LA PAMPA.

Los médicos y la tortura
LA ARENA
Uno de los aspectos más delicados con los que tendrá que lidiar el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que juzgará en breve a los represores pampeanos, es la situación de los médicos acusados de participar de los actos de tortura perpetrados por personal policial y militar.
Como se sabe, la profesión médica conlleva el llamado "juramento hipocrático", por el cual quienes la practican se comprometen a defender la vida y la salud de sus pacientes, sea cual fuere el origen de las lesiones o enfermedades que atienden. Un médico no puede dejar de atender a un paciente ni siquiera cuando tiene motivos para sospechar que sus dolencias provienen de un delito cometido por este mismo: tal el caso de la mujer que aborta y luego consulta por la infección resultante.
No cabe duda entonces de que un médico que se confronta con un paciente que ha sido víctima de torturas tiene un deber profesional y ético de atenderlo para restaurar su salud y proteger su vida. Pero cuando ese mismo médico forma parte de la estructura perversa que está sometiendo la persona a estos crímenes de lesa humanidad, sin denunciar lo que está ocurriendo, su rol se desdibuja y deja de ser un defensor de la vida para pasar a ser un colaborador de la muerte. Aún cuando su conducta esté condicionada por el miedo.
Lamentablemente existe una larga historia universal de participación de médicos en actos de tortura, cuando no directamente en atroces tareas de experimentación científica empleando prisioneros indefensos.
La cuestión acaba de despertar fuertes cuestionamientos a partir de las denuncias de la Cruz Roja y de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, sobre el rol que les cupo a médicos empleados por la CIA para facilitar abusos en los interrogatorios contra sospechosos de terrorismo.
La ONG en cuestión -con sede en Cambridge, Massachussetts- no vaciló en afirmar que estos médicos violaron leyes internas e internacionales. La base de sus estudios fue tan luego un conjunto de documentos oficiales del gobierno, de los que concluyó que la administración Bush empleó personal médico para justificar y "blanquear" actos que hace mucho tiempo están prohibidos por leyes y tratados internacionales.
Los médicos involucrados jugaron un rol importante en determinar hasta dónde llevar la dureza de los interrogatorios, proveyendo cobertura legal, y ayudando a diseñar futuras técnicas de interrogación. Entre las "recomendaciones" médicas así diseñadas, se incluyó la de que, en el caso del "waterbording" (práctica aquí conocida como "submarino", que consiste en llevar al interrogado a un estado cercano a la asfixia por inmersión), se empleara una solución salina en lugar de agua: con ello se protegía la salud de los prisioneros que ingerían grandes cantidades de líquido, pero también se permitía la continuidad y repetición de este tipo de técnicas para con ellos.
Todas estas prácticas fueron documentadas por los médicos actuantes con la precisión de un reporte científico, incluyendo, por ejemplo, los efectos observados en 25 detenidos distintos, cuando se aplicaban simultáneamente varias técnicas de tortura, como el ahogamiento, los golpes corporales y la posición obligada y prolongada de rodillas contra el suelo.
Como se ve, no es necesario acudir al horror nazi para encontrarnos con casos de atroces experimentos sobre seres humanos, orquestados por un gobierno perverso, con la ayuda de profesionales de la medicina. Entre los médicos de la CIA y los que fueron acusados de colaborar con la represión en La Pampa, median más de treinta años y un universo tecnológico de distancia. Pero el principio ético quebrantado sería exactamente el mismo: el que diferencia a un médico de un monstruo.
Fuente:Argenpress