¿Por qué a Venezuela?
Por Ángel Guerra Cabrera
Por Ángel Guerra Cabrera
Lo que hay principalmente detrás del conflicto colombo-venezolano y su reciente agravamiento es que la revolución Bolivariana choca frontalmente con el plan de dominación estadounidense sobre América Latina.
Que Venezuela, país con reservas de petróleo y gas entre las mayores del mundo, tenga un rumbo independiente en pos del socialismo, promueva la democracia participativa, la unidad e integración de América Latina, la solidaridad, la paz y la cooperación entre los pueblos es intolerable para el imperio. Mucho más cuando movido por su sed insaciable de hidrocarburos y recursos naturales que comienzan a escasear, ha entrado en una carrera bélica permanente por el control de los países que los poseen y de las poblaciones que los habitan. Todo con el cínico pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico nada menos que enarbolada por el Estado campeón del terrorismo, primer mercado de droga en el mundo cuyas ganancias constituyen una gran tajada de su sistema financiero. A la élite de Estados Unidos la saca de quicio la amistad entrañable de Venezuela y Cuba y la profundización de los pasos para su unión económica, preámbulo, diríase, de su unión política. Raúl Castro ha resumido muy claramente el sentido de estos pasos en una reunión de alto nivel cubano-venezolana celebrada el simbólico 26 de julio: sólo unidos venceremos.
El imperio no perdona el importante papel de Venezuela en la liquidación del ALCA –proyecto de recolonización continental- y en el surgimiento de la ALBA, que practica las relaciones más fraternas y equitativas entre las naciones miembros y las promueve, aunque no sean miembros, con todas las naciones de América Latina y el Caribe. En respuesta a la Venezuela bolivariana, a los grandes movimientos populares antineoliberales y gobiernos más independientes gestados por ellos, Washington restableció la IV Flota y llegó al extremo de instalar siete bases militares en Colombia lo que junto a otros factores presentes en ese país, constituye una peligrosa amenaza de agresión para Caracas, que había tensado seriamente las relaciones bilaterales. En este contexto se produce la festinada acusación por el representante de Bogotá en la OEA de que Caracas mantiene campamentos de las guerrillas colombianas en su territorio, una gravísima provocación que ha puesto en grave peligro la paz entre los dos países hermanos salida del fanatismo proyanqui de Álvaro Uribe y su febril afán de protagonismo desde que se frustró su proyecto reeleccionista.
El presidente Hugo Chávez ha hecho cuanto ha estado a su alcance por armonizar las relaciones con Colombia y evitar un conflicto bilateral. De hecho, a petición de Uribe se convirtió en un factor principalísimo de distensión de la larga guerra de sesenta años en el país vecino y ha insistido invariablemente en la necesidad de una salida política al conflicto. Con justa razón ha invitado a las guerrillas de las FARC y el ELN a que comprendan que las nuevas realidades políticas requieren un cambio en su estrategia de toma del poder mediante las armas por una de negociación, sin que ello implique rendirse. Chávez informó con visible dolor la ruptura de relaciones con Colombia: lo anuncio con una lágrima en el corazón, dijo.
Lula da Silva comentó su extrañeza por la conducta de Uribe cuando le faltan unos días para dejar la Casa de Nariño y “el nuevo presidente(Juan Manuel Santos) ha dado señales claras, incluso con los ministros que escogió, de que quiere construir la paz”. Lula, junto al ecuatoriano Rafael Correa, presidente pro tempore de UNASUR y su secretario general Néstor Kirchner han actuado rápidamente para atraer el tema al seno del mecanismo suramericano, un espacio, a diferencia de la OEA, favorable para que sin la presencia de Washington se expresen a plenitud los intereses de América Latina y el Caribe. UNASUR ha dado ya muestras de su capacidad de concertación política y esta es más necesaria que nunca para la región y para Venezuela en particular. La provocación de Uribe, la captura del terrorista Francisco Chávez Abarca, socio de Posada Carriles que confesó los planes desestabilizadores con que llegó a Venezuela, los desmelenados ataques al gobierno bolivariano del arzobispo de Caracas y las carretadas de dinero entregadas por Washington a la contrarrevolución configuran el cuadro subversivo con que se pretende frustrar la victoria chavista en las estratégicas elecciones de septiembre próximo.
