Familiares sin derecho a querellar
Por Sonia Tessa
Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.
Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.
Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".
La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.
DECLARO EL EX COMANDANTE DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL
"Este es un juicio político y no penal"
Díaz Bessone repitió "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión". E insistió con que debería ser juzgado por un tribunal militar. Desmintió a Feced.
Por José Maggi
El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por terrorismo de estado que lleva su nombre. En un larga exposición les recordó a los presentes que "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión, y que por ende no cabía un juicio de un tribunal federal, sino de uno militar, porque no se habían cometido delitos penales, sino que se habian aplicados políticas de estado que no pueden ser sujetas a revisión judicial". Y aclaró por si había dudas que "al derrotar a la subversión salvamos al país de un régimen castrista". Díaz Bessone negó que hubiese tenido bajo su mando a la policía santafesina, con cuyos integrantes comparte el banquillo de esta causa. Y no dudó en desmentir al fallecido comandante de Gendarmería e interventor de la policía Agustín Feced "quien incurrió en falsedades al decir que yo le había dado una orden verbal para disponer de esa fuerza".
Al anciano militar que exhibe dificultades para hablar, para escuchar y para ver, se lo pudo ver en todo momento consultando un escrito especialmente preparado con resaltadores. Sus palabras fueron seguidas con atención por Gonzalo Miño, su abogado defensor. "En una guerra al enemigo no se lo asesina, sino que se lo mata, no se lo priva ilegalmente de su libertad y se lo tortura, se lo captura y se lo interroga", prosiguió Bessone.
Se resguardó en "los decretos de un gobierno democrático que dio libertad de acción para operar contra el enmigo y sus apoyos clandestinos". "En una guerra no se le pide una orden a un juez para actuar, como no se le pidieron para tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki", dijo sin inmutarse el veterano represor.
Después trató de refutar el concepto usado por la fiscalía que lo acusa de participar en "un plan sistemático ilegal", "no fue tal sino un plan legítimo de un gobierno democrático", apuntó. "Si voy a ser juzgado por delitos militares que cometí como Comandante del Segundo Cuerpo, pido ser juzgado por el Código de Justicia Militar", agregó.
Para el militar "este es un juicio político y no un juicio penal, en donde se toman como ciertas, por ejemplo, las denuncias de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) ante quien solo bastaban las simples denuncias sin investigación alguna" dijo para desmerecer al organismo que enumeró las atrocidades cometidas por el gobierno militar.
Después se enfrascó en explicar que "hubo decretos como el 2770/ 75 del gobierno de Isabel Perón que creó el Consejo de Seguridad Interior presidio por ella y fijó las competencias del Consejo de Defensa presidido por el ministro de Defensa que coordinaba la ejecución de las medidas contra la subversión. Entre ellos los gobernadores, que disponían de sus policías provinciales. Si yo tuve dominio del hecho, podría hablar de la figura del partícipe necesario, pero cuánto más lo son los miembros del Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia".
Se detuvo en recordar el decreto 2772/75 que establecía "que las fuerzas armadas bajo el Comando Superior del presidente de la nación ejecutará las operaciones necesarias para aniquilar a la subversión, y por más que se quiera distorsionar el sentido es reducir a la nada, matar al enemigo. En tiempos de paz se ordena detener, poner a disposición de autoridad, en tiempos de guerra no. Obtener información, no es una actividad ilícita y hoy tan menospreciada" remarcó.
Aseguró que "jamás requerí el control operacional de las fuerzas policiales de la provincia". Y concluyó "todo lo que pueda declarar el comandante Feced no goza de ninguna garantía porque está viciada de falsedades. La falsedad de Feced surge claramente porque fue designado interventor de la UR II el 8 de abril de 1976 por decreto y puesto en funciones después, jamás pudo estar en reunión conmigo en marzo".
