“Hay pocos homicidios cometidos por chicos”
Aunque se mostró proclive a la creación de un régimen juvenil que otorgue garantías a los menores, señaló que no es momento de legislar sobre el tema. Hizo hincapié en que hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos entre los 14 y los 16 años.
Imagen: Gustavo Mujica
Por Carlos Rodríguez
“Este es un año electoral y no es un momento propicio para la reflexión. Por lo tanto, mi postura es que no se analice ahora la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, porque lo que salga de allí va a ser una solución teñida por la búsqueda de votos.” En diálogo con Página/12, Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamó a serenar los ánimos en la discusión que se ha desatado, una vez más, sobre la baja de la edad de imputabilidad. Zaffaroni sostuvo que la preocupación que se advierte en sectores de la sociedad “no tiene justificación respecto de los datos concretos, porque hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos en las edades que van de los 14 a los 16 años. No olvidemos que a partir de los 16, la responsabilidad penal es plena”.
“Los casos de homicidios cometidos por menores de edad en la Capital Federal son escasísimos. Entre chicos de 14 a 16 años, sobre dos mil homicidios que puedan ocurrir, 15 pueden haber sido cometidos por chicos menores de 16 años. En el conurbano, puede que haya algún porcentaje mayor, pero de todos modos se trata de hechos que pueden ser contados con los dedos y no tienen un registro que pueda alarmar”, explicó Zaffaroni. Los datos oficiales señalan que, sobre más de 1900 homicidios dolosos ocurridos en el país, los cometidos por menores de 18 años (no de 16), son apenas 219 casos.
Zaffaroni comentó, además, que los chicos que cometieron algún hecho delictivo grave “reciben alguna penalidad” y muchos de ellos terminan internados en institutos de régimen cerrado. Sobre el debate de fondo, el de la baja de la edad de imputabilidad, Zaffaroni opinó que es necesario “rejuridizar la cuestión penal juvenil. Yo preferiría que no se los tutele”, como ocurre ahora, porque son los jueces, sin otra intervención, los que resuelven el destino del menor que cometió un delito. “Yo preferiría que me penen, que me apliquen un régimen penal. Eso les daría más garantías a los pibes. Ahora, los pibes no tienen garantías procesales. En vez de aplicar un lenguaje piadoso, hay que aumentar las garantías del debido proceso. Esto en el sentido del debido proceso y no en el de las penas, que deben ser diferentes a las de los adultos.”
“Si yo le aplico a un chico una medida educativa o de otro tipo, sin que eso signifique ir a prisión, de todos modos es una sanción. Y si se le aplica una pena, que esté probada, que se lo someta a juicio y que se le dé la posibilidad de defensa.” Zaffaroni consideró que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad “es lo mismo que cuando se habla de la pena de muerte, porque siempre termina siendo una forma de manipular con el miedo. Los chicos que cometen delitos no están en libertad, como muchos creen. Muchas veces son privados de su libertad sin que se haya probado si cometieron realmente el delito por el que se los acusa. Entre los pibes, hay formalmente muchas más víctimas que victimarios”.
El debate sin fin
Debido a lo delicado del asunto, Zaffaroni pidió dejar al margen la polémica por la baja de la edad de imputabilidad de las especulaciones electorales. Ayer ocurrió todo lo contrario: la discusión siguió subiendo de tono. El diputado del peronismo federal Francisco de Narváez salió a responderle al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien le había aconsejado actuar en vez de hablar “para darle sanción definitiva” a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta que la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. De Narváez le sugirió a Scioli que “se ocupe de los problemas de los menores que delinquen en la provincia: en el 2007 se votó el régimen penal juvenil (en la Legislatura bonaerense), pero no está implementada” en su totalidad.
De Narváez sostuvo que “no están los institutos de contención de menores, ni los profesionales para asistirlos”. El legislador afirmó que la provincia tiene “450 menores privados de la libertad y 110 con semilibertad, pero prácticamente no tienen ningún tipo de acompañamiento ni tratamiento para poder reinsertarse” en la sociedad. El que le salió al cruce a De Narváez fue el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Baldomero Alvarez de Olivera. “De Narváez tiene que dejar de lado sus intereses personales y accionar en pos de la sociedad en su conjunto, y en particular por los menores en riesgo, porque es de suma urgencia que reciban un tratamiento judicial moderno y especializado, acorde a la realidad en la cual estamos viviendo.”
Por su parte, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, aseguró que “el lugar de un chico no es la cárcel” porque “los chicos que cometen un delito son el emergente de un niño con problemas graves”. Propició “políticas de largo plazo y prevención”.
Más duro fue el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, quien consideró “inconducente” el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Hay mucho cinismo e hipocresía en la sociedad que se mueve en un contexto de absoluta corrupción: exigimos que algunos se ajusten a la ley, pero otros seguimos haciendo lo que queremos.” Sostuvo que la baja de la edad “no es la solución” dado que “los jueces tenemos herramientas legales para poder trabajar”.
