LA CORTE ANULO EL INDULTO QUE BENEFICIABA AL MINISTRO DE ECONOMIA DE LA ULTIMA DICTADURA, JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Todo listo para que Joe vaya a prisión
Los jueces señalaron que como el delito por el que está acusado es de lesa humanidad, no prescribe. Fue el ideólogo del plan económico que necesitó del terrorismo de Estado para aplicarse.
Por Irina Hauser
La Corte Suprema anuló el indulto que le garantizó impunidad a José Alfredo Martínez de Hoz durante las últimas dos décadas. Ahora deberá ser juzgado por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado y podría terminar preso. La decisión del alto tribunal obliga a la Justicia a reanudar la investigación contra el ex ministro de Economía de la dictadura, quien encarnó la cara civil del golpe militar, por el secuestro extorsivo del empresario algodonero Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976, que por tratarse de un delito de lesa humanidad –recordaron los jueces supremos– no prescribe. El fallo firmado ayer también invalidó el perdón presidencial que Carlos Menem concedió al dictador Jorge Rafael Videla y al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos detenidos.
La Corte comenzó en julio de 2007 a derribar la barrera de los indultos concedidos en democracia que todavía impedían juzgar a los represores. Fue en el caso del ex general Santiago Omar Riveros, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión la semana pasada por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Para el alto tribunal “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”, cuyos tratados obligan a los Estados que los adoptan a “esclarecerlos e identificar a sus culpables”. La resolución de ayer dice que se deben aplicar exactamente esos mismos conceptos a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy.
Los tres habían comenzado a ser juzgados y estuvieron detenidos en 1988 por el secuestro de los Gutheim, detenidos ilegalmente para ser forzados a renegociar un contrato de exportación, frustrado, con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong, del que la dictadura quería beneficiarse (ver página 2). Pero el indulto de Menem dejó el proceso judicial trunco. Para la Corte, los indultos dieron lugar a la “impunidad”, un concepto que definió como “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Es “la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”, describió el tribunal, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones internacionales.
La causa sobre los Gutheim se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide aceptó un reclamo de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de los indultos en danza. Luego lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Los acusados llegaron a la Corte con un recurso extraordinario, que ayer la mayoría rechazó. En cambio, respaldó la decisión de retrotraer todo al momento previo a los indultos y anular los sobreseimientos.
Federico Gutheim tenía una empresa textil, Sadeco. Para darle aspecto de legalidad a su detención y la de su hijo, Videla y Harguindeguy la ordenaron por decreto. Martínez de Hoz está señalado como quien dio la orden de mantenerlos cautivos durante cinco meses y dos días. La Secretaría de Derechos Humanos pedirá ahora la detención del creador de la plata dulce. En tribunales, todo el mundo da casi como un hecho que Oyarbide daría ese paso en cuanto vuelva la causa a su despacho. “Martínez de Hoz fue el verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo, costó mucho llegar a la nulidad de su indulto”, le dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Página/12. “Se trata de una figura emblemática como autor del proyecto económico que tenía por finalidad la dictadura: la aplicación de la política económica del ajuste, para lo cual se valía de la rebaja escandalosa del ingreso, el desmantelamiento del Estado, la concentración monopólica del capital financiero y necesitaba del disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones”, agregó el funcionario.
Videla está preso por varias causas, entre ellas porque está cumpliendo la condena del juicio a las juntas. Harguindeguy fue detenido hace dos años –por orden de la jueza María Servini de Cubría, en días que subrogaba a Oyarbide–, cuando un guardavidas lo vio tomando sol en Pinamar. Pero ahora está siendo sometido a pericias médicas para determinar si está en condiciones de ser juzgado.
Martínez de Hoz, además de ser candidato al arresto, deberá recibir sentencia. La caída del indulto que lo amparó podría favorecer el avance de otras causas en su contra: en una, a cargo de Ariel Lijo, está acusado como jefe civil del golpe de 1976; en otra, que también instruye Oyarbide, se lo vincula con el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía. Casariego fue secuestrado tras negarse a firmar un dictamen para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
La resolución suprema que ayer anuló indultos fue firmada –igual que el fallo de 2007 sobre Riveros– por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay no se pronunciaron. Los dos primeros convalidaron los indultos en los noventa. Argibay acuerda con la inconstitucionalidad, pero habría objetado el modo en que fue planteada.
