19 de diciembre de 2010

CÓRDOBA: JUICIO A VIDELA: EL 22 SERÁ LA SENTENCIA.

Compañeros, el día 21 comienzan a hacer uso de la palabra los acusados terminando aproximadamente el día 22 al mediodía. Luego los jueces harán un intervalo. Pensamos que la sentencia comenzará alrededor de las 17 hs y durará aproximadamente hasta las 21,30 hs.
NO FALTES, ALLÍ ESTAREMOS TODOS LOS QUE SEGUIMOS RECLAMANDO POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. LA MEMORIA ES COLECTIVA.
Abrazos, Sara
Fuente:AeppCdba.          

                                   

SE VIENEN las CONDENAS a los GENOCIDAS
Por CECILIO MANUEL SALGUERO
 - Sunday, Dec. 19, 2010
El miercoles 22 de Diciembre desde las 11 hs estaremos en Tribunales Federales aguardando las condenas a prision perpetua de la mayoria de los acusados en el Juicio Oral contra Videla,Menendez y sus complices...

Documento *

“2010 es y será para la historia el año del Juicio de la UP1. El juicio más conflictivo y emblemático para la justicia federal, por la trama de complicidades que hubo que sortear. Tantas veces lo denunciamos que nos sentimos parte activa de ese reclamo que sumó muchas voces, muchas marchas, muchos esfuerzos.

Nada de lo gastado fue en vano. Nuestras fuerzas se fueron renovando en las mismas contrariedades. No nos ganaron con la impunidad ni con el olvido.

A fuerza de persistencia llegamos a la sala de audiencias de los tribunales federales el pasado 2 de julio para decirles a nuestros padres y a nuestras madres eternizados en esos rostros que nos rodean, que necesitábamos devolverles la memoria que nos dejaron, con sus asesinos condenados.

2010 será el año de las condenas. No sabemos si la justicia tardía no dejará restos de impunidad que nunca podrán saldarse. 34 años después muchos protagonistas no están, muchas pruebas desaparecieron. Pero la justicia lograda alcanza para justificar nuestras luchas y nuestras memorias.

Las luchas y memorias de muchos que fueron protagonistas. Las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, los movimientos políticos, las organizaciones sociales, muchos de nuestros familiares que ya no están.

Sabemos que la batalla legal no terminará con la sentencia del próximo 22 de diciembre. Que habrá apelaciones, prisiones domiciliarias y todo tipo de prebendas y chicanas jurídicas. Pero esperamos que el próximo 22 de diciembre se dicte una sentencia ejemplar, que mande a la cárcel común a los asesinos de nuestros familiares.

Por la verdad, la justicia y la memoria. Los torturadores y asesinos estarán sometidos como nunca se lo esperaron, en las cárceles de la democracia que desprecian y nunca serán las del oprobio que ellos infligieron a nuestros padres y nuestras madres.

Parafraseando a Rodolfo Walsh: “los asesinos probados pero sueltos” ya no estarán sueltos, estarán en prisión, donde debieron estar los últimos 34 años que vivieron de arriba, de prestado, gracias a la impunidad que les concedieron gobiernos débiles y una justicia cómplice.

En estos 34 largos años fuimos haciéndonos cargo del reclamo por la justicia y el fin de la impunidad. En las evocaciones de cada diciembre, en las marchas de cada 24 de marzo, en las luchas constantes por los derechos que todavía faltan quisimos hacer nuestro aporte para mantener viva la memoria de tantas violaciones a los derechos humanos en nuestra historia argentina y cordobesa.

Nos apropiamos de este espacio porque esta cárcel no sólo fue escenario de las violaciones que sufrieron nuestros padres, nuestras madres y tantos otros testigos aquí presentes, sino también recogiendo la larga historia de estos muros que aprisionan muchas otras memorias desde los grilletes que todavía sobreviven en las celdas subterráneas construidas en el siglo XIX.