Arias agregó que “como sociedad no podemos exigir que algunos cumplan la ley, y otros no”. Dijo que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo” y propuso “adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. Como Zaffaroni, opinó que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo, en otro contexto” y que “es necesario adoptar políticas de Estado a mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. El magistrado pronosticó que “va a llevar varias décadas solucionar estos problemas: a los presidentes y gobernadores les gusta cortar la cinta, pero esto no es algo que se termine con un mandato, no es una obra pública”.
Fuente:Pagina12
2011-01-23
Rossi: “En marzo tenemos que dar el debate por el régimen procesal de menores”
El jefe del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, afirmó que “hay coincidencia absoluta de crear un nuevo régimen procesal” para los menores y consideró que “necesariamente en marzo hay que dar el debate en el recinto”.
Rossi dijo que el proyecto por crear un régimen de procedimiento fue tratado por dos comisiones durante 2010 y obtuvo despacho, por lo que “está en condiciones de ser tratado en el recinto en los primeros días de marzo”.
“La mayoría de nuestro bloque decidió mantener que la edad de imputabilidad sea 16 años. Coincidimos con una gran parte del arco político. Lo votamos nosotros, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista y la Coalición Cívica”, señaló.
Igualmente, reconoció que “el aumento de penas o la baja de imputabilidad a menores es una discusión que tiene teorías y argumentaciones en ambos sentidos”.
“Creo que necesariamente en marzo tenemos que darle debate en el recinto”, remarcó en declaraciones a Radio Uno.
Fuente:Telam
OPINION
Inseguridad y política
Por José Natanson
Los episodios de inseguridad de la semana pasada reactualizan el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, la responsabilidad penal de los menores de edad y las penas que se aplican. Como una plaga, el tema desaparece y vuelve de tanto en tanto, con matices según el momento y el debate político-electoral. Para no aburrir al lector con los argumentos de siempre, algunos datos concretos y el repaso de experiencias en otros países, que quizás ayuden a echar un poco de luz sobre la cuestión, para finalizar con un comentario sobre sus efectos electorales.
Veamos.
Populismo penal
En primer lugar, no hay evidencia que indique que un endurecimiento de las penas reduce la inseguridad. Las experiencias que suelen mencionarse como exitosas –básicamente la “tolerancia cero” en Nueva York– deben ser puestas en contexto. En el caso concreto de la política liderada por Giuliani, hay que considerar también la prosperidad económica registrada en los años de Clinton, las medidas de contención social implementadas paralelamente y hasta los patrones de consumo de droga (el reemplazo del crack por la heroína, con efectos más atontadores y prolongados y menos generadores de violencia, tal como muestra crudamente la serie The Wired). En América latina, el ejemplo más claro del fracaso de este tipo de propuestas de populismo penal es Centroamérica. En la subregión, la tasa de homicidios duplica la latinoamericana, con casi 50 por cada 100 mil habitantes según la Organización Panamericana de la Salud. Para remediarla, los gobiernos recurrieron a una secuencia de respuestas represivas de nombres realmente espectaculares: en El Salvador, tras el fracaso del Plan Mano Dura, el gobierno lanzó el Plan Súper Mano Dura, y luego postuló como candidato a presidente a un ex jefe de policía, que afortunadamente fue derrotado; en Guatemala, el presidente diseñó el Plan Escoba, para frenar una supuesta invasión de mareros que, sin embargo, no alcanzó para detener el ascenso del líder de la tolerancia cero, Otto Pérez Molina, un ex general del ejército que quedó en segundo lugar en las elecciones del año pasado; en Honduras, el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, elaboró una propuesta de combate a la delincuencia que denominó Puño Firme, gracias a la cual estuvo cerca de triunfar en las elecciones del 2005.
Y todo esto junto a una serie de leyes represivas sancionadas con el soplo en la nuca de una opinión pública aterrorizada. En los tres países centroamericanos mencionados, la edad de imputabilidad se redujo a los 12 o 13 años. Y hay más: en Honduras, el Código Penal fue reformado en el 2004 para incluir penas de hasta diez años de prisión por el solo hecho de llevar un tatuaje identificable con una pandilla. El cuadrito incluido a continuación demuestra que no existe una correlación directa entre la edad de imputabilidad y la tasa de homicidios.
Pero el problema no es sólo centroamericano. México tiene 500 mil policías, es decir 4,8 por cada 100 mil habitantes, tres veces más que Canadá, donde la tasa de homicidios es seis veces menor. En Brasil y Colombia, la delincuencia es la principal causa de muerte de jóvenes y, si se tienen en cuenta sólo los jóvenes negros varones pobres, los números se asemejan a los de una guerra civil. Finalmente, hay algunos aspectos de la inseguridad que muchas veces no se consideran, pero que ciertamente forman parte del fenómeno: en Paraguay, la pena por golpear a una mujer puede evitarse pagando una simple multa. De hecho, corresponden más años de cárcel por matar a una vaca que por pegarle a una esposa.