Que Venezuela, país con reservas de petróleo y gas entre las mayores del mundo, tenga un rumbo independiente en pos del socialismo, promueva la democracia participativa, la unidad e integración de América Latina, la solidaridad, la paz y la cooperación entre los pueblos es intolerable para el imperio. Mucho más cuando movido por su sed insaciable de hidrocarburos y recursos naturales que comienzan a escasear, ha entrado en una carrera bélica permanente por el control de los países que los poseen y de las poblaciones que los habitan. Todo con el cínico pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico nada menos que enarbolada por el Estado campeón del terrorismo, primer mercado de droga en el mundo cuyas ganancias constituyen una gran tajada de su sistema financiero. A la élite de Estados Unidos la saca de quicio la amistad entrañable de Venezuela y Cuba y la profundización de los pasos para su unión económica, preámbulo, diríase, de su unión política. Raúl Castro ha resumido muy claramente el sentido de estos pasos en una reunión de alto nivel cubano-venezolana celebrada el simbólico 26 de julio: sólo unidos venceremos.
El imperio no perdona el importante papel de Venezuela en la liquidación del ALCA –proyecto de recolonización continental- y en el surgimiento de la ALBA, que practica las relaciones más fraternas y equitativas entre las naciones miembros y las promueve, aunque no sean miembros, con todas las naciones de América Latina y el Caribe. En respuesta a la Venezuela bolivariana, a los grandes movimientos populares antineoliberales y gobiernos más independientes gestados por ellos, Washington restableció la IV Flota y llegó al extremo de instalar siete bases militares en Colombia lo que junto a otros factores presentes en ese país, constituye una peligrosa amenaza de agresión para Caracas, que había tensado seriamente las relaciones bilaterales. En este contexto se produce la festinada acusación por el representante de Bogotá en la OEA de que Caracas mantiene campamentos de las guerrillas colombianas en su territorio, una gravísima provocación que ha puesto en grave peligro la paz entre los dos países hermanos salida del fanatismo proyanqui de Álvaro Uribe y su febril afán de protagonismo desde que se frustró su proyecto reeleccionista.
El presidente Hugo Chávez ha hecho cuanto ha estado a su alcance por armonizar las relaciones con Colombia y evitar un conflicto bilateral. De hecho, a petición de Uribe se convirtió en un factor principalísimo de distensión de la larga guerra de sesenta años en el país vecino y ha insistido invariablemente en la necesidad de una salida política al conflicto. Con justa razón ha invitado a las guerrillas de las FARC y el ELN a que comprendan que las nuevas realidades políticas requieren un cambio en su estrategia de toma del poder mediante las armas por una de negociación, sin que ello implique rendirse. Chávez informó con visible dolor la ruptura de relaciones con Colombia: lo anuncio con una lágrima en el corazón, dijo.
Lula da Silva comentó su extrañeza por la conducta de Uribe cuando le faltan unos días para dejar la Casa de Nariño y “el nuevo presidente(Juan Manuel Santos) ha dado señales claras, incluso con los ministros que escogió, de que quiere construir la paz”. Lula, junto al ecuatoriano Rafael Correa, presidente pro tempore de UNASUR y su secretario general Néstor Kirchner han actuado rápidamente para atraer el tema al seno del mecanismo suramericano, un espacio, a diferencia de la OEA, favorable para que sin la presencia de Washington se expresen a plenitud los intereses de América Latina y el Caribe. UNASUR ha dado ya muestras de su capacidad de concertación política y esta es más necesaria que nunca para la región y para Venezuela en particular. La provocación de Uribe, la captura del terrorista Francisco Chávez Abarca, socio de Posada Carriles que confesó los planes desestabilizadores con que llegó a Venezuela, los desmelenados ataques al gobierno bolivariano del arzobispo de Caracas y las carretadas de dinero entregadas por Washington a la contrarrevolución configuran el cuadro subversivo con que se pretende frustrar la victoria chavista en las estratégicas elecciones de septiembre próximo.
