El Fiscal Especial Dante Vega, detalló en su alegato cómo era el recorrido que seguían los detenidos políticos durante la dictadura militar en San Rafael en el marco de lo que denominó “el circuito del terror”.
Por Cristian Pérez Barceló
El fiscal especial describió cómo funcionaba el circuito en que se produjeron las desapariciones. (Foto: Sitio Andino)
“En San Rafael, este circuito se empleaba para torturar psíquica y físicamente a quienes eran elegidos por su actividad, política, gremial o social. Circuito elegido para terminar con la vida de aquellos que caprichosamente eran elegidos para morir, y en general, para infundir miedo a todos aquellos que tuvieran algo para decir o algo para pensar”, comenzó diciendo Vega.
“El terror estatal, que es una cronología de la cobardía de sus autores, comenzaba en San Rafael con la identificación de las futuras víctimas por medio del seguimiento, la infiltración y la delación. Esta tarea era cumplida especialmente por el Departamento Dos (D2) de Informaciones de la Policía de Mendoza”, continuó.
“Este departamento conducía a la detención de las víctimas. La mayoría de las veces en sus domicilios, otras, en sus lugares de trabajo; pero generalmente en horas nocturnas y por medio de fuertes operativos en los que intervenían fuerzas militares y policiales, uniformados o de civil, quienes en una suerte de ópera bufa del miedo, además de festejarse a sí mismos, sublevaban las garantías más elementales de propiedad y libertad, capturando a sus moradores y familias enteras, no sin antes amenazar a quienes en caso allí quedaban, y de paso rapiñar algo de valor o destruir objetos, en particular libros”.
El relato lo continuó señalando que “una vez capturadas las víctimas, eran conducidas al primer lugar de cautiverio. Una dependencia policial denominada Infantería. Este dato, ya de por sí, es elocuente respecto a la intervención policial en la sistemática terrorista. Allí los detenidos permanecían por lapsos variables, que dependían del capricho del mandamás de turno, que comprobaron los querellantes ya, ese mandamás podía ser tanto la autoridad militar como la policial”.
Para Vega, “lapsos variables en directa relación con la capacidad de alojamiento del verdadero centro clandestino de detención en San Rafael, que eran los calabozos de tribunales. Justamente, luego del paso obligado por Infantería, la totalidad de los detenidos eran conducidos por tandas, y a bordo de un móvil policial denominado piadosamente, el ‘Cuartito Azul’. Al subsuelo de tribunales, lugar conocido vulgarmente como La Departamental”.
“En esta verdadera mazmorra, fueron vistos por última vez con vida, las cuatro personas cuyas desapariciones se ventilan aquí. Pero también pasaron por ella, todas aquellas personas que por capricho del mandamás, lograron sobrevivir a la humillación y a la tortura, que tuvieron la suerte de contar”.
“Estimamos que quedará en la historia negra de este país, este verdadero centro clandestino de detención. Clandestino no porque no se supiera. Las personas casi inmediatamente sabían donde estaban detenidos sus familiares y les llevaban comida. Clandestino, no porque no se supiera sino porque estaba autoridad de cualquier juez, del Poder Judicial en general. Llamativamente, dos pisos abajo donde funcionan los tribunales, en el mismo piso”, sentenció el fiscal.
Fue allí cuando se preguntó sobre “esto de funcionar debajo de los tribunales, ¿cómo lo hubieran descripto Alan Poe, Kafka y otros autores. ¿Cómo hubieran descripto la detención de Sergio Chasqui, sacado a punta de pistola de la dependencia judicial donde trabajaba, llevado con una pistola en la nuca, por los pasillos de tribunales, donde trabajaba, mientras todos sus compañeros lo miraban, conducido por las escaleras y tirado en las mazmorras hasta que recuperó la libertad cinco meses después?”.
“Desde la Departamental eran conducidos a otros lugares donde eran interrogados y también torturados. Como el edificio de Bomberos, la Municipalidad, las dependencias militares refaccionadas de Cuadro Nacional y la famosa Bodega ubicada en Castelli y Urquiza”, dijo el acusador.
“Algunos recuperaban la libertad, otros eran conducidos a Mendoza, donde desaparecieron, o fueron alojados en dependencias del D 2 de Mendoza o la Penitenciaría Provincial, como paso previo a su cautiverio en la Unidad 9 de La Plata”, culminó Vega.
En otro orden, y a la ahora de acusar al teniente Guevara, dijo que a principios de 1976 se acondicionaron las instalaciones del predio militar en Cuadro Nacional para crear allí “una dependencia donde funcionó la Central de Inteligencia Militar dependiente del Batallón 601 de Buenos Aires. Esta sección contaba con una oficina en la ciudad, en Almafuerte 81, primero, y después en Day y Pellegrini, como lo señalaron varios testigos en esta causa”.
“¿Por qué se acondicionó esta dependencia de inteligencia a principios de 1976?”, se preguntó Vega y respondió que “el Ejército tenía que tomar presencia activa en todas las guarniciones del país; pero también con la responsabilidad histórica en la ruptura institucional de ese año. El golpe militar ya se encontraba en marcha desde por lo menos febrero de 1976. Eso se demuestra con el Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, ese verdadero manual golpista”.
“Ese acondicionamiento que se llevó a cabo desde comienzos de 1976 puede haber sido para tener una base segura desde el cual asaltar el poder de la Comuna, cuando llegara el día D y la Hora H, a la que hace referencia ese manual golpista”, sostuvo el fiscal.
“La versión de Guevara de que en mes de febrero fue comisionado para proteger los objetivos de la acción terrorista, choca con una realidad. Si en San Rafael, como ha sido demostrado largamente en este juicio, no existía ni nunca existió ninguna actividad subversiva. Es posible que la presencia de Guevara en ese lugar obedecía a la preparación del Día D, Hora H para la que faltaba justo un mes”, dijo uno de los representantes del Ministerio Público.
Agregando que “ya para febrero de 1976, en pleno reacondicionamiento de Cuadro Nacional, comenzó a implementarse en San Rafael el plan sistemático criminal de detenciones ilegales. Eso condujo a la desaparición forzada de Aldo Fagetti y Omar Osamis, entre otros. La privación ilegítima de la libertad y tormentos de Juan Carlos Berón, Jorge Berón, Luis Berón, Ricardo Ríos y Ricardo Torrejón”.
“En el plan sistemático, el Ejército contó con la entusiasta colaboración de la Policía de Mendoza, autoridad sometida a su control operacional. Hay un decreto provincial, mencionado por el propio Ruiz Soppe, el N° 3.077, del 22 de octubre de 1975, gobierno constitucional, por el cual el Interventor Federal en Mendoza ordenaba a todas las fuerzas policiales y de seguridad, y penitenciarias de la provincia, el someterse al control control operacional del Consejo Nacional de Seguridad, para las cooperaciones que fueran requeridas a través de las autoridades militares comisionadas”, concluyó.
Fuente:SitioAndino
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