Papel Prensa: un represor acordó con Clarín y La Nación dónde hacer el pago
Publicado el 9 de Enero de 2011
Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
Se trata de Oscar Gallino, el general de Brigada que ostentaba poder de mando sobre los centros clandestinos de detención. Los diarios reconocen, además, que no hicieron “un solo paso” sin la aprobación previa de los militares.
El documento, que pasó inadvertido durante décadas, se convierte hoy en una prueba más de la alianza que existió entre las tres armas y los tres diarios para apropiarse de la empresa del grupo económico Graiver. Una prueba más sobre la mentira instalada por los tres diarios, al decir que fue “un acuerdo entre privados, hecho a la luz pública”, ya que de haber sido así el dinero hubiera llegado a sus vendedores y no a la justicia, por orden de un represor y con el aval de una Junta Militar.
El general de Brigada del Ejército Oscar Bartolomé Gallino cumplió con un rol clave en el terrorismo de Estado. Según determinó la justicia de la democracia, fue uno de los generales que elaboró la Doctrina de Guerra a emplear por la dictadura, “proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975”, según declaró el inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Lo que revela la importancia (de Gallino) en la estructura represiva y su nivel de contactos con los jerarcas de la dictadura”, consideró el fiscal federal Sergio Franco, designado para actuar en procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
Todos los Graiver y los empleados del grupo económico, como Silvia Fanjul y Jorge Rubinstein, padecieron los designios del hombre vinculado con los diarios. Para la justicia quedó acreditado que Gallino “ostentaba el poder de mando sobre los represores de cada uno de los centros clandestinos de detención a los que concurría y procedía a interrogar a las personas que habían sido vejadas y torturadas, en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba”.
Gallino es el mismo que se reunía con los directores de los tres diarios Clarín, La Nación y La Razón, es decir Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos, de acuerdo con los documentos firmados por el propio Gallino, el 7 y el 9 de abril de 1977, revelados por este diario y de acuerdo con el Boletín Oficial de la época. En esos documentos, el oficial preventor explicó que los directores concurrían a verlo “con motivo de la adquisición de Papel Prensa” y para “producir sendos informes”, para que luego preparara los interrogatorios para ser tomados el 11 de abril a Lidia Papaleo, precisamente sobre Papel Prensa, según determinó este mismo diario, al revelar el documento en el que se replica el interrogatorio.
Es que desde el 6 de abril de 1977 Gallino se había convertido en el mandamás sobre los Graiver, por orden de Jorge Rafael Videla. El represor le había ordenado que se subordinara al comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason, para “hacerse cargo de la prevención” y seguir adelante con el trabajo sucio que había iniciado Ramón Camps, el nefasto jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Y lo hizo yendo al día siguiente, el 7 de abril, al Pozo de Banfield, para que los secuestrados, entre ellos Lidia Papaleo, ratificaran las declaraciones arrancadas bajo tortura. Hecho que, naturalmente, hicieron las víctimas con los rastros de la picana a flor de piel.
Gallino no era el único represor que se reunía con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos. En la biografía autorizada del propio Magnetto, El hombre de Clarín, su autor, José Ignacio López (quien como muestra la foto conoció a Gallino y hoy es vocero de La Nación en el tema Papel Prensa), relata con una claridad que espanta que “Camps solía convocar a directivos de los medios nacionales a su despacho en La Plata. Patricio (Peralta Ramos) era uno de los concurrentes. Aún hoy no se explica por qué lo tenía de candidato: quería pedirle opinión sobre cuestiones políticas del momento” (pág. 113).
En cuanto al propio Magnetto, asegura que luego de una serie de rumores que llegaron al diario señalando que “en los mandos medios del Ejército había un clima adverso a Papel Prensa”, fue Magnetto el que “logró una reunión en el Edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del Ejército y durante dos horas reseñó la iniciativa y respondió, una por una, las objeciones que se le hacían. Casi sobreactuó para tocar la fibra nacionalista de los uniformados pero siempre creyó que ese encuentro sirvió para apuntalar a los sectores del gobierno militar que defendían Papel Prensa” (pág. 114-115). Mientras Magnetto le reclamaba a los militares el cumplimiento de sus supuestos derechos sobre Papel Prensa, los propios militares estrujaban y sepultaban todos los derechos de Papaleo, los Graiver y sus empleados.
Es que los vínculos de los directivos de Clarín, La Nación y La Razón estaban y siguieron estando durante toda la dictadura lo suficientemente aceitados. Otra prueba de ello figura en el libro El último de facto, donde el dictador Reynaldo Bignone los recordó como sus “contactos”.
“Mantuve buenos contactos con los responsables de medios como los Peralta Ramos, los Laíño (padre e hijo), Carlos Magnetto (sic) y los Mitre (padre e hijo)”, especifica Bignone (pág.70), (ver nota p. 4).
