MISIONES.

Un cuñado sospechado de represor
FOTO: SUR
En Posadas, Misiones, todos “saben” que el fiscal Juan Carlos Tesoriero fue represor durante la última dictadura militar, pero nadie se atrevió a denunciarlo.
Por Liliana Díaz

Periodista. Desde Misiones.

En Posadas, Misiones, todos “saben” que el fiscal Juan Carlos Tesoriero fue represor durante la última dictadura militar, pero nadie se atrevió a denunciarlo. Tesoriero es el marido de Ana María Souto, hermana de Carlos Souto, y padre de Juan Andrés, empleado de su tío en la agencia La Ese.

Según Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Familiares, “Tesoriero nunca dio curso a los numerosos hábeas corpus que presentábamos. Nos recibía apenas en los pasillos de la fiscalía y ninguno corrió nunca”.

A pesar de esa convicción acerca del pasado del fiscal federal de Misiones, nunca hubo ninguna denuncia concreta sobre las numerosas versiones acerca de su participación incluso en sesiones de torturas. Se dice también que se apropió de terrenos de personas que fueron sometidas a torturas, pero, llamativamente, nadie puede localizar hoy al único testigo que podía dar cuenta de ello.

Graciela Franzen, ex presa política y una de las promotoras de los Jucios por la Verdad, no tiene dudas acerca de la complicidad del fiscal. En el año 2001, en los días previos al inicio de los juicios, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones colaboraba en la investigación de los delitos de lesa humanidad, y se comenzó a vislumbrar por entonces la participación del fiscal en la dictadura.

En ese entonces Juan Carlos Tesoriero envió una carta desde la propia fiscalía al decano de la Facultad de Humanidades y al rector de la Universidad requiriéndoles los nombres de los estudiantes que participaron en la investigación, bajo la acusación de “apropiación de identidad”, ya que el trabajo no era avalado por la institución.

Las autoridades felizmente respondieron que los estudiantes gozaban de “libertad de expresión”, pero se corroboró de esa manera lo que para Graciela Franzen es la actuación del fiscal “al mejor estilo de la represión”. En 2001 Franzen ratificó que el fiscal federal Tesoriero “no aceptaba las denuncias de apremios ilegales, decía que habría que torturarlos un poco más y que lo que les hicieron fue poco”.

Esto da una pista clara de por qué nadie se atrevió –ni se atreve– a presentar una denuncia contra el fiscal. Como una triste paradoja, una de las hijas de Franzen fue compañera de colegio de una hija del fiscal. Un día, para su cumpleaños, nadie quiso participar de la celebración, ya que todos estaban al tanto de su pasado vinculado a la represión. Las únicas compañeras de colegio que estuvieron al lado de la hija del fiscal fueron hijas de tres ex presas políticas. Sentían que debían ser solidarias.

El fantasma del Batallón 601 flota bajo el techo del Palacio de Justicia

Al fiscal Justo Rovira le cayó el pasado sobre la cabeza. Él insiste con ser víctima del robo de su identidad.
La historia secreta de dos fiscales porteños en las entrañas de la inteligencia militar.
Por Ricardo Ragendorfer

Se trata de dos historias de vida signadas por ciertas coincidencias de tipo laboral: en la actualidad, sus protagonistas son fiscales de la Justicia ordinaria y, hace casi tres décadas, en plena dictadura militar, ambos fueron reclutados por el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), también conocido como Batallón 601 de Inteligencia. Ello se desprende de una investigación efectuada por Miradas al Sur y la Unidad Especial de Investigación del Terrorismo de Estado, que funciona en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria, a raíz de la inclusión de sus nombres en la lista desclasificada de todos los agentes que integraron dicho organismo entre 1976 y 1983. Claro que detrás del frío peso de esos datos subyacen dos tramas tal vez diferenciadas por sus niveles de participación y responsabilidad en la represión ilegal: uno de sus actores, durante tres años y diez meses, fue parte de las patotas operativas del Ejército; el otro –según aquel documento, publicado en febrero por la revista Veintitrés– figura como analista, y por un lapso muy breve. Sin embargo, algunos detalles de su legajo –en especial, la figura de su reclutador– lo vinculan de manera indirecta con una ominosa intriga ocurrida en la Universidad del Salvador. Lo cierto es que, por distintas razones, el paso de tales fiscales por el Batallón 601 es un asunto que merece ser investigado por la Justicia. Al respecto, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, acaba de hacer la correspondiente denuncia –con copia para el procurador general de la Nación, Esteban Righi– ante el juez federal Ariel Lijo, quien instruye la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.
El hombre del diccionario. El titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7, Justo Joaquín Rovira, no tardó en atender la llamada de Miradas al Sur. Desde el otro lado de la línea, su dicción sonaba lenta y meliflua:

–¿Usted llama por el caso de Rodrigo Ezcurra?