Fuente:Argenpress
Para Avanzar en Revolución: Una nueva institucionalidad para el cambio social
Por Edwin Sambrano Vidal
Por Edwin Sambrano Vidal
La construcción de una nueva institucionalidad en Venezuela es una tarea urgente, di
ríamos que está retrasada, porque a los deseos y las proclamaciones no los acompaña una voluntad articulada de todo el cuerpo de la administración gubernamental y mucho menos el conjunto de los órganos públicos que constituyen la institucionalidad. Ya nos hemos acostumbrado a decir que mediante la participación popular es como se transformará la sociedad venezolana.
Sin embargo, tal participación parece no llegar o parece convertirse en nuevas formas de mediatización de los intereses y la voluntad de los trabajadores y el pueblo. El componente de la participación es esencial a la construcción democrática. Dentro de la sociedad capitalista, tal como la conocemos, y tal como ha evolucionado con el nacimiento y desarrollo de los monopolios y del imperialismo desde el último cuarto del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la participación popular no es más que un rótulo. Una especie de lugar común casi sin ninguna realización. La sociedad postcapitalista, es decir, la alternativa al capitalismo que se construye bajo diverso signo, de acuerdo con las especiales características de cada región y de cada país, si quiere marchar efectivamente hacia la superación del capitalismo, lo primero que debe hacer es convertir la caricatura de participación existente en la democracia liberal burguesa, en una auténtica incorporación de amplios sectores populares en la dirección de los asuntos públicos de la sociedad. Convertirlos en la dirección real de los procesos, para lo cual es in-dis-pen-sa-ble que estos sectores, y especialmente los trabajadores (obreros empleados, técnicos y profesionales), debatan, elijan sus representantes directa y libremente, puedan revocarlos y puedan tomar las decisiones con amplias consultas reales sobre asuntos esenciales de sus actividades productivas inmediatas y de la comunidad en la que viven. Esto se hará, por encima de los grupúsculos que quieren sustituir a las mayorías abrogándose arbitrariamente una vocería que no tienen y tomando la impostura de una representación que ni siquiera ha sido otorgada y que se ejerce en contra de la voluntad y los intereses de los trabajadores y de la colectividad.
Estricto cumplimiento de la ley con sentido de justicia
Lo que propongo es una democratización real del poder, más allá de las consignas y de la publicidad. Con esa práctica de va construyendo una institucionalidad revolucionaria acorde con los conceptos y principios constitucionales, dándole forma al Estado social y de Justicia que se formula en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Construir la nueva institucionalidad pasa por convertir la ley en auténtica obligación para su cumplimiento por parte de los ciudadanos, pero con mayor rigor, con infinito mayor rigor, para los funcionarios de modo que podamos tener certeza del proceso en el cual se participa y se modele una conducta colectiva común en el respeto de los derechos de cada quien que la ley establece.
Construir una nueva institucionalidad es que los funcionarios públicos se sometan al escrutinio severo y exigente de los ciudadanos en el día a día de su actuación y no sólo en cada momento electoral. Que el incumplimiento o la distorsión en el cumplimiento de sus funciones produzca el análisis de la conciencia colectiva, de la opinión pública y de los ciudadanos. La institucionalidad es la organización política de la sociedad convertida en actuación cotidiana para el tratamiento de los asuntos públicos, de manera que a través del funcionamiento de ella se expresen los valores de la República, se hagan práctica los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (Estado democrático y social de Derecho y de Justicia) y se obtengan los fines esenciales del Estado y de la sociedad.
Cómo puede construirse la institucionalidad revolucionaria, cuando se repiten a cada instante las conductas arbitrarias, autoritarias, acomodaticias y oportunistas que se critican como expresión de la organización social capitalista.
