MEGA CAUSA CAMPO DE MAYO.

Mega causa Campo de Mayo.
JUICIO Y CASTIGO
(AW)
La Comisión para la Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte, hace pública una carta a la Corte Suprema de la Nación en la que manifiestan su preocupación por la atomización de la misma que esta llegando a niveles alarmantes (sic)
Agrademos la difusión del contenido de nuestra carta y sus adjuntos.
En los últimos meses la Comisión por la Memoria , la Verdad y la Justicia de Zona Norte ha venido manteniendo reuniones con distintas áreas del Poder Judicial, preocupada por los inconvenientes y falencias que, en el marco del juicio por la megacausa Campo de Mayo, debemos enfrentar y soportar los querellantes, sobrevivientes, familiares y compañeros de los detenidos desaparecidos de ese centro clandestino
De este modo hemos tomado contacto con la Unidad Fiscal para Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación , con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia, con el Juez de Instrucción de la Sala Federal Nº 2 de San Martín, y su fiscal Dr. Sica, con el Tribunal Oral Nº 2 de San Martín y sus fiscales, con el Consejo de la Magistratura. El algunas de estas gestiones hemos estado acompañados por la Dra Tilsa Albani, el Dr. Pablo Llonto, Dra Ana Oberlin, la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y otros dirigentes de Organismos de DDHH.
A cada uno de estos ámbitos hemos asistido para transmitir nuestra preocupación, informarnos, conocer a sus actores y que nos conozcan, pero también acercando propuestas que entendíamos permitirían mejorar el proceso judicial en el que estamos comprometidos como parte de nuestra lucha por la Justicia y la Verdad.
En el día de ayer concurrimos a escuchar la presentación del informe sobre la tramitación de juicios por Delitos de Lesa Humanidad, que produjo la Corte Suprema de Justicia, a cargo de su presidente el Dr. Lorenzetti. En la página 10 de dicho informe expresamente se manifiesta que los magistrados y funcionarios que intervienen en estas causas, deberán "procurar seguir los planes fijados por Ministerio Público Fiscal de la Nación y/o toda otra propuesta superadora para el logro de esos fines". Parte de estos logros tienen que ver con poder avanzar en las investigaciones en el menor tiempo, posibilitando la elevación a juicio oral, evitando por otra parte la atomización de las causas
Por este motivo adjuntamos la carta que hemos dejado el día viernes 6 en la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia y que en el día de ayer fue entregada en mano al Dr. Lorenzetti, donde planteamos el estado de situación de la causa Campo de Mayo y las necesidades urgentes e impostergables que deben ser atendidas
Así mismo adjuntamos lo que consideramos una "propuesta superadora" que venimos defendiendo sobre un nuevo esquema de imputación para dicha megacausa, elaborada por nuestro abogado el Dr. Pablo Llonto conjuntamente con la Secretaria de Derechos Humanos, y que fuera suscripta también por el fiscal Dr. Sica, a los fines de lograr la unificación de las causas, que en el caso de la zona IV, llegan a un desmembramiento alarmante. Esta propuesta fue presentada ante el Juez de Instrucción de la Sala Federal Nº 2 de San Martín, hace varios meses. También hemos dejado copia de la misma al Dr. Lorenzetti y en la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia.
COMISION POR LA MEMORIA , LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE ZONA NORTE


A continuación reproducimos la carta
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
Sr. Presidente
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Dr. Ricardo Luis LORENZETTI
S / D
Quienes suscribimos la presente, familiares, querellantes, abogados e integrantes de la Comisión por la Memoria , la Verdad y la Justicia de Zona Norte vinculados a la Megacausa Campo de Mayo, nos dirigimos a usted –y por su intermedio a todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- para manifestar vivamente nuestra preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.
Es inadmisible que a veintiséis años de recuperadas las instituciones del estado de derecho, el acto simbólico y fáctico que significó para la ciudadanía el juicio y condena a las juntas militares de la dictadura, la creación de la CONADEP y la elaboración del Informe “Nunca Más”, las luchas de los organismos de derechos humanos acompañados por la ciudadanía democrática, que lograron vencer las vallas que significaron las leyes de la impunidad y el comportamiento esquivo de sectores que durante años se negaron a aplicar la justicia, se resistieron a aceptar la verdad y trataron de borrar la memoria de nuestra ciudadanía; es inaceptable, decimos, que existan en el presente conductas equívocas a veces, desinteresadas o irresponsables otras y, en algunos casos, que directamente apuestan al fracaso de las políticas públicas de derechos humanos sustentadas en normas constitucionales, fomentando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos y negando a las víctimas, sus grupos familiares y a la sociedad argentina el conocimiento de la verdad de lo sucedido, el destino final de los desaparecidos y la identidad de los niños secuestrados.
Por eso no podemos menos que mostrar que otras experiencias son posibles, como la nuestra, en cotidiano contacto con las familias de las víctimas, con los sobrevivientes que prestan una y otra vez sus valiosos testimonios, con los profesionales que los asisten, acompañan y sostienen, en un interminable camino de “repetir” en cada causa particular de las cientos que constituyen la Megacausa Campo de Mayo; sin medios materiales ni técnicos apropiados, sin recursos, sostenidos sólo por la solidaridad de parientes, amigos y grupos militantes, escuchando a diario a los miembros de los tribunales y fiscalías argumentar la falta de nombramientos de personal, de recursos y soportes tecnológicos adecuados -hoy al alcance de cualquier oficina- como computadoras, fotocopiadoras, scanners, equipos de filmación y fotografía, mobiliario, estanterías cerradas para proteger documentación (que no puede perderse), vehículos para traslados a otras jurisdicciones para la realización de cometidos indelegables… Estos elementos no les son provistos a quiénes deben llevar adelante la instrucción de los hechos sucedidos en el más grande centro clandestino de aniquilamiento y muerte de la República por las autoridades sobre las que recae la obligación de hacerlo. Una gruesa capa de indiferencia o descuido de las instituciones separa las necesidades concretas de sus soluciones posibles.