La libertad de Ibarra
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, informó que se ordenó la libertad del ex policía Ramón Telmo Alcides Ibarra, quien se encontraba detenido por haber sido imputado en la causa "Feced, Agustín y otros", por disposición del juzgado Federal Nº 4 de Rosario. La denominada "Causa Feced" investiga la comisión de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina durante la dictadura militar. "Considerando que Ibarra está imputado en una causa por delitos de lesa humanidad, expresamos una vez más nuestra preocupación por una situación como ésta, fundamentalmente por el impacto que tiene en víctimas y testigos, hecho que hemos verificado en situaciones análogas en el marco del Programa provincial de protección", señala el comunicado.
Fuente:Rosario12
lunes 4 de octubre de 2010
Juicio a la patota de Feced: declaró Díaz Bessone
Ramón Gennaro Díaz Bessone, ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército e ideólogo del plan de extermino aplicado en la región durante el terrorismo de estado, declaró este lunes en los Tribunales Federales en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI). A los gritos y sin filtro, defendió el genocidio perpetrado por los militares en la dictadura. “Yo di la orden de aniquilar al enemigo en ámbito del Segundo Cuerpo de Ejercito en octubre de 1975 y no en marzo de 1976 como declaró alguna vez el Comandante de Gendarmería Agustín Feced”, confesó el represor para refutar una declaración de 1984 de Feced. Además dijo que “los 30.000 desaparecidos eran un invento” del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luís Duhalde. “Los hijos de Hebe de Bonafini viven en París”, remató el general retirado.
“Aniquilar significa, destruir, exterminar, reducir a la nada, matar, asesinar al oponente”, gritó engreído al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario, el ex Comandante del Ejército Argentino, Ramón Gennaro Díaz Bessone, imputado de graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Rosario junto a cuatro policías y un civil.
El militar vociferó “su versión de los hechos” con el volumen al máximo, según explicó por que padece “problemas en los oídos”. Entre otras afirmaciones que se volvieron insoportables para las víctimas del juicio allí presentes ‒junto a sus familiares y compañeros‒, descalificó a los jueces del TOF2 y aseguró que debería ser juzgado “como los Nazis, por un tribunal militar”.
El militar es el represor de mayor peso específico entre los acusados de este juicio en el que se investigan los delitos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidos en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario. Los abogados de las víctimas, lo señalan como “la máxima autoridad de la dictadura en la zona con vida, es responsable directo de todo lo que ocurrió en su jurisdicción mientras ejerció el mando desde el Comando del Segundo Cuerpo”.
“Este juicio es político e inconstitucional”, consideró el represor, que además cuestionó varias veces a los jueces del tribunal. “Voy a tener que explicarles varias cosas que no comprenden, porque ustedes no son mis jueces naturales”, castigó Díaz Bessone.
“Nosotros actuamos conforme a decretos firmados por un gobierno constitucional en 1975 que dictaminó que había que aniquilar a las organizaciones armadas”, afirmó el represor para defender el exterminio del terrorismo de estado. Cabe recordar que ese mismo argumento ya fue rechazado en el juicio Guerrieri - Amelong por estos mismos magistrados.
“Si son ilegales aquellos decretos, también deberían ser juzgados los funcionarios del gobierno constitucional que los dictaron”, cuestionó el represor. “Pero los hechos realizados por un gobierno no son judiciables, por lo tanto no se los podría juzgar”, se respondió el mismo.
El ex general del Ejército no se sonrojó al compararse con el Führer Adolf Hitler y demandó “ser juzgado por un tribunal militar como los Nazis”. “En una guerra no se secuestra, ni se priva ilegítimamente de la libertad, se captura y apresa”, aclaró en su afán de bancar el terrorismo de estado.
En una larga alocución que comenzó cerca de las 16.30 y que se suspendió pasadas las 20 ‒como no culminó aun seguirá declarando el martes‒, se despachó sobre todos los temas y personas.
