Guerra de magistrados federales
Jueces denunciados y represores son testigos en la denuncia de Romano
Además, figuran un ex magistrado que se declaró a favor de la Ley de Obediencia Debida y abogados señalados por demorar los juicios.
Por Daniel Calivares
Jueces denunciados y represores son testigos en la denuncia de Romano
Además, figuran un ex magistrado que se declaró a favor de la Ley de Obediencia Debida y abogados señalados por demorar los juicios.
Por Daniel Calivares
GUERRA ABIERTA. Romano y Miret deben defenderse el 15 de julio por la denuncia en su contra.El objetivo de la denuncia que interpusieron en el Consejo de la Magistratura los jueces federales Otilio Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, contra sus pares Juan Antonio González Macías, Héctor Cortés y Roberto Naciff, tiene como fin reclamar por la demora en el inicio de los juicios de lesa humanidad.
Curiosamente, los dos denunciantes están, a su vez, acusados por los más interesados en que se hagan los juicios –los organismos de derechos humanos– por ser funcionarios de la dictadura y haber actuado de manera cómplice y liberado a todos los represores mendocinos.
Además, hay que sumarle a ese hecho curioso, los testigos que ofrecen ambos magistrados en su denuncia. Entre ellos se encuentran una persona que figura en la lista del Batallón 601, abogados que han sido o son defensores de represores, defensores públicos que han presentado recusaciones demorando el inicio de los juicios y ex camaristas federales –convertidos en abogados de represores y que anteriormente tuvieron denuncias públicas en contra por encubrir torturas– e, incluso, uno de ellos, fue denunciado por estafar al Estado.
Denunciantes y denunciados.
Según el escrito presentado por Romano y Petra hace diez días en Buenos Aires, Naciff, González Macías y Cortés son “los verdaderos responsables de los atrasos” de los juicios por lesa humanidad que deberían llevarse adelante en Mendoza.
Los tres jueces han sido protagonistas justamente de lo que serían los dos primeros debates en Mendoza.
Por un lado, González Macías y Cortés iban a integrar el tribunal que enjuiciaría a diez imputados el 11 de marzo. En tanto, Cortés y Naciff integran el tribunal que el 1 de julio enjuiciará a siete represores en San Rafael, entre ellos, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
En el primero de los debates, el juicio no se pudo llevar adelante porque la Cámara de Casación aceptó un recurso presentado por los defensores oficiales, argumentando que González Macías no podía presidir el tribunal por haber participado en la instrucción de uno de los expedientes, lo que sería falso.
Curiosamente, una de las defensoras oficiales es Verónica Romano, hija del denunciante, Otilio Romano, mientras que el resto de los defensores oficiales serán testigos en la denuncia del camarista.
En tanto, otro de los testigos ofrecidos por Romano y Petra es el abogado Carlos Reig, quien recusó a los tres magistrados que tienen a cargo el juicio en San Rafael por haber asistido, en el caso de Cortés, a una conferencia del director del CELS Horacio Verbitsky en la que el eje era la demora de los juicios, mientras que la recusación para Naciff y el tercer integrante, Jorge Burad, es por no haberse pronunciado en contra.
Comentarios.
Los testigos que Petra y Romano presentaron en la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, han sido motivos de comentarios en los pasillos de los tribunales federales mendocinos.
Algunos de ellos fueron camaristas, otros aún trabajan allí y están los que han pisado los edificios judiciales en calidad de abogados de represores.
Todos ellos han tenido o tienen su rol en las causas de lesa humanidad e, incluso, dos de ellos han sido marcados como partícipes en ellas mientras ocurrían los delitos.
En total, Petra y Romano ofrecen el testimonio de 13 personas.
La primera de ellas es el camarista Luis Miret, quien está denunciado, junto a Romano, en el Consejo de la Magistratura por haber ignorado denuncias de torturas hechas por presos políticos, previo y durante la última dictadura militar.
Por estas mismas razones, la UNCuyo suspendió al magistrado en abril.
Además, ambos jueces fueron denunciados penalmente y están siendo investigados por el fiscal especial para delitos de lesa humanidad, Omar Palermo.
Otro magistrado ofrecido como testigo es Alberto Endeiza, quien ha sido señalado por las Madres de Plaza de Mayo como uno de los jueces que liberó a todos los represores de Mendoza.
El tercer testigo es el ex camarista Carlos Pereyra González, quien se jubiló el año pasado para impedir que le hicieran juicio político, luego de que en un proceso en San Luis un testigo adujó que Pereyra supo de sus torturas y las ignoró.
