Constantino acusó al PJ pampeano de iniciar la represión
Ayer, finalmente, comenzaron a declarar en el juicio oral y público de la Subzona 14 los represores acusados de secuestros y torturas durante la dictadura militar. El primero fue el ex comisario Roberto Constantino, y le siguió Roberto Fiorucci. Cuando se pensaba que las indagatorias iban a comenzar por el único militar procesado, el ex coronel Néstor Greppi, este dejó su lugar a los ocho ex policías. Se sabe que todos los oficiales pampeanos declararán, pero no si lo hará el ex militar, el menos afectado hasta ahora por los testimonios y las pruebas.
Constantino fue el primero en leer su testimonio y durante la hora y media que llevó su testimonio, dijo que él sólo fue el delegado de la Policía ante la Subzona 14, y no dejó a nadie sin culpar de lo ocurrido durante la represión ilegal en La Pampa.
Rafecas y La Arena.
La declaración de Constantino comenzó acusando al juez federal Daniel Rafecas, que procesó a los represores. Afirmó que cuando le tomó declaración el magistrado en 2004, "me privó de mis derechos a mi legítima defensa, no hubo garantías legales" y que nunca estuvo Rafecas presente durante ese acto.
Después lo acusó de haber utilizado para culparlos artículos publicados en La Arena y el libro "El Informe 14" y llamó "psicópata perverso" a uno de sus autores, Juan Carlos Pumilla.
Defensa.
En su defensa, Constantino dijo que todos los acusados son "considerados personas de bien, de buena conducta, con familias bien constituidas". Sobre sus 17 acusaciones de secuestros y 7 de torturas, afirmó que "no está claro" porqué se lo acusaba y se preguntó "cuál es la participación concreta que se me adjudica en estos delitos" y cuáles fueron sus responsabilidades.
Indicó que "en la práctica" nunca desarrolló su función como jefe del grupo de tareas. Aseguró que la orden del día 129 de abril del 76 que nombraba a los integrantes de la Subzona 14 "no se ajusta a la realidad de los hechos" y que él ignoró su existencia o no tuvo conocimiento. Y que los nombres los incluyó el jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, a espaldas del jefe de la Subzona 14, el coronel Fabio Iriart.
"Lo único real sobre mi actuación en el Comando Subzona 14 es que fui designado en una reunión que se llevó a cabo en el despacho del jefe de Policía (José) Silva Garracini y que participó también el subjefe de Policía Nicolás Miskoff, varios oficiales y el coronel (Ramón) Camps y su segundo", dijo.
"Camps me hizo saber sin preguntarme si aceptaba o no que me hacía cargo de ser delegado de la Policía ya que por el decreto 2771 del PEN la policía quedó subordinada al Ejército. Camps se reunió con (el gobernador José) Regazzoli y después convinieron ambos que sería delegado de la policía ante la Subzona 14. Camps me ordenó presentarme en la unidad militar al día siguiente para que el mayor Edgardo Calderón me notificara cuál era mi tarea".
¿A qué dijo que se dedicó Constantino como "delegado" de la Subzona 14? " Control viales en rutas y zonas urbanas, control en estaciones de ómnibus, de coches y de aeródromos. Verificar e identificar personas, todo en el marco de la lucha contra la subversión. No se hacía mención a que tenía que hacer tareas de inteligencia o interrogar, y menos proceder a detener". En otro párrafo, indicó que a partir del 24 de marzo del 76 la policía quedó bajo jurisdicción militar y su código y que los policías podían llegar a tener "penas de fusilamiento si no obedecían".
"No he visto ninguna prueba irrefutable que yo apliqué tormento o yo tomé algún elemento para hacerlo y que se haya secuestrado ese elemento. Se pretende involucrarme y hacerme responsable por haber sido jefe de Policía, pero no intervine en ningún caso ni ordené que se investigue irregularidad alguna", afirmó.
Culpas.
Constantino dijo sobre los funcionarios de Regazzoli que fueron víctimas de la Subzona 14, que él no participó en sus detenciones o no los vio presos, y que fue "el gobernador militar el que dispuso su arresto, ignoro por quién fueron detenidas. También por orden del (ex coronel) Alberto Rueda, alegando que habían cometido delitos contra la administración pública".
