El canciller Alfredo Moreno Charme apareció como el más rico entre los hombres de Sebastián Piñera, al declarar un patrimonio equivalente a 62,5 millones de dólares -casi el triple de los “modestos” 22,46 millones reconocidos por su jefe-. Los ministros, y otros altos funcionarios, declararon sus bienes e intereses ante la Contraloría General de la República al límite del plazo, que expiró el 11 de abril, a los 30 días de asumir el cargo. A partir del lunes 12 todos los documentos deberían estar a disposición del público en la sección “Gobierno Transparente” de los sitios web de ministerios y reparticiones fiscales. Pero no aparecieron todos.
La Ley de Transparencia, aprobada en la administración de Michel Bachellet, dispone que la nomenclatura pública -desde el jefe del Estado- entregue a la Contraloría una “Declaración de intereses” y otra “Declaración de bienes”, en formularios especialmente diseñados al efecto. El formulario suele resultar difícil de descifrar para el ciudadano común, mientras la ley tampoco obliga a entregar todos los detalles, ni a revelar los montos específicos invertidos en sociedades y corporaciones, facilitando cierta evasión informativa. Hasta el lunes 19, cada vez que se pulsaba la “Declaración de Intereses” o la “Declaración de Bienes” del jefe de RREE (1), el sistema repetía el mismo mensaje: “el archivo está dañado y no puede repararse”. Asimismo, la declaración del subsecretario (viceministro), Fernando Schmidt, aparece horizontal, en posición “apaisada” o “acostada”, haciendo más difícil su lectura. Amenaza con una lesión al cuello del lector interesado en descifrar el formulario.
Por ejemplo, el jefe del Estado declaró explícitamente el 1% de su patrimonio y encubrió el resto en participaciones no detalladas en más de una veintena de sociedades que manejan la mayor parte de su patrimonio de 2,2 mil millones de la divisa estadounidense, citándolas sólo por su nombre e indicando nada más que el por ciento de control. A su vez esas empresas, que se poseen unas a otras, están a cargo de corredores de bolsa que las administran en “fideicomiso ciego”, una figura distinta a la iniciativa del mismo nombre que aún debate el parlamento como posible ley futura. El canciller fue la excepción, pues resultó más explícito y quizás más sincero en develar su patrimonio real. Los medios informativos esquivaron esta noticia.
El canciller Moreno, abogado de grandes corporaciones y miembro de la ONG “Chile Transparente” -filial de Transparencia Internacional-, declaró un “fideicomiso ciego” por 60 millones de dólares (30.400 millones de pesos chilenos), administrado por I.M. Trust desde el 11 de marzo, el mismo día en que asumió la cartera. Este funcionario es lejos quien declaró más dinero en todo el gabinete. Por contraste, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también declaró un fideicomiso ciego, pero por 144.000 dólares ($74.586.615 chilenos al cambio de $ 515 por dólar del día de la declaración). Todos los secretarios de Estado exhiben acciones en sociedades anónimas que manejan clubes deportivos y repiten marcas preferidas de automóviles Volvo, Mercedes y BMW.
Además del fideicomiso de 60 millones de dólares, el canciller Moreno declaró 2,50 millones de dólares en otros bienes. La mitad de esta cantidad está invertida en fondos mutuos en el Banco Penta y el resto, repartido en Scotiabank (210.000 dólares), su vivienda (tasada por el Fisco en 335.000 dólares), un Mercedes Benz ML 350 (41.000 dólares), acciones de Cruzados SAD (club de fútbol Universidad Católica) por 584.000 dólares, Parque Arauco (89.000 dólares), Grupo Security(63.000 dólares), Curauma SA (12.000 dólares), valores de Enersis (8.600 dólares) y acciones del Club de Polo San Cristóbal (16.000 dólares).
El canciller Moreno también figura con 40% de AMC Consultores Limitada, que a su vez posee 99,9562% de Agrícola Río Claro y 50% de Editorial Santiago. También declaró poseer el 33,33% de Servicios y Arriendos Rotortec Ltda., por un valor no especificado, y 3,57% de participación directa y otro 26,43% “indirecto” en Agrícola Bellavista. No declaró pasivos, o sea, no le debe a nadie. Aparece también como socio del Patronato Nacional de la Infancia, con un aporte bianual no especificado; es director de la Fundación Paz Ciudadana, fundada por Agustín Edwards -el dueño de El Mercurio- para combatir la delincuencia; y contribuye financieramente a la Iglesia Católica y el Cuerpo de Bomberos. Aparte de su membresía en Chile Transparente, pertenece al comité asesor de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago y de la Fundación Dom Cambral, de Brasil. Su declaración aparece como la más ceñida a la realidad-real.
Ministros de Hacienda y Economía
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró inmuebles en siete propiedades agrícolas de Casablanca, otros cinco en Río Claro y uno en Colina, además de una casa en Santiago, un inmueble agrícola en Maitencillo y otros dos adicionales en Casablanca. También aparece un automóvil Audi Q7 del 2007 y acciones en fideicomiso ciego -por un total de 144.000 dólares- en embotelladora Andina (Coca Cola); bancos Santander y De Chile; las energéticas Gasco (gas doméstico), Endesa y Enersis (eléctricas) y Copec (distribuidora de gasolina, kerosene y gas oil); la multitienda Falabella; las navieras Vapores y Marinsa; las AFPs Cuprum y Provida; y el grupo editorial SM Chile.
Larraín tiene invertidos 64.000 dólares en el Club de Golf Santiago, 7.150 dólares en Cruzados SADP (equipo de fútbol U. Católica) y 748 dólares en acciones del Club de la Unión, el emblemático centro de esparcimiento de la rancia oligarquía santiaguina. Además, aparece participa en 17 sociedades, según detalla su declaración de patrimonio, entre otras, Viña Quintay SA, Viñedos Valle de Casablanca y otras sociedades agrícolas y vitivinícolas. Al final de su declaración aparece el equivalente a 3,57 millones de dólares con la frase “Cuentas por cobrar y/o aportes con cargo a futuros aumentos de capital a sociedades relacionadas”.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, posee un fondo mutuo en BanChile por el equivalente a 900 mil dólares, un depósito a plazo por 60.000 dólares bajo la custodia de los corredores de bolsa Larraín Vial y otro fondo mutuo por 576.000 dólares en la misma empresa de corredores. Tiene varios paquetes de acciones administrados también por Larraín Vial, entre otros, 36.850 dólares en el banco Santander, 32.800 en el banco de Chile, 26.800 en el banco Bice, 7.800 en SM-Chile, 4.350 en Enersis, 4.100 en Curauma, 536,5 dólares en Grange y 201,5 dólares en Capitales.