También está Manuel Maffezzini, quien fue compañero de tribunal de González Macías en la década del 80. Ambos tuvieron que definir, junto a Alberto Rodríguez, la inconstitucionalidad de Ley de Obediencia Debida en 1987. Tanto Maffezzini como Rodríguez votaron por su constitucionalidad y el único que se opuso a la ley fue González Macías.
Otro ex camarista ofrecido como testigo es Eduardo Mestre Brizuela, hermano de Ramón Mestre, quien fue ministro del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa.
Mestre Brizuela, tras jubilarse, trabajó como director del Instituto de Seguridad Pública en el 2001 y en noviembre de ese año fue imputado por cobrar dos sueldos del Estado: la jubilación y el salario de funcionario.
Actualmente es abogado del represor sanjuanino, Horacio Nieto.
Entre los testigos también figuran Daniel Pirrelo, Juan Ignacio Pérez Curci y Andrea Duranti, señalados por los organismos de derechos humanos como los responsables de recusar a los jueces e impedir que se lleven adelante los juicios.
También se encuentra Jorge Garguir, quien fue abogado del banquero Raúl Moneta, en Mendoza, y se desempeñó como secretario –el mismo cargo de Pereyra González– en 1976, y Carlos Reig, quien recusó a los tres jueces que tienen a cargo el juicio en San Rafael.
Otros dos abogados que figuran como testigos en la denuncia son: Juan Carlos Ruiz, quien, según fuentes de tribunales, fue el abogado en la década del 80 de los represores, Julio César Santuccione y Jorge Maradona. El otro es Eduardo San Emeterio. Este abogado, le pidió a la Justicia que detuviera a los letrados mendocinos de derechos humanos y, según datos de los organismos, fue espía de la SIDE y se desempeñó como chofer del general Otto Paladino, quien estaba a cargo del centro clandestino Automotores Orletti. A fines de 1976 sirvió también dentro del Grupo de Tareas 4, responsable de numerosos secuestros hasta que se disolvió en 1979.
Según sus propias palabras, el avance de los juicios es parte de “un plan diabólico y sistemático”.
Asimismo, en la denuncia, Petra y Romano critican que González Macías “recibió públicamente expresiones de solidaridad de parte de uno de los abogados querellantes en oportunidad de ser recusado por el defensor público” y nombra como testigo de este hecho al doctor Carlos Carreño, quien, curiosamente, también tiene vínculos con la dictadura, ya que figura como uno de los colaboradores civiles del batallón 601, que dio a conocer la revista Veintitrés hace unos meses.
Para los camaristas, Verbitsky quiso matar a Perón
Para los camaristas, Verbitsky quiso matar a Perón
Entre los datos más llamativos de la denuncia que presentaron Romano y Petra, se destaca un párrafo en el que aseguran que el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y periodista de Página 12, Horacio Verbitsky, trató de asesinar al ex presidente Juan Domingo Perón en dos oportunidades.
Según la denuncia, el periodista inventa, oculta y retuerce hechos e información, “realizando truculentas notas” sobre Miret y el mismo Romano, aunque también aludía en ellas a los doctores Alfredo López Cuitiñoy Julio Demetrio Petra”.
Esta denuncia es sólo la formalización de la pelea quehay entre los magistrados federales, que se dividen en dos sectores. Uno denunciado como colaborador de la dictadura, en el que figuran Romano, Miret, Petra y compañía y el otro, formado por los jueces de los TOF.
CORDOBA
Su Señoría, usted debe dos materias
Luego del hito histórico que significó en 2008 la condena a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua y en una cárcel común, hoy las causas UP1 y Gontero representan por distintas razones -aunque se juzguen acumuladas- dos importantes y graves asignaturas pendientes de la Justicia de Córdoba en su tarea de revisión del terrorismo de Estado.
2010-06-02 -
Por Alexis Oliva - Prensared
UP1: No sólo militares
La causa de la ex Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) es el más importante proceso relacionado con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en la provincia de Córdoba y quizás del país. Y no precisamente porque el mismísimo Jorge Rafael Videla vaya estar sentado entre los acusados, sino por la dimensión humana y la trascendencia institucional de lo que se va a juzgar.