El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, dijo que “la importancia de este fallo radica en que por primera vez se podrá juzgar al ministro de Economía de la dictadura por crímenes de la represión ilegal y esto permitirá dejar en claro los verdaderos motivos de la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención”.
Todo listo para que Joe vaya a prisión
Los jueces señalaron que como el delito por el que está acusado es de lesa humanidad, no prescribe. Fue el ideólogo del plan económico que necesitó del terrorismo de Estado para aplicarse.
Por Irina HauserLa Corte Suprema anuló el indulto que le garantizó impunidad a José Alfredo Martínez de Hoz durante las últimas dos décadas. Ahora deberá ser juzgado por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado y podría terminar preso. La decisión del alto tribunal obliga a la Justicia a reanudar la investigación contra el ex ministro de Economía de la dictadura, quien encarnó la cara civil del golpe militar, por el secuestro extorsivo del empresario algodonero Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976, que por tratarse de un delito de lesa humanidad –recordaron los jueces supremos– no prescribe. El fallo firmado ayer también invalidó el perdón presidencial que Carlos Menem concedió al dictador Jorge Rafael Videla y al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos detenidos.
La Corte comenzó en julio de 2007 a derribar la barrera de los indultos concedidos en democracia que todavía impedían juzgar a los represores. Fue en el caso del ex general Santiago Omar Riveros, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión la semana pasada por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Para el alto tribunal “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”, cuyos tratados obligan a los Estados que los adoptan a “esclarecerlos e identificar a sus culpables”. La resolución de ayer dice que se deben aplicar exactamente esos mismos conceptos a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy.
Los tres habían comenzado a ser juzgados y estuvieron detenidos en 1988 por el secuestro de los Gutheim, detenidos ilegalmente para ser forzados a renegociar un contrato de exportación, frustrado, con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong, del que la dictadura quería beneficiarse (ver página 2). Pero el indulto de Menem dejó el proceso judicial trunco. Para la Corte, los indultos dieron lugar a la “impunidad”, un concepto que definió como “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Es “la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”, describió el tribunal, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones internacionales.
La causa sobre los Gutheim se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide aceptó un reclamo de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de los indultos en danza. Luego lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Los acusados llegaron a la Corte con un recurso extraordinario, que ayer la mayoría rechazó. En cambio, respaldó la decisión de retrotraer todo al momento previo a los indultos y anular los sobreseimientos.
Federico Gutheim tenía una empresa textil, Sadeco. Para darle aspecto de legalidad a su detención y la de su hijo, Videla y Harguindeguy la ordenaron por decreto. Martínez de Hoz está señalado como quien dio la orden de mantenerlos cautivos durante cinco meses y dos días. La Secretaría de Derechos Humanos pedirá ahora la detención del creador de la plata dulce. En tribunales, todo el mundo da casi como un hecho que Oyarbide daría ese paso en cuanto vuelva la causa a su despacho. “Martínez de Hoz fue el verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo, costó mucho llegar a la nulidad de su indulto”, le dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Página/12. “Se trata de una figura emblemática como autor del proyecto económico que tenía por finalidad la dictadura: la aplicación de la política económica del ajuste, para lo cual se valía de la rebaja escandalosa del ingreso, el desmantelamiento del Estado, la concentración monopólica del capital financiero y necesitaba del disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones”, agregó el funcionario.
Videla está preso por varias causas, entre ellas porque está cumpliendo la condena del juicio a las juntas. Harguindeguy fue detenido hace dos años –por orden de la jueza María Servini de Cubría, en días que subrogaba a Oyarbide–, cuando un guardavidas lo vio tomando sol en Pinamar. Pero ahora está siendo sometido a pericias médicas para determinar si está en condiciones de ser juzgado.