También declaró una casa en Vitacura, Santiago, y otra en el balneario Zapallar, de valores no revelados. En automóviles, aparecen un Volvo XC90 del 2008, valorado en 50 mil dólares, y un Toyota Yaris Sport 2007, cotizado en 10.700 dólares. Además, declara 0,05% de participación en la empresa Fontaine Consultores SA y 60% en Juan Andrés Fontaine y Asociados Limitada, donde continúa participando en su administración.
Interior, Vivienda, Trabajo
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró la posesión del 99% de la sociedad Inversiones y Rentas Los Naranjos Limitada y el 17,66% de los derechos en Hermosilla, Hinzpeter, Jana y Avendaño Limitada, bufete de abogados que defiende compañías inmobiliarias, como el Grupo Viva, ante los reclamos de las víctimas del terremoto por edificios de vivienda nuevos deficientemente construidos. Declaró un Land Rover Discovery 2007, un Honda Pilot EXL 2006 y 12.000 dólares invertidos en Unión El Golf S.A.
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, declaró poseer una propiedad agrícola en Chicureo (terrenos agrícolas en creciente desarrollo inmobiliario en el norte de Santiago), otra en Santo Domingo (en el Litoral Central) y una tercera en Yerbas Buenas, en la zona central del país. La esposa del senador UDI Hernán Larraín posee, además, el 96% del capital de la sociedad Inversiones y Asesorías L y M SA, aunque no participa en su administración, y el 94% de Comercial y Administradora Yerbas Buenas Limitada, mientras declara tener el 34,37% del capital de Papelera Dimar SA, en cuya administración tampoco participa. Posee un Honda Accord 2006 y una cuenta corriente en el Banco de Chile por una suma más bien modesta, equivalente a 2.600 dólares, y otra en el Santander por 22.000 dólares, además de Fondos Mutuos por 46.600 dólares en BanChile.
Camila Merino, ministra del Trabajo, declaró un bien inmueble en Lo Barnechea y un sitio en el Condominio Los Castaños, Lote 40, Colina, más un vehículo Volvo XC90 AWD 3.2 sin especificar valores. Dio a conocer inversiones en acciones en el extranjero por 59.000 dólares y fondos mutuos por 582.000 dólares, administradas por Celfin.
Negocios y “deportes”, hacienda y deudas
El subsecretario, o viceministro, de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, declara un refugio cordillerano en el centro de esquí La Parva, pero no detalló su valor. Tampoco indicó la tasación fiscal de 2 hectáreas a orillas del Lago Ranco. Tiene una flota de tres Toyota Auris (un 2008 y dos 2010), un Subaru Forester 2010, un BMW X.5 Diesel 2009 y un Chevrolet Tahoe. Entre los valores transables, declaró un bono en el Banco Santander equivalente a 406.000 dólares, más dos fondos mutuos en Celfín, por un total de 456.000 dólares.
Entre sus sociedades, declaró el 33,333% del Lodge Lapparent; el 73,346790% de Inversiones III SA y el 99,99% de Inversiones Maratón SA. También tiene el 100% de la agencia en Chile de la Compañía Paulista de Equipamientos Industriais SA, aunque no participa en la administración. Además, declaró el 40% de exportadora Atacama y, a través de Inversiones III, posee el 50% de Papeles Industriales SA (PISA), más el 58,335% y el 26,665% de los derechos de la Distribuidora Papeles Industriales SA, cuyos valores de mercado no se especificaron.
Asimismo, Ruiz-Tagle dio a conocer que posee el 99,9% de la Agrícola y Forestal Frutos del Bosque y el 24,5% de Blanco y Negro (Colo-Colo), que controló con el accionista Piñera y de cuyo directorio fue presidente hasta asumir la subsecretaría. Chiledeportes. Este viceministerio, adscrito a la cartera Secretaría General de Gobierno, interviene y dirime en primera instancia conflictos de interés y disputas entre los clubes-sociedades anónimas del fútbol, como la controversia actual por la distribución de las ganancias del Canal del Fútbol.
El subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados hasta el 11 de marzo y perdió la reelección como diputado UDI, declaró el 50% de participación en la sociedad de responsabilidad limitada Passano, Álvarez y Cía.; el 80% de Inversiones y Asesorías Seal Ltda. y el 20% de Inversiones y Asesorías Las Segadas Ltda, un bien inmueble y 3 vehículos: un Ford Explorer Xl 4x4, (2007), un Chevrolet Astro VAN 4.3 (2001) y un Chevrolet Blazer (1998). Declaró varias deudas: un crédito hipotecario en el Santander por el equivalente a 355.000 dólares; un crédito de consumo y/o línea de crédito del Banco Security por 31.000 dólares; otro consumo en el Banco de Chile por 15.000 dólares, otro en el Banco Santander por 19.000 dólares, un préstamo de Las Segadas en el Banco de Chile por 69.000 dólares y un crédito universitario por estudios en el extranjero por 35.000 dólares.
Defensa y negocios
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien renunció al Partido Demócrata Cristiano el 9 de febrero, el mismo día en que Piñera anunció su designación como secretario de Estado, declaró un patrimonio global de 3,58 millones de dólares. Declaró poseer el 33% de la sociedad anónima cerrada Antilhue, con una participación de 2.046.718 dólares (1.054.060.000 de pesos chilenos). Una SA cerrada sólo puede someterse voluntariamente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ravinet dio a conocer acciones en el banco de Chile por un valor equivalente a 42.000 dólares y en SM Chile SA por 102.174 dólares. También, 342.529 dólares depositados a plazo en Citi Bank en Nueva York, 117.000 dólares a plazo fijo, y otros 16.482 dólares a la vista, en el banco Itahu Internacional. Asimismo, manifestó poseer 62.913 dólares en moneda chilena en una cuenta corriente en el banco De Chile y 388 dólares en el Santander. Su vivienda de Santiago tiene un valor comercial declarado de 679.612 dólares y posee otra en el centro de esquí La Parva, valuada en 155.240 dólares, más un automóvil Subaru valorado en 14.563 dólares.