Quienes pensaron y organizaron la dinámica de los juicios por violaciones de derechos humanos tampoco tuvieron en cuenta la Causa de Campo de Mayo y su necesidad de espacios físicos adecuados para albergar en forma segura y permanente a los actores involucrados y al público que presencia los debates, para facilitar el arribo y el retiro a la sede de los asistentes: los sobrevivientes, los testigos, las familias de las víctimas que durante treinta y cinco años o más han sostenido la dignidad de sus reclamos y llegan a esta instancia, en su mayoría, con severos problemas físicos y con una labilidad emocional preocupante; para los abogados y abogadas que los asisten solidariamente, que no pertenecen ni al ministerio público, ni son rentados por el Estado; para el tribunal que debe actuar el rol histórico de establecer la verdad y aplicar la justicia tantos años escamoteada, para los imputados y sus defensores en una lección de estado de derecho y civilidad que negaron a sus víctimas. Y para la sociedad, las nuevas generaciones que desde las escuelas, universidades, centros de estudio y organizaciones barriales se hacen presentes en estas jornadas, los investigadores, historiadores, cineastas, artistas, que día a día nos acompañan en el transcurrir de los juicios.
No es teñir de dramatismo esta presentación decir que a 25 días del comienzo del juicio entablado al procesado Patti, aún el Tribunal Oral Nº 2 de San Martín carece de un local adecuado, es decir, que reúna determinados requisitos de seguridad, comodidad y accesibilidad para el desarrollo de un juicio de tal magnitud. Durante meses hemos contribuído a la búsqueda y registro de locales con los perfiles requeridos por las diversas instancias decisorias, sin resultados.
En consecuencia, hoy pensamos que no pueden soslayarse más estas soluciones que proponemos:
A.- Que se concrete la compra de un local permanente para llevar a cabo los juicios de aquí en adelante en la zona de competencia del Tribunal Oral Nº 2 de San Martín, con sede en la localidad de Olivos. Es el compromiso que necesitamos y así lo plantearemos ante los magistrados de la Corte que nos reciban.
B.- Dada la inminencia del comienzo del tercer juicio de la Causa Campo de Mayo, que no admite dilaciones, es la Corte Suprema , el Consejo de la Magistratura , la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad y demás organismos judiciales competentes los que deben arbitrar los medios eficaces para que el 30 de agosto de 2010 el Tribunal se constituya y dé comienzo a la primera de las sesiones en las que se determinarán los delitos cometidos contra las familias Muñiz Barreto, Gonçalvez, Souto, D´Amico y Ariosti y se establecerán las penas correspondientes a los responsables.
C.- Que la Corte disponga de inmediato la ejecución de las partidas presupuestarias previstas para la contratación de personal y se apliquen transparentes y eficaces mecanismos de selección. Debe garantizarse la incorporación de personal idóneo para realizar tareas en la etapa de instrucción, entrenado en la escucha, recolección, desgrabación y procesamiento de testimonios sobre violaciones de derechos humanos, confección de planillas y bases de datos, lectura y entrecruzamiento de información de testimonios existentes, búsqueda en publicaciones, diarios y revistas, conocimiento y análisis de organigramas militares de la época, lectura de documentación desclasificada y toda otra tarea que demande la investigación de los hechos denunciados en el marco de la causa. Cabe destacar que, particularmente en el caso de Campo de Mayo, resulta indispensable tomar declaración a aproximadamente 3000 conscriptos, testigos ineludibles en los hechos que se investigan.
D.- Que la Comisión Interpoderes cite al Juez Juan Manuel Yalj para que informe acerca del estado tanto de procesados en la causa Campo de Mayo y de todos los casos denunciados, como también acerca de los criterios de imputación que solicitan los querellantes y fiscalías. En ese sentido próximamente le haremos llegar copia del escrito presentado días atrás con ese fin por los Dres. Annicchiarico y Maurer, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , el Dr. Pablo Llonto y el Fiscal de Instrucción Dr. Jorge Sica.
E.- Que se avance en la unificación de causas y en el procesamiento a todos los autores mediatos, titulares de los cargos jerárquicos de las reparticiones militares que integraron las estructuras con sede en Campo de Mayo: Comandantes, Estado Mayor, Jefes y Oficiales de Inteligencia, de Logística, de Personal y de Operaciones, Directores de Escuela y su Plana Mayor. Simultáneamente que se ordene la exhaustiva investigación sobre los autores materiales de cada hecho denunciado.
Sr. Presidente, Sres. Ministros de nuestra Corte Suprema de Justicia: éste es el momento histórico, la oportunidad de verdad y justicia que no sólo será garantía de una vida digna para quienes habiten en este suelo sino esperanza de un mañana mejor para los pueblos de todas las latitudes.
Fuente:AgRodolfoWalsh