Representaciones incompatibles
Por Diego Martínez
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.
La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.
El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.
FuentedeOrigen:Pagina12
El texto de la jueza Arroyo Salgado
Resolución completa 36.29 Kb.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/
Para avanzar en condenas perpetuas
Una decisión del tribunal que está juzgando los crímenes cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO) podría cambiar el rumbo de ese proceso. A pedido de las partes querellantes y de la fiscalía, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 resolvieron agregar cinco casos a los 180 por los cuales están siendo juzgados 17 represores, entre ellos Julio Simón, alias el Turco Julián, Samuel Miara y Raúl Guglielminetti. En 2007 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había identificado los cadáveres de esos cinco ex detenidos del Olimpo.
El 6 de diciembre de 1978 Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña y su hermano Jesús Pedro, Helios Serra Silvera y Santiago Villanueva fueron “trasladados” junto con casi todos los detenidos que estaban cautivos en ese campo de exterminio. “Era el momento final, se vació el centro clandestino y ahí decidían quién vivía y quién no”, explicó el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Muchos fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”, pero alguna sudestada inoportuna o la marea hizo que los verdugos no pudieran concretar su intención de desaparecerlos. Entre el 16 y el 17 de diciembre se encontraron quince cadáveres en la costa bonaerense, once fueron enterrados en el cementerio de General Lavalle, tres en el de General Madariaga y uno en el de Villa Gesell. El EAAF y la Cámara Federal, en particular el juez Horacio Cattani, rastrearon este hallazgo hasta que en agosto de 2007 los expertos del Equipo lograron la identificación de nueve restos, entre ellos los de Carreño Araya, Serra Silvera, Villanueva y los hermanos Peña.
Según explicó el abogado Fernández a Página/12, lo que se pidió al tribunal es que se consideren estos hechos como delitos continuados, y los jueces Jorge Tassara, Ana D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori aceptaron que estos cinco nuevos casos sean considerados como secuestro, detención, tortura y muerte. “Los imputados formaban parte del personal del Olimpo en la fecha de ese traslado, y en sus diferentes jerarquías cada uno contribuyó al plan criminal”, afirmó Fernández.
¿Cuál es la importancia de la resolución del tribunal?, quiso saber este diario. “Nos va a permitir sumar a los imputados el homicidio agravado de cinco personas, lo cual habilita a la fiscalía y las querellas a pedir la condena a prisión perpetua”, explicó el letrado. La intención hubiera sido que se pudiera juzgar a todos los casos de esta forma, no sólo a aquellos cuyos restos aparecieron, porque quedó probado que, según dijo Fernández, el “traslado era sinónimo de muerte”. Pero destacó que por primera vez en uno de estos juicios se puede cambiar una calificación a mitad del proceso. En tal sentido, anunció que a partir del lunes Miara, Simón y los demás genocidas serán nuevamente indagados por estos cinco casos. Ya habían respondido por las torturas y privación ilegal agravada de ellos y de las demás 180 víctimas cuyos casos están a punto de obtener su tardía justicia. “Del juicio surge más información que la recogida durante la instrucción; hay muchos sobrevivientes que hablan de ese gran traslado”, agregó el abogado del CELS.
El destino de Joe
El fiscal federal Federico Delgado se pronunció ayer en contra de la excarcelación de José Alfredo Martínez de Hoz, pero a favor de que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, teniendo en cuenta “la edad y la salud” del ex ministro de Economía de la dictadura, con prisión preventiva por dos secuestros extorsivos en 1976.
El abogado querellante Rodolfo Yanzón cuestionó el criterio fiscal al destacar que la prisión hogareña “se otorga a quien sufre una enfermedad terminal”, en tanto “Martínez de Hoz tiene dolencias propias de la edad como hipertensión o lumbalgia, nada que amerite una atención especial”. La última palabra la tiene el juez federal Norberto Oyarbide.
“Más allá de la naturaleza de los hechos y la carga valorativa que entrañan, es imposible apartarse de la letra de la ley”, escribió Delgado, y citó los informes médicos obrantes en la causa, según los cuales Martínez de Hoz “posee grandes dificultades para moverse por sí mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas, y padece una lumbociatalgia que le impide caminar y que aconseja su reposo”.
Sostuvo que “no existe un riesgo de fuga”, “no hay peligros concretos para la aplicación de la ley” y consideró que la prohibición para salir del país “despeja el riesgo procesal que excepcionalmente permite el encierro preventivo”.
“De ninguna manera corresponde el arresto domiciliario por razones de salud”, afirmó Yanzón, quien recordó que varios imputados de la ESMA alegaron lumbalgia para no presenciar las audiencias. “Los crímenes de lesa humanidad generan lumbalgia”, bromeó. También cuestionó el dictamen fiscal porque “propone el arresto domiciliario, pero nada dice sobre los controles necesarios para impedir que eluda a la Justicia”.
FuentedeOrigen:Pagina12
El juez Oyarbide rechazó el pedido de excarcelación de Martínez de Hoz
Fue dispuesto este viernes por el magistrado. El ex ministro de Economía se encuentra detenido desde el martes pasado. Está acusado por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel.
El juez federal Norberto Oyarbide rechazó este viernes el pedido de excarcelación del ex ministro de Economía del último gobierno militar, José Alfredo Martínez de Hoz, en el marco de una causa en la que se investiga el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel.
Por la misma causa, cabe recordar que Oyarbide había dispuesto la semana pasada la prohibición de salir del país para Martínez de Hoz.
Las medidas fueron dispuestas luego de que, el 27 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del decreto de indulto que beneficiaba al ex ministro de Economía.
La resolución dictada este viernes expresa lo siguiente:
"I. No hacer lugar en el presente incidente nº 12.649/2006/9, y en relación al beneficio de la excarcelación, instado por el Dr. Carlos Hernán Franco y a favor de su pupilo, JOSÉ ALFREDO ANTONIO MARTÍNEZ DE HOZ, bajo ningún tipo de caución. II. Notifíquese personalmente a JOSÉ ALFREDO ANTONIO MARTÍNEZ DE HOZ -a cuyo evento, instrúyase al personal del Departamento INTERPOL para que, munido de copia certificada del presente resolutorio y también así, del luciente en fs. 2858/74 del principal, se constituya en lugar de su internación para dar cumplimiento a tal diligencia, debiendo labrar las respectivas actas-; a la Defensa y Querellas -mediante cédulas de diligenciamiento en el día, adjuntándose copia certificada del presente- y al Ministerio Público Fiscal; protocolícese y firme que sea, siga según su estado".
FuentedeOrigen:http://www.cij.gov.ar/
Fuente:Rdendh
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