16 de febrero de 2010

TUCUMÁN: MAÑANA COMIENZA LA MEGACAUSA JEFATURA DE POLICÍA.


Marta Coronel
Rolando Coronel
Marta López
Cerafina López
Francisco López
Juan Carlos López
Carlos Ramón Apaza
Edgardo Bordón
Graciela Bustamante de Argañaraz
Ricardo Correa
Adriana Mitrovich
Horacio Ferreira
José Ramos
Alicia Cerrota de Ramos
Hugo Días,
Daniel Fontanarrosa Larraza,
Joaquín Ariño
Diana Oestherheld
Raúl Araldi
Enrique Abdón.

Por ellos, mañana a las 9,30 de la mañana, bussi y menendez no estarán solos.
Junto a estos dos siniestros, estarán como hace 35 años los menos siniestros asesinos Alberto Luis Cattáneo ( ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército entre 1975 y 1976); Albino Mario Alberto Zimmermann ( ex teniente coronel del Ejército a cargo de la Jefatura de la Policía); Roberto "El Tuerto" Albornoz ( ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucuman entre 1975 y 1978); y los hermanos Luis y Carlos De Cándido. La octava imputada la policia Ana María Guerra fue excluída de este juicio debido a que tiene planteos judiciales pendientes de resolución en Casación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ya notificó a los 114 testigos que deberán testimoniar entre el 18 de febrero y el 7 de abril por la sala de audiencia, según el cronograma que fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos del tribunal.



Si bien esa lista aún no fue difundida oficialmente, se sabe que figuran Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, ex ministros de Trabajo y de Economía respectivamente del gobierno de María Estela Martínez de Perón, quienes tendrán que venir a Tucumán a declarar como testigos el 7 de abril próximo, el último día de testimonios.
Ambos, que fueron propuestos por la defensa de Menéndez, serán interrogados para que expliquen cuáles fueron los alcances del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975 que firmaron junto a la ex presidenta Isabelita de Perón, el 5 de febrero de 1975, y que disponía que el comando general del Ejército proceda en el llamado Operativo Independencia a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán.
El Tribunal Oral estará integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y la camarista santiagueña Josefina Curi, el mismo que condenó a prisión perpetua a Bussi y Menéndez en agosto de 2008 por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
El Tribunal autorizó la transmisión en vivo únicamente los momentos de los actos iniciales, los alegatos y la lectura de la sentencia. También se estableció un sistema de acreditación para el ingreso de la sala de audiencias y se dispuso un orden de prioridad: en primera instancia, estará permitido el ingreso de los familiares de los imputados y de las víctimas, en segundo lugar los representantes de organismos de derechos humanos, de instituciones públicas y privadas.
Las audiencias se realizaran los dias martes, miércoles y jueves, a partir de las 9,30.
La imputación que pesa sobre los represores es por los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios, torturas, asociación ilícita y homicidio calificados cometidos contra de las víctimas que estuvieron en ese centro clandestino de detención, y que lógicamente no fueron las únicas de acuerdo a los testimonios de los organismos de derechos humanos.
La abogada Julia Vitar, militante de HIJOS Tucumán, quien representa en la querella por la desaparición forzada del matrimonio Marta y Rolando Coronel dijo que "si bien es una causa acotada, ya que se juzga sólo por los crímenes de 23 de las decenas de víctimas que encontraron la muerte en la ex Jefatura de Policía, no deja de ser un logro. Primero por el reconocmiento de este lugar como centro clandestino de detención y, también porque la Justicia no sólo llama a responder por su actos durante la dictadura a comandantes de rango alto como Bussi y Menéndez, asimismo lo hace con aquellos oficiales de la policía que se fueron individualizando históricamente como miembros de la patota. Es muy importantes que sean indagados, procesados y llevados a juicio".
Vitar destacó que "probaremos la existencia de un sistema represivo organizado para el exterminio, la cadena de mando que ordenó y ejecuto las detenciones, que necesitó de autores no solo ideológicos sino también de autores de la tortura y el asesinato".
Destacó que van a solicitar reclusión perpetua para los imputados, sino también que también solicitará la cárcel común y efectiva, en sintonía con el histórico reclamo de los organismos de derechos humanos de esa provincia, quienes convocan para mañana a la puerta de tribunales.
Mañana a 35 años del inicio del genocidio, mas precisamente un 9 de febrero cuando el terrorismo de Estado ocupó la provincia con fuerzas del Ejército y de la Policía Provincialy de la Federal para implementar ejecuciones ilegales, robos de bebes, secuestros, torturas, secuestro y desaparición de personas con impunidad.
Mañana a 35 años....
Todos los cursos de accion del juicio
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Una ley operativa es necesaria
Por María Julia Albarracín
En el avance de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar persiste la necesidad de garantizar la protección de testigos, querellantes, abogados y militantes de organizaciones sociales. En este camino desaparecieron Julio López, hecho aberrante que tuvo la clara intención de amedrentarnos. Esto adquirió la atención de la clase política, que recurre al intento de adaptar la "Ley Nacional 25.764", denominada "Programa de Protección a testigos e imputados", creada para garantizar la seguridad de testigos de delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Esta es la ley que se viene aplicando a personas que guardan en sus testimonios historias de lucha por reconstruir la memoria de todos los argentinos, quienes no tienen intención de ocultarse ante las amenazas, son víctimas pero no han sucumbido. Tucumán, sancionó en 2.006 la ley 7.860, que crea el "Departamento de Protección de Testigos" en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es una norma general que está a la espera de ser reglamentada por el Gobernador y de una partida presupuestaria que la ponga en marcha. El panorama es complejo y la ley no ha sido el marco para resolver situacion de amenazas enTucumán, sin embargo la ausencia legal no nos ha detenido en la marcha de este juicio que se avecina, lo que es una gran ,muestra de fortaleza, de esperanza y el resultado de la perseverancia en la búsqueda por la verdad, el juicio y el castigo.
Fuente:Rdendh

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