CÓRODBA: JUICIO UP1

Ex preso apuntó contra la Justicia y reconoció a dos torturadores
También dijo que un capellán de la Iglesia hizo que "los molieran a palos". Acusó por no investigar a los ex jueces Puga y Zamboni.

El ex preso Gustavo Tisera dijo que mientras estuvo preso en la cárcel UP1 durante la dictadura, al menos un juez federal no quiso escuchar las denuncias de los detenidos; que él no tuvo abogado, y contó el supuesto rol de un ex capellán. Reconoció a algunos torturadores.
"Si no hubiese habido complicidad de la Justicia, de la Iglesia, esto no hubiese sucedido", dice Gustavo Tisera, ex preso político y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Habla de la última dictadura y de la torturas y los asesinatos ocurridos en la Penitenciaría Nº1 de barrio San Martín, por los cuales están siendo juzgados en Córdoba una veintena de represores, entre ellos Jorge Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Pero antes de advertir esa "complicidad", Tisera recuerda que la represión comenzó mucho antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ya que había sido detenido tres años antes, llevado a las seccionales 1ª, 4ª y a la 11ª, y de ahí a la cárcel de Encausados y a la UP1, como relata en su casa, donde recibió a La Voz del Interior.
Lo imputaron por "tenencia de arma de guerra, resistencia a la autoridad y robo de un automotor" y lo condenaron a tres años de prisión, que al final fueron nueve. Como era habitual, los presos políticos estaban a cargo de la Justicia Federal o del Ejército y en su causa entendía el juez federal Nº1 Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido).
En la UP1, según Tisera, el "buen" trato con el Servicio Penitenciario cambió con el golpe, los pabellones de "presos especiales" se llenaron en "forma alevosa" y los detenidos fueron torturados Entre los torturadores recuerda a Miguel Pérez y Enrique Mones Ruíz, imputados en la "causa UP1".
En cierta ocasión, el jefe del área 311 (organizada para la "guerra contra la subversión") Juan Baustista Sasiaíñ, les ordenó a Tisera y los presos de la celda 11: "Levante la mano el que está por equivocación. Porque no me quiero equivocar". Nadie levantó la mano y dijo: "Les comunico en nombre mío y del 'Chacal' (por Menéndez) que están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos que van a ir muriendo lentamente de manera que se arrepientan de haber nacido'".
Esas palabras coinciden con las que escucharon otros detenidos "especiales" y que desesperanzó a Tisera como a muchos, también por lo que vivirían después cuando los presos Gustavo de Breuil, Hugo Vaca Narvaja y Higinio Toranzo fueron fusilados cerca de donde está el estadio Córdoba.
"(Los militares) tiraban la moneda y el que salía sorteado era el quedaba vivo. A Eduardo de Breuil (hermano de Gustavo) lo hacen presenciar y le dicen: 'Lo que viste lo vas a contar a tus compañeros porque así van a ir muriendo todos'. Con eso nos pretendían aleccionar", indica Tisera, que declarará como testigo en el juicio a Videla.
Dice que la "complicidad" con la dictadura alcanzaba también a la Iglesia: "Un día el capellán del Tercer Cuerpo, cuyo nombre nunca supe, empezó a confesarnos. Un guardiacárcel nos dijo: 'Guarda que éste lleva las botas debajo de la sotana'. Los compañeros le decían lo que estaba sucediendo y el capellán dijo: '¿Ah, sí? Ya van a ver lo que les pasa, van a saber lo que es bueno'. Después, los militares nos molieron a palos".
Al referirse a la Justicia Federal, Tisera menciona a los ex jueces Zamboni Ledesma y Miguel Ángel Puga, éste imputado en otra causa por "omitir" investigar dos crímenes. "En una oportunidad fue no sé si Zamboni o Puga a notificar (a presos) como estaban sus causas, pero en ningún momento quisieron escucharlos".
De acuerdo con Tisera, los presos llegaban a la indagatoria con marcas por los golpes: "No había que ser muy lúcido para darse cuenta de la situación en que estábamos". Agrega que no sólo nunca declaró ni habló con ningún fiscal ni juez, sino que tampoco tuvo contacto con un abogado oficial de la Justicia.
“Un paralítico fugádonse"
“Entraban mañana, tarde y noche a golpearnos hasta dejarnos tendidos. Quedaron dos compañeros hemipléjicos: Fermín Rivera y Pablo Balustra”, rememora Tisera, que trabaja como empleado de mantenimiento en el espacio para la memoria de La Perla.
“Cuando viene el traslado de la UP1 a Sierra Chica, tenía que ir Balustra. Pero cuando los militares ven que estaba inmovilizado, en camilla, dicen “no, este es una denuncia viviente, no podemos llevarlo así”. Así que lo llevan al pabellón y a los 15 ó 20 días lo sacan y le aplican la ‘ley de fuga’. Sabíamos que difícilmente los que salían de los pabellones volvían”.
“O sea un paralítico fugándose...”, dice sobre Balustra, quien para el Tercer Cuerpo de Ejército intentó fugarse durante un traslado desde la UP1 y cayó abatido.
“La tortura era una satisfacción de su ego personal, de sus ansias”, añade. Pero los tormentos también consistían en clausurar las “rejas y ventanas” para que permanecieran a oscuras, sólo llevarlos al baño una vez al día para bañarse o hacer sus necesidades. Aunque no las dos cosas a la vez porque sólo tenían tres minutos. Y resto del día, debían limitarse a un tarro de aceite.
Sin embargo, Tisera y los demás presos políticos en la celda 11 recibieron un gesto de los condenados comunes: “Gracias a la solidaridad de los presos sociales, nos dejaron de golpear los días de visitas y por la noche. Era porque los presos sociales se negaban a salir a trabajar porque a la noche no podían dormir por nuestros gritos y porque las visitas de ellos se asustaban y no volvían”.
Con lo cual, de siete veces al día que eran golpeados, Tisera señala que pasaron a ser cinco.
Traslados y libertad. Después de unos seis o siete meses en la UP1, Tisera fue trasladado a la cárcel de Sierra Chica y luego a La Plata, Caseros, Rawson hasta que el 2 de mayo de 1982 fue liberado, pero bajo vigilancia.
Tisera dice que fue liberado porque los militares “ya habían cometido la locura de (la Guerra de) Malvinas y la situación (dictadura) se conocía a nivel internacional por las violaciones constantes de los derechos humanos. Era una manera de ir aflojando era ir dándonos esta especie de libertad vigilada”.
Por eso cada lunes tenía que presentarse en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) para que constataran su permanencia en Córdoba.
Lecturas silenciosas
Los escondían entre los recovecos de las paredes y debajo de algunas baldosas o zócalos. Que fueran encontrados les habría significado quizá hasta la muerte. Gustavo Tisera explica cómo hacían para esconder dentro de las celdas de la UP1 los aparatos de radio y libros de filosofía y política con los que “estudiaban”.
“Lo más valioso que teníamos eran los libros y las radios. Hicimos diferentes ‘canutos’, los teníamos escondidos en las paredes o en el piso cosa para seguir estudiando. Si (José) Moukarzel (un detenido asesinado) u otros (presos políticos) hubieran querido cambiar sus vidas y hubiesen dicho algo de lo que había en las paredes, posiblemente los militares nos hubiesen masacrado a todos”.
Pero enseguida aclara: “Ellos no nos traicionaron. No negociaron nada. Moukarzel sabía de informes sobre lo que se vivía en La Perla, los tratos, los torturadores”.
Pero enseguida aclara: “Ellos no nos traicionaron. No negociaron nada. Moukarzel sabía de informes sobre lo que se vivía en La Perla, los tratos, los torturadores”.
A través de la radio sólo escuchaban los informativos de la noche, cuando los ruidos de la cárcel se atenuaban y podían oír si los borceguíes de los guardicárceles se acercaban a sus celdas: “La radio era totalmente light. Todo era enfrentamientos, en los que morían compañeros y nunca uno de ellos (militares). Daban el discurso oficial del Tercer Cuerpo”.
FuentedeOrigen:LaVozdelInterior