Comparar con los países nórdicos siempre es complicado: salvo el clima, todo es mejor allí. Pero el ejercicio siempre es tentador: Finlandia tiene menos policías por habitante que cualquier otro país del planeta, poquísimos presos –sólo 3 mil– y, al mismo tiempo, una de las tasas de homicidios más bajas del mundo: dos por cada 100 mil. Dinamarca, con un enfoque similar, presenta una tasa de homicidios de 1,1, Noruega 0,9 y Suecia 1,2. En San Marino, pequeña república europea, hay, en total, un solo preso. En todos estos casos, la tasa de homicidios es entre 4 y 6 veces inferior a la de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el país desarrollado más inseguro del mundo y el que tiene más presos: 648 por cada 100 mil habitantes, diez veces más que Dinamarca o Suecia. En números totales, casi dos millones de personas habitan las cárceles estadounidenses, la misma cantidad que jóvenes en los colleges.
Argumentos
La política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, corazón del problema de la inseguridad en Argentina, ha sido una de las más erráticas y peligrosas de todas las implementadas desde el retorno de la democracia, como revela el simple recuento de los ministros: de León Arslanian a Carlos Ruckauf, pasando por Juan Pablo Cafiero, para volver de nuevo a Arslanian, hasta llegar a Carlos Stornelli y Ricarco Casal.
Pero vamos por partes. Discutir contra los defensores del populismo penal es necesario pero relativamente fácil; más difícil es tratar de entender por qué el progresismo tiene tantos problemas para asumir el tema y ofrecer si no una solución, al menos una propuesta. La izquierda prefirió siempre esquivar la cuestión de la seguridad: salvo las dos gestiones truncas de Arslanian en Buenos Aires y el enfoque aplicado por Hermes Binner desde que asumió la gobernación de Santa Fe, prácticamente no existen experiencias relevantes de políticas de seguridad progresistas. El hecho de que el kirchnerismo, que ha hecho de la transformación una de las claves de su éxito político, haya demorado siete años en dar una muestra contundente de su voluntad de cambiar las cosas, revela las dificultades para hacerse cargo del tema.
¿Cómo se explica esta desidia? Por el lógico rechazo de la izquierda a utilizar la represión, cualquier forma de represión, generado por las dictaduras, lo que creó un vacío de conocimiento que hoy se paga caro. Hay pocos expertos que realmente conozcan el tema, que tengan relación con las policías o alguna experiencia acumulada: solo unos pocos especialistas, como Arslanian o Marcelo Saín, y un puñado de instituciones, como el CELS, se han dedicado a trabajar sistemáticamente la cuestión de la seguridad con un enfoque diferente al de la mano dura.
A este rechazo histórico hay que sumarle un diagnóstico simplista –considerar a la inseguridad como un subproducto automático de la pobreza–, que excluye cualquier posibilidad de resolver el mientras tanto. Decir, como decía Pino Solanas en la última campaña electoral, que la principal causa de la inseguridad es la mortalidad infantil quizás sea cierto, pero aporta poco al debate sobre qué hacer con los homicidas menores o los desarmaderos de autos o las mafias de narcos enquistadas en las villas, y no deja de ser en el fondo una vía de evasión ingeniosa a un tema sobre el cual es difícil asumir una posición concreta. El problema es que, mientras tanto, las corrientes de derecha fueron construyendo una respuesta, ciertamente equivocada pero respuesta al fin, provista de una doctrina, un paquete de medidas y toda una parafernalia de fundaciones y equipos dispuestos a aplicarla. No debería llamar la atención que sean ellos quienes lleven la delantera en el debate público.
Y sin embargo, un dato que resulta difícil de encajar en este cuadro. La inseguridad no define elecciones: Felipe Solá fue reelecto tras designar a Juan Pablo Cafiero, y Daniel Scioli fue elegido con un discurso opuesto. Aníbal Ibarra fue reelegido sin una sola propuesta en la materia, y Mauricio Macri podría ser elegido nuevamente pese a que a no ha mostrado grandes avances en la lucha contra el delito. La inseguridad estuvo ausente de la plataforma del kirchnerismo en las presidenciales del 2007 y sin embargo Cristina ganó tranquilamente. Carlos Ruckauf, el caso más mencionado de una propuesta de mano dura electoralmente exitosa, no se impuso en los comicios provinciales de 1999 por su promesa de meterle bala a los ladrones, sino por la alquimia electoral que le permitió sumar los votos de Domingo Cavallo, sin los cuales hubiera perdido. Esto no implica, desde luego, que la inseguridad no sea una preocupación social importante, pero mi hipótesis es que no alcanza para ganar una elección. Hasta ahora.
Fuente:Pagina12
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