Entrevistado por la revista Capital en 2007, Ravinet fue descrito como “un empresario con un patrimonio respetable y diversificado en negocios mineros, inmobiliarios y agrícolas” que volvió a hacerse cargo de sus propios negocios después de marginarse de la política. Es director de la compañía hispana Aguas Metropolitanas -controladora de Aguas Andinas- y de la concesionaria Cintra, aunque su proyecto relevante es su participación en la exploración de gas en el Golfo de Arauco, cuyo horizonte de inversiones asciende a 500 millones de dólares.(2)
El ministro de Defensa, y ex secretario de Vivienda y Defensa de Ricardo Lagos, no declaró todo lo que le relató a Capital en 2007: inversiones inmobiliarias e intereses en bodegas de vinos, frutas para exportación en Buin y venta de repuestos para la minería, a través Christensen. Asociado con el abogado DC Pedro Butazzoni, ex subsecretario de Economía de Frei Montalva (1964-1970), posee el 50% de Geotec Boyles, que realiza prospecciones mineras en Chile, Perú y México con una facturación anual de 120 millones de dólares. La otra mitad pertenece a la estadounidense Boyles, que abandonó Chile y Perú en los años 70, por la política minera nacionalista de Salvador Allende y Juan Velasco Alvarado, respectivamente. Ravinet y Butazzoni son accionistas de todas las operaciones de Boyles en México, Colombia y Argentina.
No aparecen donde debieran estar expuestas las declaraciones juradas de otros altos funcionarios, como la que debió publicar el Intendente Fernando Echeverría, jefe del gobierno metropolitano de Santiago y dueño de empresas constructoras con edificios desalojados por inhabitables en Concepción y socio en proyectos inmobiliarios con Piñera y su constructora Aconcagua. Su declaración no está on line para el público en la sección “gobierno transparente” de la intendencia capitalina. El ciudadano interesado en la transparencia puede aventurarse hasta las oficinas, pero premunido de algunos centavos porque le cobrarán los “soportes” de la información “transparente” (fotocopias, CDs y afines).
1) http://www.minrel.gov.cl/transparencia/
2) Revista Capital, Nº 209 (27/07/ al 08/08/2007): http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/ravinet-en-privado.html
Foto: Chile, Política - De izquierda a derecha (arriba): Alfredo Moreno Charme, Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine, Rodrigo Hinzpeter y Magdalena Matte. (Abajo) Camila Merino, Gabriel Ruiz-Tagle, Rodrigo Álvarez, Jaime Ravinet y Fernando Echeverría.
La Ley de Transparencia, aprobada en la administración de Michel Bachellet, dispone que la nomenclatura pública -desde el jefe del Estado- entregue a la Contraloría una “Declaración de intereses” y otra “Declaración de bienes”, en formularios especialmente diseñados al efecto. El formulario suele resultar difícil de descifrar para el ciudadano común, mientras la ley tampoco obliga a entregar todos los detalles, ni a revelar los montos específicos invertidos en sociedades y corporaciones, facilitando cierta evasión informativa. Hasta el lunes 19, cada vez que se pulsaba la “Declaración de Intereses” o la “Declaración de Bienes” del jefe de RREE (1), el sistema repetía el mismo mensaje: “el archivo está dañado y no puede repararse”. Asimismo, la declaración del subsecretario (viceministro), Fernando Schmidt, aparece horizontal, en posición “apaisada” o “acostada”, haciendo más difícil su lectura. Amenaza con una lesión al cuello del lector interesado en descifrar el formulario.
Por ejemplo, el jefe del Estado declaró explícitamente el 1% de su patrimonio y encubrió el resto en participaciones no detalladas en más de una veintena de sociedades que manejan la mayor parte de su patrimonio de 2,2 mil millones de la divisa estadounidense, citándolas sólo por su nombre e indicando nada más que el por ciento de control. A su vez esas empresas, que se poseen unas a otras, están a cargo de corredores de bolsa que las administran en “fideicomiso ciego”, una figura distinta a la iniciativa del mismo nombre que aún debate el parlamento como posible ley futura. El canciller fue la excepción, pues resultó más explícito y quizás más sincero en develar su patrimonio real. Los medios informativos esquivaron esta noticia.
El canciller Moreno, abogado de grandes corporaciones y miembro de la ONG “Chile Transparente” -filial de Transparencia Internacional-, declaró un “fideicomiso ciego” por 60 millones de dólares (30.400 millones de pesos chilenos), administrado por I.M. Trust desde el 11 de marzo, el mismo día en que asumió la cartera. Este funcionario es lejos quien declaró más dinero en todo el gabinete. Por contraste, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también declaró un fideicomiso ciego, pero por 144.000 dólares ($74.586.615 chilenos al cambio de $ 515 por dólar del día de la declaración). Todos los secretarios de Estado exhiben acciones en sociedades anónimas que manejan clubes deportivos y repiten marcas preferidas de automóviles Volvo, Mercedes y BMW.
Además del fideicomiso de 60 millones de dólares, el canciller Moreno declaró 2,50 millones de dólares en otros bienes. La mitad de esta cantidad está invertida en fondos mutuos en el Banco Penta y el resto, repartido en Scotiabank (210.000 dólares), su vivienda (tasada por el Fisco en 335.000 dólares), un Mercedes Benz ML 350 (41.000 dólares), acciones de Cruzados SAD (club de fútbol Universidad Católica) por 584.000 dólares, Parque Arauco (89.000 dólares), Grupo Security(63.000 dólares), Curauma SA (12.000 dólares), valores de Enersis (8.600 dólares) y acciones del Club de Polo San Cristóbal (16.000 dólares).
El canciller Moreno también figura con 40% de AMC Consultores Limitada, que a su vez posee 99,9562% de Agrícola Río Claro y 50% de Editorial Santiago. También declaró poseer el 33,33% de Servicios y Arriendos Rotortec Ltda., por un valor no especificado, y 3,57% de participación directa y otro 26,43% “indirecto” en Agrícola Bellavista. No declaró pasivos, o sea, no le debe a nadie. Aparece también como socio del Patronato Nacional de la Infancia, con un aporte bianual no especificado; es director de la Fundación Paz Ciudadana, fundada por Agustín Edwards -el dueño de El Mercurio- para combatir la delincuencia; y contribuye financieramente a la Iglesia Católica y el Cuerpo de Bomberos. Aparte de su membresía en Chile Transparente, pertenece al comité asesor de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago y de la Fundación Dom Cambral, de Brasil. Su declaración aparece como la más ceñida a la realidad-real.
Ministros de Hacienda y Economía
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró inmuebles en siete propiedades agrícolas de Casablanca, otros cinco en Río Claro y uno en Colina, además de una casa en Santiago, un inmueble agrícola en Maitencillo y otros dos adicionales en Casablanca. También aparece un automóvil Audi Q7 del 2007 y acciones en fideicomiso ciego -por un total de 144.000 dólares- en embotelladora Andina (Coca Cola); bancos Santander y De Chile; las energéticas Gasco (gas doméstico), Endesa y Enersis (eléctricas) y Copec (distribuidora de gasolina, kerosene y gas oil); la multitienda Falabella; las navieras Vapores y Marinsa; las AFPs Cuprum y Provida; y el grupo editorial SM Chile.
