Edición número 138. Domingo 09 de enero de 2011
Por Pablo Galand
Los casos de campesinos esclavizados en campos bonaerenses se replica en distintos lugares del país a partir de las migraciones estacionales Los casos denunciados y difundidos esta semana acerca de trabajadores santiagueños sometidos a condiciones infrahumanas en los campos de la provincia de Buenos Aires, abocados al desfloramiento del maíz, representan apenas la punta del iceberg de un problema estructural y que incluso en los últimos años se ha profundizado. La explotación laboral y las condiciones esclavizantes existentes en el trabajo golondrina a partir de la estacionalidad de la cosecha de ciertos cultivos es un fenómeno que se da a lo largo de todo el país y que tiene a la provincia de Santiago del Estero como epicentro de los flujos migratorios. La cosecha de la vid y el ajo en la región cuyana, de la manzana y la fruta fina en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, del arándano en Entre Ríos y de la oliva en Catamarca y La Rioja son algunos ejemplos en los que se dan características similares: hacinamiento de los trabajadores en los lugares de residencia, ingresos inferiores a los considerados de subsistencia, explotación infantil, jornadas de trabajo que en algunos casos exceden las doce horas y la existencia de una red cuasi mafiosa destinada al reclutamiento de las personas.
Se estima que el trabajo golondrina involucra a cerca de ’400.000 personas a lo largo del año, una cifra muy superior a la de los ’90, donde se calcula que los campesinos sometidos a esta actividad alcanzaban los 100.000. De acuerdo con datos que maneja el Ministerio de Agricultura, la región de Cuyo absorbe el 35% de la demanda laboral, el NOA y NEA el 26% y la región patagónica el 13%. El aumento de la producción agraria y la necesidad de una mano de obra intensiva explican en parte el aumento de estas migraciones estacionales. El hecho de que sea Santiago del Estero la provincia que provee la mayor cantidad de trabajadores golondrinas se debe a varias razones. Por un lado, la tecnificación de la producción del algodón y la desaparición del obraje como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles expulsó a miles de campesinos a esta actividad. Por otro lado, la expansión de la producción sojera, inédita hasta hace unos años en Santiago del Estero, que requiere de una escasa mano de obra.
Casos testigo. “Las características que adquirió el trabajo del campo en Santiago del Estero llevó a que muchos campesinos no consigan en su provincia una fuente de ingreso y por lo tanto muchas veces arman como un circuito migratorio. Así, de acuerdo con el ciclo de producción, se emplean en el arándano, en la papa, la fruta o la cebolla. Las condiciones de trabajo de explotación son muy similares en todas las actividades”, asegura la socióloga Agustina Desalvo, quien estudió en el terreno las condiciones de vida de aquellos campesinos santiagueños que se dedican al desflore del maíz.
Con mucha menos repercusión mediática que lo sucedido en la pampa bonaerense, durante el año pasado han salido a la luz casos tan indignantes como los denunciados esta semana. En diciembre, el diario Panorama de Santiago del Estero consignó que un centenar de campesinos de la localidad santiagueña de Lamarque eran maltratados por empleadores y policías en la región rionegrina de Choele Choel, donde se encontraban abocados a la cosecha de peras y manzanas. De acuerdo a los testimonios, los campesinos pernoctaban hacinados en galpones y dormían en cuchetas que ni siquiera tenían colchones. Por la mañana, bien temprano, eran sacados a palazos de sus camas por policías que permanecían en una casilla lindera al galpón.
En noviembre pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos realizó una inspección a la quinta Mc Berry, en Concordia, donde encontraron que de los 200 campesinos hacinados en los galpones –la gran mayoría santiagueños–, muchos eran menores de edad y que incluso varios de ellos se encontraban enfermos y sin asistencia médica. Por su parte, en marzo del año pasado, la División Trata de Personas de Catamarca rescató a 17 trabajadores golondrinas que eran explotados en una estancia dedicada a la producción olivícola. Los campesinos, que trabajaban para la empresa Agrocosecha Compañía del Valle, denunciaron que cumplían jornadas de 12 horas de trabajo, sin franco alguno, y que incluso no percibían su jornal desde hacía más de tres semanas. De la investigación surgió que la empresa reclutadora engañó a los campesinos, ya que les había notificado que iban a ser trasladados a Río Negro para la recolección de frutas pero finalmente terminaron en Catamarca.
Santiago querido. Además de los condicionantes económicos, los modos de producción que tradicionalmente se han dado en Santiago del Estero allanan el terreno para este tipo de explotación laboral. Juan Carlos García, del Programa Social Agropecuario en la provincia y especialista en asuntos campesinos, señala que los padecimientos que hoy sufren los campesinos golondrinas se remontan desde tiempos remotos. “Lo mismo que les pasa a los que van a trabajar a Buenos Aires, la Patagonia o Entre Ríos, era lo que les pasaba veinte años atrás a aquellos campesinos que se dedicaban acá al obraje o la cosecha de algodón”, asegura. “Las empresas que contratan a los campesinos reproducen las condiciones de trabajo que se daban con esas actividades. Por ejemplo, montan una proveeduría de alimentos con precios exorbitantes y por lo tanto a los campesinos gran parte de lo poco que ganan se les va sólo en la alimentación”, completa.
