Durante la XIII Reunión Anual de Fiscales, los titulares de la Unidad de DD.HH. hicieron un balance del avance en el juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de estado y del trabajo del Ministerio Público en esas causas, desde el inicio del proceso de reapertura de los juicios.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado tuvo una participación central en la Reunión Anual de Fiscales realizada en la Capital Federal. Su titular, el Fiscal General Jorge Auat, y su coordinador, Dr.Pablo Parenti, expusieron ante los magistrados presentes los hechos más destacados relacionados con la Unidad Fiscal que encabezan.
En la introducción, Jorge Auat agradeció la inclusión en la agenda "del foro más importante en el ámbito fiscal", y adelantó: "En rigor, este es el año de los juicios. Hay un balance positivo", tras lo que cedió la palabra al coordinador, Pablo Parenti.
Parenti explicó que "desde el proceso de reapertura de los juicios, hubo una diseminación de las causas judiciales a lo largo y ancho de todo el país. Las Cámaras Federales donde habían quedado radicadas esas causas distribuyeron la competencia entre los juzgados federales de todas las provincias". Esa situación generó una gran dispersión de casos, de los cuales muchos estaban íntimamente vinculados entre sí, pero que comenzaron a ser juzgados por separado.
En ese marco fue creada la Unidad Fiscal, en marzo de 2007. "Lo que nos propusimos desde el comienzo fue intentar una organización de los procesos de juzgamiento, para que pudieran concretarse en un tiempo razonable", afirmó Parenti.
Desde la Unidad identificaron dos problemas principales: por un lado, había muchas causas que con procesamientos dictados e incluso confirmados se demoraban en ser elevadas a juicio, y por otro, procesos que se tramitaban por separado pese a referirse a hechos relacionados entre sí. Por estas razones, en marzo de 2008 se dictó la Resolución PGN N°13/08, en la que el Procurador General instruyó a los fiscales: en la primera parte se dispuso que en los casos en los que hubiera procesamientos confirmados se pidiera la elevación a juicio, aun cuando estuvieran recurridos ante la Cámara de Casación o la Corte Suprema. La segunda parte de la Resolución señala la necesidad de que se acumulen las causas según el denominador común que sea aconsejable, por ejemplo por centros clandestinos de detención.
"Hoy vemos un crecimiento y una consolidación del proceso de juzgamiento que se ve en las estadísticas: hay alrededor de 800 personas procesadas, 156 condenados y varios juicios que están terminando. Además, estamos empezando a tener juicios más grandes, que reflejan mejor la dimensión del fenómeno represivo". También destacó que ya no haya detenidos en unidades militares.
"Queda mucho por hacer, pero el Ministerio Público como institución ha construido una legitimidad que permite respaldar al fiscal cuando hay que tomar alguna decisión que pueda ser problemática y está robustecido para afrontar los desafíos futuros", concluyó.
Sobre el final, Auat tomó la palabra: "Detrás de este balance, el resultado tiene dos caras: si miramos el pasado no tan lejano, es auspicioso. Cuando miramos el presente y el futuro, nos encontramos con que todavía falta mucho por hacer por la cantidad de condenados sin sentencia firme".
FuentedeOrigen:MinisterioPublicoFiscaldelaRA
Fuente:Agndh
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