Esas personas "fueron puestas a disposición de la Subzona 14 por error o desconocimiento y luego pasaron al Juzgado de Instrucción 2 de Elvira Rosetti que los procesó y condenó por considerarlos responsables".
Sobre el único allanamiento que hizo un militar, recordó que fue en la casa de Avelino Cisneros y que el oficial le pidió permiso al detenido para hacerlo de noche y que encontraron "guardapolvos, equipos, zapatillas, paquetes". Y que Constantino sólo estuvo para controlar y luego le hizo la advertencia de porqué se hacía el operativo de noche, y se quejó de esto con Baraldini. Además indicó que los presos de la Subzona 14 tenían el mismo trato que los comunes.
Defensa.
En varias oportunidades, Constantino se defendió de que al elevarse a juicio la causa, el fiscal omitió "con mala intención" de que en La Pampa no se registró ninguna desaparición, muerte o hasta robos de bebés, como sí pasó en otros lados.
También repitió que "el grupo no participó en ninguna actividad de persecución por ideología, por política o de orden racial o religioso que son de delitos de lesa humanidad. Y esto sólo se observó en la Alemania nazi, en Yugoslavia, Ruanda y alguna región de la Argentina".
Y que fue incriminado en el sumario administrativo del 84 por el asesor letrado Juan Carlos Tierno y el instructor, Timoteo Trouilh, que "cometieron errores" e hicieron "firmar mediante amenazas a personas de cosas que no vieron o no conocieron".
Sobre los policías que declararon en su contra indicó que "lucen en sus legajos personales mala conducta, viven al margen de la ética y tiene fallas en sus vidas privadas". Otra defensa que ensayó es que actuó en el "estrecho margen legal de la situación impuesta" por el golpe, como lo declaró en su momento el ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Delaciones.
Los civiles no quedaron al margen de las acusaciones de Constantino. Indicó que un policía le dijo que "por orden de Iriart cuando iba a hacer un procedimiento en zona norte antes debía presentarse en el Cuartel de Vigilancia donde esta (el coronel) Oscar Cobuta, que era el área 142 de la Subzona 14, para informarle. Y varias veces vio en la unidad militar a (el vicegobernador Rubén) Marín cenando los sábados con Cobuta acompañado por (Santiago) Covella y otros civiles. Marín, Covella y otros eran informantes y autores de las listas de personas que después del 24 de marzo fueron detenidas en esa localidad".
Y saltó luego al 84 para indicar: "El sumario administrativo ordenado por Marín a través de Tierno y Trouilh fue para deslindar responsabilidades por las detenciones en General Pico".
Responsable.
En su larga declaración, Constantino dio su versión de cuándo fue que comenzó el organismo para la "lucha contra la subversión". Indicó que se creó en 1974 en una reunión. "Estaban el coronel Camps, el delegado de la Federal, el jefe de la Policía, el jefe de la Unidad Penal 4. Fue una reunión en la unidad militar y ahí iba (Héctor) Zolecio como director de Seguridad, y Silva Garracini. También Cobuta de Pico, el mayor José Edgardo Calderón y el oficial de inteligencia Baraldini. Y era para eliminar a los elementos subversivos. Ese organismo era la comunidad informativa que estaba bajo supervisión de la Subzona 14, y toda información vinculada al movimiento subversivo debía ser comunicada al Comando, por informe. El gobierno de Regazzoli mantenía con el Ejército argentino una estrecha relación y Zolecio iba ahí en representación de Regazzoli, todo se consensuaba".
Afirmó que en diciembre del 75 cuando Camps fue relevado, esto le "causó sorpresa" al militar y quedó afectado. Constantino dijo que fue hasta el hotel donde paraba para saludarlo y que el coronel le confesó un había tenido un "plan para llevarlo a cabo con el gobierno de Regazzoli en La Pampa, que era desarmar las actividades de la izquierda, donde estaban (Raúl) D'Atri, (Saúl) Santesteban, Pumilla, y también en General Pico. Era sacarlo a Regazzoli por dos años para luego reponerlo en el cargo, ya que lo consideraba un amigo".