Larraín tiene invertidos 64.000 dólares en el Club de Golf Santiago, 7.150 dólares en Cruzados SADP (equipo de fútbol U. Católica) y 748 dólares en acciones del Club de la Unión, el emblemático centro de esparcimiento de la rancia oligarquía santiaguina. Además, aparece participa en 17 sociedades, según detalla su declaración de patrimonio, entre otras, Viña Quintay SA, Viñedos Valle de Casablanca y otras sociedades agrícolas y vitivinícolas. Al final de su declaración aparece el equivalente a 3,57 millones de dólares con la frase “Cuentas por cobrar y/o aportes con cargo a futuros aumentos de capital a sociedades relacionadas”.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, posee un fondo mutuo en BanChile por el equivalente a 900 mil dólares, un depósito a plazo por 60.000 dólares bajo la custodia de los corredores de bolsa Larraín Vial y otro fondo mutuo por 576.000 dólares en la misma empresa de corredores. Tiene varios paquetes de acciones administrados también por Larraín Vial, entre otros, 36.850 dólares en el banco Santander, 32.800 en el banco de Chile, 26.800 en el banco Bice, 7.800 en SM-Chile, 4.350 en Enersis, 4.100 en Curauma, 536,5 dólares en Grange y 201,5 dólares en Capitales.
También declaró una casa en Vitacura, Santiago, y otra en el balneario Zapallar, de valores no revelados. En automóviles, aparecen un Volvo XC90 del 2008, valorado en 50 mil dólares, y un Toyota Yaris Sport 2007, cotizado en 10.700 dólares. Además, declara 0,05% de participación en la empresa Fontaine Consultores SA y 60% en Juan Andrés Fontaine y Asociados Limitada, donde continúa participando en su administración.
Interior, Vivienda, Trabajo
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró la posesión del 99% de la sociedad Inversiones y Rentas Los Naranjos Limitada y el 17,66% de los derechos en Hermosilla, Hinzpeter, Jana y Avendaño Limitada, bufete de abogados que defiende compañías inmobiliarias, como el Grupo Viva, ante los reclamos de las víctimas del terremoto por edificios de vivienda nuevos deficientemente construidos. Declaró un Land Rover Discovery 2007, un Honda Pilot EXL 2006 y 12.000 dólares invertidos en Unión El Golf S.A.
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, declaró poseer una propiedad agrícola en Chicureo (terrenos agrícolas en creciente desarrollo inmobiliario en el norte de Santiago), otra en Santo Domingo (en el Litoral Central) y una tercera en Yerbas Buenas, en la zona central del país. La esposa del senador UDI Hernán Larraín posee, además, el 96% del capital de la sociedad Inversiones y Asesorías L y M SA, aunque no participa en su administración, y el 94% de Comercial y Administradora Yerbas Buenas Limitada, mientras declara tener el 34,37% del capital de Papelera Dimar SA, en cuya administración tampoco participa. Posee un Honda Accord 2006 y una cuenta corriente en el Banco de Chile por una suma más bien modesta, equivalente a 2.600 dólares, y otra en el Santander por 22.000 dólares, además de Fondos Mutuos por 46.600 dólares en BanChile.
Camila Merino, ministra del Trabajo, declaró un bien inmueble en Lo Barnechea y un sitio en el Condominio Los Castaños, Lote 40, Colina, más un vehículo Volvo XC90 AWD 3.2 sin especificar valores. Dio a conocer inversiones en acciones en el extranjero por 59.000 dólares y fondos mutuos por 582.000 dólares, administradas por Celfin.
Negocios y “deportes”, hacienda y deudas
El subsecretario, o viceministro, de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, declara un refugio cordillerano en el centro de esquí La Parva, pero no detalló su valor. Tampoco indicó la tasación fiscal de 2 hectáreas a orillas del Lago Ranco. Tiene una flota de tres Toyota Auris (un 2008 y dos 2010), un Subaru Forester 2010, un BMW X.5 Diesel 2009 y un Chevrolet Tahoe. Entre los valores transables, declaró un bono en el Banco Santander equivalente a 406.000 dólares, más dos fondos mutuos en Celfín, por un total de 456.000 dólares.
Entre sus sociedades, declaró el 33,333% del Lodge Lapparent; el 73,346790% de Inversiones III SA y el 99,99% de Inversiones Maratón SA. También tiene el 100% de la agencia en Chile de la Compañía Paulista de Equipamientos Industriais SA, aunque no participa en la administración. Además, declaró el 40% de exportadora Atacama y, a través de Inversiones III, posee el 50% de Papeles Industriales SA (PISA), más el 58,335% y el 26,665% de los derechos de la Distribuidora Papeles Industriales SA, cuyos valores de mercado no se especificaron.
Asimismo, Ruiz-Tagle dio a conocer que posee el 99,9% de la Agrícola y Forestal Frutos del Bosque y el 24,5% de Blanco y Negro (Colo-Colo), que controló con el accionista Piñera y de cuyo directorio fue presidente hasta asumir la subsecretaría. Chiledeportes. Este viceministerio, adscrito a la cartera Secretaría General de Gobierno, interviene y dirime en primera instancia conflictos de interés y disputas entre los clubes-sociedades anónimas del fútbol, como la controversia actual por la distribución de las ganancias del Canal del Fútbol.
El subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados hasta el 11 de marzo y perdió la reelección como diputado UDI, declaró el 50% de participación en la sociedad de responsabilidad limitada Passano, Álvarez y Cía.; el 80% de Inversiones y Asesorías Seal Ltda. y el 20% de Inversiones y Asesorías Las Segadas Ltda, un bien inmueble y 3 vehículos: un Ford Explorer Xl 4x4, (2007), un Chevrolet Astro VAN 4.3 (2001) y un Chevrolet Blazer (1998). Declaró varias deudas: un crédito hipotecario en el Santander por el equivalente a 355.000 dólares; un crédito de consumo y/o línea de crédito del Banco Security por 31.000 dólares; otro consumo en el Banco de Chile por 15.000 dólares, otro en el Banco Santander por 19.000 dólares, un préstamo de Las Segadas en el Banco de Chile por 69.000 dólares y un crédito universitario por estudios en el extranjero por 35.000 dólares.
