Curso antiterrorista para la polémica
Desde el PRO señalaron que hay federales con igual formación. Les respondieron que su policía no combate el terrorismo.
Por Werner Pertot
El gobierno nacional y el porteño se cruzaron a raíz de que la Policía Metropolitana participó de un curso de antiterrorismo en una academia estadounidense en El Salvador, al que los organismos de derechos humanos consideran la “nueva Escuela de las Américas”. El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, retrucó que a la misma institución viajaron dos policías federales y uno bonaerense. “Señora Presidenta, por favor pídale la renuncia al canciller Héctor Timerman”, avanzó Larreta contra las críticas del funcionario nacional. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, advirtió que “la Metropolitana no tiene ninguna atribución que se pueda vincular con el terrorismo. Es algo absolutamente fuera de lugar”.
Como informó Página/12, el gobierno de Mauricio Macri envió a un curso en la International Enforcement Law Academy (ILEA) de El Salvador a dos policías en 2010. Este año mandó a otro oficial, al que le otorgó 8358 pesos en concepto de viáticos, pese a que el viaje era por invitación de la Embajada de los Estados Unidos y estaba financiado por ellos. A raíz de esto, el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Ne-nna presentó un pedido de informes, en el que recordó que organismos de derechos humanos, como la School of Americas Watch, señalaron que la ILEA es “la nueva Escuela de las Américas” y que sus programas son similares a los de la institución que en los años ’70 entrenaba en técnicas de tortura a militares del Cono Sur. Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos porteño indicó que la Metropolitana no tiene atribuciones en antiterrorismo y cuestionó la decisión.
Timerman señaló que “es el segundo año que Macri envía policías a la sucesora de la Escuela de las Américas, financiada por los Estados Unidos, y que en el pasado dictaba técnicas golpistas y cursos de torturas y persecución a ‘enemigos’ políticos”. “La gente debería saber que el presidente Néstor Kirchner en 2006 prohibió que miembros del Ejército y de la Federal atiendan las sucesoras de la School of the Americas”, aseguró.
Exultantes, los macristas organizaron una conferencia de prensa de la que participaron Larreta, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco. Larreta fue el primero en cuestionar “la denuncia tan poco seria del canciller sobre un tema delicado. Esto pasa cuando Timerman se convierte en Twitterman”. Estimó que las declaraciones del canciller “nos van a traer problemas con los Estados Unidos”. “Esperemos que la Presidenta se dé cuenta de que este señor no está en condiciones anímicas de ser nuestro canciller. Señora Presidenta, esta política de ser amigos de Chávez no da más”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño, mezclando temas.
“Lo más gracioso es que hay efectivos de la Federal y de la Bonaerense en el curso. Han participado gendarmes, prefectos. La ministra Garré los autorizó en una de sus primeras resoluciones”, sostuvo Larreta. Los macristas difundieron los nombres de los oficiales de la Federal que viajaron a El Salvador: se trata del principal Daniel Crudo y de la subcomisaria Cecilia Teresita Murphi. Por el Grupo Halcón de la Bonaerense viajó Oscar Alarcón. El año pasado fueron dos oficiales de la Federal, dos de Prefectura y el jefe del Grupo Halcón de la Bonaerense.
Montenegro aclaró que le parecía “una buena decisión de Garré” y aclaró que a los cursos fueron policías de Brasil, Chile y de El Salvador. “No creo que Lula o Dilma estén entrenando en torturas o golpes de Estado”, ironizó. “La denuncia en sí es una cuestión de incontinencia verbal del canciller”, sostuvo Montenegro, que más temprano lo acusó de “hacer dislexia comunicacional” y estimó que sus declaraciones “hablan de una esquizofrenia”. El ministro detalló que los cursos son, entre otros temas, sobre “narcotráfico, delitos transnacionales y terrorismo”.
–¿Esos delitos son parte de las competencias de la Metropolitana? –preguntó este diario.
–Hubo dos atentados terroristas en la ciudad, por lo que me parece importante que haya una capacitación –esquivó Montenegro, que aseguró que las competencias la establecen los jueces.