Se refería al pibe de Palermo Hollywood que durante la madrugada del 12 de abril había sido asesinado en una villa del Bajo Flores. La causa está justamente en sus manos.

–No, doctor. Resulta que un nombre idéntico al suyo figura en el listado de represores del Batallón 601.

–No sé de qué me está hablando.

–De que su nombre está en ese listado.

–Es un disparate. Es como si me dijera que fui campeón de bochas, cuando yo jamás practiqué ese deporte.

–¿Su fecha de nacimiento es el 14 de febrero de 1951?

La respuesta fue afirmativa.

–¿El número de su cédula de identidad es 6.733.659?

La respuesta fue nuevamente afirmativa.

–Esos son datos que obran en el legajo del Rovira en cuestión.

La respuesta esta vez fue un silencio que pareció eterno. Quizás en ese instante, su memoria haya retrocedido hasta el otoño de 1980.

Por aquellos días, mientras los argentinos compraban con entusiasmo jabones chinos, bombachas dinamarquesas y sacacorchos de de Hong Kong, tomaba estado público el lapidario informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre los desaparecidos.

En tanto, el general Jorge Rafael Videla acometía la última etapa de su presidencia. Y el general Roberto Viola se preparaba para sucederlo.

En ello, contaría con el invalorable asesoramiento de un joven abogado llamado Rosendo Fraga. Rovira, de 29 años, quien por entonces era estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, trabajaba precisamente en el estudio del doctor Fraga.

Tal vez allí haya nacido la posibilidad de su ingreso a la SIE.

De hecho –según una fuente que tuvo acceso al legajo militar de Rovira–, su presentación en dicho organismo está suscripta por el coronel retirado Raúl Aguirre Molina, quien en aquella solicitud consignó que “está vinculado con el causante a través del doctor Rosendo Fraga”.

–¿Usted conocía al coronel Aguirre Molina? –preguntó Miradas al Sur a Rovira–.

–Por supuesto. Tenía una relación con mi familia.

–Porque Aguirre Molina es su aval de ingreso en el Batallón 601.

–¡Falso! Él jamás me hubiera hecho esa trastada –fue su insólita respuesta–.

–¿Y lo conoce a Rosendo Fraga?

–Claro. Es un gran amigo.

Fraga, devenido ahora en exitoso politólogo, no opina exactamente eso. “No soy amigo de él; sólo lo conocí en mi juventud. Pero hace más de 25 años que no lo veo”, sostuvo, al ser consultado por Miradas al Sur.

–Usted está mencionado en su legajo.

–Puede ser que alguien me haya nombrado. Pero yo no firmé nada.

El otro aval de Rovira en su ingreso al Batallón 601 es el entonces teniente primero Ignacio Osacar. Hace una década llegaría a coronel.

Por entonces, el Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó su ascenso a general por haber hecho un curso de contrainsurgencia en la tenebrosa Escuela de las Américas. Y con posterioridad –debido al mismo listado que compromete al fiscal– se supo que Osacar también integró un grupo de tareas de la SIE.

En la actualidad, reciclado como “especialista en temas de Defensa”, funge como investigador del Centro de Estudios Nueva Mayoría, cuyo titular es nada menos que Fraga. Vueltas de la vida. Lo cierto es que el perfil de Rovira satisfizo a sus futuros empleadores. Sus antecedentes eran intachables.

En un cuestionario que contestó con su puño y letra supo definirse como “católico apostólico romano”, afirmaba tener ideología “democrática” y, en la pregunta referida a los idiomas que dominaba, contestó: “Inglés, con diccionario”.

El 30 de abril de ese año fue convocado a la sede del Batallón 601, ubicada en el emblemático edificio de Viamonte y Callao. Esa mañana se le informó que había salido su “nombramiento condicional”, con categoría C-C3-IN 14, que en buen romance significaba “agente secreto”. Tuvo el legajo R 1208.