El Programa Social Agropecuario que dirige el Ministerio de Agricultura fomenta el desarrollo sustentable de los campesinos ofreciéndoles una serie de facilidades, como créditos y subsidios para que puedan vivir de lo que producen y evitar así caer en el trabajo golondrina. Sin embargo, García señala los inconvenientes para poder modificar esa realidad. “Muchas veces, la gente se entusiasma con la ilusión de volverse de las cosechas con 5.000 o 6.000 pesos en el bolsillo. Pero no tienen en cuenta que muchas veces no sólo ese dinero nunca se los pagan sino que además soportan todo tipo de vejaciones. En cambio, llevar adelante su propia producción, si bien no les genera beneficios económicos en el plazo inmediato, les da herramientas para desligarse de este tipo de prácticas esclavistas”, sentencia.
• Los fraudes que aplican las empresas
La explotación de trabajo infantil y el fraude laboral son algunas de las transgresiones frecuentes en la aplicación del trabajo golondrina. A partir de las características de algunas producciones agropecuarias, la utilización de mujeres y niños suele ser más conveniente a los ojos de empresarios inescrupulosos. Son los mismos que en muchos casos recurren a la creación de cooperativas de trabajo fraudulentas para eludir las cargas sociales que les competen por la contratación de trabajadores y desvirtuando los principios de solidaridad que promueve el asociativismo. En este sentido, la provincia de Mendoza dictó una ley por la que se atribuye idénticas funciones a las del Inaes, que es el organismo que detenta la autoridad de aplicación para el desarrollo y control de la acción cooperativa. Esto abrió la puerta para que empresas que operan en diferentes lugares del país establezcan su domicilio legal en dicha provincia. De todos modos, el Inaes procedió a sancionar a cooperativas como Colonia Barraquero y Huantala, que han recurrido a este tipo de prácticas.
Para la cosecha de arándanos en Entre Ríos, las empresas contratistas suelen reclutar a mujeres y niños a los que someten a jornadas interminables. “El arándano es un fruto muy delicado, que ante la menor presión se revienta y que a la vez tiene una piel muy delicada. Por lo tanto, se considera que las mujeres y los niños son más eficaces que los hombres para su recolección”, afirma Juan Carlos García, del Programa Social Agropecuario.
En el caso del desflore del maíz, al tratarse de una actividad que requiere una gran resistencia física, los contratistas suelen descartar el reclutamiento de mujeres y niños. Incluso, tal como señala la socióloga Agustina Desalvo, se da una situación paradójica. “En los últimos años las empresas suelen llevar adelante estudios médicos previos para detectar si tienen Chagas. Esto lo hacen no porque sean buenas, sino porque se les han muerto gente que padece esta enfermedad en plena faena. El Chagas es muy común en Santiago y al tratarse de una enfermedad que afecta al corazón, al someterse a semejante exigencia física, sus vidas corren peligro. Hay testimonios de gente que murió en el campo por esta causa o porque les cayó un rayo trabajando en el medio de la lluvia”, asegura.
Para el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, uno de los aspectos más nefastos que se dan en torno del trabajo golondrina tiene que ver con la naturalización con que se aceptan ciertas prácticas. “Resulta perverso que se haya instalado como inevitable este tipo de explotación. Es fundamental que los responsables tomen conciencia que esto no es normal y natural y que deben brindar trabajo de otra forma.” Para modificar esta situación, Tomada cree que es fundamental derogar la actual ley que rige el trabajo agrario, sancionada durante la última dictadura. “En la Comisión de Trabajo de Diputados se está tratando una nueva ley y esperemos que la visualización de estos casos, que hay montones en todo el país, sirva para que el Congreso la trate lo antes posible para que los trabajadores del campo tengan los mismos derechos que el resto”, remató.