Producido el golpe, Constantino indicó que "la cúpula de la institución policial huyó como ratas. Silva Garracini no fue desde dos días antes del golpe; Miskoff tramitó en silencio su retiro; Trouilh hizo abandono del servicio dos días antes y se refugió en su domicilio en una cobarde actitud. Los tres dejaron al personal policial liberado a su suerte y en manos de los militares que se hicieron del poder, en una de las páginas más negras de la historia institucional del país".
Las bombas.
En otro párrafo, afirmó que no tuvo intervención en los procedimientos contra Zolecio y Rodolfo De Diego a los que "consideraba mis amigos personales". Pero que en las reuniones de la comunidad informativa, Zolecio "con evidente exaltación hablaba del coronel Camps nombrándolo como el 'Santo de la Espada', porque le daba toda clase de elementos. Le facilitó gran cantidad de munición para Casa de Gobierno. Pocos días después se escuchó una explosión en la zona céntrica de Santa Rosa, fue una bomba que destruyó el frente del edificio de La Arena. Fue una gran conmoción. En ese momento había cierto malestar entre el gobierno de Regazzoli y La Arena. A la semana siguiente hubo otra explosión en ATE (NdeR: en verdad transcurrieron seis meses). El autor del atentado fue Zolecio, se jactaba de ser miembro de la Side".
Tierno minimizó el sumario y aseguró que nunca investigó la represión
El 27 de diciembre de 2007, siendo intendente, Juan Carlos Tierno afirmó en una conferencia de prensa: "En 1983, cuando asumí como asesor letrado del Gobierno, me ocupé de temas muy difíciles por los cuales recibí amenazas de muerte, hostigamiento y todo tipo de falseamiento respecto a mi persona y mi familia, referidas a acciones que desarrollaba en ese tiempo, como fue la investigación sobre el desenvolvimiento policial durante el gobierno de facto en La Pampa".
Ayer el ex intendente insistió con esa teoría, al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a nueve represores de la Subzona 14, aunque bajo juramento sus propias palabras parecieron relativizar aquel trabajo porque hasta afirmó que "no se trató de una investigación, sino de una recopilación de elementos sobre posibles violaciones a los derechos humanos". Incluso remarcó en varias oportunidades que el informe final remitido al Poder Ejecutivo no contuvo "opiniones ni imputaciones, ni siquiera se le dio verosimilitud a las declaraciones".
Tierno detalló que el decreto del gobernador Rubén Marín para realizar la recopilación fue de diciembre de 1983 y que esa tarea concluyó el 15 de febrero de 1984. El le propuso al PEP que enviara el trabajo a la justicia provincial y que se abriera un sumario policial. "Ese fue el aporte que realicé", dijo textualmente.
En esa recopilación, recordó el testigo, se halló un radiograma de noviembre de 1983, enviado por la Dirección General de Seguridad Interior, ordenando a los jefes policiales de provincia que "toda la documentación vinculada a la lucha contra la subversión sea entregada a la unidad militar más próxima para que sea incinerada". El texto fue enviado a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) e incorporado en el libro original "Nunca Más". En opinión del ex intendente eso no ocurrió. "Creo que no se incineró nada, sino que fue una falsedad para que no se busque nada".
A partir de allí, Tierno no tuvo otra participación. La investigación judicial quedó a cargo del juez de instrucción Alberto Baglietto, y el sumario policial fue instruido por "el insigne comisario general Timoteo Trouilh. Yo no participé de ninguna diligencia propia de esa instrucción sumarial", agregó.
Preguntas... y Gauna.
Durante el interrogatorio Tierno mostró un tono altanero, especialmente frente a los defensores de los imputados, a quienes llegó a contestarles con "¿y a usted qué le parece?" También "gambeteó" algunas respuestas con una verba profusa y se tomó varios minutos para denostar a este diario, una rutina en él.
-¿Presenció los testimonios espontáneos que se recibieron durante la recopilación?
-Sí, estuve presente.
-¿Suscribió esas declaraciones?
-Algunas sí, otras no. Mi firma aparece en el informe final entregado al Poder Ejecutivo.
-¿Quiénes colaboraron en esa recopilación?
-Empleados.
-¿Pero quiénes tipeaban, quiénes citaban? ¿Usted tipeó las declaraciones?
-A veces sí. Citaciones no hubo.
-¿Todas fueron declaraciones espontáneas?
-Así lo expresaron quienes declararon.
-¿Usted llamó a alguno?