Las veintinueve víctimas asesinadas impunemente, a pesar de tratarse de presos “legales” a disposición de la Justicia Federal, en su mayoría en traslados que servían para disfrazar fusilamientos como falsos intentos de fuga que terminaban invariablemente con los presos -y sólo los presos- acribillados a balazos; o los casos de Francisco Bauducco y René Moukarzel, asesinados en el mismo patio del penal y ante la vista de numerosos prisioneros, le dan una trascendencia humana sin parangón.
La magnitud de los hechos se corresponde con la magnitud de la prueba acumulada y del tiempo transcurrido en dilaciones, suspensiones, reinicios, obediencias debidas, puntos finales, indultos y cuanta traba pueda haber contribuido a que esta causa haya recorrido un tortuoso itinerario digno de ser narrado por un Franz Kafka o incluido en un Guinness de la ignominia.
Han pasado 34 años desde los crímenes y casi 27 desde la vuelta a la democracia. Ha sido demasiado larga la espera. Para los familiares que perdieron a sus seres queridos y anhelan justicia. Para los presos políticos sobrevivientes, que vieron llevarse de sus celdas o matar en el patio a sus compañeros y esperan testificar. Y también para los represores, algunos cerca de quedar definitivamente impunes merced al “punto final biológico”.
Hoy, el escandaloso juego de internas políticas, disputas entre juzgados y manoseo de fechas de inicio (no hay que sorprenderse si lo terminan anunciando para un 30 de febrero) es coherente con la historia kafkiana de una causa en la que el tiempo ha sido tan tirano como Videla y Menéndez.
Es doblemente cínica la demora, teniendo en cuenta la brutal evidencia de estos crímenes. Porque el quién, qué, cuándo, dónde y cómo de la UP1 ya estaba claro en el mismo 1976. Por lo menos para quien escribió esto: “Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento”.
“Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor”.
Es la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, dada a conocer por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe, el 24 de marzo de 1977. Allí también puede leerse esta nota al pie: “Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: ‘El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga’”.
O sea que por lo menos el periodista Rodolfo Walsh y el arzobispo de Córdoba Raúl Francisco Primatesta sabían lo que pasaba en la UP1. Walsh fue asesinado el 25 de marzo de 1977, un día después de enviar esa carta. Pero el cardenal Primatesta vivió hasta el 1º de mayo de 2006. Hoy, ya es tarde para citarlo como testigo.
Seguramente, ese ha sido uno de los motivos de semejante demora. Porque la causa UP1 no se limita a la responsabilidad militar, sino que deja en evidencia la complicidad de otros estamentos. Como la Iglesia católica, que permaneció impasible ante los fusilamientos de la UP1 -en particular los del ex seminarista Miguel Angel Mozé y la militante cristiana Marta González de Baronetto- y cuyos capellanes en la cárcel justificaban la tortura y sugerían “colaboración” a los presos. O como los profesionales médicos que firmaron los informes y certificados de defunción, tanto del Hospital Militar como forenses policiales.
Por otra parte, la modalidad que tuvieron estos crímenes -llámese “ley de fugas” o “el engaño de ir a la enfermería”- repetida en siete ocasiones entre el 30 de abril y el 11 de octubre del 76, no hubiera sido posible sin el conocimiento de las autoridades judiciales a cuyo cargo estaban los presos políticos, que en varios casos fueron sacados de la cárcel con órdenes de traslado emitidas por los mismos juzgados federales. Difícilmente esos funcionarios judiciales pudieran alegar el desconocimiento de los hechos, para luego justificar el no haberlos investigado.
En una nota publicada en abril pasado en la revista “El Avión Negro”, Miguel Apontes, militante de derechos humanos y ex miembro de la Conadep Córdoba, escribe: “No se podrá ignorar el papel de la Justicia Federal de Córdoba que, por aquellos aciagos años, ofreció un ‘paraguas de impunidad’ a las atrocidades. Mucho menos, cuando recordamos que funcionarios de la época hoy revisten como jueces federales, fiscales o camaristas”.
Por eso la UP1 es conocida como la “causa maldita”, porque revela la extensión institucional del terrorismo de Estado.
Gontero: Más que resabios
La llamada causa “Gontero” revela la participación de la Policía de la Provincia de Córdoba, a través de su Dirección de Informaciones (D2), en la estructura represiva comandada por el III Cuerpo de Ejército -rol que ya quedó en evidencia en el juicio por el alevoso asesinato del subcomisario Ricardo Albareda y los secuestros y tormentos del obrero Raúl Morales y el sindicalista Carlos Moyano, celebrado el año pasado-.