Fuente:Agndh

Córdoba -Juicio UP1
El aparato del terror y sus métodos
Declaró como testigo la hija del ex sindicalista y militante peronista Florencio Díaz (46) detenido en la UP1 y asesinado en octubre de 1976 junto a Marta González de Baronetto, Jorge Oscar García, Miguel Ángel Ceballos, Oscar Hugo Hubert y Pablo Balustra. El cuerpo de Díaz -reconocido por su hijo- había sido castrado, picaneado y presentaba numerosas heridas de bala.
Por Katy García-PrensaRedFlorencio esteban Díaz-Foto:ElDiarioDelJuicio
María Cristina Díaz, hija del ex militante peronista y hasta octubre de 1971 secretario general del Sindicato de Trabajadores de Materfer (Sitram), declaró como testigo en la causa Videla que juzga los fusilamientos de 31 presos políticos ocurridos entre marzo y octubre de 1976 y denunciados como “intentos de fuga”. Lo hizo el jueves próximo pasado ante el Tribunal Oral Federal Nº1.
Díaz fue uno de los seis militantes populares masacrados el 11 de octubre de 1976. El cuerpo que les entregaron en la morgue del Hospital Córdoba tras presentar un certificado de defunción firmado por el doctor Silvestre y entregado por el Tercer Cuerpo evidenció que estaba castrado, picaneado y con heridas de bala. “Yo pregunto: una persona en ese estado, se puede intentar fugar? inquirió la testigo. “Presumo -dijo- que los llevaron a otro lugar y fueron torturados antes de matarlos”. La abogada María Elba Martínez había solicitado la exhumación pero le fue denegada. La testigo relata que en las visitas realizadas a la penitenciaría lo encontraron golpeado y torturado. “No se podía mover”, expresa.

