El máximo organismo de la UNCuyo, su Consejo Superior, decidió de manera unánime suspender preventivamente al cuestionado juez federal Luis Miret, quien se desempañaba en esa Alta Casa como profesor de Filosofía del Derecho y daba a sus alumnos contenidos sobre ética y derechos humanos, mientras sobre él pesan acusaciones y testimonios de complicidad sobre casos de desaparición de personas, torturas y violaciones.
En su momento, el Gobierno de Mendoza formalizó contra Miret (y también contra otro juez federal, Otilio Roque Romano) un pedido de remoción de sus cargos y un pedido de investigación por los delitos de lesa humanidad de los que se los acusa.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Mario Adaro, no dudó en mostrar su satisfacción por la medida tomada.
“Tenemos que reafirmar lo que significa justicia y también verdad, en el marco de los derechos humanos. En especial, hay que poner atención en este caso, porque Miret es una persona que brinda contenidos y forma alumnos en una facultad pública de derecho”, inicia el ministro.
“El formó generaciones y, más allá de las transmisiones de conocimientos, no hay olvidar nunca los valores éticos que se manejan en una facultad pública. Es muy importante que decisiones como éstas no sean tomadas por algunos como ‘persecución ideológica’. Acá estamos hablando de justicia y de verdad. Por esto, es tan alentadora la decisión tomada por la UNCuyo”, considera. Adaro, quien fue alumno de la UNCuyo, subraya también el hecho de que esta prestigiosa institución viene formando a sus alumnos en el respeto de los derechos humanos: “Son un montón de razones por las que Miret no debiera haber continuado en la institución. Por suerte, la democracia está para poner las cosas en su lugar. Nosotros como políticos tenemos que dar explicaciones y ellos, como jueces, también tienen que darlas y más si se habla de quitar la vida, la libertad y los derechos fundamentales de las personas”.
FuentedeOrigen:www.mdzol.com/
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LA UNIVERSIDAD DE CUYO SUSPENDIO COMO DOCENTE AL JUEZ FEDERAL
Miret ya no puede ser profesor
El juez acusado de participar en delitos de lesa humanidad fue separado por unanimidad del cuerpo docente de la UNCU. Jueces subrogantes de la Cámara Federal mendocina aceptaron la recusación de tres magistrados por “sospechas de parcialidad” en causas a represores.
Luis Francisco Miret es el presidente de la Cámara Federal de Mendoza.
La corporación judicial de Mendoza recibió ayer dos duros reveses. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) resolvió por unanimidad suspender como docente al titular de la Cámara Federal, Luis Francisco Miret, denunciado penalmente por su participación primaria en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y con un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Jueces subrogantes de la misma Cámara, en tanto, aceptaron la recusación de dos de sus titulares y de un subrogante por “sospechas de parcialidad” en la tramitación de causas a represores.
Miret y su colega Otilio Roque Romano fueron denunciados por organismos de derechos humanos y por sobrevivientes del mayor centro clandestino de Mendoza por no investigar secuestros, torturas y violaciones cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la dictadura, cuando eran juez y fiscal federal, respectivamente. Tal como informó Página/12, también se los acusa de dar por válidas declaraciones de los detenidos contra sí mismos obtenidas bajo tortura, de omitir en forma sistemática salvaguardar su integridad y de obstaculizar en forma deliberada investigaciones de otros magistrados. Miret era amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de Cuyo, indultado por Carlos Menem.
El pedido de suspensión de Miret como docente de la Facultad de Derecho, donde daba clases de ética y derechos humanos en la materia Filosofía del Derecho, fue formulado el mes pasado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Etica, y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza, con el respaldo del gobierno provincial y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El miércoles pasado la Comisión de Interpretación y Reglamentos de la UNCU propuso por unanimidad la suspensión de Miret, quien juró como juez en 1976 frente a toda la plana mayor del gobierno de facto de la provincia.
El rector de la universidad, Arturo Somoza, convocó ayer al Consejo Superior, que integran decanos y representantes de docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Tras los debates, según informó la UNCU, el organismo avaló “por unanimidad, con 34 votos afirmativos, el dictamen que sugirió al rector suspender preventivamente el contrato que designa al doctor Luis Miret como docente de la Facultad de Derecho”. El profesor “será apartado preventivamente de su cargo a partir del 1º de mayo, hasta que el Consejo de la Magistratura determine sobre su culpabilidad o inocencia de los cargos que se le imputan”. Miret es el magistrado que, como presidente de la Cámara Federal, avaló la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal de suspender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, solicitada por el diputado nacional Enrique Thomas, del PJ disidente.