Defensa y negocios
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien renunció al Partido Demócrata Cristiano el 9 de febrero, el mismo día en que Piñera anunció su designación como secretario de Estado, declaró un patrimonio global de 3,58 millones de dólares. Declaró poseer el 33% de la sociedad anónima cerrada Antilhue, con una participación de 2.046.718 dólares (1.054.060.000 de pesos chilenos). Una SA cerrada sólo puede someterse voluntariamente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Ravinet dio a conocer acciones en el banco de Chile por un valor equivalente a 42.000 dólares y en SM Chile SA por 102.174 dólares. También, 342.529 dólares depositados a plazo en Citi Bank en Nueva York, 117.000 dólares a plazo fijo, y otros 16.482 dólares a la vista, en el banco Itahu Internacional. Asimismo, manifestó poseer 62.913 dólares en moneda chilena en una cuenta corriente en el banco De Chile y 388 dólares en el Santander. Su vivienda de Santiago tiene un valor comercial declarado de 679.612 dólares y posee otra en el centro de esquí La Parva, valuada en 155.240 dólares, más un automóvil Subaru valorado en 14.563 dólares.
Entrevistado por la revista Capital en 2007, Ravinet fue descrito como “un empresario con un patrimonio respetable y diversificado en negocios mineros, inmobiliarios y agrícolas” que volvió a hacerse cargo de sus propios negocios después de marginarse de la política. Es director de la compañía hispana Aguas Metropolitanas -controladora de Aguas Andinas- y de la concesionaria Cintra, aunque su proyecto relevante es su participación en la exploración de gas en el Golfo de Arauco, cuyo horizonte de inversiones asciende a 500 millones de dólares.(2)
El ministro de Defensa, y ex secretario de Vivienda y Defensa de Ricardo Lagos, no declaró todo lo que le relató a Capital en 2007: inversiones inmobiliarias e intereses en bodegas de vinos, frutas para exportación en Buin y venta de repuestos para la minería, a través Christensen. Asociado con el abogado DC Pedro Butazzoni, ex subsecretario de Economía de Frei Montalva (1964-1970), posee el 50% de Geotec Boyles, que realiza prospecciones mineras en Chile, Perú y México con una facturación anual de 120 millones de dólares. La otra mitad pertenece a la estadounidense Boyles, que abandonó Chile y Perú en los años 70, por la política minera nacionalista de Salvador Allende y Juan Velasco Alvarado, respectivamente. Ravinet y Butazzoni son accionistas de todas las operaciones de Boyles en México, Colombia y Argentina.
No aparecen donde debieran estar expuestas las declaraciones juradas de otros altos funcionarios, como la que debió publicar el Intendente Fernando Echeverría, jefe del gobierno metropolitano de Santiago y dueño de empresas constructoras con edificios desalojados por inhabitables en Concepción y socio en proyectos inmobiliarios con Piñera y su constructora Aconcagua. Su declaración no está on line para el público en la sección “gobierno transparente” de la intendencia capitalina. El ciudadano interesado en la transparencia puede aventurarse hasta las oficinas, pero premunido de algunos centavos porque le cobrarán los “soportes” de la información “transparente” (fotocopias, CDs y afines).
1) http://www.minrel.gov.cl/transparencia/
2) Revista Capital, Nº 209 (27/07/ al 08/08/2007): http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/ravinet-en-privado.html
Foto: Chile, Política - De izquierda a derecha (arriba): Alfredo Moreno Charme, Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine, Rodrigo Hinzpeter y Magdalena Matte. (Abajo) Camila Merino, Gabriel Ruiz-Tagle, Rodrigo Álvarez, Jaime Ravinet y Fernando Echeverría.
La ideología neoliberal representa una ruptura respecto del liberalismo del siglo XIX. Se consigna su nacimiento en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial. El texto fundacional de esta doctrina fue escrito por Friedrich Hayek en 1944: Camino a la servidumbre. El mensaje es una argumentación apasionada contra el intervencionismo estatal, pensando, por cierto, en las tesis socialdemócratas en torno al Welfare State, incluido en New Deal desplegado por el presidente Franklin D. Roosevelt.
Para luchar contra el Estado de Bienestar, que finalmente se impuso en Europa, Hayek convocó, en Mont Pélerin, Suiza, a un grupo de notables, entre los que se contaban nombres de la talla de Karl Popper, Milton Friedman, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga, entre otros. Nacía así la Sociedad de Mont Pélerin, un grupo especializado en una cruzada contra el keynesianismo, apostando a una forma de capitalismo menos restrictivo, más duro.
Pocas veces se ha advertido que la doctrina neoliberal con su prédica contra el igualitarismo y la regulación social, argumentando que la desigualdad es un valor positivo, acaso imprescindible, se inscribe, claramente, entre las teorías económicas y políticas más radicales del siglo XX. Como toda postura radical, el neoliberalismo no fue tomado muy en serio durante las tres décadas de postguerra, se trataba más bien de una teoría extrema y exótica que se revisaba con precaución en el ámbito académico.
Diez años antes de que el primer gobierno neoliberal se instalara en Gran Bretaña de la mano de Margaret Thatcher, surgía en América Latina una cruenta dictadura encabezada por Augusto Pinochet que, inspirada en Milton Friedman, convertiría a Chile en una experiencia piloto. Es interesante notar que la abolición del régimen democrático no significó ningún obstáculo para desplegar la doctrina neoliberal en nuestro país, pues, como había explicado Hayek, la democracia no es un valor propio del neoliberalismo.
Las medidas neoliberales chilenas incluyeron, desde luego, desregulación, desempleo masivo, violenta represión de los sindicatos, privatización de bienes públicos y una redistribución del ingreso a favor del quintil más rico de la población. Esta receta, mutatis mutandi, se aplicaría más tarde bajo el gobierno de la señora Thatcher en el Reino Unido, marcando con ello el inicio de una clara hegemonía ideológica del neoliberalismo a nivel mundial. En América Latina, la nueva doctrina comenzaría a implementarse hacia fines de los años ochenta: Salinas en México, Menem en Argentina, Pérez en Venezuela y Fujimori en Perú.
En Chile, tras dos décadas concertacionistas, de inspiración socialcristiana y socialdemócrata, se consolidaron la plena hegemonía de las tesis de Mont Pélerin en tanto estos gobiernos hicieron suyas las políticas neoliberales. El reciente triunfo de la derecha en nuestro país hace explícito un giro neoliberal hacia su estado más puro, esto es, favorable al capital financiero y a la privatización como principio operante, lo mismo que a la “desigualdad natural” que se traduce en un desempleo estructural. En este sentido, el actual gobierno de derecha no representa sino un nuevo matiz en la continuidad política y económica de los gobiernos pospinochetistas.
Álvaro Cuadra es investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.
