1 de septiembre de 2010

EN MIAMI DEBATEN LA EXTRADICCIÓN DEL REPRESOR ROBERTO BRAVO.

Debaten en Miami si extraditan a un represor
Por
Ana Barón Miami. Enviada Especial
Acusado de ordenar la masacre de 16 presos políticos en Trelew en 1972, el ex teniente de navío Roberto Bravo ingresó ayer a la Corte Federal de Miami vestido muy elegantemente con un traje gris claro, una camisa celeste y una corbata azul y bordeaux. A juzgar por su aspecto nadie hubiese dicho que este ex militar y actual empresario es, según los cargos que pesan contra el, uno de los represores más violentos de la década del 70.
El juez Robert Dube anunció de entrada que se tomará 17 días más para decidir si otorga la extradición de Bravo a la Argentina. Dube permitió, sin embargo, que la defensa presentará ayer a dos testigos lo que representó un revés para la fiscalía.
Uno de los ellos, el profesor de derecho constitucional, Alfredo Solari, afirmó que “el proceso iniciado contra Bravo es una persecución política contra los militares de Trelew”. Solari dijo que el que ordenó la detención de Bravo es el subsecretario para Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que fue en su momento abogado defensor de los sobrevivientes de la Masacre de Trelew.
Lo que Solari no contó en Buenos Aires defiende a varios ex represores, entre ellos, Ricardo Cavallo y Juan Carlos Rolón.
De hecho cuando la fiscal Cynthia Wood le preguntó si el gobierno del general Lanusse era un dictadura militar cuando firmó el sobreseimiento de Bravo en 1973, Solari respondió: “Eso es un juicio de valor subjetivo”.
Sentado en el banquillo de los testigos, Solari deslumbró de todas maneras al juez con su conocimiento del derecho argentino. Explicó la diferencia entre el Código Civil y el Código Militar y por qué habiendo sido juzgado por un juez militar Bravo no debería ser juzgado, según él, ahora por un juez civil. Solari afirmó que la amnistía decretada en mayo de 1973 todavía sigue vigente” y que vale para el caso de Bravo. Según él las únicas amnistía que fueron derogadas son las correspondientes a 1974 y a 1982.
La fiscal logró poner en evidencia que tanto Solari como el otro testigo Jon Perdue, un experto en terrorismo, fueron contratados por la defensa y que hicieron sus declaraciones a cambio de dinero . Pero no estaba realmente preparada para refutar los argumentos de Solari a nivel jurídico. La esposa de Bravo y sus tres hijos, siguieron con mucha atención la audiencia.“Lo único que espero es que se haga Justicia” dijo a Clarín .
Fuente:Clarin

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