Volviendo a la solicitada publicada por Clarín, La Nación y La Razón, tras explicar que con “la conformidad de la Junta de Comandantes” (es decir Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti) lograron adquirir las acciones clase A de Papel Prensa, se aclara otro punto fundamental: “los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes”. Es decir, que mientras los Graiver eran torturados y permanecían secuestrados en centros clandestinos de detención, los directivos de los tres diarios negociaban con los represores dónde y cómo pagar y qué pasos seguir para apropiarse de Papel Prensa, la empresa que pertenecía a las víctimas de la dictadura, silenciada por los diarios.
Cuando la Unidad Fiscal para actuar en los procesos por violaciones a los Derechos Humanos se refirió a Gallino, en abril de 2008, concluyó que el general debía responder judicialmente “por el poder de hecho que tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre las personas secuestradas y torturadas (…) y por el homicidio calificado de Jorge Daniel Rubinstein (la mano derecha de David Graiver, quien falleció de un paro cardíaco en medio de una sesión de tortura)”. Pero Gallino nunca respondió. Murió antes, el 14 de noviembre de 2007. También falleció Patricio Peralta Ramos, el 14 de septiembre pasado. Y Massera, el 8 de noviembre también de 2010.
Pero Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, imputados en la causa judicial como partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad aún pueden relatar su versión de la historia (ver recuadro). Aunque es cierto que ya lo hicieron en las solicitadas, como en la desmenuzada en esta nota, en la que aseguran haber concretado el negociado en nombre de la libertad de expresión: “Con el consentimiento previo y posterior del Estado –escribieron–, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar, preservando un proyecto de interés nacional y resguardando el abastecimiento para todos los diarios de su principal insumo, en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (…) este anuncio fue públicamente saludado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).”
Además del vínculo con Gallino, con “las autoridades militares intervinientes”, con el temido Ramón Camps, con José Martínez de Hoz y con Reynaldo Bignone, el diario Clarín contaba con el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini, quien reconoció en una carta documento que, desde el diario, oficiaba de enlace con el Estado Mayor del Ejército. El hombre de confianza de Herrera de Noble, repartía sus días entre notas periodísticas y cursos que daba en la Escuela de Defensa, ante la temida D2 de Córdoba (el Departamento de Inteligencia de la Policía provincial). Hoy está imputado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como coautor de los presuntos delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa. Sin embargo, todavía no fue citado a declarar (ver recuadro). Tampoco la dueña del Grupo Clarín, ni Magnetto ni Mitre, a pesar de haber sido requerido ya en dos oportunidades por los querellantes. ¿Demora prudencial o estudiada estrategia judicial? Sólo el paso del tiempo lo dirá.
El rol de Martínez de Hoz
Publicado el 9 de Enero de 2011
La solicitada publicada en forma simultánea por los tres diarios en sus tapas del 17 de mayo de 1977, cuando Lidia Papaleo, Isidoro y Juan Graiver, Eva Gitnatch de Graiver y los empleados Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi y Rafael Ianover estaban secuestrados y la mayoría de ellos sometidos a vejámenes y torturas, especifica cómo surgió el precio.
“Contó con la aprobación del Ministerio de Economía”, señala la solicitada. En ese momento, José Alfredo Martínez de Hoz estaba al frente de esa cartera y fue, según la propia confesión de los diarios, quien aprobó el monto.
El valor que fue depositado en expedientes judiciales y en una escribanía, de acuerdo con el relato específico de los tres diarios, fue cuestionado no sólo por Lidia Papaleo, la viuda de David, sino también por Isidoro Graiver, el hermano de David, y por Rafael Ianover, el tenedor de las acciones clase A. Además de explicar que no cobraron la suma estipulada, sentenciaron en diferentes entrevistas otorgadas a Tiempo Argentino que “fue un precio vil” y que “tuvo poca vinculación con el real. Fue, a todas luces, un afano.”
Cómo continúa la causa judicial
Publicado el 9 de Enero de 2011
Desde que el Estado Nacional abrió una causa penal por la apropiación ilegal de Papel Prensa –por parte de Clarín, La Nación y La Razón– en septiembre pasado, denunciando delitos de lesa humanidad, acusando y reclamando la indagatoria y el procesamiento de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera (ya fallecido), José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos; la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Molina, no avanzó demasiado.
A casi cuatro meses, la Fiscalía sigue analizando la documentación presentada por la querella, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
En este sentido, fuentes de la causa, adujeron a Tiempo Argentino que “el estudio de los expedientes y las declaraciones testimoniales lleva un tiempo prudencial para garantizar el debido proceso”.