Según se desprende del testimonio brindado, el ex sindicalista fue perseguido desde la dictadura anterior la autodenominada Revolución Argentina que ordenó su detención en 1971. Fue militante del peronismo revolucionario y en 1973 rechazó las candidaturas a vicegobernador y una diputación que le habían ofrecido. En 1975, se suma al Partido Peronista Auténtico en Córdoba desde el área sindical ya que era delegado de Vialidad provincial. El 5 de febrero de 1976, por la noche, lo detienen mientras se encontraba solo en su domicilio. Los vecinos vieron que un grupo de civil arribó en varios autos y lo llevan. Por esa época los detenidos eran trasladados al D2.

Ahí comienza un periplo infernal para dar con su paradero. “Mi hermano es acompañado al departamento de informaciones número dos (D2) por un matrimonio amigo y ahí le dicen que no estaba”, cuenta. Ante la insistencia lo llevaron a otra dependencia del lugar ubicado en Cuzco 66 –hoy pasaje Santa Catalina- donde había policías de civil con armas largas. Tras golpearlo y amenazarlo, lo dejan ir y a los dos días blanquean la detención de su padre y lo trasladan a la UP1 donde permanece a disposición del PEN.

“En la primera visita, en la cárcel, lo encuentro en un estado de salud deplorable. El cuerpo quemado por la picana, moreteado, lastimado, casi no se podía mover”, cuenta María Cristina. Aquélla vez, su padre le comentó que todos los días era interrogado y por lo tanto torturado y que además de los golpes lo mortificaban psicológicamente diciéndole que iban a matar a su familia. “Me dijo que sufrió mucho esa situación”, afirma su hija quien lo recuerda como una persona ejemplar de la que se siente orgullosa. Y lo describe como un trabajador incansable, preocupado por su familia, además de militante sindical y político participaba en otras actividades de la vida barrial. Por caso, fue presidente de la Biblioteca del Centro de Amigos de la Cultura, en barrio Altamira.

Cuando se produjo el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 la familia sigue acercándole paquetes con ropa o elementos de higiene. “Después supimos que no les llegaba nada”, comenta Cristina y sostiene que para la familia de los presos que les recibieran un “paquete” en la puerta de la penitenciaría era una “prueba de vida”. Cuando su madre fue por segunda vez a llevarle esos elementos le dijeron que no estaba. Entonces emprenden la búsqueda. En esos días aparece por su casa un primo, miembro de la familia Chabrol y le comenta que un amigo que trabajaba en el Hospital Córdoba le había manifestado que muchos cadáveres eran llevados a la morgue. Así fue. El cuerpo estaba ahí. El certificado de defunción como el de la mayoría de los ex presos lleva la firma de un médico. Escuetamente consigna “heridas de bala” por intento de fuga. Esta prueba documental está anexada al expediente.

El cuerpo dice

“Apúrense porque todos van a parar al cementerio San Vicente”, les habían dicho. Concurren su madre y hermano (fallecidos) a realizar un sinnúmero de trámites para que les entregaran el cuerpo. En la Cuarta Brigada Aerotransportada les dicen que vuelvan por la tarde. Vuelven. Los mandan al Tercer Cuerpo para que retiren el certificado de defunción y esa misma noche se dirijan a la morgue del Hospital Córdoba a reconocerlo.

