LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

EL PASADO SIEMPRE VUELVE
Por Sonia Tessa
Seminara, actual vicerrector de la UNR, identificó a Scortecchini -su amigo de la adolescencia-, como uno de sus torturadores en el Servicio de Informaciones. Lo Fiego era el encargado de garantizar que los prisioneros no murieran en la sala de torturas. Estos fueron algunos de los hechos que el Tribunal recordó ayer en el juicio a Díaz Bessone y Cía.

LOS ARGUMENTOS DEL MINISTER

IO PUBLICO PARA ENJUICIAR A DIAZ BESSONE Y CIA
La lectura de las situaciones vividas
Díaz Bessone fue el máximo responsable de la represión ilegal en la región y Lo Fiego conducía las sesiones de tortura.

Feced fue padrino de la boda de Chomicky, colaborador civil en la represión ilegal.
Por Sonia Tessa
Eduardo Seminara fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 cuando cumplía el servicio militar en Azul. Lo trasladaron al Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en San Lorenzo y Dorrego. Allí lo ataron, lo desnudaron, lo quemaron, le hicieron el submarino y le aplicaron picana eléctrica en todo el cuerpo. El ahora vice rector de la Universidad Nacional de Rosario fue entrevistado después de los tormentos por "Archie", un represor que conocía su vida al dedillo. José Antonio Scortecchini -uno de los imputados en la causa Díaz Bessone- le sugirió que no se hiciera reventar por la picana. El integrante de la patota y el prisionero habían sido amigos durante cuatro años, entre los 13 y los 18, de modo que apenas escuchó la voz, Seminara pudo identificarlo como uno de sus torturadores. Esta fue una de las tantas situaciones que se leyeron ayer, como parte de la requisitoria de elevación a juicio oral del Ministerio Público, que elaboró el entonces fiscal Ricardo Vázquez. Sobre Ramón Genaro Díaz Bessone se planteó que en su carácter de Comandante del II Cuerpo de Ejército, entre febrero de 1975 y octubre de 1976, fue el máximo responsable de idear y ejecutar el plan sistemático de represión ilegal en la zona. José Lo Fiego era quien conducía las sesiones de tortura y el encargado de garantizar que los prisioneros no murieran en esa situación. En tanto de Ricardo Chomicky, se remarcó que fue colaborador civil en la represión ilegal, al participar de sesiones de tortura y secuestros.
Es impactante escuchar los terribles momentos vividos por personas que se conocen desde hace años. Lo será aún más en la etapa de testimonios, pero aún en el lenguaje tribunalicio, resulta escalofriante la lectura de un mero sumario de las situaciones vividas. Les pasa también a amigos y compañeros. Cuando la secretaria Silvina Andalaz leía el "caso 80", de Azucena Solana, al lado de la propia víctima y querellante estaba sentada Alejandra Manzur, hija del desaparecido Oscar Manzur y de la sobreviviente Marta Bertolino. La joven no pudo evitar el llanto. Azucena la abrazó y le dijo: "Gracias por llorar por mí".
Uno de los aspectos más peculiares del juicio es la acusación a Ricardo Chomicky (junto a su esposa, Nilda Folch, que se encuentra prófuga y por lo tanto no puede ser juzgada), como colaboradores civiles en la represión ilegal. Los dos llegaron secuestrados al Servicio de Informaciones. Chomicky argumentó en su defensa, en una declaración anterior, que había sido torturado sistemáticamente.
El escrito de Vázquez dedica un párrafo a ese punto. "Los casos de ambos presentan la particularidad de haber sido víctimas iniciales del plan represivo. Ni haber brindado información ni haber realizado tareas menores son motivo de reproche penal. No se reprochan de parte del Ministerio Público las actitudes motivadas por el plan sistemático de represión. El reproche es la participación activa de los mismos en delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y muertes", dice el texto de la requisitoria, después de recoger distintos testimonios sobre la presencia de Folch y Chomicky en sesiones de tortura y secuestros.
De hecho, la requisitoria toma dichos del propio interventor de la policía provincial durante la dictadura, el fallecido Carlos Agustín Feced, quien declaró en 1984 frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Allí afirmó que Folch le recordaba a su hija, y por eso la "protegió", al tiempo que tramitó la libertad de la pareja. Feced dijo también haberles proporcionado documentos falsos y haberlos ayudado a cambiar su aspecto una vez liberados. Incluso, fue padrino del casamiento entre Folch y Chomicky.
Al terminar los 87 casos, comenzó el capítulo de la requisitoria destinado a los acusados. Sobre Díaz Bessone, se planteó su poder de decisión, dado que todas las fuerzas fueron puestas bajo la órbita del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
Lo Fiego, alias "El Ciego", dijo en alguna indagatoria de la etapa de instrucción que las órdenes para combatir a lo que ellos llamaban "la subversión" fue transmitida oralmente por Díaz Bessone, en marzo de 1976. También afirmó que el destino de los prisioneros nunca era determinado por la policía, sino que respondían a órdenes del Comando.
A Lo Fiego, gran cantidad de testimonios lo señalaron como la persona encargada de aplicar los tormentos y regularlos de manera que no acabaran con la vida de los secuestrados. Por eso, otro de sus apodos era "doctor Mengele". También fue el responsable de los "traslados" de personas que continúan desaparecidas. También se lo acusa de haber redactado los informes que se elevaban al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y Scortecchini también fueron acusados como efectivos policiales, de acuerdo con diferentes testimonios de sobrevivientes, por participación en secuestros y tormentos. En esos casos, quedó planteado que se intentaron fraguar las verdaderas tareas en el área de Inteligencia de la fuerza, dado el carácter clandestino de la represión ilegal.
Protección de testigos
Hay 25 querellantes de la causa Díaz Bessone que pidieron incorporarse al Programa de Protección de Testigos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que dirige Oscar Blando, y hoy forman parte de ese dispositivo. "Hay un sentimiento doble, de conmoción por las víctimas sobrevivientes, que no tuvieron oportunidad de tener justicia y por el tiempo transcurrido", opinó Blanco, en el cuarto intermedio que se produjo casi al mediodía. "Desde el programa estamos acompañando a testigos y querellantes", apuntó. Y reiteró la "preocupación por la libertad de cinco de los seis imputados". Por eso, la Secretaría presentó un escrito que manifestaba que se aplique el artículo 366 del Código Procesal Penal para que los acusados permanezcan detenidos durante su juzgamiento.