De allí en más, su nombre de cobertura sería Juan José Revello. Minutos después emergió por vez primera de un diminuto ascensor para sumergirse en un pasillo tan laberíntico como mal iluminado, cuyo único vestigio de vida era una solitaria cartelera con fichas y fotografías de prontuario.

También había dos hileras de oficinas estancas por cuyas paredes no se filtraba ruido alguno. Allí funcionaba la Central de Reunión. Esa unidad era nada menos que el corazón del Batallón 601. Había sido creada en 1970, a meses del Cordobazo, y en coincidencia con la aparición de las primeras organizaciones armadas.

Desde entonces, jamás dejó de operar. Por esos días, circulaba hacia sus aurículas un flujo incesante de informes, datos y delaciones. Y sus agentes encarnaban nada menos que la elite de la inteligencia militar. Ahora él era uno de ellos.

En esa época, las tareas internas del Batallón 601 estaban centradas en la sangrienta represión a la llamada Contraofensiva de la organización Montoneros.

En cuestión de meses, casi todos los militantes que volvieron del exilio para articular la última aventura bélica de Mario Firmenich fueron secuestrados y asesinados sin miramientos por los grupos operativos del Ejército.

Una fuente asegura que el tal Revello no fue ajeno a estos menesteres. Al año, su nombramiento fue confirmado, tal como lo certifica un documento firmado por el jefe máximo del SIE, coronel Mario Oscar Davico.

En los papeles del Batallón, desde luego, no hay registros más específicos acerca de las acciones en las que participó el actual fiscal. Ni –por ahora– hay testimonios de sobrevivientes que lo vinculen con hechos concretos. Sin embargo, el hecho de haber integrado la llamada Compañía de Ejecución A, de la Central de Reunión, indica que sus funciones sólo pueden haber oscilado entre infiltraciones, secuestros e interrogatorios.

Al respecto, en las periódicas evaluaciones del personal por parte de sus jefes, resaltan sus excelentes notas (promedio 9,66 sobre 10) en el rubro “desempeño en tareas especiales”.

Y el concepto que tenían de él no era menor. “Manifiesta voluntad para asimilar las enseñanzas que la actividad informativa requiere. Ha logrado integrarse fácilmente en el equipo de trabajo. Es práctico y expeditivo en el análisis de la tarea a cumplir.

Merece la confianza del jefe de la unidad”, se dice de él en una cuartilla firmada por el mismísimo mandamás de la Central de Reunión, teniente coronel Edgar Gustavo Gomar. El 12 de abril de 1984 –ya durante el gobierno de Alfonsín–, el destinatario de semejantes loas presentó su renuncia a la SIE.

La razón: “Ejercer como abogado”, según consta en la foja 33 de su legajo. Luego de haber tardado más de una década en cursar su carrera universitaria, él abdicaba a ser Revello para retornar a la piel de Rovira. Ahora, en los pasillos de Tribunales pocos son los que se sorprenden del pasado represivo de aquel hombre con fama de “haragán, pegajoso y no muy cultivado”, tal como lo definió un colega del mismo fuero.

En su diálogo con Miradas al Sur, sólo atinó en quebrar su silencio para musitar:

–La persona de la cual usted habla debe ser un homónimo.

–¿Un homónimo con sus mismos datos filiatorios?

–Mire, en tal caso, me robaron la identidad. Conozco infinidad de casos de robo de identidad. Se ve que fui víctima de ese delito.

–Además de la identidad, parece que también le robaron la biografía...

–Bueno, puede ser que hayan conseguido un currículum mío. No quiero hablar más de esto. ¿Sabe? no suelo dar entrevistas.

Dicho esto, se oyó el clik que dio por concluida la llamada.
El estudiante. Durante el 30 de noviembre de 1980 en el cual Rovira fue admitido en el SIE, un flamante abogado de 25 años corría una suerte semejante. Su nombre: Guillermo Felipe de la Fuente, quien también figura en la lista de represores exhumada por el Archivo Nacional de la Memoria.Ahora, a seis lustros de ello, aquel hombre sólo ensayó la siguiente justificación: “Nunca, jamás en la vida, trabajé en el Batallón 601. Admito que existió esa posibilidad, pero cuando llegó el momento dije que no”.

–En su legajo consta que usted hizo los trámites de ingreso y que fue admitido.