-A algunos llamé. Me acuerdo que llamé a (Santiago) Covella, que no quiso declarar porque por sus creencias religiosas los había perdonado. También a (Carlos) Samprón.
-¿Los policías también fueron espontáneamente?
-De lo que tengo presente, sí. Si alguien avisa para que otro aporte lo que sabe, y en base a eso concurre, pudo haber sido...
-¿Usted no citó a ninguno?
-Pude haber sido en algún caso en particular.
-¿Vio picanas?
-No.
-¿Las buscaron?
-No hicimos una búsqueda.
-¿Por qué cree que Marín dijo que se encontraron?
-Es una pregunta capciosa. Yo no soy el vocero de Marín.
El defensor Hernán Vidal pareció incomodar al testigo cuando le preguntó por Miguel Gauna, el ex comisario que está siendo investigación como partícipe en la represión y de quien se sospecha que colaboró con Tierno para que desapareciera una denuncia en la que éste estaba acusado presuntamente de golpear a una mujer.
-¿Lo conoció personalmente?, inquirió Vidal.
-¿Usted no es de La Pampa, no?
-Mi señora es de La Pampa y la conozco bien.
-La pregunta la hace usted y no su señora.
-¿Lo conoció o no?
-Sí, lo conozco.
-Gracias.
-De nada.
Fiorucci: "¿Qué podía hacer? Tenía una familia"
El ex comisario Roberto Fiorucci fue el segundo en declarar ayer. Sobre él pesan 25 casos de secuestros. Su testimonio ante los jueces fue muy diferente al de Roberto Constantino: se disculpó con las víctimas y trató de mostrar las supuestas contradicciones en los testimonios del sumario administrativo con los escuchados en el juicio, y también entre las mismas víctimas. Reconoció los padecimientos de quienes fueron torturados, pero se escudó en todo momento en que él no participó de los interrogatorios.
La declaración de Fiorucci tuvo dos momentos, en el primer mostró cómo era la organización policial para indicar que no se podía torturar en la planta alta de la Seccional Primera porque había poco lugar. En el segundo fue acusación por acusación tratando de desvirtuar las declaraciones en su contra.
Afirmó que nunca fue notificado que pertenecía a la Subzona 14, y que si hubiera sido así figuraría en su legajo. Y que si en la Seccional Primera o en la Unidad Penal alguna persona hubiera visto a un preso con signos de torturas, era su responsabilidad denunciarlo a las autoridades o a la justicia, una defensa que contradice lo que se vivía en momentos de la dictadura militar.
Testimonio.
"Nuestra vida es un calvario. Siempre estamos con nuestras familias y numerosos vecinos y amigos, que nos apoyan porque creen en nosotros. Hay un abuso de poder e intenciones desmedidas de destruirnos como hombres. Llevo tres años de una prisión preventiva por demás injusta y pierdo momentos irrecuperables con mi familia", afirmó Fiorucci.
El ex comisario explicó que "la policía estuvo bajo el mando militar desde el decreto 2.771 (de Isabel Perón), a fines de 1975, y se profundizó en 1976. (Fabio) Iriart fue el primer interventor y (Luis) Baraldini pasó de jefe de Inteligencia a ser jefe de Policía, manejando con todo su poder el accionar policial. Y Cobuta ejerció la supremacía del manejo militar y policial en el norte de la provincia. Nadie tenía facultades para detener sin la autorización de ambos jefes militares o de Iriart".
También se defendió con el argumento de que es "religioso. En esa época era un practicante permanente y recibía los sacramentos de la comunión semanalmente", y agregó que "la verticalidad no daba lugar a cuestionar".
Fiorucci contó que "minutos antes del golpe escuché a Baraldini diciendo que iban a detener a algunas personas que podrían entorpecer el cambio de gobierno. Y esas órdenes se cumplieron en Santa Rosa y General Pico".
"¿Qué podía hacer, si tenía una carrera de 17 años y una familia a cargo y con cuatro hijos? Me sentí mal, y ahora también. No estaba de acuerdo con esas directivas, pero no pude o no supe negarme. Por eso necesito pedirles perdón", dijo.
Caso por caso.
Fiorucci, en su extensa declaración, analizó caso por caso las imputaciones que existen en su contra y buscó mostrar las presuntas contradicciones en que incurrieron los testigos y también las distintas versiones dadas en el sumario administrativo y ahora. Sobre todo de los ex policías.
