MENDOZA: UN ABOGADO AMENAZÓ A LOS JUECES.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Un abogado amenazó a los jueces y se pidió compulsa para un cura
Un reconocido defensor de represores fue denunciado por el tribunal por posible coacción. Tomaría la defensa de Guevara.


EN PROBLEMAS. El posible nuevo representante legal de Guevara recibió una compulsa antes de asumir.
Fue una jornada en la que algunos pocos se emocionaron pero la indignación cubrió gran parte del día. Los testimonios de los sacerdotes José Antonio Álvarez y Franco Reverberi causaron más muestras de desaprobación que de felicidad, algo que se agravó mucho más en los últimos cinco minutos del debate, cuando el tribunal hizo un anuncio que dejó perplejos a más de uno. En el medio declararon el hijo del ex gobernador Alberto Martínez Baca, un ex detenido político y un ex policía que también formó parte del Batallón 601 de Inteligencia, por el juicio que se lleva adelante contra el ex teniente coronel Aníbal Guevara, los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta y el ex abogado de la fuerza Raúl Egea Bernal por las desapariciones de Francisco Tripiana, Pascual Sandoval, José Berón y Roberto Osorio.

EL ROL DE A IGLESIA.
El primero en declara fue el vocero de la Iglesia en San Rafael, el presbítero José Antonio Álvarez. El sacerdote fue citado por declaraciones hechas a El Sol y que fueron publicadas el viernes 13 de marzo. En ellas, Álvarez aseguró que "hubo autodesaparecidos que después aparecieron" y que la Iglesia sólo ayudó en lo que pudo, ya que dependía de la influencia que podía ejercer o, en algunos casos, ocurría que los supuestos detenidos no existían. No obstante, al mismo momento que se sentó frente a los magistrados del Tribunal Oral Federal 2, se notó en Álvarez su afán de defenderse de sus propias declaraciones. Según explicó el párroco, las frases citadas por este medio sólo forman parte de algunas de las palabras que dijo y que no toda la conversación fue reproducida, tan sólo algunos fragmentos. Sin embargo, Álvarez reconoció haber dicho: "Hubo autodesaparecidos que después aparecieron", y ante la pregunta del Tribunal sobre si conocía algún caso, mencionó el de la magistrada Carmen Argibay, aunque rápidamente fue corregido por el juez Héctor Cortés, quien le explexplicó que Argibay no figuró en ninguna lista de desaparecidos pero que sí estuvo detenida durante la dictadura. El sacerdote también explicó que con su frase se refería a que había personas que figuraban "en las listas y que luego estaban en otros países, en otros lados", al mismo tiempo que el público asistente se indignaba ante esos dichos. Asimismo, el vocero de la diócesis sanrafaelina defendió a los obispos de la época asegurando que estos sabían solamente lo que todo el mundo ya conocía, y afirmó que mientras realizaba sus estudios para convertirse en cura le llegaron comentarios de que había gente detenida a disposición del Ejecutivo, aunque no se acordó quién se lo dijo. En cuanto a sus expresiones reflejadas en el El Sol, afirmó no haber recibido ningún reto de parte de sus superiores y adujo no haber medido sus dichos, "si la palabra no fue feliz, pido disculpas", aseguró Álvarez refiriéndose al uso de "autodesaparecidos". Tras la salida de Álvarez fue el turno de Reverberi, quien se presentó ante el tribunal luego de que cuatro testigos lo ubicaran como capellán militar en uno de los centros de detención durante la dictadura. Reverberi explicó que recién tomó ese cargo en 1980 y que nunca vio un detenido político. Incluso, el sacerdote afirmó que se enteró de que existieron desaparecidos en San Rafael hace diez años, "cuando aparecieron carteles pegados". No obstante, el testimonio de Reverberi no dejó conforme a la querella, que pidió una compulsa penal en contra del sacerdote debido a las menciones que hicieron los testigos sobre sus visitas, al punto tal que uno de ellos, Roberto Flores, aseguró que el párroco entraba y salía de los calabozos e, incluso, estuvo presente en sesiones de torturas.
UN VIEJO CONOCIDO.
El otro hecho de gran relevancia durante el debate fue un anuncio hecho por el tribunal cuando la jornada estaba a punto de finalizar. Según explicó el presidente del TOF2, Roberto Burad, a las partes y al público, en la mañana de ayer se presentaron dos personas ante la prosecretaria del tribunal. Uno de ellos se dio a conocer como Eduardo San Emeterio, quien es un abogado reconocido por los clientes a quienes defiende (ver aparte). Dirigiéndose a la funcionaria judicial, le expresó enérgicamente: "Ya se van a enterar, no saben todo lo que voy a poner en el escrito, (Dante) Vega no debe estar sentado como fiscal". La visita de San Emeterio al tribunal fue para anunciar que iba a
¿Quién es?
Apenas pronunciado el nombre de Eduardo San Emeterio por los jueces del tribunal hubo dos tipos de reacciones en la sala. Por un lado, los que no lo conocían preguntaron quién era, y por otro, los que lo habían sentido nombrar se sorprendieron e, incluso, se indignaron. Eduardo San Emeterio, según información que manejan los organismos de derechos humanos, proviene de una familia de militares y suele defender a civiles y efectivos acusados de delitos de lesa humanidad en los juicio que considera como parte de “un plan diabólico y sistemático”. Egresado del Liceo Militar, en 1967 se unió a la SIDE en 1971 y durante la dictadura fue chofer de Otto Paladino, quien estaba a cargo del centro clandestino conocido como Automotores Orletti. En su currículum, según los organismos, se encuentra también que formó parte del Grupo de Tareas 4, que dependía de la Fuerza Aérea y que sería responsable de numerosas desapariciones. Luego volvió a la SIDE y en 1980 dejó su lugar allí para estudiar Derecho en la Universidad de Belgrano. San Emeterio también tuvo denuncias en su contra, ya que en el 2003, según publicó en su momento el periódico El Argentino, fue acusado de usurpación de título.