La decisión de apartar a los jueces sospechados de parcialidad la tomaron Roberto Naciff (del Tribunal Oral Federal local), Hugo Echegaray y Raúl Fourcade, ambos del TOF de San Juan, e incluye a Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y al subrogante Enrique Sosa Arditi. Los dos primeros están denunciados desde fines de 2008 ante el Consejo de la Magistratura por excarcelar sistemáticamente a represores cuyanos. El tribunal destacó que ambos debieron inhibirse de actuar luego de conocer la denuncia de los organismos ante el Consejo. En el caso de Petra Fernández también tuvieron en cuenta expresiones en conferencias de prensa en las que criticó “al poder político” y a organismos que son parte en causas contra represores. También que denunció al fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de la Procuración General de la Nación que coordina el trabajo de los fiscales en causas de lesa humanidad, luego de que señalara las dilaciones del Poder Judicial mendocino. En el caso de López Cuitiño, los jueces invocaron que en el pasado el propio juez se había inhibido de actuar en causas de lesa humanidad por “un estado de violencia moral” cuyos motivos no explicitó. Sosa Arditi, en tanto, es el padre del abogado que defiende al ex comisario Carlos Rico Tejeiro, imputado por su pasado en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial.
FuentedeOrigen:Pagina12
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Separan a jueces federales de Mendoza de una causa por delitos de lesa humanidad
Se trata de dos camaristas y un conjuez. La Cámara Federal de esa ciudad hizo lugar a un pedido de recusación, en el marco de un caso que tiene como imputado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez.
La Cámara Federal de Mendoza aceptó el pedido de recusación realizado por la querella con respecto a dos jueces de esa misma cámara y un conjuez, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que tiene como uno de los imputados a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
La querella había solicitado la recusación de los camaristas Julio Demetrio Petra Fernández y Alfredo Juan López Cuitiño, al argumentar “sospecha de parcialidad” por algunas declaraciones previas realizadas por los jueces ante medios de comunicación, referidas a los procesos por delitos de lesa humanidad. Además, también pidieron el apartamiento del conjuez Enrique Alfredo Sosa Arditi.
Los dos jueces recusados y el conjuez rechazaron el pedido de apartamiento y, en consecuencia, resolvió la propia Cámara Federal pero integrada para este caso por Roberto Julio Naciff, juez del TOF de Mendoza; Hugo Carlos Echegaray, juez del TOF de San Juan, y Raúl Alberto Fourcade, juez del TOF de San Juan.
En su decisión, los magistrados hicieron lugar a los pedidos de recusación citando el fallo “Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se refiere a la “sospecha de parcialidad”.
Con relación al juez Petra Fernández, los camaristas subrogantes entendieron que se cumple con "la causal prevista en el art. 55 inc. 10 del C.P.P.N. en tanto el recusado llevó a cabo una manifestación extrajudicial de su opinión sobre el proceso que tuvo y tiene a su conocimiento a la opinión pública, y por ende a los interesados. Este comportamiento constituye una pérdida de su imparcialidad desde una visión subjetiva, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Llerena’”.
Además, los camaristas destacaron que los magistrados Petra Fernández y López Cuitiño habían sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura por los abogados de la querella, antes del inicio de estas actuaciones, por lo que debieron haberse inhibido de actuar.
Con relación a la recusación formulada contra López Cuitiño, los jueces confirmaron la decisión del mismo magistrado de inhibirse en las causas de delitos de lesa humanidad por “violencia moral”.
Con respecto al conjuez Sosa Arditi, los magistrados acreditaron que –como había advertido la querella- el hijo del recusado es abogado defensor de un imputado por delitos de lesa humanidad en una causa conexa, por lo que el propio Sosa Arditi podría tener algún interés en la resolución de este expediente.
“Esta vinculación es por demás suficiente para justificar el temor de parcialidad de cualquier persona que como los querellantes pretenden ser oídos por un Tribunal imparcial”, explicaron.
Con esos argumentos, la Cámara separó a los dos jueces y al conjuez del entendimiento de esta causa y le ordenó a la Cámara de Casación Penal que integre la Cámara con otros jueces para entender en esta causa.
FuentedeOrigen:http://www.cij.gov.ar/
HOY EN LA PLAZA
Las Madres y un juicio etico a periodistas cómplices durante un acto a partir de las 17 horas.
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