manuel Mateos está acusado de robo calificado público. El caso pasaría al fuero federal. La computadora que le robaron a la secretaria Sara Derotier de Cobacho apareció vacía, con una foto de su victimario durante la dictadura.
Mateos ya estaba acusado por el asesinato de un chico de 8 años.
Por Adriana Meyer
El ex agente Juan Manuel Mateos deberá seguir preso hasta que se defina su situación en la investigación del robo a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Así lo decidió la Justicia al dictarle la prisión preventiva a este policía, que ya estaba en disponibilidad acusado de haber participado en el asesinato de Santiago Pellegrini. De todos modos, Página/12 pudo saber que es muy probable que el caso pase al fuero federal a pedido del fiscal Marcelo Martini, quien considera que no se trató de un robo común sino de un acto de intimidación de trascendencia institucional. En este sentido coincide con lo que viene manifestando Sara Derotier de Cobacho, la secretaria de Derechos Humanos de la administración de Daniel Scioli y víctima del asalto del 30 de diciembre en el que Mateos y un cómplice se llevaron de su despacho expedientes judiciales de causas por delitos de lesa humanidad, su notebook, su celular y 11 mil pesos.
La prisión preventiva de Mateos la dictó el juez de Garantías Fernando Mateos. Le imputó el delito de robo calificado por uso de arma y por su condición de funcionario público.
Esta semana apareció, además, la computadora portátil pero, según la funcionaria, estaba vacía a excepción de una foto de su victimario de la dictadura. Consultada por este diario, Cobacho dijo no tener la certeza de si el macabro recordatorio se lo dejaron los asaltantes o quienes la revisaron, lo cual sería de mayor gravedad aunque estaría en sintonía con la serie de irregularidades y confusos episodios que rodean el hecho y su investigación. “Le sacaron todo lo que había, sólo dejaron una foto del represor que me torturó a mí en Santa Fe, (Juan) Perizotti, de Infantería. A la máquina la tuvo la policía científica y luego la Procuración”, describió. Al respecto, el fiscal Martini dijo desconocer la aparición de esa fotografía y explicó que le hicieron peritajes y la Procuración determinó que se habían copiado archivos.
En cualquier caso, la recuperación misma de la notebook de Cobacho –donde ella cuenta que guardaba todas las denuncias recientes que recibía sobre corrupción y delitos cometidos por policías y afirma que “nunca” se desprendía de ella– es un capítulo más de esta saga. Página/12 había anticipado que las irregularidades ya están siendo investigadas por la División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.
El 5 de enero Gustavo Mena, un alto jefe de la División Narcocriminalidad de La Plata se comunicó con el juez de garantías César Melazo para decirle que tenía información sobre el robo a la Secretaría. El magistrado, junto al jefe de la DDI platense Juan Ibarra, acudió a las calles 44 entre 26 y 27 donde estaba Mena con un informante suyo y otras dos personas, entre ellas un hombre que confesó haber entrado a la secretaría a robar con Mateos. Esta persona dijo que hicieron el asalto por un dato aportado por un chofer de esa dependencia y aseguró que robaron 190 mil pesos, una cifra superior a los ocho mil que denunció en principio Derotier de Cobacho, y también a los 11 mil encontrados en casa de Mateos cuando lo fueron a detener. Según fuentes de la fiscalía, fueron informados a la una de la mañana y el fiscal solicitó que trajeran a esas personas para tomarles declaración. No supo nada más hasta el día siguiente a las 9 de la mañana cuando el jefe de la DDI le trajo cajas con el material recuperado: la notebook, una cámara fotográfica y una filmadora. Al parecer, cerca de las 4 de la madrugada del 6 de enero Mena entregó los aparatos. Asuntos Internos investiga por qué actuó como intermediario en lugar de demorar a los supuestos “arrepentidos”, pero por el momento le dieron vacaciones.
Cobacho cree que al mencionar ese monto la policía pretende hacer aparecer el hecho como un delito común. Por eso recordó que no había esa cantidad de dinero en su despacho, y que a los empleados que estaban allí no les sacaron ni sus pertenencias ni el dinero de los aguinaldos que habían cobrado. “En el expediente dice que estaban drogados, que vinieron con armas de juguete, y esto de los 190 mil que nunca aparecieron. Nada de eso es cierto, quieren mostrar que fue como el robo a una despensa cuando fue una clara acción desestabilizante”, dijo la funcionaria.
El fiscal Martini tiene el mismo enfoque y por eso pidió que el caso pase al fuero federal. “Pudieron haberse llevado elementos de las personas que estaban ahí, pero robar la notebook y sacarle información es intimidación, por la trascendencia de esos archivos que contenían denuncias contra policías”, comentó una fuente del caso. Si la causa cambia de fuero quedaría afuera de la investigación la Bonaerense, aunque esto no ocurriría hasta febrero.
La secretaria de Derechos Humanos había mencionado un posible vínculo del hecho con el represor Luis Patti, preso en Marcos Paz. Aunque esto no fue probado, a pocos días del robo en su despacho apareció una llamativa información en el portal Escobar News. “El inicio del juicio oral y público contra el ex comisario previsto para marzo está en peligro por el robo del expediente que se encontraba custodiado en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense”, decía la nota sin firma. Desde el primer momento la funcionaria había descartado que en los expedientes robados, contenidos en once CD, hubiera pruebas de valor irrecuperables; y aclaró que en su mayoría eran copias de los que poseen los respectivos juzgados. Los únicos datos que dijo haber perdido eran sobre denuncias recientes contra miembros de la Bonaerense, sobre todo referidas al reclutamiento de menores para obligarlos a delinquir, algo por lo que justamente fue denunciado Mateos.
Fuente:Pagina12.
Los antecedentes de Mateos
Mateos fue suspendido de la policía en agosto de 2007 por una riña, pero luego fue reincorporado y ascendido. Pasó a revistar en la comisaría 2ª de La Plata como agente de Narcocriminalidad. El viernes 11 de diciembre se entregó a la policía luego de estar prófugo en la causa por el crimen de Santiago Pellegrini, un chico de 8 años asesinado de un disparo en la cabeza el domingo 6 frente a su casa en Villa Castells, en Gonnet. Ese día cerca de las 17 los tres sospechosos del crimen del niño llegaron hasta 10, entre 487 y 488, y abrieron fuego contra un vecino. Una bala dio en la cabeza de Santiago, que jugaba en la vereda. El tiroteo se produjo por una disputa que la Justicia aún no esclareció. Esas tres personas, una mujer de 24 y dos jóvenes de 18 y 21, están acusados de homicidio agravado por el uso de armas y siguen prófugos. Mateos acudió en forma espontánea ante el fiscal Tomás Morán, de la UFI 2 de La Plata, y está imputado por el delito de encubrimiento o como partícipe secundario por haber aportado el automóvil con el que se cometió el delito. Sería el mismo Ford K rojo que fue visto en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Mateos fue puesto en disponibilidad otra vez y el 15 lo habrían exonerado. Cobacho y Asuntos Internos recibieron la denuncia de familiares del niño y vecinos de Gonnet de que Mateos armó una banda con pibes reclutados para intimidar a los habitantes de esa zona.
Fuente:Pagina12.
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