ESTADOS UNIDOS LE FALTÓ EL RESPETO AL PUEBLO ARGENTINO
05-11-2010
El Diputado Nacional por el GEN, Horacio Alcuaz –autor de un proyecto de resolución de respaldo a la solicitud de extradición de uno de los responsables de la Masacre de Trelew-, declaró que “Estados Unidos, al denegar la extradición a “El Ñato” Bravo, demostró una vez más su desprecio por los derechos humanos”.
“Parece que al Estado norteamericano no le alcanzó con cobijar durante décadas a este criminal devenido en exitoso empresario y proveedor del Estado Mayor, sino que ahora pretende garantizar su impunidad, negándose a cooperar en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado”, sostuvo el legislador.
“La negativa merece una sanción internacional, pero constituye ante todo un agravio al pueblo argentino por un Estado que se dice garante de la paz internacional y viola sistemáticamente los derechos humanos, el principio de cooperación entre Estados y de libre determinación de los pueblos”, prosiguió el legislador manifestando “su total indignación ante las aberrantes declaraciones del juez norteamericano -que calificó a la Masacre de Trelew como un hecho de propaganda política guerrillera”.
Alcuaz concluyó “llama poderosamente la atención que sectores de la dirigencia política que tanta trascendencia dieron a la cuestión de la extradición del chileno Apablaza, nada hayan tenido para decir cuando se impide el juzgamiento y se garantiza la impunidad del responsable de un brutal crimen de terrorismo de Estado. Nosotros queremos hacer público nuestro repudio al accionar de Estados Unidos y solicitamos a nuestra Cancillería una rápida y enérgica respuesta”.
Horacio Alcuaz - Diputado de la Nación
halcuaz@diputados.gov.ar
Masacre de Trelew: Estados Unidos rechaza la extradición de un criminal
Por Laureano Barrera
La Justicia norteamericana acaba de dar una muestra rotunda de coherencia histórica: después de azuzar durante décadas las dictaduras latinoamericanas –con intervención directa en América Central– en nombre de la lucha contra el fantasma del “comunismo”, una de Sus Señorías, Robert Dubé, ha negado la extradición de uno de sus primeros sicarios: el ex teniente Roberto Guillermo Bravo, señalado en la investigación judicial llevada adelante por el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, como uno de los encargados de rematar a los sobrevivientes de la primera ráfaga de PAM durante la tristemente célebre Masacre de Trelew.
“Creemos que es un fallo equivocado –dijo ante la consulta de este diario Luis Alem, subsecretario de Derechos Humanos– y se debe insistir agotando todas las instancias. El fallo se equivoca al calificar como una cuestión política lo que es un crimen de lesa humanidad, y así ha quedado declarado en la causa, donde hay pruebas más que suficientes para otorgar la extradición”. El fallo del juez del Estado de Florida deberá apelarse ante la Justicia norteamericana a través de la Cancillería argentina. “Supongo que estará tomando esas medidas”, sugiere Alem.
La causa judicial por el fusilamiento a cargo de la Armada Argentina el 22 de agosto de 1972, en la Base Almirante Zar de Trelew, de 16 presos políticos que una semana antes habían intentado fugarse del penal de máxima seguridad de Rawson, se inició en diciembre de 2006, con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares de las víctimas de la dictadura de Alejandro Lanusse.
El juez Sastre se abocó a la instrucción de la causa, procesando al contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, que se encuentran cumpliendo arresto domiciliario, y al cabo primero Carlos Marandino, que por razones de seguridad se encuentra alojado en la Alcaidía de Trelew. La instrucción de la causa fue clausurada hace dos años, cuando el ex infante de Marina Roberto Bravo, todavía estaba prófugo.
La investigación judicial logró reconstruir la cronología fúnebre de la masacre. La madrugada del 22 de agosto, entre las 2.30 y las 3.30, el teniente Bravo, junto a los capitanes Sosa y Del Real, y el fallecido capitán Herrera, irrumpieron en el edificio de guardia de la Base Aeronaval Almirante Zar. La orden había sido tomada por Lanusse y ejecutada por el jefe de la Base, Paccagnini. Estaba de turno el cabo Marandino, que con el tiempo aportaría valiosos detalles de la funesta velada. Abrieron las puertas de las celdas y les ordenaron a los detenidos –militantes del ERP, Montoneros, FAR y FAP– que doblaran sus mantas, sacaran los colchones al hall y formaran fila en el pasillo, mirando hacia adelante y hacia las celdas, con la cabeza gacha. Después de un minuto, sin mediar palabra, el pelotón de fusilamiento soltó una ráfaga de PAM, que luego se contarían, fueron entre 50 y 100 detonaciones. Le siguieron disparos aislados, con armas cortas, con que ultimaron a 16 de los 19 presos políticos. Ana María Villarreal, la compañera de Roby Santucho que estaba embarazada, tenía balazos en el vientre.
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar saltaron por instinto hacia las celdas, y como otros condenados sin juicio 16 años atrás en un descampado de José León Suarez, salvaron provisoriamente sus vidas.
Berger cayó junto a María Angélica Sabelli dentro de la celda 4 viéndola morir delante suyo, y vio cómo a Villarreal la remataban con un tiro en la mandíbula. Haidar y su compañero de celda Kohon se refugiaron en la celda 9, donde Bravo, después de la primera ráfaga, los hizo poner de pie. Los interrogó y se fue, tras lo cual ingresó un oficial con uniforme azul y le disparó al hemitórax izquierdo, y después a Kohon, causándole la muerte. Camps se metió en la celda 10 junto con Delfino, oyó ráfagas de ametralladora y tiros de gracia. Cuando entró Bravo, los puso de pie y les preguntó si contestarían un interrogatorio. Respondieron que no. Entonces, le disparó primero a Camps en el lado izquierdo del abdomen y luego a Delfino dos veces, una de ellas, volándole “la mitad de la cabeza”.
El juez encuadró la masacre como delito de lesa humanidad –cuestión de fondo que se encuentra pendiente de resolución en instancias superiores–, pero Robert Dubé, al negar su extradición, consideró que las declaraciones presentadas por el gobierno argentino “no son creíbles”, y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen “delitos políticos”, dando crédito al pedido del defensor de Bravo, Neal Sonnet (que interviene en los cuestionados procesos legales contra presuntos terroristas en la Base Militar de Guantánamo), que no es otra que la del intento de fuga, historia oficial de Lanusse rebatida por la historia política hace largo tiempo.
Dubé tomó en cuenta, para su fallo, un escrito del profesor de la UBA Alfredo Solari, defensor de Ricardo Cavallo y otros represores, quien aseguró que Bravo “actuó apropiadamente al encarar una circunstancia muy difícil en la que debía cumplir su misión como líder de la guardia responsable de defenderse de los detenidos fanáticamente peligrosos”, y un informe de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.
Bravo tuvo destinos foráneos por la propia Marina, que durante años guardó el secreto de su nueva vida como empresario. En 1987, había adquirido la ciudadanía norteamericana. Página/12 reveló que vivía en Miami y presidía la firma RGB Group, especializada en la contratación de personal médico en el exterior. En 1998 consiguió, junto con otras firmas del rubro, un contrato de 27 millones de dólares con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. “Acá ha primado la relación empresarial de Bravo con las Fuerzas Armadas norteamericanas, aunque la resolución no lo diga –arriesga Luis Alem–. Los motivos ocultos parecen ser ésos”.
FuentedeOrigen:MiradasalSur
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