En el Ministerio de Seguridad confirmaron a Página/12 que Garré firmó una resolución autorizando a viajar a los dos federales. Pero argumentaron que la Federal sí tiene competencias en crímenes vinculados con el narcotráfico y con el terrorismo. Garré había dicho que “la Policía Federal no hizo ningún curso de este tipo”. Explicaron que se refería a los cursos de la Escuela de las Américas en torturas y antiterrorismo. “No se comprende cuáles pueden haber sido los objetivos para que una policía ciudadana, con atribuciones de orden público, muy acotadas, tenga que ir a entrenarse a la ILEA”, cuestionó la ministra.
“Si Horacito Larreta pedía que me ratifiquen en vez de pedir mi renuncia, me iba hoy mismo”, ironizó Timerman. “El debate que yo planteo no es sobre los intereses de EE.UU. sino sobre la decisión de Macri de autorizar a la Metropolitana a realizar cursos de antiterrorismo –señaló–. Temas como el tránsito no requieren de expertos en estos procedimientos. Como con Palacios, Macri aspira a contar con una fuerza represora y capacitada para inteligencia.”
Fuente:Pagina12
Críticas desde la oposición
“En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Metropolitana no tiene absolutamente ninguna competencia legal vinculada con el terrorismo, que es materia federal y de seguridad nacional”, sostuvo el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra. “Macri dice que la Policía Metropolitana no puede desalojar un predio y manda a sus miembros a especializarse en lucha antiterrorista”, advirtió. “Es como si mandaran a la Metropolitana a especializarse en pilotear aviones de combate”, graficó el ex jefe de Gobierno. En tanto, el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili, recordó vía Twitter que “desde el 5 de enero esperamos que Burzaco nos envíe los programas del curso en El Salvador al que envió a dos uniformados. ¡Y nada, che! ¿Por qué será?”. “Tampoco aclaró Burzaco los objetivos que persiguen al enviar a dos inspectores al curso ni qué méritos tenían los elegidos por sobre el resto”, dijo. “Yo todavía no me crucé con ningún policía de la Metropolitana en la calle. Pero hacen Inteligencia, cursos de antiterrorismo y quieren Táser”, se sumó la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti. “Macri representa lo más brutal, lo más tilingo y retrógrado de la derecha recalcitrante”, sostuvo el kirchnerista Fernando “Chino” Navarro, que salió en defensa de Héctor Timerman. El canciller tuvo apoyos inesperados: el legislador del MST Marcelo Parrilli opinó que “Macri y sus cómplices del armado de la Metropolitana con genocidas de la dictadura, Montenegro y Burzaco, no pueden pedir ninguna renuncia. Macri está procesado por asociación ilícita”.
Fuente:Pagina12
OPINION
Una de espionaje
Por Martín Granovsky
El debate de ayer entre el canciller Héctor Timerman y Horacio Rodríguez Larreta, mano derecha de Mauricio Macri, se entiende mejor con un marco y algunos datos.
El marco es simple. Macri nacionalizó sus opiniones políticas por lo menos desde el 2008, el momento de peor crisis entre el Gobierno y un sector de los productores agrarios. Como esta semana lanzó su candidatura para polarizar con la/el candidata/o del oficialismo a la Presidencia en las elecciones de octubre, es posible que aproveche cualquier tema para perfilarse como el más opositor de los opositores. El movimiento le serviría a Macri tanto para armar la fórmula, eventualmente con los restos del peronismo federal, como para prenderle una vela al escenario, hoy improbable, de una hipotética segunda vuelta.
Los datos hablan de una institución poco citada. Se trata del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, o Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Es un organismo que depende del Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Y para aclarar el entendimiento conviene recordar que Hemisferio Occidental es, en el lenguaje diplomático norteamericano, un eufemismo que alude a la relación de Washington con América latina.
Creado por ley del 2000 para reemplazar a la Escuela de las Américas, el WHISC, como se lo conoce por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de “dar educación profesional y entrenamiento a personal de naciones del Hemisferio Occidental dentro del contexto de los principios democráticos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”. Plantea un principio de “mutuo conocimiento, transparencia, confianza y cooperación”, siempre dentro de la “promoción de valores democráticos, respeto por los derechos humanos y comprensión de las costumbres y las tradiciones de los Estados Unidos”.
El tipo de personal que puede participar de los cursos de entrenamiento y las actividades de cooperación es, según la ley, de tres tipos: militares, miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley (así se designa en los Estados Unidos a oficiales de seguridad o de organismos con la agencia antidrogas, la DEA) y civiles.
A diferencia de la Escuela de las Américas, que entrenaba torturadores, el Instituto dice preocuparse por el “control civil de las Fuerzas Armadas” y los derechos humanos.