EL TESTIMONIO DE SOBREVIVIENTES, QUERELLANTES Y TESTIGOS
"Es doloroso volver a escuchar lo padecido"
El sol entibiaba ayer al mediodía la vereda de Oroño al 900, donde algunos sobrevivientes, querellantes, testigos y antiguos compañeros de militancia tomaban mates acompañados por familiares y amigos. Era el cuarto intermedio de la segunda audiencia del juicio oral y público de la antigua causa Feced. "Es muy doloroso para nosotros escuchar decenas de veces lo que hemos padecido cuando éramos jóvenes y adolescentes. En 1984 presentamos el primer escrito, un grupo de detenidos", rememoró Marta Bertolino. Aquella primera presentación se realizó frente a la Justicia provincial, y fue elaborada por una de las detenidas, Olga Cabrera, quien fue clave para que hoy el juicio pueda realizarse.
Por su parte, otra de las querellantes, Azucena Solana, manifiesta su impotencia y su bronca. "En los casos de algunos compañeros, como Ruth González, hay testigos que vieron que la subió José Lo Fiego en el traslado del que jamás volvió. El sabe dónde los llevó y no lo dice", expresa su bronca. También subraya el valor del juicio. "Significa un impacto, porque es llegar a un momento postergado, que empieza a atravesar instituciones y encontrar sanción social. Creo que es una cuestión de salud mental y crecimiento político colectivo", apunta sobre el juicio.
En la conversación se mezcla la impunidad que tuvieron los represores durante la democracia, y cómo en 1997, cuando se elaboró el informe sobre los miembros de las fuerzas armadas que habían participado del terrorismo de Estado, el entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, tomó la decisión política de exonerarlos.
En ese punto, Bertolino vuelve a los efectos de la impunidad. "Desde aquel entonces, hace casi 30 años, nosotros fuimos incorporándonos a empleos, estudiamos, estuvimos en círculos sociales, pero de esto no se hablaba. Nunca fuimos reconocidos", indica la psicóloga, también querellante de la causa. Solana aporta lo suyo: "Se hizo 'como si' no hubiera pasado nada. Y en nuestra vida hubo huellas muy concretas de la dictadura. Heridas, compañeros que no están...". Vivono asiente en esa conversación. Todos recuerdan, además, a una de las víctimas que no llegó al juicio, ya que murió en estos años. Eduardo Nassini, el Tortuga, fue uno de los batalladores de la causa que entonces llevaba el nombre de Feced. "Cuando se secuestró todo el material que se encontraron en las dos casas operativas de los grupos de tareas, en 1984, él acompañó al juez Francisco Martínez Fermoselle. Me acuerdo como si fuera hoy cómo tenía los ojos abiertos al recordar todo el material que se había encontrado, restos de botines de guerra y documentación impresionante, una parte de la cual fue robada en 1986 de los Tribunales provinciales", recuerdan Vivono y Bertolino.
Para la psicóloga Lilian Milicich, testigo de la causa como profesional, el juicio abre además la posibilidad del duelo a los sobrevivientes. "Como ciudadana siento que es un acontecimiento histórico, pero también tiene el valor de posibilitar el duelo", afirma, al tiempo que manifiesta el "clima de cierta tensión" que se vive en la audiencia, "dada la proximidad de quienes fueron actores de la represión y quienes fueron torturados. Sólo los separa un vidrio".

FuentedeOrigen:Rosario12

Fuente:Agndh