Para justificar el golpe, Díaz Bessone rememoró que dirigentes políticos le fueron “a reclamar acciones contra el gobierno de Isabel Martinez de Perón”, o agradecerle “el haber arreglado el descalabro que estaba produciendo”, y en esa lista mencionó a “Martínez Raimonda de Rosario”, o a “gente del Partido Comunista”.
Además de las barbaridades que dijo sobre la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y pegarle al gobierno nacional en la figura del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luís Duhalde, Díaz Bessone recordó que Ernesto Sábato “se dio vuelta en 1984” ya que “durante el proceso se había reunido con Videla y hablado muy bien de él”, y aseguró que “la cifra de los desparecidos es la que dijo la señora Graciela Fernández Meijide”.
Cuestiones preliminares
En el primer tramo de la audiencia, por la mañana, el tribunal resolvió las cuestiones preliminares que habían sido planteadas quince días atrás, en el debate entre abogados de los imputados y de las querellas, antes de la suspensión realizada por la intervención quirúrgica de otro de los represores, José Scortechini.
Los magistrados resolvieron rechazar la mayoría de los planteos de las defensas, pero hizo lugar a la exclusión del juicio de seis querellantes, quienes estaban como parte acusadora del proceso oral sólo por el delito de asociación ilícita. Desde el tribunal entendieron que había sido un error del juez de la instrucción permitirles acusar como querellantes en el delito de asociación ilícita, sin haber sido parte del proceso de instrucción de la causa. Un tecnicismo jurídico que no tiene ninguna consecuencia práctica sobre el proceso.
La decisión de los jueces ‒hay que destacar que Caballero votó en disidencia y fundamentó a favor de los querellantes‒, cayó mal entre los familiares de desaparecidos. Uno de ellos, Pedro Buovier de H.I.J.O.S Rosario ‒cuyo padre Oscar, es una víctima del SI‒ repudió la resolución y afirmó: “es una cruel manera de manosear las expectativas de los familiares, primero un juez nos dice que somos parte, y luego estos nos dicen que no. Para los jueces será un formalismo, pero no tienen en cuenta lo que pasa con los querellantes”. Otra de los excluidas es Élida Luna, la reconocida militante de Familiares.
La Madre de plaza de Mayo, Herminia Severini, con la pasión que la caracteriza, fuera el tribunal en el corte del mediodía, dio aliento al resto de los militantes y puteó: “Igual, por más tecnicismos que planteen, no se van a salvar de la cadena perpetua estos hijos de puta”.
Sigue el martes
Pasadas las 20 la presidenta del tribunal Beatríz Caballero anunció que la audiencia seguirá este martes a partir de las 9.30.Los querellantes, testigos, familiares militantes de organismos de derechos humanos deberán tomar coraje y una buena dosis de ranidtidina para la jornada que los espera, ya que Díaz Bessone parece tener bravuconadas como para seguir con la parla un largo e insoportable rato más.
REPRESION-SANTA FE
GOBIERNO EXPRESA "PREOCUPACION" POR LIBERTAD A REPRESOR
Santa Fe, 4 de octubre (Télam).- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe informó mediante un comunicado que "se ordenó la libertad del ex policía Ramón Telmo Alcides Ibarra", acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y expresó su "preocupación" por lo que implica para víctimas y testigos.
La cartera de Justicia provincial recordó que Ibarra "se encontraba detenido por haber sido imputado en la causa `Feced, Agustín y otros`, por disposición del juzgado Federal número 4 de Rosario".
La denominada `Causa Feced` investiga la comisión de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina durante la dictadura militar.
“Considerando que Ibarra está imputado en una causa por delitos de lesa humanidad, expresamos una vez más nuestra preocupación por una situación como ésta", expresó la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
El comunicado indica que decisiones judiciales de ese tenor han permitido verificar anteriormente el impacto que tiene en víctimas y testigos, "en situaciones análogas en el marco del Programa provincial de protección y acompañamiento a testigos y querellantes que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos”.
Fuente:Telam
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