Para luchar contra el Estado de Bienestar, que finalmente se impuso en Europa, Hayek convocó, en Mont Pélerin, Suiza, a un grupo de notables, entre los que se contaban nombres de la talla de Karl Popper, Milton Friedman, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga, entre otros. Nacía así la Sociedad de Mont Pélerin, un grupo especializado en una cruzada contra el keynesianismo, apostando a una forma de capitalismo menos restrictivo, más duro.
Pocas veces se ha advertido que la doctrina neoliberal con su prédica contra el igualitarismo y la regulación social, argumentando que la desigualdad es un valor positivo, acaso imprescindible, se inscribe, claramente, entre las teorías económicas y políticas más radicales del siglo XX. Como toda postura radical, el neoliberalismo no fue tomado muy en serio durante las tres décadas de postguerra, se trataba más bien de una teoría extrema y exótica que se revisaba con precaución en el ámbito académico.
Diez años antes de que el primer gobierno neoliberal se instalara en Gran Bretaña de la mano de Margaret Thatcher, surgía en América Latina una cruenta dictadura encabezada por Augusto Pinochet que, inspirada en Milton Friedman, convertiría a Chile en una experiencia piloto. Es interesante notar que la abolición del régimen democrático no significó ningún obstáculo para desplegar la doctrina neoliberal en nuestro país, pues, como había explicado Hayek, la democracia no es un valor propio del neoliberalismo.
Las medidas neoliberales chilenas incluyeron, desde luego, desregulación, desempleo masivo, violenta represión de los sindicatos, privatización de bienes públicos y una redistribución del ingreso a favor del quintil más rico de la población. Esta receta, mutatis mutandi, se aplicaría más tarde bajo el gobierno de la señora Thatcher en el Reino Unido, marcando con ello el inicio de una clara hegemonía ideológica del neoliberalismo a nivel mundial. En América Latina, la nueva doctrina comenzaría a implementarse hacia fines de los años ochenta: Salinas en México, Menem en Argentina, Pérez en Venezuela y Fujimori en Perú.
En Chile, tras dos décadas concertacionistas, de inspiración socialcristiana y socialdemócrata, se consolidaron la plena hegemonía de las tesis de Mont Pélerin en tanto estos gobiernos hicieron suyas las políticas neoliberales. El reciente triunfo de la derecha en nuestro país hace explícito un giro neoliberal hacia su estado más puro, esto es, favorable al capital financiero y a la privatización como principio operante, lo mismo que a la “desigualdad natural” que se traduce en un desempleo estructural. En este sentido, el actual gobierno de derecha no representa sino un nuevo matiz en la continuidad política y económica de los gobiernos pospinochetistas.
Álvaro Cuadra es investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.
1. El Plan de Reconstrucción Nacional de Piñera, a propósito del terremoto, se funda sobre un impuesto enano y transitorio a las grandes empresas, el endeudamiento externo e interno, las concesiones a los privados, la venta de propiedad estatal y la falsa caridad.
2. Según el cálculo utilizado por PricewaterhouseCoopers (que contiene componentes del Banco Mundial), de 181 países, Chile está en el lugar 21 del ranking de las naciones que menos gravan las utilidades del capital empresarial en el mundo, y es número uno en Latinoamérica. En 2008, estaba en el puesto 18. De hecho, Perú se ubica en el lugar 85, mientras Argentina, Brasil y Uruguay, se encuentran en las posiciones 134, 145 y 167, respectivamente. ¿De qué se sorprende alguien respecto del proyecto de aumento tributario a las empresas que renten mensualmente más de 52 millones 500 mil pesos (US$ 100 mil 500) de Piñera? El impuesto planteado se reduce a un incremento de 3% en 2011 y 1,5% en 2012, y se acabó. Basta recordar que el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (gremio patronal y resumen de los intereses económicos que controlan el país), Rafael Guilisasti, señaló taxativamente que “Las empresas tienen que hacerse cargo hoy de la reconstrucción”. Y así será a través de las concesiones al capital privado que se ocupará de esa rentable labor. Y siempre el empresariado puede descargar sobre los precios el rasguño que perciba por la vía de los menudos impuestos de Piñera, toda vez que el contenido, supervisión y estrategia estatal son del mismo material genético que el de la clase propietaria de los medios de la producción. Por lo mismo, nada hay respecto de los salarios de sobrevida de los trabajadores. Es más, los nuevos empleos que se crearán jamás superarán los 380 dólares mensuales, mientras avanza la peregrina iniciativa de terminar con la indemnización por años de servicio.
El aumento tributario del presidente que obtuvo menos del 30 % de los sufragios de los chilenos en edad de votar sólo es una pobre moneda de cambio ante las enormes prebendas del empresariado. Es decir, publicidad engañosa que disfraza los privilegios económicos que reportará la reconstrucción a manos de los dueños de Chile, una vez más, contra los intereses de las grandes mayorías.
3. La ampliación de los márgenes de la Ley de Donaciones -otra de las soluciones maestras de la derecha tradicional para reparar los daños provocados por el terremoto-maremoto, ya rechazada en la Cámara Baja-, permitiría que empresas y personas naturales ofrezcan recursos para proyectos específicos y a discreción. Las donaciones no sólo reportan sustantivas rebajas tributarias, acceso a créditos sobre un 40 % de lo “aportado” y otros beneficios a los donantes, sino que una empresa “x” asociada a algún sector industrial –que no pertenezca formalmente a su directorio- puede destacar dineros a zonas que estime relevantes para repontenciar las condiciones de su propio negocio. Es decir, puede donar arbitrariamente donde mejor le convenga y además, a través de este medio, acceder a dividendos fiscales. La Ley de Donaciones de Piñera –soportada por la misma ley reformada durante los gobiernos de la Concertación- no sólo es caridad voluntaria y falsa. Es más poder y control de los grandes capitales privados en la reconstrucción nacional.
4. Como el gobierno ha anunciado endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo –institución prestamista tutelada por los intereses corporativos del Estado norteamericano-, el BID ya dicta al Ejecutivo chileno las normas que coronan su línea de crédito. Se trata de imponer nuevos ajustes estructurales, minimizar aún más el papel del Estado como ente regulador en la economía nacional, y explorar nuevas privatizaciones. Asimismo, el gobierno empresarial planea vender un bono soberano (papeles que representan dinero con respaldo estatal) al mercado internacional. Naturalmente, el conjunto de estas políticas continúa atentando contra la soberanía nacional, las platas recaudadas vía impuestos de todos los chilenos, y contra los intereses fundamentales de los trabajadores y el pueblo.
