CAMPO DE MAYO: LA QUERELLA PIDIÓ 25 AÑOS PARA BIGNONE Y OTROS CINCO GENERALES.

LAS QUERELLAS PIDIERON 25 AÑOS DE PRISION PARA LOS GENERALES BIGNONE Y RIVEROS
La máxima pena prevista
En el marco del juicio por la represión ilegal en Campo de Mayo, pidieron que se condene por secuestros y desapariciones al ex presidente de facto y al ex jefe del Primer Cuerpo, que ya está condenado en otra causa. El martes completará su alegato el fiscal.

El ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone (de frente).

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó ayer al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que condene a la pena máxima prevista en el Código Penal, 25 años de prisión, a los ex jerarcas de Campo de Mayo, incluido el último dictador, general Reynaldo Benito Bignone. La misma pena de prisión efectiva para Bignone y para el ex jefe del Comando de Institutos Militares, el ya condenado Santiago Riveros, reclamó la abogada Alcira Ríos, en su caso por el secuestro, las torturas y el asesinato de Silvia Mónica Quintela, desaparecida tras dar a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo un varón al que llamó Francisco, que aún no conoce su verdadera identidad. A última hora comenzó el alegato del fiscal Juan Patricio Murray, que continuará el martes a partir de las 9.30.
A diferencia del miércoles, cuando comenzó la acusación de los abogados Ciro Annicchiarico y Mariana Maurer, los imputados prefirieron ayer no estar presentes en la sala de audiencias, la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, en Florida. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, está internado en el Hospital Militar, en tanto el ex comisario Germán Montenegro no está entre los acusados incluidos en el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que tampoco estuvo presente.
Sí escucharon el detalle de sus responsabilidades individuales y los pedidos de pena, desde una sala contigua, los generales Riveros, Bignone, que en 1977 era segundo jefe del Comando de Institutos Militares, Jorge Osvaldo García (director de la Escuela de Infantería y luego del Colegio Militar de la Nación), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate General Lemos) y el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 que nutría de interrogadores a Riveros y procesaba la información obtenida bajo tortura en el edificio de Callao y Viamonte.
La secretaría pidió 25 años de prisión para todos los citados, excepto para Guañabens Perelló, imputado en un solo caso (el secuestro, las torturas y la desaparición de Pablo Eduardo Albarracín, que cumplía con el servicio militar obligatorio), para quien solicitó veinte años de cárcel. Los abogados consideraron como agravantes que todos los imputados eran oficiales del Ejército de las más altas jerarquías, que “se formaron gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos argentinos”, y que lejos de rebelarse “ante los métodos aberrantes del proceso cívico militar”, todos ellos “se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.
El alegato de la abogada Alcira Ríos fue sólo por el caso de Silvia Quintela, médica cirujana de 28 años que militaba en la Juventud Peronista y trabajaba en una clínica en Béccar, cerca de la villa La Cava. Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, donde se desarrolla el juicio, por un grupo de tareas del Ejército. Luego fue trasladada al Campito, el mayor centro de torturas del país, en Campo de Mayo, donde logró que le permitieran atender a algunos secuestrados que llegaban heridos, entre ellos a Juan Carlos Scarpatti, que llegó al centro clandestino con nueve balas en el cuerpo y sobrevivió para contarlo.
“A Cacho Scarpatti lo tiraron en un rincón para que se muriera. Silvia y otra secuestrada, Graciela Eiroa, también desaparecida, le sacaron las balas y le curaron las heridas”, recordó ayer la abogada Alcira Ríos, que lleva el caso desde el retorno de la democracia.”La mantuvieron con vida hasta que nació su hijo, a mediados de 1977. Una sobreviviente contó que ella pensaba mucho en su hijo. ‘No van a ser tan criminales de quedarse con los chicos, ¿no?’, le preguntaba. Por esa época los militares de Campo de Mayo ya programaban las cesáreas para que tuvieran a los hijos cuando ellos quisieran”, recordó. Luego del parto por cesárea la llevaron otra vez al Campito, y una semana después, según la declaración de Scarpatti, “la trasladaron” quién sabe a dónde.
Ríos destacó ante los miembros del tribunal que la desaparición es un delito permanente, que continúa en tanto no aparecen los cuerpos. “Sólo los imputados pueden permitirnos llegar a la verdad, pero lamentablemente continúan fieles al pacto de silencio que sellaron mucho antes del comienzo de la dictadura”, explicó la abogada, que pidió 25 años de prisión para Bignone y Riveros, únicos imputados por el caso. El martes continuará el alegato de los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro.
Hasta el momento sólo Riveros y García, condenados en el primer juicio de Campo de Mayo por el caso Floreal Avellaneda, pasan sus días en el penal de Marcos Paz. Bignone, Guañabens Perelló y Tepedino gozan de arresto domiciliario, en el último caso a pesar de haberlo violado en 2003, tal como documentó Página/12. El comisario Montenegro está excarcelado, por lo que llega y se va caminando por sus propios medios.
Fuentedeorigen:Pagina12
Fuente:Rdendh