Martínez de Hoz, además de ser candidato al arresto, deberá recibir sentencia. La caída del indulto que lo amparó podría favorecer el avance de otras causas en su contra: en una, a cargo de Ariel Lijo, está acusado como jefe civil del golpe de 1976; en otra, que también instruye Oyarbide, se lo vincula con el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía. Casariego fue secuestrado tras negarse a firmar un dictamen para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
La resolución suprema que ayer anuló indultos fue firmada –igual que el fallo de 2007 sobre Riveros– por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay no se pronunciaron. Los dos primeros convalidaron los indultos en los noventa. Argibay acuerda con la inconstitucionalidad, pero habría objetado el modo en que fue planteada.
El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, dijo que “la importancia de este fallo radica en que por primera vez se podrá juzgar al ministro de Economía de la dictadura por crímenes de la represión ilegal y esto permitirá dejar en claro los verdaderos motivos de la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención”.
LOS SECUESTROS DE LOS EMPRESARIOS FEDERICO Y MIGUEL GUTHEIM
Negocios forzados en la cárcel
Negocios forzados en la cárcel
José Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, junto con Albano Harguindeguy, habían sido procesados por este caso.
El titular de la firma Sadeco y su hijo fueron secuestrados para renegociar un contrato con comerciantes de Hong Kong. A causa de ese negocio fallido a Martínez de Hoz le habían negado una línea de créditos.
Los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong en plena dictadura militar, fueron investigados en la década del ’80 a partir de una denuncia del fiscal de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. El entonces juez federal Martín Irurzun llegó a procesar con prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla y a sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, luego indultados por Carlos Menem.
En la investigación judicial se llegó a probar que en abril o mayo de 1976 el empresario Federico Gutheim, titular de la firma Sadeco, logró un cupo de exportación por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior por un valor de 12.155.000 dólares, la dictadura le denegó los permisos, con lo cual lo obligó a incumplir los compromisos comerciales. En octubre, Gutheim recibió un llamado de la Secretaría de Comercio Exterior, desde donde le reprocharon que por su culpa Hong Kong le había denegado a Martínez de Hoz una línea de créditos. Gutheim ofreció renegociar el contrato, pero los acontecimientos se precipitaron.
En la noche del 5 de noviembre de 1976, la policía detuvo a Gutheim y a su hijo Miguel Ernesto. El arresto se dispuso por decreto 2840 de Videla y Harguindeguy, con el argumento de que su actividad comercial atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público, y tenía “directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio”.
Días después los visitó en la cárcel un funcionario del Ministerio del Interior, quien les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Dieron el visto bueno y con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas notariales ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en las oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de firmas tales como Dreyfus y Co., Gordon Woodroffe and Co., Far East Ltd. Hong Kong, Hong Kong Spinners Ltd. y Nan Fung Textiles Ltd., que llegaron al país invitadas por el Ministerio de Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega.
Los Gutheim fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, esta vez por el decreto 949/77, según el cual las causales invocadas cinco meses antes habían desaparecido. Dos meses después fueron detenidos nuevamente, esta vez junto a sus abogados, por agentes de la sección Delitos Económicos de la Policía Federal. Varios días después recuperaron su libertad.
Los procesamientos de Irurzun fueron confirmados el 14 de julio de 1988 por la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Juan Pedro Cortelezzi y Wagner Gustavo Mitchell, quienes destacaron que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el Estado de sitio”. Si bien Martínez de Hoz no firmó los decretos, se lo imputó por el interés evidente que tenía en esas negociaciones con detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.
“Las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas, en las cuatro oportunidades, a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”, sostuvieron los jueces. Martínez de Hoz se defendió manifestando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica que la Justicia no tenía por qué investigar. Carlos Menem lo liberó.
