UNIFICAN LAS CAUSAS POR CINCO CENTROS CLANDESTINOS
Veinticinco represores al banquillo
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó ayer tres causas que investigan las torturas infligidas en cinco centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por la existencia de imputados y víctimas en común. La Justicia resolvió así unificar la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de Puesto Vasco y Coti Martínez (Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez) con la que investiga los crímenes ocurridos en la comisaría quinta de La Plata. A esta última, ya se le había anexado otra causa por los hechos perpetrados en los centros conocidos como Pozo de Arana y Brigada de Investigaciones de La Plata. Desde ahora, habrá un solo proceso, y se estará en condiciones de realizar un único juicio oral que tendrá como imputados a cerca de 25 represores y como víctimas a unas 300 personas relacionadas con estos cinco centros de detención clandestinos.
La medida se adoptó tras evaluar que los hechos investigados se encuentran “conectados”, y que existe una “unidad de dirección y funcionamiento de los centros de detención investigados”, precisa la resolución del Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. Además, se tuvo en cuenta la necesidad de “no revictimizar a las víctimas” al exponerlas a sucesivas declaraciones de los delitos cometidos en su contra, y cuestiones relacionadas con la economía procesal y la celeridad en su resolución.
Para evitar también que se vulnere el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho –algo que podría favorecer a alguno de los imputados– el Tribunal acordó que lo más beneficioso sería que sean juzgados en un único juicio oral. Entre los imputados que están involucrados en delitos de lesa humanidad está el represor Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por genocidio, el ex médico policial Jorge Bergés, el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. “En las acusaciones se atribuye a los mismos procesados diversos delitos, que han sido perpetrados en igual lugar y tiempo, así como también existe identidad con alguna de las víctimas de las causas mencionadas”, sostuvieron los integrantes del Tribunal para justificar la resolución.
En el Pozo de Arana –uno de los centros cuya investigación fue integrada– el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló en 2008 restos humanos calcinados y enterrados, en lo que constituyó el primer hallazgo de este tipo que corroboró los testimonios aportados por las víctimas sobre lo que allí acontecía. Raúl Bonafini, uno de los hijos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue uno de los detenidos en ese CCD, al igual que Jorge Julio López, cuyo testimonio fue vital para la condena a reclusión perpetua de Etchecolatz.
Veinticinco represores al banquillo
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó ayer tres causas que investigan las torturas infligidas en cinco centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por la existencia de imputados y víctimas en común. La Justicia resolvió así unificar la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de Puesto Vasco y Coti Martínez (Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez) con la que investiga los crímenes ocurridos en la comisaría quinta de La Plata. A esta última, ya se le había anexado otra causa por los hechos perpetrados en los centros conocidos como Pozo de Arana y Brigada de Investigaciones de La Plata. Desde ahora, habrá un solo proceso, y se estará en condiciones de realizar un único juicio oral que tendrá como imputados a cerca de 25 represores y como víctimas a unas 300 personas relacionadas con estos cinco centros de detención clandestinos.
La medida se adoptó tras evaluar que los hechos investigados se encuentran “conectados”, y que existe una “unidad de dirección y funcionamiento de los centros de detención investigados”, precisa la resolución del Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. Además, se tuvo en cuenta la necesidad de “no revictimizar a las víctimas” al exponerlas a sucesivas declaraciones de los delitos cometidos en su contra, y cuestiones relacionadas con la economía procesal y la celeridad en su resolución.
Para evitar también que se vulnere el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho –algo que podría favorecer a alguno de los imputados– el Tribunal acordó que lo más beneficioso sería que sean juzgados en un único juicio oral. Entre los imputados que están involucrados en delitos de lesa humanidad está el represor Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por genocidio, el ex médico policial Jorge Bergés, el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. “En las acusaciones se atribuye a los mismos procesados diversos delitos, que han sido perpetrados en igual lugar y tiempo, así como también existe identidad con alguna de las víctimas de las causas mencionadas”, sostuvieron los integrantes del Tribunal para justificar la resolución.