La querella pidió 25 años de prisión para Bignone
El representante del Estado nacional en el juicio a Reynaldo Bignone pidió hoy 25 años de prisión para el último dictador y otros cinco generales, por considerarlos penalmente responsables de 25 desapariciones forzadas y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura militar.
Ciro Annichiarico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió la pena al concluir esta mañana su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín 1, (TOF 1) donde se desarrolla el juicio oral y público.
El querellante oficial pidió igual pena para el entonces comandante de Instituto Militares, Santiago Omar Riveros; para el jefe de la escuela de infantería, Jorge García y para el jefe de inteligencia de la guarnición, Fernando Verplaetsen .
La misma pena reclamó para el jefe del batallón 601 de inteligencia del Ejército, Alberto Roque Tepedino, en tanto pidió 20 años para Eugenio Guañabens Perelló, que comandaban la escuela de logística.
Por segundo día consecutivo, Bignone, de 81 años, escuchó el reclamo sentado en el banquillo junto a los demás acusados, con la sola excepción de Verplaetsen, internado en el Hospital Militar Central.
Otro acusado, el comisario Germán Montenegro, que comandó la comisaría de Bella Vista, no está requerido por las causas que llevó la Secretaría de Derechos Humanos, una de las seis querellas reconocidas en este juicio.
En el proceso sólo se juzgan delitos contra 58 víctimas, una porción ínfima de las 5 mil que se estima pasaron por la guarnición, donde funcionaron cuatro campos de prisioneros con escasos sobrevivientes.
El principal delito imputado a los acusados es el de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", correspondiente a las desapariciones forzadas, ya que como nunca se encontraron los cadáveres no pueden ser acusados por homicidio, con penas previstas de hasta reclusión perpetua.
En las primeras filas de asientos para el público se ubicaron enormes retratos de las víctimas con nombres y fecha de secuestro, a la vista de los jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti, y Daniel Alberto Cisneros, y de los propios acusados.
Al concluir el alegato de Annichiarico y Mariana Mauer, iniciará el suyo la abogada Alcira Ríos, querellante por algunas familias de desaparecidos, y luego comenzará el de los fiscales Juan Murria, Marcelo González Berro y Javier de Luca.
Para el martes 9 está previsto que el Ministerio Público pida las penas; para el 10, tiene turno el alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, y para el jueves 11 será el de la querella unificada.
Los días 18, 23, 24 y 25 del corriente serán destinados a los alegatos de los defensores oficiales de los acusados, mientras que para los días 2 y 4 de marzo están agendadas las réplicas y dúplicas.
El TOF 1 de San Martin aún no fijó fecha para dar a conocer la sentencia, que podría dictarse a partir de la segunda semana de marzo
Fuentedeorigen:Telam
Fuente:Rdendh