Esta vez, la acusación incluye el secuestro y las torturas aplicadas a seis policías que se sospechaba “infiltrados” por organizaciones revolucionarias. Pero, sobre todo, el caso adquiere relevancia por la permanencia que tuvieron en la fuerza policial hasta muy avanzada la democracia algunos de quienes van a sentarse en el banquillo de los acusados.
El caso más conspicuo es el de Carlos Yanicelli, quien durante el gobierno de Ramón Bautista Mestre llegó a ser comisario mayor y titular de Inteligencia Criminal de la Policía. “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”, lo defendía el entonces gobernador Mestre, el 31 de mayo de 1997, aludiendo a una supuesta “infiltración” en la protesta que había derivado en el corte de la ruta 38 en Cruz del Eje.
Según informaban los diarios de esos días, el dato había sido proporcionado al Gobernador por la cartera de Asuntos Institucionales, en ese entonces a cargo de Oscar Aguad, el actual jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación. Por ahí debe rastrarse la incomodidad política que genera esta causa, que la Cámara Nacional de Casación acaba de ordenar que se acumule con la de la UP1.
Por su parte, otros represores de la ex D2 se reinsertaron en la actividad privada, como encargados de seguridad de grandes empresas de servicios e hipermercados. La historia del centro clandestino de detención de la D2 y el reciclaje de sus miembros en democracia fue investigada por el periodista Mariano Saravia y publicada en su libro “La sombra azul – El caso Luis Urquiza” (el principal denunciante y querellante particular en la causa Gontero).
"En Córdoba, los policías que habían cometido las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre -explica Saravia en el prólogo-. Y el actual gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque ‘tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía a los chicos desaparecidos”.
"Mientras con estas actitudes se sigue abonando la teoría de los dos demonios, muchos de los ex policías del D2 ahora están reciclados en sus roles de siempre: investigadores y matones al servicio del mejor postor. Están insertos en distintas agencias de seguridad privada que deberían ser controladas por el Estado provincial. No sólo siguen paseando por la plaza San Martín y cobrando sus jugosas jubilaciones en el Banco de Córdoba, sino que muchos de ellos están a cargo de la seguridad de shoppings, hipermercados y barrios cerrados”.
La huella de su accionar asomó también en el asesinato de Regino Maders, el crimen político más grave de la historia reciente de Córdoba, cometido el 6 de septiembre de 1991, por el que 14 años después sólo fue condenado el ex policía Hugo Síntora, quien también revistaba en la D2. Durante el juicio celebrado en 2005, mientras declaraba José Cafferata Nores -ministro de Gobierno de Angeloz en el momento del crimen-, la abogada María Elba Martínez -querellante particular junto a Teresa Maders- le preguntó: “¿Por qué, como Ministro de Gobierno, si de usted dependía la estructura policial, pudo mantenerse a personas de esa época que habían sido procesadas ya en el año ‘87 por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba?”. El calificado testigo respondió: “Hubo como una política de progresiva desafectación de las filas policiales a quienes habían tenido vinculación con casos de violaciones a los derechos humanos o con otro tipo de delitos. Esta política se fue ejecutando a lo largo del tiempo, y además esta política tenía dos momentos: el momento de la indicación de que así se hiciera por parte de la autoridad política, y luego la ejecución, la implementación operativa concreta de esta instrucción, que se realizaba a través de los organismos policiales competentes. (…) Yo recuerdo que en mi gestión pasaron a retiro. Pueden haber quedado otras. Pero la idea era la de una depuración de la fuerza, de carácter paulatino, y que se fuera haciendo a través de la misma institución”.
Lejos de desconocer la existencia de esas resoluciones, la ambigua respuesta del funcionario que diseñó el esquema institucional de la Justicia provincial cordobesa significaba asumir que la política de “paulatina depuración” no había funcionado.
Por eso, si la señora de los ojos vendados pretende levantar en serio sus históricos aplazos en derechos humanos, deberá rendir y aprobar estas dos materias. Y pronto.
FuentedeOrigen:www.prensared.com.ar
CORDOBA
Su Señoría, usted debe dos materias
Luego del hito histórico que significó en 2008 la condena a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua y en una cárcel común, hoy las causas UP1 y Gontero representan por distintas razones -aunque se juzguen acumuladas- dos importantes y graves asignaturas pendientes de la Justicia de Córdoba en su tarea de revisión del terrorismo de Estado.
