ENTRE RÍOS: CAUSA HOSPITAL MILITAR.

Quedó pendiente el recurso de Amelong
Causa Hospital Militar: rechazaron los pedidos de excarcelación de los ex represores acusados de robo de bebés

Resta resolver la situación procesal de Trimarco.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió este viernes confirmar el auto de procesamiento y prisión preventiva dictado en primera instancia contra Pascual Oscar Guerrieri y Walter Salvador Pagano, acusados de participar en el robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura militar.
En la resolución, el Tribunal rechazó el recurso de apelación que presentaron los ex represores a través del defensor Oficial Juan Carlos Ferrari, quien solicitó la falta de mérito para ambos. Mientras tanto, se tuvo por desistidos los recursos interpuestos por las defensas técnicas de los imputados Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González y Juan Antonio Zaccaría, puesto que no se presentaron a la audiencia realizada el viernes pasado.
En consecuencia, continuarán procesados a la espera de la llegada a juicio oral de la Causa Hospital Militar, en la que se investiga el robo de los mellizos de la desaparecida Raquel Negro, nacidos en el nosocomio dependiente del Ejército entre febrero y marzo de 1978.
La mujer fue trasladada para el parto desde en centro clandestino de detención de Rosario. Quedó pendiente la resolución sobre el recurso del otro procesado, Juan Daniel Amelong, quien no había sido notificado correctamente de aquella audiencia.
Paralelamente, todavía está pendiente de resolver la situación procesal del máximo responsable del terrorismo de Estado en Entre Ríos, el ex jefe del Ejército en Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco.
El martes 9 y el miércoles 10 se realizarán nuevas pericias con miras a resolver si su estado de salud le hace o no imputable.
La Cámara decidió que “el material probatorio colectado en autos sustenta, con el grado de convicción necesaria, las imputaciones y las respectivas atribuciones de responsabilidad” de los represores como “coautores mediatos”.
En la audiencia del viernes pasado, el defensor oficial manifestó que Pagano y Guerrieri no cometieron los delitos de que se los acusa y que sus imputaciones se basaban exclusivamente en los dichos “poco objetivos” del testigo Eduardo Tucu Costanzo, quien en la causa por la represión en Rosario está procesado junto a Amelong, Guerrieri, Pagano y Fariña. El fiscal General de Cámara, Ricardo Carlos María Álvarez, consideró que el robo de los hijos de Raquel Negro –uno de ellos, Sabrina Gullino, recuperó su verdadera identidad a fines de 2008; el otro continúa desaparecido forman parte de un programa de acción criminal del cual no eran ajenos Pagano y Guerrieri, integrantes del “sector duro” de inteligencia del Ejército en Rosario.
Gamal Taleb, abogado del querellante Sebastián Álvarez –hijo mayor de Raquel Negro– adhirió al planteo del fiscal y aclaró que el relato de Costanzo está corroborado por otros testimonios y medios de pruebas obrantes en la causa, publicó Uno.
Fundamentos
En la resolución emitida hoy el tribunal destacó que “los procesados desde sus respectivos roles, Guerrieri como segundo jefe del Destacamento 121 de Inteligencia con sede en Rosario y Pagano como agente de Inteligencia, habrían participado en calidad de co-autores mediatos de la sustracción de los hijos menores de la presuntamente desaparecida (Raquel) Ángela Negro y de su ocultación”.
Para los jueces, Guerrieri no pudo desconocer lo ocurrido con Negro, mientras que Pagano habría sido uno de los “entregadores” de la hija mujer, puesto que “habría sido quien la llevó desde Paraná a la ciudad de Rosario y la habría dejado en un convento para niños expósitos”. Especialmente la Cámara rechazó la tesis del defensor oficial de que dejar al bebé en un convento haya sido “un móvil honorable” que los excluya de responsabilidad. Subrayó la resolución que “la apropiación de hijos de padres supuestamente ‘subversivos’ ha sido uno de los crímenes caracterizados de la última dictadura militar y por ello comparte la naturaleza de lesa humanidad”.
Además era una “práctica sistemática” dentro de un “plan criminal” previsto desde un inicio por los máximos responsables militares.
Los magistrados decidieron mantener los procesamientos en base a la cantidad de testimonios que dan cuenta de los hechos: entre ellos el del ex detenido-desaparecido Jaime Dri, personal del hospital Militar y personal del Instituto Privado de Pediatría, hacia donde habían fueron derivados los mellizos por padecer problemas de salud.
Fuentedeorigen:Analisisdigital
Fuente:Rdendh