Dijo que "buscaron cualquier cosas para señalarnos", que hubo testimonios falaces y "procedimientos viciados de nulidad" y le apuntó a Juan Carlos Tierno y Timoteo Trouilh al destacar que las actas del sumario administrativo fueron "apócrifas". También remarcó que los declarantes fueron "instruidos y aleccionados".
Al hacer un repaso sobre los 25 casos por los que está procesado, admitió que la docente Zulema Arizo fue detenida en 1978 en la escuela rural de Paso de los Algarrobos porque su hermana Lidia, que era la directora, la delató. "Si puede, que me perdone, no tendría que haber pasado por todo esto", dijo en referencia a Arizo. Fiorucci pasó a la superioridad la novedad de cuánto volvería el novio de la docente. "Yo les dije que no se la detengan, porque según mi hermana se había puesto las pilas. El jefe (Luis Baraldini) igual pide la detención. Fuimos y la detuvimos. Yo me quedé con mi hermana. Ella lloraba y me contagió", dijo.
El TOP cerró el camino para ampliar la acusación
El Tribunal Oral Federal, por unanimidad, le puso un cerrojo al pedido de la fiscalía y los querellantes de ampliar las acusaciones contra los nueve represores de la Subzona 14, a partir de "las nuevas pruebas" que surgieron durante las audiencias. El presidente del cuerpo, José Mario Tripputi, luego de un extenso cuarto intermedio, reafirmó que sólo se tendrá en cuenta la acusación del fiscal porteño Federico Delgado -leída al comienzo del juicio- y que eventualmente podrían abrirse otras causas por casos de tormentos que quedasen fuera de la sentencia.
El planteo de las querellas estuvo a cargo de la abogada Carina Salvay, y contó con el respaldo del fiscal Jorge Bonvehí y del otro querellante, Miguel Palazzani. Este sostuvo que, con la negativa del tribunal, "el ejemplo paradigmático" de lo que quedará afuera de la acusación serán las torturas sufridas por el ex secretario de Obras Públicas regazzolista, Santiago Covella, quien contó por primera vez sus padecimientos en este juicio. Los jueces consideraron que el caso Covella podría juzgarse en otro proceso pues no figura entre las 28 víctimas del expediente.
Los defensores se opusieron expresando que se trató de un planteo "genérico y poco concreto", que "no es más de lo que ya se dijo en la instrucción", que "sólo son nombres" y que "no surge claramente cuál es su motivación". Salvay, para requerir la ampliación de las indagatorias de los imputados, se había basado en "los nuevos elementos de prueba" surgidos de los testimonios de tres comisarios retirados, Jorge Zanetti, Rubén Benéitez y Gustavo Wigand, aunque sin dar otras preciones.
Con su resolución el TOF ratificó que el militar Nestor Greppi seguirá imputado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Roberto Constantino por 17 y 7, respectivamente; Omar Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Athos Reta por 12 y 6; Nestor Cenizo por 24 y 11; Roberto Fiorucci por 25 y 15; Hugo Marenchino por 7 y 5; y Oscar Yorio por 11 y 7 casos.Salvay había pedido que Greppi sea indagado también por los tormentos en perjuicio de otras 17 víctimas (Gil, Accátoli, Ferrari, Barabaschi, Zolecio, Cisneros, Flores, Navarro, De Diego, Pozo Grados, Quartucci, Brower de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón y Carlino), y agregó a Covella.
A Constantino por los casos de Ferrari, Barabaschi, Navarro, Girard de Villarreal, Regazzoli y Covella. A Aguilera por Ferrari, Nansen, Arizo y Juárez; a Reta por Ferrari, Barabaschi, De Diego, Pozo Grados, Quartucci, Brower de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino, Girard y Covella; a Reinhart, Cenizo y Fiorucci por Ferrari y Covella; a Marenchino por Gil, Accátoli, Ferrari, Bedis, Roma, Cisneros, Navarro, De Diego, Regazzoli, Juárez, Pozo Grados, Quartucci, de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino y Covella; y a Yorio por Cisneros, Flores, Navarro, Arizo, Juárez, Pozo Grados, Quartucci, de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino y Covella.
Fuente:Agndh
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