JUICIO POR DESAPARICIONES
El padre José Álvarez explicó términos vertidos en una entrevista periodística
















Padre Álvarez
Ayer se reanudó el debate oral por los delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
A la silla de los testigos, entre otros, le tocó ocuparla en primer lugar, al padre José Antonio Álvarez, actual capellán de la Policía en el sur provincial.
La presencia del sacerdote fue impulsada por un artículo periodístico publicado por diario El Sol, cuyo autor fue el periodista Daniel Salivares, quien lo tituló "Hubo autodesaparecidos que después aparecieron", citando una de las frases a las que recurrió el religioso durante la entrevista.
Según dio cuenta Álvarez, esa declaración la realizó en base a lo ocurrido con Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien figuró en la lista de desaparecidos elaborada por la CONADEP, pese a que sobrevivió a la dictadura.
Consultado por uno de los integrantes del tribunal, aseguró que "no ocurrió lo mismo en Mendoza" e insistió en que a través de esa frase sólo hacía referencia a Argibay.
Por otra parte, siguiendo en el análisis de la nota periodística, en la misma Álvarez aseguró que "Mendoza era una tierra de descanso", lo cual fue motivo de críticas por parte de los querellantes, quienes fueron los más incisivos a la hora de interrogar al cura.
En referencia a ese concepto de "tierra de descanso", Álvarez argumentó que lo hizo por considerar que "aquí no hubo combates ni operaciones de ese tipo".
Contó que el periodista lo llamó para conocer si el Obispado de San Rafael se pronunciaría sobre las acusaciones vertidas contra la Iglesia por parte de distintos testigos que pasaron con anterioridad por el debate.
En su rol de vocero de la institución religiosa, dijo que no habría comunicado oficial y dijo que el desarrollo de la entrevista lo realizó desde su perspectiva personal, fuera de cualquier vínculo con el Obispado.
Ante las palabras de Álvarez, que criticó la publicación periodística, el presidente del tribunal, Roberto Burad, ordenó la escucha de la grabación de esa entrevista para comparar el escrito y las explicaciones posteriores de Álvarez.
En otro orden de cosas, el sacerdote dijo que en 1976 se encontraba realizando el seminario en Paraná, capital de Entre Ríos y que llegó años más tarde a San Rafael, tras ordenarse como sacerdote en 1982.Afirmó que conocía mucho a Monseñor Kruk, que en la época que se investiga era obispo de la Diócesis de San Rafael.
También relató, después de ser consultado, que desde el año 1986 en adelante no le tocó recibir consultas sobre desapariciones en nuestro departamento, aunque no descartó que eso pueda haber sucedido años atrás.
FuentedeOrigen:DiariodeSanRafael
Fuente:Agndh


“A Mússere lo dejaron morir”, dijo un abogado que denunció al Tribunal
Ampliar foto