5. En materia de privatizaciones, por ahora Piñera pretende vender el 40 % de la participación de Codelco en la Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (Edelnor). Se calcula que podría enajenarse en US$ 875 millones. De materializarse esta medida, se abre definitivamente la estrategia antisocial de privatización paulatina del 28 % de la propiedad del cobre que todavía es del Estado chileno.
Como si fuera poco, la reconstrucción de hospitales, cárceles, carreteras e infraestructura devastados por el terremoto-maremoto, se licitará a la empresa privada bajo la modalidad de concesiones. Ello corresponde a una forma encubierta de privatizaciones del área pública inaugurada en las administraciones de la Concertación. Asimismo, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, estudia la posibilidad de vender edificaciones del Estado (locales comerciales, oficinas y bodegas) construidas con los tributos y el trabajo de millones de personas comunes.
6. Mientras tanto, entre múltiples incidentes asociados a despidos, la Federación de Trabajadores de Call Centres calcula que a mediados de junio se destruirán “15 mil puestos de trabajo, debido a términos de contratos y nuevas licitaciones que se adjudicarían a operadores de estos servicios en Perú y Colombia.” Esto se llama deslocalización. Y se debe a que el capital, los empresarios, sobre todo en los países empobrecidos como Chile no tienen patria sino sólo intereses. Por otra parte, las políticas proteccionistas de la economía norteamericana, a través de su Secretaría de Agricultura, rechazó la solicitud de los exportadores chilenos de uva de ampliar la fecha de despacho de la fruta a ese país. En concreto, esto significa que aproximadamente 2 mil productores de uva se verán perjudicados. Según la nacional Federación de Fruta, se perderán US$ 20 millones. Es decir, mientras Chile es uno de los países del planeta con menos vallas para la importación extranjera y es titán del aperturismo inversionista y comercial, el coloso del norte protege con dientes y uñas a sus productores internos. ¿Será Chile aun más capitalista que EE.UU.?
7. Ante las políticas piñeristas, franjas organizadas de trabajadores y ciudadanía, para enfrentar tanto la crisis económica en curso, como los efectos del terremoto, plantean un rol productivo del Estado, y la franca desprivatización del cobre. La fijación de precios a los productos de primera necesidad; la defensa del empleo y el sueldo; el término de la subcontratación y el trabajo precario; la renacionalización de los servicios sociales; el término del despojo de los recursos naturales; y una banca al servicio del desarrollo del país, entre otras propuestas.
8. Políticamente, el lunes 12 de abril se realizó el Cónclave Concertacionista con el objetivo de reanimar la derrotada componenda que administró Chile durante 20 años, bajo las mismas coordenadas económicas impuestas por la dictadura militar. En la reunión donde los discursos centrales fueron ofrecidos por los ex presidentes de la Concertación, se efectuó una autocrítica por los resultados de las últimas elecciones y se hicieron obvios cuestionamientos al gobierno de la derecha tradicional. El democratacristiano, Patricio Aylwin –primer gobernante civil post dictadura y duro político golpista durante la Unidad Popular- señaló que se perdió el Ejecutivo porque “los jóvenes se desencantaron y decidieron quedarse fuera del sistema.” Lo que olvidó decir Aylwin fue que la propia Concertación -premeditadamente y de acuerdo a un pacto de gobernabilidad con el imperialismo norteamericano y la derecha tradicional (militar y civil) para beneficio del capital y su hegemonía- incentivó la despolitización de la sociedad chilena; destruyó el pluralismo informativo, descalcificó las organizaciones sociales y políticas que sostuvieron la resistencia y protestas durante el pinochetismo, y transformó a amplios sectores de los trabajadores y el pueblo en meros clientes y deudores.
Es archisabido que lo jóvenes no votan en Chile. Eso no significa que no participen en múltiples expresiones sociales, culturales y políticas independientes de la partidocracia reinante. Frente al nepotismo de la clase gobernante (en ambas coaliciones y entre ellas mismas), los ataques demoledores a los derechos sociales (privatización de la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación), el mal trabajo, la reducción de la democracia al rito formal de las elecciones donde los apellidos y los intereses que existen tras esos apellidos se repiten invariablemente; la falta de oportunidades y la desigualdad más brutal, es absolutamente natural que los jóvenes y los no tanto, desconfíen de los que mandan, o de los representantes políticos de los que mandan en Chile.
De todos modos, abajo, en el país profundo y cotidiano, entre las grandes mayorías que padecen sordamente el capitalismo, existe un conjunto de iniciativas políticas y sociales de nuevo cuño. Se trata de trabajadores, jóvenes, mujeres, pueblo que a tientas apura su reunión para ser mañana alternativa solidaria y proyecto de un país justo y gobernado por los más. A mano y sin permiso se tejen las primeras palabras de otro Chile que no termina de aparecer.
2. Según el cálculo utilizado por PricewaterhouseCoopers (que contiene componentes del Banco Mundial), de 181 países, Chile está en el lugar 21 del ranking de las naciones que menos gravan las utilidades del capital empresarial en el mundo, y es número uno en Latinoamérica. En 2008, estaba en el puesto 18. De hecho, Perú se ubica en el lugar 85, mientras Argentina, Brasil y Uruguay, se encuentran en las posiciones 134, 145 y 167, respectivamente. ¿De qué se sorprende alguien respecto del proyecto de aumento tributario a las empresas que renten mensualmente más de 52 millones 500 mil pesos (US$ 100 mil 500) de Piñera? El impuesto planteado se reduce a un incremento de 3% en 2011 y 1,5% en 2012, y se acabó. Basta recordar que el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (gremio patronal y resumen de los intereses económicos que controlan el país), Rafael Guilisasti, señaló taxativamente que “Las empresas tienen que hacerse cargo hoy de la reconstrucción”. Y así será a través de las concesiones al capital privado que se ocupará de esa rentable labor. Y siempre el empresariado puede descargar sobre los precios el rasguño que perciba por la vía de los menudos impuestos de Piñera, toda vez que el contenido, supervisión y estrategia estatal son del mismo material genético que el de la clase propietaria de los medios de la producción. Por lo mismo, nada hay respecto de los salarios de sobrevida de los trabajadores. Es más, los nuevos empleos que se crearán jamás superarán los 380 dólares mensuales, mientras avanza la peregrina iniciativa de terminar con la indemnización por años de servicio.
El aumento tributario del presidente que obtuvo menos del 30 % de los sufragios de los chilenos en edad de votar sólo es una pobre moneda de cambio ante las enormes prebendas del empresariado. Es decir, publicidad engañosa que disfraza los privilegios económicos que reportará la reconstrucción a manos de los dueños de Chile, una vez más, contra los intereses de las grandes mayorías.
