Por Luis Paulino Vargas Solís
El gobierno quiere convencernos de que su paquete tributario es equitativo. Note usted un detalle: en el afán por asentar esa idea nos habla de imponer impuesto de las ventas a servicios como salud y educación ofertados en forma privada, aduciendo que estos son utilizados solamente por el “40% de la población de mayores ingresos”. Como si dijeran: tan solo los ricos pagarán. El tema, sin embargo, es que, incluso si esos datos son correctos, las autoridades están queriendo meter en un mismo canasto realidades sociales muy disímiles.
¿Qué porción de ese 40% es lo que se dice realmente rica? Y cuando digo rica, es rica: mansión en Escazú; casa de playa; yate privado; auto del año para cada miembro de la familia; viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa, trajes fifth avenue New York, etc. No lo sabemos, pero ha de ser una fracción muy pequeña ¿1 de cada mil? Seguramente menos. Váyase a saber. Luego vendrán los que son relativamente ricos, pero no ricos-ricos. Y a lo poco que bajemos unos cuantos escalones empezamos a entrar claramente en lo que uno identifica como grupos o clase media. Parte de esta algo más acomodada, pero basta que usted descienda un poquillo más por la escalera, y comienza a toparse con gente que la suda, y con ganas, para medio mantener un status que más o menos coincida con sus aspiraciones clasemedieras.
El caso es que, si uno deja de lado por un ratito las artificiosas taxonomías oficiales sobre pobreza, se da cuenta que, en general, la mayor parte del pueblo tico tiene que pulsearla, y bien duro, para sobrevivir. Si no son exactamente pobres, como mínimo se ven forzados a vivir al día. Y, la pura verdad, esa es la realidad de la mayor parte de nuestra clase media y, por lo tanto, de una porción sustancial de ese “40% (presuntamente) privilegiado” de que habla el Ministro de Hacienda.
Agreguemos un detalle importante: la asfixia presupuestaria a que el neoliberalismo reinante somete a los servicios públicos. De ahí que una parte sustantiva de esos grupos medios se la juegan recurriendo, hasta donde pueden, a los servicios privados de educación y salud. Ello es seguramente más claro en este segundo caso y resulta un fenómeno comprensible. Piénsese nada más en las citas que el Seguro Social pospone por muchos meses, incluso tratándose de enfermedades tan serias como el cáncer.
La secuencia es más o menos así: 1) debilitar (y en esas siguen) los servicios públicos; 2) poner la mesa para el negocio privado con esos mismos servicios (una tarea a cuyo favor el TCL aporta “contribuciones” de grandísimo alcance); 3) atornillar a los grupos medios a los que han compelido a recurrir a esa onerosa oferta privada. Perdón si esto caricaturiza la situación, pero a veces la caricatura es una forma eficaz de representar la realidad.
El tema tiene, sin embargo, otras aristas igualmente problemáticas.
Por ejemplo, la aplicación del impuesto del 15% sobre ingresos provenientes de intereses o alquileres. El problema aquí está en el criterio indiscriminado con arreglo al cual se aplicaría el tributo. Este lo mismo sería pagado por la viuda que recibe una extrita de 125 mil colones con la casita que alquila o el potentado dueño de un “mall” que percibe miles y miles de dólares por concepto de alquiler de locales comerciales. Y el 15% lo pagará igual el maestro de primaria que, en sus cincuentas, se esfuerza por ahorrar a plazo en un banco público en prevención de su ya cercano retiro y la no tan lejana vejez, que el súper rico cuyas inversiones financieras se tasan en millones de dólares, y a quien nada lo ata a los humildes y aburridos (aunque confiables) instrumentos de inversión que ofrecen nuestros bancos. Él tiene a sus pies el mundo, para invertir, si así lo desea, en Nueva York, Londres o Frankfurt.
El asunto tiene que ver con lo que la jerga tributaria llama “carácter cedular” de esos impuestos, es decir, el hecho de que ingresos como los provenientes de alquileres o intereses se gravan por aparte, a una tasa fija y uniforme. Lo ideal es, por supuesto, que se sumen como parte del ingreso total y, entonces, se graven con arreglo a una tasa progresiva: más alta conforme más alto el ingreso. Si así fuera, posiblemente la señora viuda del cuento no tendría que pagar impuesto alguno (obviamente eso sería lo justo y equitativo) y el ricachón dueño del “mall” pagaría el monto debido, según los muchísimos millones que le pagan las boutiques, bares, cines y supermercados que le alquilan.
Y si además se aplicara –que no se está haciendo- el concepto de “renta mundial”, entonces el millonetas que invierte en las bolsas de París o Tokyo, deberá pagar por lo que ahí gana, cosa que hoy no hace. Con lo cual decimos que, en la práctica, este señorito de plata puede no tener que pagar nada por sus ingresos provenientes de inversiones financieras, muy diferente del ahorrativo maestro de nuestra historia que, sin escapatoria posible, deberá cubrir el 15% que la Presidenta Chinchilla quiere recetarle.
Fuente:Argenpress
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