Pedido a la Corte
El Consejo de la Magistratura resolvió en su reunión plenaria de ayer solicitar una audiencia pública urgente a la Corte Suprema de Justicia para tratar la situación de “extrema gravedad institucional” que reina en la Cámara Federal de Mendoza. El organismo tomó la decisión luego de escuchar al titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien desmenuzó las maniobras del tribunal cuyano para obstaculizar las investigaciones por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Righi destacó en particular el rol del camarista Otilio Roque Romano, imputado por encubrir secuestros y torturas hace un tercio de siglo, y respaldó la actuación del fiscal general Omar Palermo, coordinador de la Oficina de Asistencia a las causas vinculadas con el terrorismo de Estado en Cuyo, que fue amenazado de muerte luego de pedir la citación a indagatoria de Romano. El tribunal mendocino, mientras tanto, marcó ayer otro hito en la historia de la impunidad en Cuyo, al excarcelar a los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por torturas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan y ex prófugos de la Justicia.
La decisión de solicitar la intervención de la Corte es un último recurso ante la situación caótica que atraviesa la Justicia Federal de Cuyo. Excepto un juicio en curso en San Rafael, las causas de lesa humanidad en Mendoza y San Juan, jurisdicción de la Cámara, están paralizadas y con todos los imputados libres. La Cámara tiene dos lugares vacantes: el primero desde hace un año, tras la renuncia de Carlos Pereyra González, investigado por delitos de lesa humanidad cuando era secretario de la Justicia puntana; el segundo, tras la renuncia de Luis Francisco Miret, imputado por idénticos delitos en Mendoza, como juez federal.
A diferencia de Miret, que antes de renunciar ejerció su derecho de defensa ante el Consejo y ante el juez federal Walter Bento, su colega Romano logró evadir ambas instancias. Para no presentarse ante el organismo que evalúa la conducta de los magistrados interpuso una acción de amparo que le concedió el conjuez Carlos Parellada, cuestionado por su antiguo vínculo personal con Romano y padre de una de sus empleadas. Para evitar tener que prestar declaración indagatoria utilizó dos vías: alegó “graves razones de salud” y recusó a Bento, que también fue amenazado luego de citarlo. Cuando logró el segundo objetivo y ya no había juez para indagarlo, la salud de Romano mejoró súbitamente: interrumpió la licencia de sesenta días que le habían otorgado sus colegas, retomó sus funciones y se abocó de lleno a cuestionar la legitimidad del fiscal que lo acusó. El procurador Righi pidió ayer que se evalúe el parte médico que había presentado Romano, ante la sospecha de que se armó a pedido de Su Señoría.
La recusación también está plagada de irregularidades. Julio Demetrio Petra, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez se sustrajeron a cualquier tipo de control de legalidad por parte de quienes impulsan las causas. Petra rechazó el pedido del fiscal Palermo, negándole que fuera parte interesada. El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó entonces su intervención, argumentando que Petra es compañero de Romano desde 1993 y que ya fue apartado para intervenir en las causas de lesa humanidad. Pero el tribunal hizo oídos sordos y rechazó la recusación, tal como había hecho con las querellas. Petra no cuestiona su inhabilidad para juzgar a autores de secuestros y torturas, pero resiste cuando le toca analizar la conducta de Romano, su compañero de trabajo desde hace 17 años, acusado por encubrir los mismos delitos.
El juez Bento, que sí fue aceptado como parte en el expediente, recusó sin éxito a los tres camaristas que accedieron al pedido de Romano. El caso más curioso es el de Rago Gallo. Mucho antes de que trascendiera su complicidad con el terrorismo de Estado, Romano se inhibió de intervenir en una demanda promovida por Rago Gallo por la “amistad íntima” que los une. Como en las familias judiciales todos se conocen, Bento recordó esa confesión y le pidió que se dignara a no intervenir. Tampoco tuvo suerte: Rago Gallo desestimó su propia recusación, asegurando que ya no es amigo íntimo de Romano.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
El Consejo va a la Corte por el conflicto en la justicia federal de Mendoza
El Procurador Righi sentó su postura ante el Consejo por el tema de la justicia federal de Mendoza
Foto: Télam
Se definió en el plenario de este jueves. A la reunión acudió el Procurador Esteban Righi. Gálvez casi no intervino en la discusión y al final pidió permiso para abstenerse.
En un plenario definido por el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral, como “el más largo” de toda su gestión -se extendió por casi 5 horas-, el órgano resolvió este jueves presentarse ante la Corte Suprema para manifestarle al Máximo Tribunal en audiencia pública la “gravedad institucional” que implica que un juez ad-hoc haya frenado la investigación que le seguía el Consejo al camarista mendocino Otilio Romano, cuestionado por su actuación en causas por delitos de lesa humanidad.