3. La ampliación de los márgenes de la Ley de Donaciones -otra de las soluciones maestras de la derecha tradicional para reparar los daños provocados por el terremoto-maremoto, ya rechazada en la Cámara Baja-, permitiría que empresas y personas naturales ofrezcan recursos para proyectos específicos y a discreción. Las donaciones no sólo reportan sustantivas rebajas tributarias, acceso a créditos sobre un 40 % de lo “aportado” y otros beneficios a los donantes, sino que una empresa “x” asociada a algún sector industrial –que no pertenezca formalmente a su directorio- puede destacar dineros a zonas que estime relevantes para repontenciar las condiciones de su propio negocio. Es decir, puede donar arbitrariamente donde mejor le convenga y además, a través de este medio, acceder a dividendos fiscales. La Ley de Donaciones de Piñera –soportada por la misma ley reformada durante los gobiernos de la Concertación- no sólo es caridad voluntaria y falsa. Es más poder y control de los grandes capitales privados en la reconstrucción nacional.
4. Como el gobierno ha anunciado endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo –institución prestamista tutelada por los intereses corporativos del Estado norteamericano-, el BID ya dicta al Ejecutivo chileno las normas que coronan su línea de crédito. Se trata de imponer nuevos ajustes estructurales, minimizar aún más el papel del Estado como ente regulador en la economía nacional, y explorar nuevas privatizaciones. Asimismo, el gobierno empresarial planea vender un bono soberano (papeles que representan dinero con respaldo estatal) al mercado internacional. Naturalmente, el conjunto de estas políticas continúa atentando contra la soberanía nacional, las platas recaudadas vía impuestos de todos los chilenos, y contra los intereses fundamentales de los trabajadores y el pueblo.
5. En materia de privatizaciones, por ahora Piñera pretende vender el 40 % de la participación de Codelco en la Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (Edelnor). Se calcula que podría enajenarse en US$ 875 millones. De materializarse esta medida, se abre definitivamente la estrategia antisocial de privatización paulatina del 28 % de la propiedad del cobre que todavía es del Estado chileno.
Como si fuera poco, la reconstrucción de hospitales, cárceles, carreteras e infraestructura devastados por el terremoto-maremoto, se licitará a la empresa privada bajo la modalidad de concesiones. Ello corresponde a una forma encubierta de privatizaciones del área pública inaugurada en las administraciones de la Concertación. Asimismo, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, estudia la posibilidad de vender edificaciones del Estado (locales comerciales, oficinas y bodegas) construidas con los tributos y el trabajo de millones de personas comunes.
6. Mientras tanto, entre múltiples incidentes asociados a despidos, la Federación de Trabajadores de Call Centres calcula que a mediados de junio se destruirán “15 mil puestos de trabajo, debido a términos de contratos y nuevas licitaciones que se adjudicarían a operadores de estos servicios en Perú y Colombia.” Esto se llama deslocalización. Y se debe a que el capital, los empresarios, sobre todo en los países empobrecidos como Chile no tienen patria sino sólo intereses. Por otra parte, las políticas proteccionistas de la economía norteamericana, a través de su Secretaría de Agricultura, rechazó la solicitud de los exportadores chilenos de uva de ampliar la fecha de despacho de la fruta a ese país. En concreto, esto significa que aproximadamente 2 mil productores de uva se verán perjudicados. Según la nacional Federación de Fruta, se perderán US$ 20 millones. Es decir, mientras Chile es uno de los países del planeta con menos vallas para la importación extranjera y es titán del aperturismo inversionista y comercial, el coloso del norte protege con dientes y uñas a sus productores internos. ¿Será Chile aun más capitalista que EE.UU.?
7. Ante las políticas piñeristas, franjas organizadas de trabajadores y ciudadanía, para enfrentar tanto la crisis económica en curso, como los efectos del terremoto, plantean un rol productivo del Estado, y la franca desprivatización del cobre. La fijación de precios a los productos de primera necesidad; la defensa del empleo y el sueldo; el término de la subcontratación y el trabajo precario; la renacionalización de los servicios sociales; el término del despojo de los recursos naturales; y una banca al servicio del desarrollo del país, entre otras propuestas.
8. Políticamente, el lunes 12 de abril se realizó el Cónclave Concertacionista con el objetivo de reanimar la derrotada componenda que administró Chile durante 20 años, bajo las mismas coordenadas económicas impuestas por la dictadura militar. En la reunión donde los discursos centrales fueron ofrecidos por los ex presidentes de la Concertación, se efectuó una autocrítica por los resultados de las últimas elecciones y se hicieron obvios cuestionamientos al gobierno de la derecha tradicional. El democratacristiano, Patricio Aylwin –primer gobernante civil post dictadura y duro político golpista durante la Unidad Popular- señaló que se perdió el Ejecutivo porque “los jóvenes se desencantaron y decidieron quedarse fuera del sistema.” Lo que olvidó decir Aylwin fue que la propia Concertación -premeditadamente y de acuerdo a un pacto de gobernabilidad con el imperialismo norteamericano y la derecha tradicional (militar y civil) para beneficio del capital y su hegemonía- incentivó la despolitización de la sociedad chilena; destruyó el pluralismo informativo, descalcificó las organizaciones sociales y políticas que sostuvieron la resistencia y protestas durante el pinochetismo, y transformó a amplios sectores de los trabajadores y el pueblo en meros clientes y deudores.
Es archisabido que lo jóvenes no votan en Chile. Eso no significa que no participen en múltiples expresiones sociales, culturales y políticas independientes de la partidocracia reinante. Frente al nepotismo de la clase gobernante (en ambas coaliciones y entre ellas mismas), los ataques demoledores a los derechos sociales (privatización de la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación), el mal trabajo, la reducción de la democracia al rito formal de las elecciones donde los apellidos y los intereses que existen tras esos apellidos se repiten invariablemente; la falta de oportunidades y la desigualdad más brutal, es absolutamente natural que los jóvenes y los no tanto, desconfíen de los que mandan, o de los representantes políticos de los que mandan en Chile.
De todos modos, abajo, en el país profundo y cotidiano, entre las grandes mayorías que padecen sordamente el capitalismo, existe un conjunto de iniciativas políticas y sociales de nuevo cuño. Se trata de trabajadores, jóvenes, mujeres, pueblo que a tientas apura su reunión para ser mañana alternativa solidaria y proyecto de un país justo y gobernado por los más. A mano y sin permiso se tejen las primeras palabras de otro Chile que no termina de aparecer.
Fuente:Argenpress
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