Fue su hermano el que desoyendo la advertencia del oficial que vigilaba el lugar corre la sábana que cubría el cuerpo y descubre que estaba castrado, picaneado y con numerosas heridas de bala. “Yo pregunto: una persona en ese estado, se puede intentar fugar? Inquirió la testigo. “Presumo –dijo- que los llevaron a otro lugar y fueron torturados antes de matarlos”, le comenta al Tribunal. Les entregaron el cuerpo en un cajón cerrado y fue sepultado en el cementerio San Vicente. La abogada María Elba Martínez había solicitado la exhumación pero le fue denegada. María Cristina, única sobreviviente de la familia, lamentó no haber podido asistir al velatorio de su padre porque tuvo que tuvo que irse de Córdoba. “Hoy sabe que la gente que fueron a detener esa noche están todos desaparecidos”, revela. Cuando en 1977 vino a visitar la tumba de su padre, observó que en la parte de atrás del cementerio “mirando de frente al panteón ferroviario, había un montón de militares alrededor de lo que se supo era una fosa común. Creo que podría haber algo debajo del crematorio”, supone. “Quiero reivindicar este momento. Esperamos 34 años, y gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos hicieron que hoy estamos presentes, y podamos testimoniar todo lo que pasó. Que no fue solo dirigido a un sector. Cuando se aplicaron políticas de hambre eso también es terrorismo de Estado. Lo sufrimos todos y es hora de que se haga justicia y seguiremos participando hasta que logremos que todos los genocidas vayan presos”, manifestó.

En carne propia
María Cristina Díaz fue detenida en septiembre de 1978. Estuvo en el D2 de Mariano Moreno unos 20 días. Luego la trasladan a la UP1 donde permaneció encerrada en una celda por tres meses. “Tenía que hacer mis necesidades en un tarro de leche nido”, grafica y da cuenta de las condiciones de detención. Fue sometida a un Consejo de Guerra y trasladada a la cárcel de Devoto donde permaneció incomunicada durante un mes. En 1982, cuando se apersonó el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, junto al secretario Carlos Otero Alvarez y su abogado defensor Galina, tuvo la oportunidad de preguntarle qué había pasado con su padre. Relató que el Juez se mostró sorprendido y le dijo que “no recordaba” esa causa.

En diciembre de l982, sobreseída, sale en libertad el 12 de de febrero. Había sido detenida y trasladada en un automóvil Ford Falcon color verde a la sede del D2. “Me tiran en la parte de atrás, me tapan y me ingresan por una ventana”, sostuvo. Vendada, esposada y torturada como el resto permaneció en ese lugar donde se contactó con Marily Piotti. “Estaba en muy mal estado producto de la tortura”, recuerda. No le pudo ver la cara a ninguno de los verdugos aunque pudo saber que allí se encontraba Charlie Moore y que participaba de los maltratos y torturas por comentarios de otros presos que habían escuchado que lo nombraban.

Otro recuerdo sobre el D2 tiene como protagonista a una mujer policía que participaba de los maltratos y de las sesiones de tortura. Un día la desnudaron y ella le pasaba un lampazo sucio por el cuerpo mientras era interrogada sobre sus actividades políticas. Militaba en el centro de estudiantes y formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Sobre la atención médica recibida explicó que se limitaban a medicarlos. En la penitenciaría estuvo alojada en el pabellón 14 y después de un traslado masivo quedaron apenas trece. En relación a la custodia manifestó que era personal del servicio penitenciario, aunque vio al general Centeno cuando montaron un simulacro de traslado. También recordó a otros prisioneros como Manuel Nieva y su esposa, Cavigliaso, los hermanos Azadurian, Toranzo y Porta. Desde 1984 está casada con Sebastián Canizzo cuya familia también sufrió la aplicación de la metodología de la desaparición. Cuatro miembros permanecen en esa situación.
Por la tarde, declararon Marta de Bártoli (esposa de Eduardo Bártoli), Myriam Funes (hermana de Cristian Funes) y Rosario de Balustra (esposa de Pablo Alberto Balustra).

Eduardo Daniel Bártoli-Foto:ElDiarioDelJuicio
Cristian José Funes-Foto:ElDiarioDelJuicio
Pablo Alberto Balustra-Foto:ElDiarioDelJuicio

Otra foto rueda
Antes de que comenzaran los testimonios Yanicelli agregó una prueba fotográfica que incrimina a la justicia federal. El ex policía imputado en ambas causas ofreció una nueva fotografía donde aparece el titular de la Cámara Federal Luis Rueda junto a un grupo. Explicó que lo hace para contrarrestar los dichos del abogado del funcionario que explicó a través de la prensa que la anterior foto correspondía a una reunión familiar. En ésta aparece con otras personas en lo que parece una reunión. El ex funcionario policial durante el gobierno de Ramón Mestre asegura que Rueda ha pertenecido a los Servicios de Inteligencia Aerotransportada (SIA).
Fuente:Agndh