La marcha de la justicia como termómetro del cambio.
Muchos jueces, casi todas las personas (así lo revelan las encuestas), creen que la mayoría de los jueces, se consideran dueños de la justicia, es decir, ellos no se creen servidores públicos que buscan la verdad, sino altos funcionarios intocables que tienen el poder de imponer su criterio a los ciudadanos, así ese criterio no sea verdad, sin importarle el sentimiento popular de la justicia. Por cierto, la vigente Constitución establece en su artículo 253 establece que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas; lo cual quiere decir que el sentimiento y el criterio de justicia de las mayorías debe expresarse en las decisiones que los jueces tomen sobre los asuntos que son sometidos a su conocimiento. Nos encontramos con cerros de decisiones y actuaciones de los jueces que contrarían el sentido de justicia de la colectividad y que son auténticos ejemplos de injusticia y en consecuencia, verdaderos instrumentos para la deslegitimación de la institucionalidad que se pretende construir.
Jueces que se empinan por encima de los demás como nuevos aristócratas en un pedestal, que no discuten sus opiniones y criterios, sino que los imponen. No hay un foro judicial constituido en el cual se planteen los problemas jurídicos y se analicen los criterios para la solución de los conflictos. Solución que implica, el reconocimiento más que el acatamiento del que resulta vencido en el proceso. En el proceso oral laboral, sólo se permite a las partes en la audiencia de juicio una brevísima explicación de 10 minutos y una segunda intervención de 5 minutos. No les importa a muchos los jueces la complejidad o la importancia del caso, son sólo 10 minutos. Es una especie de ritual que se repite mecánicamente y donde la justicia no importa para nada, solo importa que se cumplan los 10 minutos, que salga una sentencia tras otra y que se satisfagan los números estadísticos. Se deja atrás la calidad y se impone la cantidad. Tampoco asumen con dignidad su autonomía y se someten, o los hacen someterse, a los poderes económico y político, en vez de interpretar la ley con sentido de justicia para solucionar un conflicto real existente en el seno de la sociedad. Así las cosas, es necesaria una revolución en el poder judicial que coloque como eje el auténtico cumplimiento de la Constitución y la primacía de los intereses de los trabajadores y de las mayorías, siempre con base en la ley y el sentido de justicia.
ríamos que está retrasada, porque a los deseos y las proclamaciones no los acompaña una voluntad articulada de todo el cuerpo de la administración gubernamental y mucho menos el conjunto de los órganos públicos que constituyen la institucionalidad. Ya nos hemos acostumbrado a decir que mediante la participación popular es como se transformará la sociedad venezolana.Sin embargo, tal participación parece no llegar o parece convertirse en nuevas formas de mediatización de los intereses y la voluntad de los trabajadores y el pueblo. El componente de la participación es esencial a la construcción democrática. Dentro de la sociedad capitalista, tal como la conocemos, y tal como ha evolucionado con el nacimiento y desarrollo de los monopolios y del imperialismo desde el último cuarto del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la participación popular no es más que un rótulo. Una especie de lugar común casi sin ninguna realización. La sociedad postcapitalista, es decir, la alternativa al capitalismo que se construye bajo diverso signo, de acuerdo con las especiales características de cada región y de cada país, si quiere marchar efectivamente hacia la superación del capitalismo, lo primero que debe hacer es convertir la caricatura de participación existente en la democracia liberal burguesa, en una auténtica incorporación de amplios sectores populares en la dirección de los asuntos públicos de la sociedad. Convertirlos en la dirección real de los procesos, para lo cual es in-dis-pen-sa-ble que estos sectores, y especialmente los trabajadores (obreros empleados, técnicos y profesionales), debatan, elijan sus representantes directa y libremente, puedan revocarlos y puedan tomar las decisiones con amplias consultas reales sobre asuntos esenciales de sus actividades productivas inmediatas y de la comunidad en la que viven. Esto se hará, por encima de los grupúsculos que quieren sustituir a las mayorías abrogándose arbitrariamente una vocería que no tienen y tomando la impostura de una representación que ni siquiera ha sido otorgada y que se ejerce en contra de la voluntad y los intereses de los trabajadores y de la colectividad.