UN EMBLEMA DE LA CLASE DOMINANTE
La obra macabra
Por Raúl Dellatorre
Tercera generación de estancieros y terratenientes, frecuentador de tertulias de la Sociedad Rural (donde uno de los salones lleva su nombre), del Jockey Club (donde fotos de sus antepasados ilustran las paredes) y de cócteles y encuentros de caridad con banqueros, exportadores, importadores y traficantes de rubros varios, José Alfredo Martínez de Hoz siempre se sintió merecedor de una impunidad infinita. Sus antepasados se cuentan entre los primeros beneficiarios de las privatizaciones, cuando Julio Argentino Roca barrió a los indios de las pampas y el desierto, y repartió gratuitamente esas extensiones entre familias “de bien”.
Pero sería injusto ligar la fortuna familiar sólo a las privatizaciones. También supo sacar provecho de las nacionalizaciones, como en el caso de la Italo (CIAE, Compañía Italo Argentina de la Electricidad), cuando ya descapitalizada la pasó a manos del Estado a cambio de 300 millones de dólares.
Pero acusarlo de “colaborador” o cómplice de la dictadura instalada en 1976 sería no reconocerle el lugar que le corresponde en la historia. Como presidente del Consejo Empresario Argentino (una entidad con notables similitudes con otra actual, no sólo de nombre), Martínez de Hoz encabezó una misión que visitó a los comandantes de las fuerzas armadas a principios de 1975 (Isabel Perón en el gobierno) para “convocarlos” a que contribuyeran a preservar el orden y restituir las condiciones para “la producción y el trabajo” en sus plantas.
M. de H., presidente de Acindar, propuso a los jefes militares todo un sistema de espionaje industrial para detectar a los activistas sindicales que pudieran “atentar” contra el correcto desempeño de las cosas. El banco de pruebas del nuevo diseño fue justamente la planta de Acindar en Villa Constitución. La presión empresaria y militar arrastró al gobierno desfalleciente a ordenar una violenta represión contra la huelga que llegó a cumplir 59 días, y terminó con su principal dirigente (Alberto Piccinini) y el cuerpo de delegados presos durante ocho años y dos asesinatos.
Era mayo de 1975. Menos de un mes después, detrás de la figura de Celestino Rodrigo, aparecía en el Ministerio de Economía Ricardo Zinn para ejecutar el mortal shock recesivo con efectos devastadores para la democracia. Rodrigo le dio su nombre al golpe económico: el Rodrigazo. Zinn le puso el plan, y reveló su verdadera identidad diez meses después, abril de 1976, cuando aparece como jefe del gabinete de asesores y mano derecha de Martínez de Hoz.
Zinn contaría meses después, en un libro, el sentido de su intervención en el gobierno de Isabel: era necesario dar el golpe desde adentro para terminar con la “descomposición” y posibilitar que volviera “a salir el Sol en la Patria”. Un destino de grandeza, el mismo que Martínez de Hoz siente para sí mismo cuando se ve en el espejo de sus antepasados. Y de su “obra”.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Rdendh
Los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong en plena dictadura militar, fueron investigados en la década del ’80 a partir de una denuncia del fiscal de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. El entonces juez federal Martín Irurzun llegó a procesar con prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla y a sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, luego indultados por Carlos Menem.
En la investigación judicial se llegó a probar que en abril o mayo de 1976 el empresario Federico Gutheim, titular de la firma Sadeco, logró un cupo de exportación por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior por un valor de 12.155.000 dólares, la dictadura le denegó los permisos, con lo cual lo obligó a incumplir los compromisos comerciales. En octubre, Gutheim recibió un llamado de la Secretaría de Comercio Exterior, desde donde le reprocharon que por su culpa Hong Kong le había denegado a Martínez de Hoz una línea de créditos. Gutheim ofreció renegociar el contrato, pero los acontecimientos se precipitaron.
En la noche del 5 de noviembre de 1976, la policía detuvo a Gutheim y a su hijo Miguel Ernesto. El arresto se dispuso por decreto 2840 de Videla y Harguindeguy, con el argumento de que su actividad comercial atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público, y tenía “directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio”.
Días después los visitó en la cárcel un funcionario del Ministerio del Interior, quien les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Dieron el visto bueno y con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas notariales ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en las oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de firmas tales como Dreyfus y Co., Gordon Woodroffe and Co., Far East Ltd. Hong Kong, Hong Kong Spinners Ltd. y Nan Fung Textiles Ltd., que llegaron al país invitadas por el Ministerio de Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega.