En el Pozo de Arana –uno de los centros cuya investigación fue integrada– el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló en 2008 restos humanos calcinados y enterrados, en lo que constituyó el primer hallazgo de este tipo que corroboró los testimonios aportados por las víctimas sobre lo que allí acontecía. Raúl Bonafini, uno de los hijos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue uno de los detenidos en ese CCD, al igual que Jorge Julio López, cuyo testimonio fue vital para la condena a reclusión perpetua de Etchecolatz.
TRES CORONELES Y UN AGENTE PENITENCIARIO ACUSADOS DE TORTURAS
Más procesados por El Vesubio
En el centro clandestino que funcionó en La Matanza estuvieron secuestrados el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld. El juez Rafecas procesó a Minicucci, Svencionis, Crespi y Cendón.
El juez federal Daniel Rafecas dictó los procesamientos por secuestros y torturas entre 1976 y 1978.
Otros cuatro represores, acusados de crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el campo de concentración y exterminio El Vesubio, fueron procesados ayer con prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas. Los coroneles retirados Federico Antonio Minicucci, Faustino José Svencionis, Jorge Raúl Crespi y el ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón (alias “Castro”) están acusados de secuestros y torturas perpetrados entre abril de 1976 y noviembre de 1978 en el centro clandestino de detención que funcionó en el partido bonaerense de La Matanza y donde desaparecieron, entre otros, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld.
La medida fue tomada en el marco de la “megacausa” en la que Rafecas investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fuese reabierta tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los procesamientos y las prisiones preventivas fueron dictados por hechos que tuvieron lugar en ese “centro de detención y tortura”, y los represores se suman a los ocho cuyo juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 desde el mes de diciembre último.
Minicucci fue imputado por “su complicidad en los secuestros y torturas de 85 personas que permanecieron cautivas en El Vesubio, en función de su desempeño durante 1977 como jefe del Regimiento de Infantería III de La Tablada”, señalaron fuentes judiciales. La misma imputación –pero por 107 casos– recayó sobre su sucesor en 1978, Svencionis, que se desempeñó como jefe del lugar donde se estableció que también funcionaba la Central de Reunión de Información (CRI), a cargo de Crespi, que planeaba la acción represiva ejecutada en El Vesubio. Este último fue detenido e imputado por el juez en hechos que involucraron a 102 personas, en tanto que al ex agente Cendón se le adjudicaron los mismos delitos contra 204 personas.
De acuerdo con lo que consta en el expediente, la CRI “constituyó un eslabón fundamental en el plan de represión llevado a cabo en el ámbito geográfico perteneciente a la Subzona 11”. Rafecas recordó que esa central de inteligencia “tenía entre sus funciones la detención de personas, alojamiento e interrogatorio de detenidos, planificación y supervisión de operativos de detención”, y operaba “como reducto para la recepción de todo lo secuestrado en los domicilios de las víctimas: papeles, libros, documentación, ropa o incluso electrodomésticos”. Según detalló el magistrado, las víctimas fueron sometidas allí a torturas tales como “el tabicamiento, medios de sujeción e inmovilidad, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño y la exposición a desnudez”. A esos tormentos, indicó el juez, se agregaba “la prohibición del habla, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y, en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, quemaduras o golpes”.
Este nuevo procesamiento se suma al juicio oral y público que desde diciembre pasado el TOF 4 lleva adelante contra otros ocho represores del CCD que funcionaba en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Avenida Riccheri y Camino de Cintura. Ellos son los coroneles retirados Pedro Alberto Durán Sáenz, ex jefe del CCD, y Hugo Idelbrando Pascarelli, jefe del área 114, y el general retirado Héctor Humberto Gamen, segundo comandante de la Brigada de Infantería X –en la Subzona 11– y jefe de la Central de Reunión de Información. También se encuentran sentados en el banquillo de los acusados los ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Ramón Antonio Erlán, José Néstor “Paraguayo” Maidana, Roberto Carlos “Sapo” Zeolitti, Diego Salvador “Palacio” Chemes y Ricardo Néstor “Pájaro” Martínez. Sobre ellos pesan las acusaciones por 16 homicidios agravados, 157 privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos a secuestrados que pasaron por El Vesubio.