El Consejo también le pedirá a la Corte que constituya la Cámara Federal de Mendoza para intervenir en las causas por derechos humanos porque tanto Romano (presidente del tribunal) como los camaristas Alfredo López Cuitiño, Julio Petra Fernández (ambos de la Sala A) como Antonio Endeiza (de la Sala B) están inhibidos de intervenir en esos expedientes. Actualmente Endeiza está solo en la Sala B porque el camarista Luis Miret, que la integraba, fue suspendido y enviado a juicio político el 16 de septiembre último.
Al plenario de este jueves concurrió el Procurador General Esteban Righi que la semana pasada presentó una nota ante el Consejo en la que pidió “normalizar la situación” de “crisis institucional” de la justicia federal mendocina. Al ingresar al salón, Righi, que llegó acompañado por colaboradores, saludó uno a uno a todos los consejeros presentes y aseguró que era la primera vez que iba Consejo para una actividad que no fuera protocolar.
Antes del inicio de la exposición de Righi, el consejero-senador Ernesto Sanz anunció que esta semana hubo una presentación ante el Consejo del abogado de Romano, Juan Carlos Aguinaga, en la que manifestó que la invitación al Procurador General generaba “coacción” en los jueces. Luego, Righi manifestó que siempre respetó la “autonomía” de los fiscales y añadió: “No existe fiscal que pueda sostener que yo lo llamé para darle instrucciones”.
El Procurador cuestionó que una decisión del Consejo –la de citar por el artículo 20 del reglamento a Romano- no pueda ser ejecutada por una resolución que tomó un “abogado de la matrícula federal”, como definió al juez ad-hoc Carlos Parellada y añadió que el hombre que dictó el amparo a favor de Romano debió haberse apartado porque fue designado conjuez por la Cámara que preside el magistrado cuestionado.
Righi también cargó contra el fallo de la Cámara Federal de Mendoza (integrada en esa oportunidad por los jueces Petra Fernández, Leopoldo Rago Gallo y el consejero Miguel Ángel Gálvez) que apartó al juez federal Walter Bento de la investigación penal contra Romano y Miret y dijo que al menos dos de los tres jueces que lo firmaron, no deberían haber intervenido pero no dijo quienes. En ese momento, Gálvez se había retirado del recinto.
“Que no queden dudas que voy a respaldar institucionalmente al fiscal Omar Palermo y lo voy a mantener en el cargo”, sentenció Righi que aseguró que le preocupaba que la Cámara se arrogara funciones que no le correspondían y desconociera la actividad de Palermo.
La exposición de Righi y sus colaboradores duró aproximadamente una hora. Cuando se retiraron, continuaron las audiencias públicas para varios concursos y la discusión por la situación de la justicia federal mendocina se retomó alrededor de las 12. En ese momento, el consejero-senador Marcelo Fuentes (FPV) habló de “mecanismo kafkiano de enredos”.
La consejera-diputada Diana Conti indicó que presentará un dictamen para la suspensión tanto de Parellada como de Romano. El consejero-senador Nicolás Fernández pidió que el Consejo no fuera una “figurita decorativa” y exhortó a dar un “mensaje fuerte”.
Los consejeros debatieron durante un rato largo sobre la posibilidad de incumplir una medida cautelar. Luego, Sanz aseguró que “siempre estamos a tiempo de recuperar la autonomía institucional” y dijo que había conversado con otros consejeros para acelerar lo máximo posible el trámite para la definición del magistrado que integre el tercer juzgado federal de Mendoza, expediente que aguarda la decisión del Ejecutivo y el acuerdo del Senado.
Alrededor de las 13, cuando estaba concluyendo el debate, el consejero-juez Gálvez aseguró que “celebraba” que se hubiera dado el debate y afirmó que no intervino porque tenía una denuncia en su contra por el fallo que suscribió en el que se recusó a Bento. Así, pidió al plenario poder abstenerse de votar en la causa. Luego, comenzó a correr la versión de que Gálvez había recibido una llamada telefónica en la que le anunciaban que el juez federal Rago Gallo había ordenado la excarcelación de todos los represores detenidos por crímenes de lesa humanidad en San Juan. Este diario no pudo confirmar esa versión.
Más tarde, en la comisión de Disciplina y Acusación, se resolvió, a propuesta de Conti, suspender la auditoría que estaba prevista para la semana próxima en la Cámara Federal de Mendoza a espera de los resultados de la reunión con la Corte. Asimismo, se sorteó el expediente que inició Righi que recayó sobre Sanz.
FuentedeOrigen:DiarioJudicial
Fuente:Agndh
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