Por respuesta, aquel hombre se encogió de hombros.La escena transcurría en la Fiscalía Nº 18 de un Tribunal Oral. Y él era su titular. Entonces contó que en aquella época, tras graduarse en la Universidad del Salvador, un compañero de estudios llamado Luis María Ríos le propuso ingresar como abogado a la SIE. Y él, en principio, aceptó. Pero insistía en jurar que dio un paso al costado antes de empezar a trabajar allí.

Sus dichos tal vez tengan asidero, dado que de su legajo se desprende que, a pesar de tener categoría A-A-IN10 (analista), De la Fuente ni siquiera llegó a tener nombre de cobertura ni evaluación alguna. Y que renunció al puesto el 30 de junio de ese año; es decir, a los dos meses de su ingreso. Lo significativo es que su aval haya sido un suboficial mayor –e integrante de la Central de Reunión– llamado Luis María Ríos.

Éste, según el fiscal, era un estudiante de derecho cuya condición castrense le fue revelada una vez recibidos ambos.

Otros testimonios de ex alumnos de aquella facultad coinciden en describir a Ríos como un sujeto de más edad que sus condiscípulos –unos 35 años–, medio pelado y con un inconfundible acento correntino. Todo indicaría que en realidad se trataba de un infiltrado del SIE en la facultad de Derecho de aquella casa de estudios.

Lo cierto es que, a diferencia de la Universidad Católica, la Del Salvador era una suerte de refugio para estudiantes que, por motivos políticos, no tenían cabida en la UBA. Y en la cual, pese a los niveles represivos de la dictadura, había aún cierto activismo en sus aulas, al punto de que los radicales y el peronismo revolucionario seguían disputándose el control del centro de estudiantes. Sin embargo, el terrorismo de Estado no se privaría de dar allí una serie de golpes planificados a la perfección. Como si sus hacedores contaran con valiosa información obtenidas por fuera de los gabinetes de tortura. Tanto es así que unos 30 alumnos y profesores caerían en el agujero negro del exterminio. En la facultad de Derecho integran esa nómina el docente Daniel Antokolets, además de los estudiantes Ricardo Emilio Riobo y José Luis Casariego.

Algunos fuentes de esta nota que a fines de los setenta eran alumnos de aquella facultad ahora reparan en la figura silenciosa, casi taciturna de ese estudiante tardío y calvo, que no ocultaba su interés hacia las asambleas y las tertulias políticas.

–A Ríos jamás lo volví a ver –dice ahora el fiscal Pérez de la Fuente–.

–Usted cree que haya sido un infiltrado?

Tras un instante, balbuceó: –Puede ser. Y otra vez se encogió de hombros.

FuentedeOrigen:MiradasalSur

Fuente:Rdendh

Espía en la dictadura, funcionario en democracia

El Archivo Nacional de la Memoria confirmó que el actual subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de Misiones, Julio César Marturet, fue personal civil de Inteligencia en la última dictadura militar.
Su cargo fue el de Agente de Reunión, cuya función consistía en infiltrarse en distintos grupos para luego delatar nombres a los jefes de área del terrorismo de Estado. Pedirán su inmediata destitución.
Julio César Marturet, actual subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de la Provincia de Misiones, ofició como personal civil de Inteligencia al servicio de los militares de la última dictadura militar. Superficie confirmó el pasado de Marturet acudiendo directamente al Archivo Nacional de la Memoria, donde el nombre y el número de documento del funcionario provincial figuran en la Foja 53 de la Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976- 1983. En el Archivo Nacional de la Memoria, existe todo un expediente al respecto de las actuaciones de Marturet – y otros 4866 espías de la dictadura – bajo custodia del Ministerio de Defensa de la Nación.

Ya el mes pasado, la revista Veintitrés había dado a conocer un listado con nombres de integrantes del Personal de Inteligencia que desempeñaron tareas al servicio del cruento Batallón 601, responsable de la desaparición, tortura y muerte de miles de ciudadanos. Pero en esa ocasión sólo se publicaron los nombres de los involucrados, por lo que resultó necesario efectuar un pedido formal de información al Archivo Nacional de la Memoria basado en el número de documento y otros datos del funcionario provincial. La respuesta entregada a Superficie no dejó margen para dudas, e incluso cualquier persona puede acceder a la nómina a través de la página oficial http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html, dónde se pone a disposición (para descargar) el listado completo del personal de Inteligencia de la última dictadura. En esta lista, Julio César Marturet lleva el número de orden 2832 de la foja 53, dónde figura además de su nombre el mismo documento de identidad que consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones: 7.863.331.