Por eso propusimos preservar este patrimonio que le ha dado identidad a este barrio popular. Y creemos que la mejor memoria de nuestros muertos es transformarlo en un centro de formación en derechos humanos especialmente para las fuerzas de seguridad, en escuelas técnicas con talleres de capacitación laboral, en un espacio cultural y de entretenimientos para los niños y jóvenes.

La inauguración de esta plaza para ellos quiere señalar y significar este esfuerzo participado de preservación del patrimonio cultural de barrio san martín, que en el bicentenario de nuestra patria queremos reafirmar de un modo especial.

La vida de nuestras madres y nuestros padres truncada en estos mismos lugares nos reclama y exige propuestas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los que aún siguen excluidos, sin encontrar espacios sociales que contemplen sus apremiantes necesidades.

Por eso nuestro reclamo de justicia es para que los torturadores, asesinos y sus cómplices sean condenados, entendiendo que con eso también estamos cimentando una sociedad más integradora, más justa y más solidaria, como la querían y por la que lucharon nuestros familiares fusilados.

En el largo camino de nuestro crecimiento fuimos descubriendo nuestras propias historias encerradas en el testimonio de tantos y tantas que nunca perdieron la memoria. Así lo vivimos en las audiencias del juicio. Allí potenciamos el rescate de la militancia política de nuestros familiares. Su compromiso sincero y generoso en la lucha por transformar la sociedad.

Le perdimos el miedo a tantos fantasmas que el neoliberalismo intentó meternos en nuestras culturas. Supimos que la política es necesaria y vale la pena cuando no olvida a los que sufren las injusticias sociales.

Entendimos que hablar de revolución es buscar una forma diferente, más humana, más justa, más solidaria, de organizar la sociedad y distribuir las riquezas. Tantas cosas aprendimos de las vidas de nuestras madres y nuestros padres y pudimos recuperar su dignidad, su entereza, su valentía, su coraje, su solidaridad.

Los sobrevivientes de la UP1 fueron reconstruyendo con su testimonio la historia silenciada por años.

Sus declaraciones pusieron sobre el tapete muchas verdades que fundamentaron tantas sospechas de complicidades. las de los jueces, secretarios, defensores y fiscales federales; las de los capellanes y de las máximas jerarquías eclesiásticas; las de empresarios, medios de prensa que reproducían los comunicados del Tercer Cuerpo de Ejército y otros factores de poder que fueron el sustento civil de las atrocidades militares.

La complicidad de la Justicia


Algunos nombres no pueden quedar en el olvido: Zamboni Ledesma, Miguel Ángel Puga, Vásquez Cuestas, Carlos Otero Álvarez, Luis Enrique Molina, Ricardo Haro, Ali Fuad Alí, el fiscal Cornejo, los capellanes Sabas Gallardo y Mackinnon, el arzobispo Primatesta y también algunos políticos que posibilitaron la permanencia de la impunidad como el gobernador Mestre y su ministro Aguad, al proteger y encumbrar a personajes siniestros como Carlos Yanicelli.

Los imputados intentaron fabricar denuncias para descalificar a los testigos. Pensaron que escarbando en sus archivos de los servicios de inteligencia podían encontrar algo que no se supiera, menospreciando la integridad de los testigos que siempre se reivindicaron como militantes políticos, dispuestos a luchar por una sociedad más justa e igualitaria.

Pretendieron cuestionar la calidad de algún juez para desacreditar al tribunal que lo juzgaba. Utilizaron distintos artilugios para dar una batalla política por el consenso social, sin lograr que los medios de prensa se hicieran eco de ese empeño.

Presencias y ausencias

Nuestro reconocimiento también es para todos y todas los que asumieron el juicio como propio. Difundieron su importancia. Concurrieron a las audiencias, llevando en sus pechos las fotos de nuestros familiares asesinados. Y se sumaron a nuestras convocatorias.

