Sombras de un juicio en Salta
El proceso contra los responsables del asesinato de doce presos políticos durante la última dictadura se realiza a puertas cerradas y sin público.
M. N.
Silencio. El juicio contra Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil; no hay cámaras de TV ni testigos.La masacre de Palomitas es uno de los mayores emblemas del terrorismo de Estado en Salta. Como un insolente paralelismo de aquella noche de 1976 en la que doce presos políticos fueron fusilados por el Ejército, el juicio a tres de sus responsables se realiza desde hace semanas en un oscuro silencio. El proceso es a puertas cerradas, sin público ni difusión. A diferencia de otras causas por delitos de lesa humanidad, en el expediente se aplica el Código Penal de 1889 que no prevé audiencias orales sino papeles escritos que navegan entre tribunales, defensores y querellantes. El juez y el fiscal no estuvieron presentes en la toma de pruebas testimoniales.
Después de años de quietud, en los que decenas de miembros del Poder Judicial se pasaron el expediente como brasa caliente, el 7 de enero comenzó el juicio por la masacre de Palomitas. La primera audiencia testimonial no fue noticia. Tampoco la segunda, ni la tercera. La televisión no mostró los rostros de los coroneles Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil porque el juicio no es público. Además, porque los tres imputados ni pisan tribunales. Se enteran del avance del juicio por sus abogados, mientras gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
La causa, a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor, es un tramo del expediente principal y se la conoce como Palomitas I. Juzga al mayor retirado y propietario de una agencia de seguridad quien aquel anochecer del 6 de julio de 1976 fue el encargado de retirar del penal de Villa Las Rosas a los detenidos que horas después terminaron acribillados.
El proceso, que aún debe atravesar por la instancia de alegatos, últimas palabras y sentencia, también investiga la responsabilidad que tuvieron en la masacre el interventor de la policía local, Gentil; y el entonces comandante de la Guarnición Ejército Salta, Mulhall, creador de la versión oficial que intentó ocultar la masacre bajo un supuesto “enfrentamiento entre subversivos”.
En pocos meses, la Justicia dirá si Espeche, Mulhall y Gentil son inocentes o culpables. El juicio llegará a su fin sin estridencias y la historia quedará archivada en las páginas de los 40 cuerpos que hasta hoy acumula el expediente.
Fuentedeorigen:Criticadigital.
Fuente:Rdendh
Comparan la represión a los Lules con las prácticas de la dictadura
"Estos hechos no hacen más que evidenciar acciones ordenadas, o al menos toleradas, por el Gobierno de Salta para con las fuerzas policiales, que nos retrotraen a las peores épocas del terrorismo de Estado en la Argentina, y revelar la connivencia de los intereses privados y del Estado provincial".
Represion en Las Costas
Esa fue la expresión que volcaron los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Adrián Camps (PSA), Jorge Selser (PSA)y Julio Raffo, al repudiar la decisión del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, de dar el visto bueno para que el Jockey Club disponga canchas de rugby tierras reclamadas como territorio indígena por la Comunidad Lules, de Finca Las Costas. La represión tuvo lugar el miércoles, cuando con Infantería armada con gas pimienta e itakas, se reprimió a la Comunidad que impedía el paso del Jockey Club para seguir con estos trabajos.
Ante la detención y encausamiento de los integrantes de la Comunidad (dos mujeres estuvieron detenidas por dos días), los legisladores exigieron "el cese inmediato de la criminalización, hostigamientos, represión y despojo de este pueblo, por parte de las autoridades locales y policía de la provincia de Salta". Solicitaron también la "desmilitarización" de la zona". Y es que hasta ayer, la Policía seguía vigilando que la entidad deportiva pueda cumplir con el objetivo de terminar los trabajos. Frente al campamento policial, seguía el de los Lules.
Los legisladores porteños reclamaron la efectiva intervención del Estado Nacional a través de los organismos competentes, a fin de garantizar a las 250 familias los derechos violentados en cumplimiento de los pactos internacionales oportunamente suscriptos y la legislación nacional vigente.
Se agregó que "ante la incesante, sistemática y violenta embestida del Gobierno de Salta para con los Pueblos Originarios y sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución de la Provincia de Salta en su artículo 15, por la Constitución Nacional de la República Argentina en su artículo 75, inciso 17, el Convenio Nº 169 de Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resulta oportuno abogar por una sociedad respetuosa de la cultura de los pueblos preexistentes y la biodiversidad, en la que prime el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el Orden Internacional por sobre los intereses económicos impuestos por la fuerza o por la corrupción".Por su parte, los Lules declararon a Urtubey "persona no grata".
"Son criollos"
"Más del 80% en San Lorenzo son criollos que no se consideran miembros de ninguna comunidad originaria". Con estas palabras el gobernador Urtubey apuntó a justificar la entrega de tierras en la reserva natural de uso múltiple, indicando que en la zona también se dio tierras a Gimnasia y Tiro, la Agrupación Gauchos de Güemes, y la Asociación de Criadores de Caballos Peruanos de Paso.
"Se garantizó la orden del juez, si (los policías), hicieron algo fuera de la ley se dispondrán las acciones correspondientes", agregó al ser consultado por la represión.
"La información que manejamos es que no ha habido", tal accionar al afirmar que la Policía "está para garantizar la seguridad y el orden".
Fuentedeorigen:Nuevodiariodesalta
fuente:Rdendh
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