Estricto cumplimiento de la ley con sentido de justicia
Lo que propongo es una democratización real del poder, más allá de las consignas y de la publicidad. Con esa práctica de va construyendo una institucionalidad revolucionaria acorde con los conceptos y principios constitucionales, dándole forma al Estado social y de Justicia que se formula en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Construir la nueva institucionalidad pasa por convertir la ley en auténtica obligación para su cumplimiento por parte de los ciudadanos, pero con mayor rigor, con infinito mayor rigor, para los funcionarios de modo que podamos tener certeza del proceso en el cual se participa y se modele una conducta colectiva común en el respeto de los derechos de cada quien que la ley establece.
Construir una nueva institucionalidad es que los funcionarios públicos se sometan al escrutinio severo y exigente de los ciudadanos en el día a día de su actuación y no sólo en cada momento electoral. Que el incumplimiento o la distorsión en el cumplimiento de sus funciones produzca el análisis de la conciencia colectiva, de la opinión pública y de los ciudadanos. La institucionalidad es la organización política de la sociedad convertida en actuación cotidiana para el tratamiento de los asuntos públicos, de manera que a través del funcionamiento de ella se expresen los valores de la República, se hagan práctica los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (Estado democrático y social de Derecho y de Justicia) y se obtengan los fines esenciales del Estado y de la sociedad.
Cómo puede construirse la institucionalidad revolucionaria, cuando se repiten a cada instante las conductas arbitrarias, autoritarias, acomodaticias y oportunistas que se critican como expresión de la organización social capitalista.
La marcha de la justicia como termómetro del cambio.
Muchos jueces, casi todas las personas (así lo revelan las encuestas), creen que la mayoría de los jueces, se consideran dueños de la justicia, es decir, ellos no se creen servidores públicos que buscan la verdad, sino altos funcionarios intocables que tienen el poder de imponer su criterio a los ciudadanos, así ese criterio no sea verdad, sin importarle el sentimiento popular de la justicia. Por cierto, la vigente Constitución establece en su artículo 253 establece que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas; lo cual quiere decir que el sentimiento y el criterio de justicia de las mayorías debe expresarse en las decisiones que los jueces tomen sobre los asuntos que son sometidos a su conocimiento. Nos encontramos con cerros de decisiones y actuaciones de los jueces que contrarían el sentido de justicia de la colectividad y que son auténticos ejemplos de injusticia y en consecuencia, verdaderos instrumentos para la deslegitimación de la institucionalidad que se pretende construir.
Jueces que se empinan por encima de los demás como nuevos aristócratas en un pedestal, que no discuten sus opiniones y criterios, sino que los imponen. No hay un foro judicial constituido en el cual se planteen los problemas jurídicos y se analicen los criterios para la solución de los conflictos. Solución que implica, el reconocimiento más que el acatamiento del que resulta vencido en el proceso. En el proceso oral laboral, sólo se permite a las partes en la audiencia de juicio una brevísima explicación de 10 minutos y una segunda intervención de 5 minutos. No les importa a muchos los jueces la complejidad o la importancia del caso, son sólo 10 minutos. Es una especie de ritual que se repite mecánicamente y donde la justicia no importa para nada, solo importa que se cumplan los 10 minutos, que salga una sentencia tras otra y que se satisfagan los números estadísticos. Se deja atrás la calidad y se impone la cantidad. Tampoco asumen con dignidad su autonomía y se someten, o los hacen someterse, a los poderes económico y político, en vez de interpretar la ley con sentido de justicia para solucionar un conflicto real existente en el seno de la sociedad. Así las cosas, es necesaria una revolución en el poder judicial que coloque como eje el auténtico cumplimiento de la Constitución y la primacía de los intereses de los trabajadores y de las mayorías, siempre con base en la ley y el sentido de justicia.
Fuente:Argenpress
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