Teniendo en cuenta la demora en las medidas, hace diez días la querella insistió con un nuevo escrito, pidiendo que sean citados a prestar declaración indagatoria todos los involucrados en la causa. Hasta ahora declararon testimonialmente Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, Rafael Ianover, Alfredo Abuin y Guillermo Gainza Paz, por parte de la familia que fue dueña del diario La Razón antes de que sea adquirido por Clarín. Por ahora no está previsto tomar una nueva declaración testimonial a Isidoro Graiver, teniendo en cuenta que sus dichos en la causa no coinciden con la entrevista realizada con Tiempo antes de salir del país y cambiar su declaración por una a favor de los intereses del monopolio de Clarín.
Tampoco se citó a Reinaldo Bandini, de quien la querella agregó copia de la carta documento dirigida a Ernestina Herrera de Noble.
“Vamos a trabajar en la feria judicial. Estamos avanzando en la causa, es todo lo que puedo decirle”, señaló una fuente de la fiscalía de Molina ante este diario.
“Tras el golpe, hicieron limpieza de cuadros sindicales”
Publicado el 9 de Enero de 2011
En una carta fechada el 9 de agosto de 1976, el capitán de fragata Emilio Nigoul, por entonces a cargo de una comisión militar que intervino de hecho el Ministerio de Trabajo después del golpe del 24 de marzo de ese año, respondía las denuncias realizadas por el ex delegado gremial del diario Clarín, Mario Alberto Díaz.
“Fuimos a hacer reclamos ante personajes siniestros. Denunciamos que Clarín tenía una planta de unas 2000 personas y después del golpe militar echaron a 400 trabajadores, cuadros sindicales. Es decir, que tanto antes como ahora, queda claro que jamás hubo libertad sindical. Ellos fueron apañados por la dictadura para despedirnos a nosotros”, contó Díaz en diálogo con Tiempo Argentino.
A él lo despidieron en junio de ese fatídico año junto a los demás trabajadores. Se desempeñaba en los talleres gráficos de la empresa, tiempo antes de que el grupo adquiriera la llamada composición en frío, que remplazó la modalidad de impresión del diario.
Díaz recuerda cómo eran esos días posteriores al golpe dentro del diario. “Hicimos asambleas multitudinarias, pero la empresa ya había tomado a algunos servicios de inteligencia que llegaron para romper con la organización gremial interna que teníamos en ese momento. El hombre que instrumentó el desguace de los derechos de los trabajadores en ese peíodo, contratado especialmente por el diario Clarín, fue el actual dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.”
Díaz no tiene ningún tipo de dudas sobre el rol del abogado, y así lo denuncia: “Él negoció con nosotros y después llevó a cabo la ‘limpieza’ de todos los cuadros sindicales. Esa fue su tarea y la cumplió al pie de la letra.”
Papel prensa: la justicia citó al genocida por sus vínculos con clarín
Bignone debe declarar en dos semanas
Publicado el 9 de Enero de 2011
Por Franco Mizrahi
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata investiga una carta que el militar habría enviado a Ernestina Herrera en mayo de 2002. Los almuerzos que el dictador compartía con Héctor Magnetto en la redacción del diario y en la sede del Ejército.
A la directora del diario Clarín, Sra. Ernestina Laura Herrera de Noble. De mi mayor consideración: Desde hace mucho tiempo, yo sé quién es Ud., y Ud. sabe quién soy yo. Sin embargo, sólo nos conocimos personalmente en la entrevista que tuvimos en la residencia presidencial de Olivos, en que Ud. pidió tratar un tema referido a Papel Prensa.” Así comienza una carta, fechada el 15 de mayo de 2002, que está en poder de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata y que habría enviado el ex dictador Reynaldo Benito Bignone. Por este motivo, el genocida fue citado a declarar la tercera semana de enero en la causa que investiga la adquisición de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
La misiva dirigida a la dueña de Clarín esta firmada por “Reynaldo B. A. Bignone General de División (R) Ex Presidente de la Nación Argentina” y refiere, fundamentalmente, a una serie de errores sobre la vida y situación procesal del dictador que se cometieron en un fascículo de la Enciclopedia Visual de la Argentina que el diario Clarín difundió el martes 23 de abril de 2002. Antes de ese racconto de yerros, se mencionan las antiguas relaciones del ex dictador con los directivos del diario fundado por Roberto Noble y presidido por su viuda Ernestina Herrera.
Por ese motivo, el último presidente de facto del régimen genocida –ejerció el cargo entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983– no sería el único indagado por esta epístola. El fiscal Marcelo Molina además pediría que se cite al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, también mencionado en el documento: “Eran otros tiempos – continúa la carta–. Como eran otros tiempos cuando siendo yo Secretario General del Ejército era invitado por el Sr. Héctor Magneto (sic) y sus colaboradores inmediatos a almuerzos en la redacción del diario a los que concurría yo también con mis colaboradores. Por supuesto, esos ágapes eran correspondidos con otros similares en la sede de la Secretaría General del Ejército. Pasábamos momentos muy gratos y se conversaba con absoluta libertad”, concluye el primer párrafo. Trato que no mantuvo con todos su interlocutores. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó los agravios que recibió de Bignone, justamente, cuando este era secretario general del Ejército y ella le fue a pedir por la vida de su hija Laura (ver aparte).
