TAMPOCO LOS EMPRESARIOS SE SALVARON DEL HORROR.

Ni los empresarios se salvaron del horror
La dictadura militar no sólo asesinó e hizo desaparecer a militantes políticos y sindicales, en lo económico implementó un plan a la medida de los centros financieros internacionales, pergeñado por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Los negocios los hacían en la mesa de torturas.
Por IRINA SANTESTEBAN
Uno de esos negocios fue la compra por parte de los diarios La Nación, Clarín y La Razón, del paquete accionario de la empresa Papel Prensa, que en ese momento era la principal proveedora de papel a la prensa escrita. Aunque esa compra presuntamente fraudulenta está siendo investigada por la justicia de La Plata y también por una comisión gubernamental, algunas acusaciones formuladas por sus propias víctimas, patentizan el horror que padecieron los dueños de esa empresa y sus familiares, tanto por parte de los militares, como de civiles que hoy se muestran como "serios empresarios".
Afortunadamente el período de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, que estamos viviendo desde que en 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, no se ha limitado sólo a los militares que ejercieron el poder, que dieron las órdenes y a quienes -civiles y militares- las ejecutaron con crueldad y sadismo. Desde la detención del ex ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, se ha iniciado una nueva etapa que implica investigar y eventualmente condenar a los responsables civiles del Proceso de Reorganización Nacional, entre ellos los empresarios y hombres de negocios que tanto se beneficiaron con la "plata dulce", la entrega de los bienes del Estado y la tablita del ministro de las grandes orejas.Hace algunos días, en una reunión convocada por el CEO del multimedios Clarín, Héctor Magnetto, los principales hombres de negocios de Argentina se quejaron, entre tantos otros lamentos, de la falta de "seguridad jurídica" que se viviría hoy en nuestro país. Estaría bueno que algunos de esos empresarios dijeran qué hicieron en aquellos años, cuando no había ninguna seguridad ni jurídica ni personal para nadie, ni siquiera para hombres de negocios como los Graiver o los Gutheim. Estaría mejor aún si esos mismos empresarios se sinceraran sobre la realidad actual de sus negocios, pues aún en medio de la supuesta "inseguridad jurídica" a que están expuestos, no pueden negar las ganancias que están obteniendo gracias al crecimiento de la economía en un país donde la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, todavía es una asignatura pendiente, muy pendiente.
Empresarios secuestrados.
Los empresarios textiles Federico y Miguel Ernesto Gutheim, al igual que Lidia Papaleo de Graiver, fueron obligados en 1976 bajo tortura a firmar un contrato con una empresa de Hong Kong para beneficiar a funcionarios de la dictadura. Treinta años después, el indulto que había beneficiado a Martínez de Hoz sobre este caso, fue declarado inconstitucional por el juez Oyarbide, por la Cámara Federal y finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hoy el ex ministro se encuentra en prisión por ese delito, considerado como "de lesa humanidad" por el alto tribunal, por haber sido cometido "con las herramientas y la impunidad que el terrorismo de Estado otorgaba a sus autores".
Lidia Papaleo de Graiver fue secuestrada el 14 de marzo de 1976 por un grupo de tareas al mando del general Ramón Camps, y mantenida en el centro clandestino de detención Puesto Vasco junto al resto de esa familia. Según relató ella misma en una asamblea de accionistas de Papel Prensa, desde ese campo de concentración, luego de sesiones de tortura que le dejaron gravísimas secuelas, era llevada hasta la sede del diario La Nación para obligarla al traspaso de las acciones de la empresa propiedad de su familia. Además de los crueles tormentos, era continuamente amenazada con la muerte de su pequeña hija.
Frente a estas denuncias concretas que han efectuado las víctimas directas del despojo y de las torturas, los dueños de La Nación y Clarín, Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, se defienden atacando al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, acusándolo de "una maniobra tendiente a involucrarlos en supuestos delitos de lesa humanidad vinculados con la adquisición de Papel Prensa al grupo Graiver".
Es curioso que los responsables de manejar la "agenda política", como lo reconoció Mariano Grondona recientemente, en referencia al poder del periodismo gráfico para "marcar la cancha" de los temas políticos que luego se discuten en todos los medios, y obviamente forman opinión público, se quejen del poder de un funcionario, a quien acusan de los delitos de "abuso de autoridad, amenaza coactiva y extorsión con el objetivo de apropiarse de Papel Prensa" y de hacer "una peligrosa manipulación de la verdad". Sin intentar igualar a ambos bandos, pareciera que el muerto se asusta del degollado.
Para Mitre y Magnetto, en la denuncia que radicaron en junio pasado en el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital Federal, Moreno estaría liderando un "plan criminal" para "apropiarse ilegítimamente de la firma Papel Prensa y así sellar el control definitivo de la prensa" por parte del gobierno kirchnerista.
Graves denuncias.
Si la Justicia confirma las gravísimas denuncias formuladas por la viuda de Graiver y numerosos testigos en la apropiación de Papel Prensa por parte de los mencionados diarios, esa empresa debería volver a manos de esos empresarios (en conjunto con el Estado, que mantiene una parte de su paquete accionario), con lo cual dejarían de manejar la provisión de papel para todos los diarios del país, y los precios subsidiados con que se han visto beneficiados durante todos estos años, hasta que recientemente la Justicia avaló la decisión gubernamental de obligar a Papel Prensa a mantener un precio igualitario para el resto de los medios de prensa del país.Esa franquicia no sólo se daba por el precio subsidiado del papel para los diarios propietarios de la empresa, sino que también abonaban un sobreprecio por la compra de los diarios en devolución, muy por encima de lo que se abonaba en el mercado.
A la acusación gravísima que pesa sobre Clarín, de haberse apropiado con los mecanismos del terrorismo de Estado, de la empresa Papel Prensa, se suma otra de la misma o mayor gravedad: que una de sus dueñas haya utilizado esos mismos instrumentos dictatoriales para apropiarse de dos hijos de desaparecidos. Ambos delitos, considerados de lesa humanidad, no han podido ser dilucidados por las continuas dilaciones que opone el multimedia, para lo cual ha contratado a un equipo de abogados y asesores jurídicos de peso.
Pero la verdad se sabrá más tarde o más temprano. Y es de esperar que la Justicia actúe con todo su rigor, por la vigencia plena de la libertad de expresión, y por el respeto a los más elementales derechos humanos.
Fuente:laArena