Pero junto a este reconocimiento a los que dijeron presente haciendo el aguante día a día, semana a semana, también queremos señalar las ausencias, de los que miraron para otro lado o se encerraron en sus cotidianeidades, sin entender que la justicia buscada era y es imprescindible para seguir reclamando más derechos y más democracia.

Las ausencias de organizaciones e instituciones a las que pertenecieron nuestros padres y nuestras madres, y que esperábamos que nos acompañaran.

De un modo especial queremos reconocer la dedicación, el trabajo y la responsabilidad con la que nuestros abogados querellantes se hicieron cargo de representarnos en el juicio, escuchando los testimonios, reconstruyendo los hechos, recolectando las pruebas y fundamentando jurídicamente las responsabilidades penales de los torturadores y asesinos. en ellos reconocemos a quienes los acompañaron en sus equipos de trabajo.

Ojalá el tribunal escuche lo que venimos exigiendo desde hace 34 años: justicia para nuestros familiares brutalmente asesinados por el terrorismo de estado.

Hoy estamos contentos y expectantes. Satisfechos y conmovidos. Hoy estamos ansiosos y anhelantes. Esperamos penas ejemplares para tener algo de paz después de tantos años de impunidad.

Hoy como ayer a las puertas de una sentencia histórica exigimos justicia por los 31 presos políticos fusilados y asesinados en la penitenciaria por la restitución de la identidad de los niños apropiados

Por los 30.000 compañeros desaparecidos cárcel común y prisión perpetua y efectiva a los asesinos de nuestros familiares.”

* Comisión Homenaje UP1
Fuente:Indymedia.org                

                                   
La sagrada familia
Por Horacio Verbitsky

La foto de Menéndez de chacota con Bustos Fierro, que no puede ser juez.
El miércoles se conocerá la sentencia en el juicio a los ex generales Jorge Videla y Luciano Menéndez por los fusilamientos de la penitenciaría de Córdoba. En su alegato, el fiscal Carlos Gonella se refirió a la complicidad en los crímenes de lesa humanidad de sectores de la política, la magistratura y la Iglesia Católica. Así describió la conducta de varios magistrados y funcionarios que no hicieron respetar los derechos de las personas, la Constitución y la ley:

- Luis Ricardo Haro, entonces defensor oficial, hoy conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Permitía que personal militar apuntara su fusil a la cabeza de un detenido mientras declaraba ante el juez en la cárcel. Cuando una detenida intentó denunciar que habían saqueado su casa y la habían torturado, le aconsejó que no lo hiciera.

- Carlos Otero Alvarez, secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma y luego miembro del Tribunal Oral Federal. Permitió la misma intimidación que Haro. Varios presos le informaron de las torturas que habían padecido y de la amenaza de muerte contra el detenido Hugo Vaca Narvaja. Dijo que no podía hacer nada porque estaba a disposición del Poder Ejecutivo.

- Zamboni Ledesma, Eudoro Vázquez Cuesta y Miguel Angel Puga, jueces. Los tres ignoraron los recursos de hábeas corpus por Vaca Narvaja, quien fue sacado de la UP1 y fusilado.

- Luis Eduardo Molina, defensor oficial, sugería a sus defendidos que no denunciaran las torturas padecidas ni los fusilamientos de sus compañeros. A una detenida le dijo que si no colaboraba con los militares ni se sacaba la bombachita, no iba a salir más. Así fue, permaneció largos años presa sin cargos.

Gonella dijo que otros casos demuestran que era posible ejercer con dignidad la magistratura y contradecir a los militares en el gobierno. Citó al actual juez supremo Raúl Zaffaroni, quien permitió la salida del país de un preso sin causa, y al entonces camarista Daniel Pablo Carreras, que perdió su cargo por revocar detenciones ilegales. Gonella asoció una frase del cardenal Raúl Primatesta sobre “la mano izquierda de Dios” que “es paternal, pero puede ser pesada”, con la orden de proceder en forma clandestina que Menéndez impartió el 13 de abril de 1976, la cual condujo a la aplicación de la ley de fugas a 31 presos legales en la UP1. También mencionó a los capellanes Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, que justificaban las torturas durante las primeras 24 horas de detención y comunicaban a los presos que morirían si sus compañeros atentaran contra los militares o el gobierno.

