Reprueban la ratificación de militar vinculado a Pinochet
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) criticó hoy al gobierno chileno por la ratificación en el cargo del jefe del Estado Mayor del Ejército chileno, Guillermo Castro, quien reconoció en el pasado su pertenencia a organismos represivos del régimen de Augusto Pinochet.
"Lo que sabemos es que nadie formó parte de un organismo represivo y de exterminio como fueron la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y la CNI (Central Nacional de Informaciones) sin haber participado, sin haber escuchado, sin haber visto, y hasta ahora esas personas no han colaborado un ápice en las investigaciones judiciales", dijo Mireya García, vicepresidenta de la AFDD a una radioemisora local.
Para la dirigente "cuando nadie aporta al establecimiento de la verdad ni a la justicia, lo que pasa es que todos se convierten de una u otra manera en cómplices, independientemente de lo que hayan realizado en estos organismos, por lo tanto no son las personas honorables en que se pretende transformar a estas personas".
Los familiares de víctimas de la represión se reunieron el martes con el ministro de Defensa Andrés Allamand, para exigir nuevamente su destitución.
El jefe militar reconoció en declaraciones judiciales su pertenencia en los años 1970 y 1980 a organismos de inteligencia de la dictadura, aunque negó su participación directa en actividades de represión.
"No queremos ser jueces de nada, excepto jueces de la historia que nos tocó vivir, que conocemos de muy cerca y tenemos mucho más antecedentes", aseguró García.
Según la agrupación de derechos humanos, "quienes hayan pertenecido a organismos represivos y de exterminio como la DINA o la CNI debiesen salir de las filas de las Fuerzas Armadas y no tener ninguna responsabilidad dentro del aparato del Estado y la institucionalidad".
Al explicar la ratificación en el cargo el titular de Defensa, señaló que el gobierno chileno sólo apartará de las filas a quienes se haya acreditado judicialmente su participación en violaciones a los derechos humanos.
Se estima en medio centenar el número de represores que cumplen condenas por esta causa.
Tras el fin del régimen militar en 1990, el primer gobierno de la transición implementó una Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) para conocer los casos de asesinatos y desapariciones cometidas por agentes de Estado entre 1973 y 1990.
La instancia concluyó que durante el periodo dictatorial unas 3.197 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, y de ellas unas 1.190 se consideran desaparecidas.
Fuente:Argenpress
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