Eduardo Sinforiano San Emeterio
Un abogado que defiende militares en juicios similares al que se lleva a cabo en San Rafael en estos días, se presentó con varias denuncias muy graves contra los miembros del Tribunal, pidió la nulidad del rol de Dante Vega en la Fiscalía y buscará asumir la defensa de un imputado.
por Max Belaeff

Al finalizar la jornada del lunes la Fiscalía se sintió amenazada por el abogado Eduardo Sinforiano San Emeterio, porque aparentemente, le habría dicho a un secretario del Tribunal que encabeza Jorge Burad "a partir de que yo asuma la defensa de Guevara las cosas van a cambiar" y habría agregado que el Fiscal Dante Vega no debería ocupar ese rol. Por eso, Fiscalía pidió compulsa al Juzgado de Instrucción Federal para averiguar la comisión del presunto delito de amenaza contra el Tribunal y ese Ministerio Público. “Yo le recomendaría al Tribunal que lea un poco el Código Penal, sobre todo el delito de amenazas porque la utilización de las vías judiciales no constituye bajo ningún punto de vista amenazas”, dijo Eduardo San Emeterio y agregó que “duda de la capacidad jurídica de los señores jueces”.
Por la muerte de José Martín Mussere el Dr. San Emeterio presentó además una denuncia por homicidio agravado contra los tres jueces (Burad, Nacif y Cortéz), con dolo eventual, y acompañó a esa presentación otra denuncia que también tendrían estos magistrados por otra muerte en San Luis de otro imputado. “Yo ya dudo de que esto sea con dolo eventual y hasta me haría suponer que hubo una intención dolosa porque lo dejaron morir”, sentenció, ya que Mussere estando excarcelado y con prisión domiciliaria, el Tribunal no le habría dado importancia a los exámenes médicos que no recomendaban la detención en la cárcel de ese imputado. “Estos mismos jueces ya están denunciados desde el año pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, dijo.
Dante Vega no es el Fiscal titular y según explicó San Emeterio, procesalmente corresponde que comparezca en el Tribunal el titular de ese ministerio que está en Mendoza, por lo que la intervención de Vega sería nula de nulidad absoluta.
Para este abogado debería haber gendarmes en el banquillo de los acusados ya que tenían la custodia de muchos detenidos. Explico que al asumir él la defensa de Guevara la semana que viene, cambiaría la estrategia, ya que el actual representante de este acusado, Dr. López, es un defensor puesto por el Estado.
¿Quién es?
Eduardo Sinforiano San Emeterio es un abogado penalista nacido el 20 de abril de 1951 que se considera “el abogado de la memoria completa”. Lleva a sus espaldas toda una tradición familiar de militares. Egresó del Liceo Militar San Martín, a los 17 años con el grado de subteniente de reserva. En los ’70 trabajó en la SIDE, y hasta fue chofer personal del represor General Otto Paladino, Director de ese organismo.
En 1976, pasó a prestar servicios en el Grupo de Tareas 4 (GT4), que dependía del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea. El GT4 secuestró personas que fueron llevadas a los centros clandestinos de detención que le correspondía. San Emeterio estuvo allí hasta 1979 cuando la disolvieron.
En la actualidad es abogado defensor de un sin número de militares, entre ellos el poco célebre Luciano Benjamín Menéndez. Defender a esta clase de personajes es para San Emeterio una cuestión ideológica y por eso suele comparárselo con Cecilia Pando, la mujer que “defiende la verdad completa”.
Busca que se hagan juicios por “la verdad y la justicia”, pero contra quienes integraron organizaciones revolucionarias armadas entre 1959 y 1989, entre ellos el ERP, o la franja armada de Montoneros que lideró entre otros, Mario Eduardo Firmenich. Para este abogado los crímenes cometidos por la dictadura militar, deben ser juzgados y penados bajo iguales parámetros que aquellos cometidos por estas organizaciones.
Presentó acusaciones de “traición a la patria” con diversos argumentos hacia Nestor Kirchner, Aníbal Fernández, el ex jefe del Ejército y Roberto Bendini entre otros funcionarios. Considera que hay un “plan diabólico y sistemático” contra los militares por los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en todo el país.
En Mar del Plata defendió al Coronel Alejandro Duret, eximido de culpa y cargo por la desaparición y posterior asesinato de Carlos Labolita.
Fuente:mediamza.com