FuentedeOrigen:Pagina12
Más procesados por El Vesubio
En el centro clandestino que funcionó en La Matanza estuvieron secuestrados el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld. El juez Rafecas procesó a Minicucci, Svencionis, Crespi y Cendón.
El juez federal Daniel Rafecas dictó los procesamientos por secuestros y torturas entre 1976 y 1978.Otros cuatro represores, acusados de crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el campo de concentración y exterminio El Vesubio, fueron procesados ayer con prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas. Los coroneles retirados Federico Antonio Minicucci, Faustino José Svencionis, Jorge Raúl Crespi y el ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón (alias “Castro”) están acusados de secuestros y torturas perpetrados entre abril de 1976 y noviembre de 1978 en el centro clandestino de detención que funcionó en el partido bonaerense de La Matanza y donde desaparecieron, entre otros, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld.
La medida fue tomada en el marco de la “megacausa” en la que Rafecas investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fuese reabierta tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los procesamientos y las prisiones preventivas fueron dictados por hechos que tuvieron lugar en ese “centro de detención y tortura”, y los represores se suman a los ocho cuyo juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 desde el mes de diciembre último.
Minicucci fue imputado por “su complicidad en los secuestros y torturas de 85 personas que permanecieron cautivas en El Vesubio, en función de su desempeño durante 1977 como jefe del Regimiento de Infantería III de La Tablada”, señalaron fuentes judiciales. La misma imputación –pero por 107 casos– recayó sobre su sucesor en 1978, Svencionis, que se desempeñó como jefe del lugar donde se estableció que también funcionaba la Central de Reunión de Información (CRI), a cargo de Crespi, que planeaba la acción represiva ejecutada en El Vesubio. Este último fue detenido e imputado por el juez en hechos que involucraron a 102 personas, en tanto que al ex agente Cendón se le adjudicaron los mismos delitos contra 204 personas.
De acuerdo con lo que consta en el expediente, la CRI “constituyó un eslabón fundamental en el plan de represión llevado a cabo en el ámbito geográfico perteneciente a la Subzona 11”. Rafecas recordó que esa central de inteligencia “tenía entre sus funciones la detención de personas, alojamiento e interrogatorio de detenidos, planificación y supervisión de operativos de detención”, y operaba “como reducto para la recepción de todo lo secuestrado en los domicilios de las víctimas: papeles, libros, documentación, ropa o incluso electrodomésticos”. Según detalló el magistrado, las víctimas fueron sometidas allí a torturas tales como “el tabicamiento, medios de sujeción e inmovilidad, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño y la exposición a desnudez”. A esos tormentos, indicó el juez, se agregaba “la prohibición del habla, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y, en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, quemaduras o golpes”.
Este nuevo procesamiento se suma al juicio oral y público que desde diciembre pasado el TOF 4 lleva adelante contra otros ocho represores del CCD que funcionaba en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Avenida Riccheri y Camino de Cintura. Ellos son los coroneles retirados Pedro Alberto Durán Sáenz, ex jefe del CCD, y Hugo Idelbrando Pascarelli, jefe del área 114, y el general retirado Héctor Humberto Gamen, segundo comandante de la Brigada de Infantería X –en la Subzona 11– y jefe de la Central de Reunión de Información. También se encuentran sentados en el banquillo de los acusados los ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Ramón Antonio Erlán, José Néstor “Paraguayo” Maidana, Roberto Carlos “Sapo” Zeolitti, Diego Salvador “Palacio” Chemes y Ricardo Néstor “Pájaro” Martínez. Sobre ellos pesan las acusaciones por 16 homicidios agravados, 157 privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos a secuestrados que pasaron por El Vesubio.
FuentedeOrigen:Pagina12
uente:Agndh
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