Las mujeres y los niños son las mayores víctimas
Año 3. Edición número 138. Domingo 09 de enero de 2011
Por Juan Ayala
Así lo destacan los relevamientos de organismos especializados internacionales Los testimonios se suceden y no dejan lugar para la duda. “Llegamos al local por la puerta de atrás. Después de dormir una siesta, la persona que nos trajo dijo que íbamos a tener que trabajar para él, que era nuestro nuevo patrón, que íbamos a tener relaciones sexuales con los clientes del lugar por plata. Tenía un arma de fuego y nos decía que si no hacíamos lo que él decía nos iba a matar.” Así, con total crudeza, relató una adolescente de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, el inicio de su odisea en 2005, cuando apenas tenía 14 años y fue trasladada a la región cordobesa de Santiago Temple. Los padecimientos sufridos por las víctimas incluyen ribetes sórdidos. Muchas veces, la coerción deja paso a la violencia física. “La quería hacer trabajar en otro lado, y como no quería ir la ataron a una silla y le tiraron agua con hielo mientras le pegaban una o dos veces por día. No le dieron de comer por una semana. Le decían que si no aceptaba la iban a matar”, señaló otra de las víctimas, en este caso una adolescente reclutada en 2001, cuando tenía 14 años. Ambos testimonios fueron recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante 2006 en la Argentina.
¿Qué es la trata? Según los especialistas, una forma de esclavitud, sexual o laboral, consumada mediante el secuestro, engaño o violencia. El 90 % de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista legal, la Ley 23.364, aprobada en 2008, la define como “la captación, el transporte y/o traslado, y la recepción de personas mayores de dieciocho años, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento”. Su articulado ordena la aplicación de la norma, también, “cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.”
Prostitución precoz. Richard Poulin, investigador canadiense de la industria globalizada del sexo, asegura que el 48 % de las mujeres prostituidas tiene menos de 18 años. En el caso argentino, las redes se alimentan casi con exclusividad de paraguayas y dominicanas, de las cuales, se estima, el 34 % son menores de edad. Entran al país con documentos falsos. Las mujeres se compran y venden: por una adolescente pueden pagarse hasta 5.000 pesos. Sin embargo, las prácticas más habituales de captación son el engaño y el secuestro. Las provincias del noreste son la principal área de reclutamiento y Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego son los principales destinos.
No hay cifras de la cantidad de mujeres y chicas que sufren esta forma esclavitud. En general, las víctimas o sus familiares temen represalias; muchas personas consideran naturales las condiciones de explotación laboral o sexual, y los gobiernos carecen de voluntad política para solucionar el problema.
Lo que existen son estimaciones económicas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el negocio mundial de la trata sexual genera ganancias por unos 32.000 millones de dólares al año, ubicándose detrás de la venta de armas y del comercio de drogas. Un negocio redituable que requiere la complicidad de funcionarios, jueces y policías. Basta recordar la desaparición y asesinato de tres prostitutas marplatenses en los noventa, hecho adjudicado por la policía y los medios a un supuesto asesino serial, que llamaron “loco de la ruta”. En los hechos, el “loco de la ruta” no era ni loco ni era uno. Eran ocho policías a los que se acusó de “asociación ilícita”.
Soluciones. Desde la sanción de la norma, se rescataron a más de mil víctimas de trata y el año pasado, en Mar del Plata, se condenó a un hombre y a una mujer a cuatro años de prisión. Un avance, aunque tímido. La nigeriana Joy Ngozi, relatora Especial sobre Trata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, está convencida sobre “la urgencia de reformar la ley argentina para evitar que las víctimas mayores de edad tengan que demostrar que no dieron su consentimiento y para que se aumenten las penas a los delincuentes”.
Suecia, Noruega, Islandia y Corea del Sur persiguen a los clientes de prostitución, ya que consideran el comercio sexual como una forma de violencia contra la mujer. En las escuelas se previene contra el reclutamiento de adolescentes y se educa para que los varones no alimenten la demanda. En estos países, el reclutamiento de adolescentes y niñas se detuvo.
Los niños, primero. En los hechos, las formas que puede adoptar la esclavitud son muchas. El comercio sexual es apenas una. El trabajo infantil es otra. El caso de Ezequiel Ferreira es una prueba contundente. Ezequiel murió el 16 de noviembre pasado por un tumor cerebral, provocado por haber trabajado desde los 4 años entre la sangre y el guano de gallinas, manipulando venenos con elementos cancerígenos para la empresa avícola Nuestra Huella, en la localidad bonaerense de Pilar. Ezequiel tenía 6 años.
La primera encuesta nacional sobre niños y niñas, realizada por el Ministerio de Trabajo en 2004, detectó que en el país trabajaba el 6,5 % de los niños y niñas de entre 5 y 13 años, y que ganaban unos 22 pesos mensuales. El relevamiento puso en claro, además, que el 20 % de los adolescentes de entre 14 y 17 años trabajaba por 97 pesos mensuales. El 25 % de ellos había abandonado la escuela, deserción escolar que en las zonas rurales alcanzaba el 62 %. Además, tres de cada diez niños, y poco más de cuatro de cada diez adolescentes, repetían de grado.
