El gobierno aportó nuevas pruebas en la causa sobre Papel Prensa
Publicado el 19 de Octubre de 2010
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presentó ayer un nuevo escrito en la denuncia por la apropiación de Papel Prensa en el marco del plan sistemático de terrorismo de Estado, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata. El documento describe la reparación económica al Grupo Graiver, que incluyó el valor de las acciones transferidas de Papel Prensa SA, ordenada por Raúl Alfonsín en 1985, lo que, según el funcionario, “implicó el reconocimiento expreso de la ilicitud de su desapoderamiento, mediante una transferencia involuntaria e impuesta”.
La novedad se produjo cuando aún no se cumplió ni un mes desde que el gobierno nacional presentó la voluminosa denuncia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón. Una querella, además, acompañada por un todavía más grueso anexo documental de enorme valor histórico, y por la investigación que presentó la presidenta Cristina Fernández, conocida como Papel Prensa - La Verdad. “No es esta la primera vez que se plantea la ilegitimad de la transferencia de las acciones de Papel Prensa. Lo que hizo Alfonsín fue reconocer que fue ilegítima. Lo que estamos haciendo ahora, luego de presentar la prueba en bloque, son presentaciones para ir explicando el peso de esa prueba”, explicó Duhalde a Tiempo Argentino.
“El presidente Raúl Alfonsín, el 30 de diciembre de 1985, por Decreto Nº 2530, aprobó los convenios de reparación pecuniaria a los integrantes del Grupo Graiver, al mismo tiempo que autorizó el pago, a cuenta de ellos, de la suma de australes 14.823.840, 80, incluyendo en esa restitución pecuniaria el valor de las acciones transferidas de Papel Prensa SA, lo que implicó el reconocimiento expreso de ilicitud de su desapoderamiento”, precisa el funcionario en la presentación. Y recuerda que el 18 de octubre de 1984, la Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolvió el recurso presentado por Eva Gitnacht de Graiver contra la resolución de la CONAREPA del 20 de noviembre de 1981, que transfería al patrimonio del Estado Nacional, sin cargo, todos los bienes inmuebles, muebles, créditos y acciones, y títulos valores de la familia Graiver (Eva de Graiver; Juan, David e Isidoro Graiver; Lidia Papaleo y Lidia Brodsky de Graiver) como también los bienes que estuvieran a nombre de personas físicas y empresas que hubieran actuado con prestanombres, y los valores dados en pago a Rafael Ianover por las acciones de Papel Prensa SA. Esa resolución judicial, dice la presentación, “dispuso la libre administración y disposición de los interdictos en sus bienes, retrotayendo las cosas al estado en que se encontraban al momento en que los bienes fueron transferidos al Estado Nacional”.
Esa resolución la hizo cumplir Raúl Alfonsín un año después cuando le ordenó al entonces procurador del Tesoro que restituyera su patrimonio a las víctimas. Para Eduardo Luis Duhalde, los convenios ejecutados por el presidente radical reconocieron la “ilegitimidad” de la apropiación de la empresa por parte de los tres grandes diarios de ese momento, “asociados con la Junta Militar y sus funcionarios”, ya que “dicha ilicitud es el único supuesto en que se pudo fundar el pago de las sumas abonadas en concepto de restitución”. El escrito sostiene que esa reparación no sólo fue una obligación impuesta por la sentencia judicial sino que tuvo en cuenta “la responsabilidad estatal” en la apropiación. “Esta querella sostiene, consecuentemente, que el desapoderamiento al Grupo Graiver de la empresa Papel Prensa SA fue un acto ilícito que ya ha sido reconocido como tal por el Estado democrático”, concluye el responsable del área de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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