Los encuentros de Bignone con Magnetto ya habían sido mencionados en el libro autobiográfico El último de facto, que escribió el genocida: “Mantuve muy buenos contactos con responsables de medios como los Peralta Ramos, los Laiño (padre e hijo), Carlos Magnetto, Marcos Cytriblum (sic), los Mitre (padre e hijo), Claudio Escribano, Diana Julio de Massot, Hugo Ezequiel Lezama, Ricardo Gangeme, Enrique Talamoni y la señora de Urdaquiola” (p. 70).
Para lograr la pronta declaración de Bignone en el caso Papel Prensa, el fiscal Molina deberá sortear algunos obstáculos burocráticos como obtener las autorizaciones de los juzgados que lo investigan por diversos delitos.
Bignone fue el último dictador de la Argentina. Antes de pasarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, se de-sempeñó como secretario general del Estado Mayor del Ejército, en los primeros años del llamado Proceso de Reorganización Nacional. En 1976 estuvo a cargo del operativo en el Hospital Alejandro Posadas, donde se secuestraron 40 personas y se levantó un centro clandestino de detención. También fue director del Colegio Militar y luego subdirector de Institutos Militares, transformándose así en uno de los jefes del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Campo de Mayo.
Opinion
“Tiene manos manchadas de sangre”
Publicado el 9 de Enero de 2011
Por Estela de Carlotto
Presidenta Abuelas de Plaza de Mayo
Yo tengo una historia personal con el señor Bignone. Cuando era secretario del Estado Mayor del Ejército, en diciembre de 1977, me recibió solo y con un arma sobre su escritorio, en el edificio del Comando en Jefe de esa fuerza. Yo había sido compañera de su hermana, Marta Bignone, en una gestión docente del Consejo Nacional de Educación. Eso me facilitó ser recibida. Fui a pedirle por la vida de Laura, que estaba secuestrada.
Él se volvió muy loco, como un asesino, y me dijo que se trataba de “terroristas que se van al exterior y nos desprestigian. Acá tenemos un lugar para recuperarlos, pero ellos siguen conspirando”. Le dije a Bignone que si mi hija había cometido un delito, que la juzguen y la condenen. Él se volvió más loco todavía y me dijo que estuvo en las cárceles uruguayas y vio cómo los tupamaros se fortalecían allí encerrados. “Por eso –continuó– acá hay que ‘hacerlo’.” Me estaba diciendo de alguna manera que iban a matar a mi hija.
Entonces le pedí que si a Laura ya la habían matado me entregaran su cuerpo así no me volvía loca buscándola por los cementerios. Él ahí me tomó algunos datos más.
Este hombre fue el último presidente de facto. Fue absurda su presencia en la Casa de Gobierno entregándole la banda presidencial a Alfonsín, porque tenía que estar preso. Pero esas historias se están resolviendo. Hoy Bignone está en la cárcel juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Es tan responsable como Videla, Massera y Agosti de haber hecho desaparecer a 30 mil personas.
Bajo la faceta de ser un “buen” abuelo, escribió un libro para sus nietos. Está claro que fue parte de la peor historia de la Argentina. Y por supuesto que tiene sus manos manchadas de sangre.
En el banquillo por robo de bebés y torturas
Publicado el 9 de Enero de 2011
Reynaldo Benito Bignone fue el último dictador del régimen militar más sangriento que sufrió la Argentina. Pero debieron pasar más de 27 años para que una condena lo enviara, por primera vez, a una cárcel común.
El 20 de abril de 2010, a sus 82 años, Bignone fue condenado por el TOF Nº 1 a 25 años de prisión. Lo consideraron coautor penalmente responsable de 56 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cometidos en el centro de torturas que funcionó en el complejo militar de Campo de Mayo. Desde entonces está detenido en el penal de Marcos Paz.
Pero esto no es todo. En el año 2011 deberá seguir rindiendo cuentas ante la justicia.
Desde el 7 de marzo, ante el TOF Nº 6 de la Capital Federal, Bignone estará sentado en el banquillo de los acusados junto a Videla y Nicolaides acusado de 33 casos de apropiación de menores, en la causa que se conoce como “Plan sistemático de Robo de bebés”.
Cinco meses después, ante el TOF Nº 2, Bignone deberá responder por 22 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, ocurridos en el centro clandestino de detención El Chalet del Hospital Posadas.
Además, está procesado en la causa Patti y debe responder por los casos de Campo de Mayo que aún no fueron juzgados.
Fuentedetodaslasnotas:TiempoArgentino
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