En ese listado, Marturet figura como integrante del Destacamento de Inteligencia 124 de Posadas, un núcleo con radios de influencia en Formosa y Chaco, ésta última, provincia de residencia de Marturet previo a su arribo a Misiones.

Según los datos aportados a Superficie por el Archivo Nacional de la Memoria (organismo desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), el cargo que ejerció Marturet en su paso por los cuerpos de Inteligencia de la dictadura fue el de Agente de Reunión. Con esta nomenclatura, las fuerzas armadas de la represión denominaban a los espías o “entregadores” que se infiltraban en ámbitos intelectuales, sindicales, laborales, culturales y estudiantiles para recoger información que luego era suministrada a los jefes de cada área, quienes a partir de a estos datos ordenaban operaciones de secuestro de personas. Las tareas de estos agentes de reunión resultaron fundamentales para el exterminio de miles de personas en manos de las fuerzas militares entre el 76 y el 83.

Yo no fui

Superficie contactó telefónicamente a Julio César Marturet para consultarlo acerca de su pasado como agente de reunión del personal civil de inteligencia en la dictadura. “Es una situación que me preocupa mucho porque no se trata de mi persona, debe haber algún error. Yo llegué a Posadas en el 82 y siempre trabajé con cooperativas. Ya varios amigos me llamaron para avisarme de esa lista. No sé porque figura mi nombre en esa lista” contestó el funcionario, quien además agregó “tengo un hermano y un primo en el Ejército”.

Cuando se le preguntó porqué no sale a aclarar públicamente lo que él considera un “error”, Marturet dijo que “no lo voy a hacer porque soy un hombre de perfil bajo”.

Incertidumbre en el gobierno

Tras confirmar que Marturet efectivamente fue espía del Destacamento de Inteligencia 124 de Posadas, Superficie se comunicó de inmediato con personas ligadas al gobierno provincial, quienes se mostraron sorprendidos y solicitaron tiempo para evaluar la información y las eventuales medidas a tomar. La ministra de Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración – jefa directa de Marturet -, doctora Fabiola Bianco, le dijo a Superficie que “conocía versiones porque alguien hizo llegar el listado de la revista Ventitrés a la Secretaría, pero yo estoy hace poco tiempo al frente del organismo. No es a mi a quien me corresponde dar testimonio o tomar una decisión”.

También se dio aviso a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada nacional e hija de desaparecidos, Victoria Donda Pérez, quien se comprometió a investigar y elevar un proyecto de comunicación al respecto. “Al no existir una figura legal que contemple penas para este tipo de colaboradores de la dictadura, lo que se puede hacer es informar a la sociedad por todos los medios posibles sobre estos casos que van apareciendo, y generar la mayor presión posible para que las personas que colaboraron con la dictadura desde los servicios de inteligencia no sigan ocupando cargos en la función pública por lo menos” explicó a Superficie el asesor de Victoria Donda Pérez, Agustín Centragolo.

En tanto, diversos organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura aseguraron que una vez publicada la noticia exigirán al gobierno provincial la urgente destitución del cargo del funcionario y explicaciones al respecto del conocimiento o no del gobierno para con el pasado de Marturet, quien ocupa el rol de subsecretario de Acción Cooperativa de la Provincia desde la creación del ente, y que fuera ratificado en su cargo en 2008 a partir del decreto 32 firmado por el entonces titular de esa cartera y actual ministro de Educación Luis Jacobo y por el propio gobernador Maurice Closs.

Quine tampoco se expidió al respecto de Marturet fue el jefe de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ricardo “Pelito” Escobar, quien será uno de los responsable de tomar las medidas correspondientes al caso, y quien fuera preso político durante la última dictadura militar en la que Marturet fue espía del terrorismo de Estado.

Hombre renovador

Julio César Marturet es un hombre plenamente identificado con el Frente Renovador de la Concordia, que en Misiones conduce el ex gobernador y actual presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. De hecho, en el Informe Final de Campaña Electoral 2009 consta que el ya por entonces funcionario donó 1016, 83 pesos en efectivo al Frente Renovador para apoyar las candidaturas de Alex Ziegler, Silvia Risko y Sergio Libutti.
FuentedeOrigen:RevistaSuperficie

Fuente:AeppCdba.