2010-06-02 -Por Alexis Oliva - Prensared
UP1: No sólo militares
La causa de la ex Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) es el más importante proceso relacionado con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en la provincia de Córdoba y quizás del país. Y no precisamente porque el mismísimo Jorge Rafael Videla vaya estar sentado entre los acusados, sino por la dimensión humana y la trascendencia institucional de lo que se va a juzgar.
Las veintinueve víctimas asesinadas impunemente, a pesar de tratarse de presos “legales” a disposición de la Justicia Federal, en su mayoría en traslados que servían para disfrazar fusilamientos como falsos intentos de fuga que terminaban invariablemente con los presos -y sólo los presos- acribillados a balazos; o los casos de Francisco Bauducco y René Moukarzel, asesinados en el mismo patio del penal y ante la vista de numerosos prisioneros, le dan una trascendencia humana sin parangón.
La magnitud de los hechos se corresponde con la magnitud de la prueba acumulada y del tiempo transcurrido en dilaciones, suspensiones, reinicios, obediencias debidas, puntos finales, indultos y cuanta traba pueda haber contribuido a que esta causa haya recorrido un tortuoso itinerario digno de ser narrado por un Franz Kafka o incluido en un Guinness de la ignominia.
Han pasado 34 años desde los crímenes y casi 27 desde la vuelta a la democracia. Ha sido demasiado larga la espera. Para los familiares que perdieron a sus seres queridos y anhelan justicia. Para los presos políticos sobrevivientes, que vieron llevarse de sus celdas o matar en el patio a sus compañeros y esperan testificar. Y también para los represores, algunos cerca de quedar definitivamente impunes merced al “punto final biológico”.
Hoy, el escandaloso juego de internas políticas, disputas entre juzgados y manoseo de fechas de inicio (no hay que sorprenderse si lo terminan anunciando para un 30 de febrero) es coherente con la historia kafkiana de una causa en la que el tiempo ha sido tan tirano como Videla y Menéndez.
Es doblemente cínica la demora, teniendo en cuenta la brutal evidencia de estos crímenes. Porque el quién, qué, cuándo, dónde y cómo de la UP1 ya estaba claro en el mismo 1976. Por lo menos para quien escribió esto: “Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento”.
“Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor”.
Es la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, dada a conocer por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe, el 24 de marzo de 1977. Allí también puede leerse esta nota al pie: “Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: ‘El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga’”.
O sea que por lo menos el periodista Rodolfo Walsh y el arzobispo de Córdoba Raúl Francisco Primatesta sabían lo que pasaba en la UP1. Walsh fue asesinado el 25 de marzo de 1977, un día después de enviar esa carta. Pero el cardenal Primatesta vivió hasta el 1º de mayo de 2006. Hoy, ya es tarde para citarlo como testigo.
Seguramente, ese ha sido uno de los motivos de semejante demora. Porque la causa UP1 no se limita a la responsabilidad militar, sino que deja en evidencia la complicidad de otros estamentos. Como la Iglesia católica, que permaneció impasible ante los fusilamientos de la UP1 -en particular los del ex seminarista Miguel Angel Mozé y la militante cristiana Marta González de Baronetto- y cuyos capellanes en la cárcel justificaban la tortura y sugerían “colaboración” a los presos. O como los profesionales médicos que firmaron los informes y certificados de defunción, tanto del Hospital Militar como forenses policiales.
Por otra parte, la modalidad que tuvieron estos crímenes -llámese “ley de fugas” o “el engaño de ir a la enfermería”- repetida en siete ocasiones entre el 30 de abril y el 11 de octubre del 76, no hubiera sido posible sin el conocimiento de las autoridades judiciales a cuyo cargo estaban los presos políticos, que en varios casos fueron sacados de la cárcel con órdenes de traslado emitidas por los mismos juzgados federales. Difícilmente esos funcionarios judiciales pudieran alegar el desconocimiento de los hechos, para luego justificar el no haberlos investigado.
En una nota publicada en abril pasado en la revista “El Avión Negro”, Miguel Apontes, militante de derechos humanos y ex miembro de la Conadep Córdoba, escribe: “No se podrá ignorar el papel de la Justicia Federal de Córdoba que, por aquellos aciagos años, ofreció un ‘paraguas de impunidad’ a las atrocidades. Mucho menos, cuando recordamos que funcionarios de la época hoy revisten como jueces federales, fiscales o camaristas”.
Por eso la UP1 es conocida como la “causa maldita”, porque revela la extensión institucional del terrorismo de Estado.
