Las Desapariciones Forzadas continúan representando un desafío en materia de Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU está celebrando treinta años de trabajo. Al subrayar sus logros lo que primero se evidencia es la complejidad de la problemática de derechos humanos a la cual está dedicado. Las desapariciones forzadas están siempre encubiertas por la negación y la clandestinidad, donde la única evidencia concreta son los familiares y los amigos con su angustia por saber el destino de su ser querido. Pero la información ofrecida trata solo sobre las circunstancias en que la víctima fue vista por última vez en libertad. Mientras tanto las autoridades involucradas niegan con vehemencia el caso alegando razones políticas detrás de las denuncias.
Éste fue el desafío que enfrentó la comunidad internacional cuando informes de los primeros casos llegaron de Chile en 1975. Pronto informes similares llegaron de Argentina, Guatemala, Filipinas, Chipre y otros países. Mientras tanto, los diplomáticos que representaban las dictaduras militares latinoamericanas argumentaban que las madres de los desaparecidos estaban “locas” y que no debían ser escuchadas. Pero el desafío fue asumido por expertos de derechos humanos y por los Estados democráticos encabezados por Francia. En una decisión histórica la práctica de las desapariciones forzadas e involuntarias fue condenada por la Asamblea General en su resolución 33/173 (diciembre 1978). La Comisión de Derechos Humanos comenzó entonces a estudiar el fenómeno, y finalmente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias fue creado el 29 de febrero de 1980. El Grupo de Trabajo de cinco miembros recibió un claro mandato humanitario para establecer canales de comunicación entre los familiares y los Estados involucrados para poder conseguir información fidedigna sobre las víctimas. Se trató de un hito histórico y así nació el primer procedimiento especial temático de la ONU.
Desde el primer momento, el Grupo de Trabajo estableció un dialogo fluido con los familiares. Tuve el privilegio de participar de este intercambio por haber sido representante de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos – Desaparecidos) en ese entonces. Las visitas a los países por parte del Grupo de Trabajo, metodología que se volvió habitual desde el comienzo, también facilitó este intercambio. Pero tuvimos que realizar mucho esfuerzo para explicar todos los temas implicados. La distribución geográfica llevó a que algunos miembros llegaran de regiones con poco conocimiento del fenómeno, pero siempre hubo buena voluntad por parte de ellos y la convicción de que se tenía que escuchar a los familiares. Así lo ejemplificó uno de los primeros presidentes del Grupo, el profesor Ivan Tosevesky quien se desempeñó en el cargo durante varios años.
Aunque resultados positivos como la aparición con vida de la víctima son raros, cuando suceden, no se puede subestimar su significado. Solamente durante este último mes de febrero, Francisco Madariaga, un argentino de 32 años, fue reencontrado con su padre Abel por primera vez en Buenos Aires. Francisco nació durante el cautiverio clandestino de su madre Silvia Mónica Quintela y luego fue apropiado bajo una identidad falsa por un oficial militar y su familia. Durante todos estos años el Grupo de Trabajo ha peticionado incesantemente tanto por ella como por su bebé, así también por todos los niños desaparecidos en Argentina. Su insistencia ciertamente contribuyó a ese encuentro tan feliz de un padre con su hijo.
Pero el Grupo de Trabajo no solo ha podido mantener casi 60,000 casos de desapariciones forzadas de 80 países como tema prioritario en la agenda de derechos humanos de la ONU , sino que ha promovido importantes iniciativas en respuesta a la práctica. Primeramente investigó y estudió el fenómeno. Aquí fue fundamental el trabajo de su primer secretariado encabezado por el Sr. Tom McCarthy con el apoyo del director de la División de Derechos Humanos de la ONU en ese tiempo, Theo Van Boven. Se adoptó una definición clara de la desaparición forzada centrándose en las desapariciones producidas por actores estatales, y se hizo un análisis exhaustivo de los derechos humanos afectados tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al proceso judicial y al bienestar de la familia. Se consideró la voluntad política de los Estados fundamental para terminar con la práctica pero se tuvo que hacer muchas recomendaciones para responder a las lagunas en el derecho y la práctica internacional. Se hicieron así recomendaciones sobre la necesidad de las comisiones de la verdad para investigar los casos, también respecto de la necesidad de controlar la detención incomunicado con la publicación de listas de todas las personas en detención. Se propuso que la desaparición forzada fuera incluida como crimen en los códigos penales nacionales para poder sancionar a los responsables. Se alentó la antropología forense y el uso del ADN para investigar cementerios clandestinos y se realizaron recomendaciones específicas para la reparación de los familiares. La importancia del habeas corpus también fue subrayada como protección del derecho a la libertad especialmente en tiempos de emergencia nacional.
Muchas de estas propuestas, que el Grupo de Trabajo las hizo propias, fueron elaborados por expertos de la Subcomisión de Protección de los Derechos Humanos como la profesora Nicole Questiaux y los profesores Antonio Cassese y , sobre todo, Louis Joinet cuyos aportes en la lucha contra la desaparición forzada han sido inmensos. El enfoque cambió significativamente hacia la protección y se llegó así a un gran logro en 1992 cuando la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada por la Asamblea General. Para entonces conceptos claves como el derecho a la verdad, a la justicia y la naturaleza continuada del crimen eran mundialmente aceptados. El mandato del Grupo de Trabajo fue ampliado para incluir el monitoreo de la observancia universal de la Declaración de 1992 por parte de los Estados. De allí que se volvió costumbre la preparación de sus comentarios generales que dan interpretaciones autoritativas sobre diferentes temas relacionados con las desapariciones forzadas. El reciente presidente del Grupo de Trabajo, Santiago Corcuera, desempeñó un liderazgo importante en esa dirección.
El 20 de diciembre 2006 la Asamblea General aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas después de que el fallecido embajador francés Bernard Kessedjian hubiera logrado, en forma brillante, consenso respecto del texto. Un experto clave fue un ex - miembro del Grupo de Trabajo Manfred Nowak, el Grupo mismo argumentó a lo largo de los años sobre la necesidad de un nuevo instrumento internacional para combatir efectivamente las desapariciones forzadas. Al recibir las ratificaciones necesarias, prontamente esperamos, la Convención entrará en vigor con su órgano de monitoreo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Ello va a significar un nuevo capitulo en la lucha contra las desapariciones forzadas. No obstante el Grupo de Trabajo debe continuar porque su mandato se aplica a todos los Estados sin excepción y su papel humanitario es absolutamente necesario.
En este 30º aniversario, los familiares de víctimas y sobrevivientes de todo el mundo queremos expresar nuestro agradecimiento a todos y todas quienes han trabajado sin descanso para que este procedimiento especial tuviera éxito. He mencionado algunos nombres, pero realmente quiero incluir a todos nuestros amigos y amigas de las Naciones Unidas.
Las desapariciones forzadas siguen representando un desafío único a la comunidad internacional. Y hay razones adicionales para preocuparse dado los informes de prácticas de detención secreta y de rendición extraordinaria que han sido justificados en el marco de la guerra global contra el terrorismo. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias debe continuar siendo un procedimiento prioritario en el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Patrick Rice
Secretario Ejecutivo (1981 – 87)
FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos)
Fuente:Rdendh
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