Los Gutheim fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, esta vez por el decreto 949/77, según el cual las causales invocadas cinco meses antes habían desaparecido. Dos meses después fueron detenidos nuevamente, esta vez junto a sus abogados, por agentes de la sección Delitos Económicos de la Policía Federal. Varios días después recuperaron su libertad.
Los procesamientos de Irurzun fueron confirmados el 14 de julio de 1988 por la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Juan Pedro Cortelezzi y Wagner Gustavo Mitchell, quienes destacaron que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el Estado de sitio”. Si bien Martínez de Hoz no firmó los decretos, se lo imputó por el interés evidente que tenía en esas negociaciones con detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.
“Las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas, en las cuatro oportunidades, a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”, sostuvieron los jueces. Martínez de Hoz se defendió manifestando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica que la Justicia no tenía por qué investigar. Carlos Menem lo liberó.
UN EMBLEMA DE LA CLASE DOMINANTE
La obra macabra
Por Raúl Dellatorre
Tercera generación de estancieros y terratenientes, frecuentador de tertulias de la Sociedad Rural (donde uno de los salones lleva su nombre), del Jockey Club (donde fotos de sus antepasados ilustran las paredes) y de cócteles y encuentros de caridad con banqueros, exportadores, importadores y traficantes de rubros varios, José Alfredo Martínez de Hoz siempre se sintió merecedor de una impunidad infinita. Sus antepasados se cuentan entre los primeros beneficiarios de las privatizaciones, cuando Julio Argentino Roca barrió a los indios de las pampas y el desierto, y repartió gratuitamente esas extensiones entre familias “de bien”.
Pero sería injusto ligar la fortuna familiar sólo a las privatizaciones. También supo sacar provecho de las nacionalizaciones, como en el caso de la Italo (CIAE, Compañía Italo Argentina de la Electricidad), cuando ya descapitalizada la pasó a manos del Estado a cambio de 300 millones de dólares.
Pero acusarlo de “colaborador” o cómplice de la dictadura instalada en 1976 sería no reconocerle el lugar que le corresponde en la historia. Como presidente del Consejo Empresario Argentino (una entidad con notables similitudes con otra actual, no sólo de nombre), Martínez de Hoz encabezó una misión que visitó a los comandantes de las fuerzas armadas a principios de 1975 (Isabel Perón en el gobierno) para “convocarlos” a que contribuyeran a preservar el orden y restituir las condiciones para “la producción y el trabajo” en sus plantas.
M. de H., presidente de Acindar, propuso a los jefes militares todo un sistema de espionaje industrial para detectar a los activistas sindicales que pudieran “atentar” contra el correcto desempeño de las cosas. El banco de pruebas del nuevo diseño fue justamente la planta de Acindar en Villa Constitución. La presión empresaria y militar arrastró al gobierno desfalleciente a ordenar una violenta represión contra la huelga que llegó a cumplir 59 días, y terminó con su principal dirigente (Alberto Piccinini) y el cuerpo de delegados presos durante ocho años y dos asesinatos.
Era mayo de 1975. Menos de un mes después, detrás de la figura de Celestino Rodrigo, aparecía en el Ministerio de Economía Ricardo Zinn para ejecutar el mortal shock recesivo con efectos devastadores para la democracia. Rodrigo le dio su nombre al golpe económico: el Rodrigazo. Zinn le puso el plan, y reveló su verdadera identidad diez meses después, abril de 1976, cuando aparece como jefe del gabinete de asesores y mano derecha de Martínez de Hoz.
Zinn contaría meses después, en un libro, el sentido de su intervención en el gobierno de Isabel: era necesario dar el golpe desde adentro para terminar con la “descomposición” y posibilitar que volviera “a salir el Sol en la Patria”. Un destino de grandeza, el mismo que Martínez de Hoz siente para sí mismo cuando se ve en el espejo de sus antepasados. Y de su “obra”.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Rdendh
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