Gontero: Más que resabios
La llamada causa “Gontero” revela la participación de la Policía de la Provincia de Córdoba, a través de su Dirección de Informaciones (D2), en la estructura represiva comandada por el III Cuerpo de Ejército -rol que ya quedó en evidencia en el juicio por el alevoso asesinato del subcomisario Ricardo Albareda y los secuestros y tormentos del obrero Raúl Morales y el sindicalista Carlos Moyano, celebrado el año pasado-.
Esta vez, la acusación incluye el secuestro y las torturas aplicadas a seis policías que se sospechaba “infiltrados” por organizaciones revolucionarias. Pero, sobre todo, el caso adquiere relevancia por la permanencia que tuvieron en la fuerza policial hasta muy avanzada la democracia algunos de quienes van a sentarse en el banquillo de los acusados.
El caso más conspicuo es el de Carlos Yanicelli, quien durante el gobierno de Ramón Bautista Mestre llegó a ser comisario mayor y titular de Inteligencia Criminal de la Policía. “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”, lo defendía el entonces gobernador Mestre, el 31 de mayo de 1997, aludiendo a una supuesta “infiltración” en la protesta que había derivado en el corte de la ruta 38 en Cruz del Eje.
Según informaban los diarios de esos días, el dato había sido proporcionado al Gobernador por la cartera de Asuntos Institucionales, en ese entonces a cargo de Oscar Aguad, el actual jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación. Por ahí debe rastrarse la incomodidad política que genera esta causa, que la Cámara Nacional de Casación acaba de ordenar que se acumule con la de la UP1.
Por su parte, otros represores de la ex D2 se reinsertaron en la actividad privada, como encargados de seguridad de grandes empresas de servicios e hipermercados. La historia del centro clandestino de detención de la D2 y el reciclaje de sus miembros en democracia fue investigada por el periodista Mariano Saravia y publicada en su libro “La sombra azul – El caso Luis Urquiza” (el principal denunciante y querellante particular en la causa Gontero).
"En Córdoba, los policías que habían cometido las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre -explica Saravia en el prólogo-. Y el actual gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque ‘tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía a los chicos desaparecidos”.
"Mientras con estas actitudes se sigue abonando la teoría de los dos demonios, muchos de los ex policías del D2 ahora están reciclados en sus roles de siempre: investigadores y matones al servicio del mejor postor. Están insertos en distintas agencias de seguridad privada que deberían ser controladas por el Estado provincial. No sólo siguen paseando por la plaza San Martín y cobrando sus jugosas jubilaciones en el Banco de Córdoba, sino que muchos de ellos están a cargo de la seguridad de shoppings, hipermercados y barrios cerrados”.
La huella de su accionar asomó también en el asesinato de Regino Maders, el crimen político más grave de la historia reciente de Córdoba, cometido el 6 de septiembre de 1991, por el que 14 años después sólo fue condenado el ex policía Hugo Síntora, quien también revistaba en la D2. Durante el juicio celebrado en 2005, mientras declaraba José Cafferata Nores -ministro de Gobierno de Angeloz en el momento del crimen-, la abogada María Elba Martínez -querellante particular junto a Teresa Maders- le preguntó: “¿Por qué, como Ministro de Gobierno, si de usted dependía la estructura policial, pudo mantenerse a personas de esa época que habían sido procesadas ya en el año ‘87 por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba?”. El calificado testigo respondió: “Hubo como una política de progresiva desafectación de las filas policiales a quienes habían tenido vinculación con casos de violaciones a los derechos humanos o con otro tipo de delitos. Esta política se fue ejecutando a lo largo del tiempo, y además esta política tenía dos momentos: el momento de la indicación de que así se hiciera por parte de la autoridad política, y luego la ejecución, la implementación operativa concreta de esta instrucción, que se realizaba a través de los organismos policiales competentes. (…) Yo recuerdo que en mi gestión pasaron a retiro. Pueden haber quedado otras. Pero la idea era la de una depuración de la fuerza, de carácter paulatino, y que se fuera haciendo a través de la misma institución”.
Lejos de desconocer la existencia de esas resoluciones, la ambigua respuesta del funcionario que diseñó el esquema institucional de la Justicia provincial cordobesa significaba asumir que la política de “paulatina depuración” no había funcionado.
Por eso, si la señora de los ojos vendados pretende levantar en serio sus históricos aplazos en derechos humanos, deberá rendir y aprobar estas dos materias. Y pronto.
FuentedeOrigen:www.prensared.com.ar
Fuente:Rdendh
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