Uno de los sobrevivientes de la UP1, Luis Miguel Baronetto, denunció a Otero Alvarez, quien renunció cuando el Consejo de la Magistratura lo citó para que hiciera su descargo. El Consejo notificó al Poder Ejecutivo que Otero carecía de las condiciones para cualquier próxima designación, pero el último día de mandato de sus integrantes, el ex presidente Luis María Cabral hizo votar cerca de la medianoche una resolución que revoca esa inhabilitación, por lo cual podría ser convocado para actuar como subrogante en alguna causa futura, decisión que Baronetto ya anunció que apelará. Otero Alvarez fue protegido durante este procedimiento por sus compañeros de tribunal, en especial su presidente Jaime Díaz Gavier, quien procuraba evitar que en el juicio por la UP1 se ventilaran estas conductas. El candidato del núcleo tradicional que controla la magistratura cordobesa para suceder en el TOF 1 a Otero Alvarez es Pablo Bustos Fierro. El defensor de presos políticos Rubén Arroyo contó en su alegato que cuando llevó sus denuncias a los tribunales, el secretario Bustos Fierro le dijo “doctor, habría que pensar cómo era ser juez en esos tiempos y yo le contesté mal y le dije habría que pensar lo que era ser preso en esos tiempos”. El candidato es hijo del juez electoral Ricardo Bustos Fierro, aquel que en 1999 habilitó a Carlos Menem para la rrreelección. Cuando se reclutó al personal para los juicios por delitos de lesa humanidad, fue elegida como secretaria de derechos humanos una prosecretaria del TOF 1. Ricardo Bustos Fierro se comunicó con sus integrantes y les ofreció tres vacantes en su juzgado para que designaran a quien quisieran, si su hijo era el contratado para el cargo en el TOF 1. El trato se cerró y sendos hijos de Otero Alvarez y de los todavía hoy jueces Jaime Díaz Gavier y Vicente Muscará pasaron a trabajar en el juzgado del padre de Bustos Fierro. El Consejo de la Magistratura lo ascendió bien por encima del puntaje que le asignó el jurado. Su candidatura fue impugnada por el abogado Miguel Ceballos, querellante en una de las causas por crímenes de lesa humanidad, por falsear como secretario del TOF 1 información relevante. En 2009, el fiscal general Fabián Asis recusó a Otero Alvarez, pero el TOF1 lo confirmó, aduciendo que la recusación había sido rechazada por el juez Alejandro Sánchez Freytes. Ese dato era falso, porque omitía que el querellante había apelado la resolución, que no estaba firme. Esa negligencia grave en su carácter de fedatario cuestiona la idoneidad de Pablo Bustos Fierro, ya que violó “un deber de cuidado elemental”, dijo Ceballos. Agregó que Bustos Fierro “proviene de un sector tradicional, denominado la Sagrada Familia”. Como secretario de derechos humanos del tribunal suele conversar amistosamente con los imputados durante los cuartos intermedios. En una de esas chacotas confraternizó con el propio Menéndez, quien llegó a tomarlo del brazo. La escena fue inmortalizada por el diario local La Voz del Interior, y adjuntada por el CELS en su impugnación, ya que el candidato carece de la “integridad moral y compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos” requeridos por el decreto que estipula las condiciones que debe cumplir un candidato a la magistratura federal. ¿O alguien se imagina a un secretario del tribunal de Nuremberg celebrando un chiste de Hermann Göring?
Fuente:Pagina12                                                         

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