Obviamente, el tema no es cuánto ganan, sino cúanto pierden. “La ausencia de capital educativo y la imposibilidad de terminar la escuela básica y media condena a la infancia y a la adolescencia a la pobreza y la exclusión”, subraya Pilar Rey Méndez, titular de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, quien observa el surgimiento de nuevas modalidades de trabajo infantil, como el cavado de fosas en cementerios y el aumento de la explotación sexual de niñas y niños. Dos realidades lacerantes que se suman al trabajo en fincas y galpones, la venta ambulante y la recolección de cartones y papeles.
Fuente:MiradasalSur
Los ministerios de trabajo de nación y provincia clausuraron los establecimientos
Hallan a otros 276 obreros y 3 chicos esclavizados en Ramallo y Arrecifes
Publicado el 8 de Enero de 2011
Por Damián Pussetto
Al tiempo que el precio del maíz sigue creciendo en el mundo, brindando rendimientos formidables y se proyecta una muy buena cosecha de entre 22 y 27 millones de toneladas, la serie de inspecciones y detecciones de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires no se detiene. Ayer, incluso, tomó intervención la justicia federal y hubo tres nuevas en Ramallo y Arrecifes, en las que se hallaron a 276 personas mayores y tres menores en condiciones insalubres en establecimientos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager, que fueron clausuradas.
Los operativos conjuntos de los ministerios de Trabajo nacional y provincial permitieron la suspensión de actividades y el comienzo del proceso para que los trabajadores cobren sus salarios y vuelvan a sus hogares en Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, llevó adelante los allanamientos por supuesta violación a la Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas.
A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Municipio de Ramallo examinaron campos en las localidades de El Paraíso y Pérez Millán y encontraron a otros 546 hombres en circunstancias similares. El intendente, Ariel Santalla, confirmó que enviará fotos y actas a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense para que continúe con la investigación.
Lo actuado ayer por ambas carteras laborales empezó en un primer sector de la Estancia Santa Celestina, en Ramallo, explotada por Satus Ager, donde se contabilizaron a 17 varones en casillas de chapa a pleno sol, sin instalaciones eléctricas y que desempeñaban las tareas sin elementos de seguridad. Cruzando la Ruta 9, en el segundo campamento, se encontraron a tres cuadrillas que sumaban 45 obreros que acusaron no recibir alimentos desde el día anterior y aseguraron que los baños químicos fueron instalados en las últimas horas. A su vez, relataron que debían lavar sus pertenencias en envases de agroquímicos y que nunca tuvieron acceso a atención médica. También se constató la presencia de tres chicos de entre 16 y 17 años, uno de los cuales exhibió una fotocopia de DNI adulterada.
En el Paraje El Paraíso, a la altura del Cuartel 13, en Ramallo, fue registrada otra entidad rural, en este caso, a cargo de Southern Seeds Production, que contaba con la presencia de 35 peones. Allí se escucharon quejas respecto de la atención sanitaria, el costo de la comida y la ropa que ellos mismos debían comprar, y se verificó que las tareas se desarrollaban durante 12 horas por día como mínimo, sin descanso semanal.
Por último, en el kilómetro 50 de la Ruta 191, en Arrecifes, fueron hallados 179 jornaleros realizando tareas para Satus Ager, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin respetar ninguna de las normas laborales, ni de seguridad e higiene.
El 30 de diciembre pasado, Tiempo Argentino daba cuenta del hallazgo de 120 esclavizados en un campo de la firma Nidera, en el paraje Beladrich, en San Pedro. El martes 4 se hallaron a otros 69 en uno de la empresa Southern Seeds Production (SSP), en el paraje La Luisa. Todos volvieron a Santiago del Estero y el fiscal Rubén Darío Giagnorio imputó a 12 personas en la causa que instruyó por “reducción a servidumbre”.
Tras confesar que a medida que avanzaba lo “sorprendía la gravedad de los hechos”, este miércoles efectuó dos denuncias en la justicia federal, fuero al que seguramente irá a parar toda su instrucción.
Justamente, eso y las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), posibilitaron la intervención de Villafuerte Ruzo y la fiscal Paula Moretti.
La funcionaria detalló luego a la prensa lo que encontró en la finca de Ramallo. “Cuchetas al estilo militar, agua que traen de un molino que funciona cuando hay viento y cargan en tachos de glifosato, obreros que no saben cuánto van a cobrar, que les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio, que no tienen heladera, que se les pudre la carne que les dan, que firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí y que no tienen comunicación con su familia.”
Julio Piumato, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó además que en el lugar “se constituyó Pablo Lanusse –en referencia al ex interventor de la provincia de Santiago del Estero entre el 2 de abril de 2004 y el 23 de marzo de 2005–, ya que aparentemente la empresa es de un familiar de él. Daba la sensación de que querían hacer tráfico de influencias, porque no tenía nada que ver ahí”.
Lo cierto es que en la extensa pampa húmeda tal vez otros cientos o miles estén a la espera de volverse visibles y, así, poder alejarse del infierno.
Fuente:TiempoArgentino
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