La ley de creación prevé entrenamiento en desarrollo de líderes, operaciones antidrogas, operaciones de mantenimiento de paz e intervención frente a desastres. En su funcionamiento, el Instituto incorporó a la currícula académica entrenamiento en la lucha antiterrorista.
Para un país como la Argentina, con una división legal tajante entre fuerzas militares y fuerzas de seguridad votada por mayoría en los primeros años de la democracia, la participación en el Instituto plantea, al menos en teoría, un problema. Los Estados Unidos conciben a las Fuerzas Armadas latinoamericanas también con funciones policiales. Así sucedió en el pasado con Colombia y hoy con México en el combate contra el narcotráfico.
Puede suponerse, por un momento, que los entrenadores norteamericanos serán cuidadosos y que nunca un militar estadounidense entrenará a un policía, un gendarme o un prefecto argentino. Las fuerzas federales de seguridad tienen como parte de su trabajo la prevención antiterrorista y podrían encontrarse con colegas de otros países. En ese caso persistiría un problema específico para la Policía Metropolitana. ¿Qué tiene que ver con el antiterrorismo, es decir con las actividades de Inteligencia, una fuerza que Macri suele definir como “de proximidad con los vecinos”? ¿O es otra coartada más para espiar?
Fuente:Pagina12
LA PRESIDENTA ANUNCIO QUE LA FEDERAL TRANSFERIRA FUNCIONES A LA POLICIA PORTEÑA
Con tareas para la Metropolitana
Al inaugurar un cuartel de Bomberos en el desalojado predio del Club Albariño, Cristina Kirchner pidió que se articule con la ciudad el traspaso de competencias como las contravenciones y delitos menores. El cambio fue adelantado por Página/12 en enero pasado.
Por Raúl Kollmann
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que le pidió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que ponga en marcha la articulación de la Policía Federal con la Metropolitana para que ésta se haga cargo de enfrentar una serie de contravenciones y delitos que figuran en convenios firmados en 2004 y 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Página/12 adelantó en forma exclusiva, el 15 de enero, que una de las prioridades de Garré sería delegar en la Metropolitana casos como las usurpaciones de tierras o casas, los cortes de calles, los vendedores ambulantes, los trapitos, la custodia de mujeres amenazadas por sus maridos y otros hechos de esa naturaleza. Garré ya mantuvo un diálogo con el fiscal general contravencional porteño, Germán Garavano, a quien le fue anticipando la necesidad de que la Metropolitana se haga cargo de estas contravenciones y delitos. Por el lado de la Ciudad, se señala que la Metropolitana no tiene la cantidad de efectivos suficientes y que aún no está en condiciones de ocuparse de esas situaciones. “Es bueno que podamos sentarnos entre ambos gobiernos para discutir serenamente estas cosas en beneficio de los ciudadanos –señaló la Presidenta– y sin enredar a la sociedad en falsas discusiones.”
El escenario del discurso de la Presidenta fue en el Club Albariño, en el que hubo una extensísima ocupación en diciembre. Después de largas negociaciones y cuando el juez Daniel Rafecas detectó que había varios individuos que impulsaron la toma para concretar un negocio inmobiliario, el predio fue desalojado. En ese caso puntual, la responsabilidad de recuperar el terreno del Estado correspondió y sigue correspondiendo a la Federal, porque se trata de instalaciones que son propiedad del Estado nacional, no de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la mayoría de los casos que ocurren en el distrito porteño, las ocupaciones son en tierras que pertenecen a la Ciudad y, al tratarse de contravenciones, es el propio gobierno porteño, a través de la Metropolitana, el que debe hacerse cargo. Un ejemplo es el Parque Indoamericano.
La Presidenta detalló la instrucción que le dio a la ministra Garré en el sentido de que “podamos articular con el gobierno local y con nuestra Policía Federal las jurisdicciones y competencias que han sido perfectamente delimitadas”. Se refería, en concreto, a los convenios firmados entre Nación y Ciudad en 2004 y 2007. Y puso como ejemplo que la Policía Metropolitana hizo el desalojo de la llamada escuela-shopping por lo que sostuvo que “deberíamos combinar esfuerzos y lograr un mejor rendimiento en beneficio de la ciudadanía”.
La Presidenta se estaba refiriendo a una ley votada en el Congreso nacional el 18 de febrero de 2008 en la cual se la pasaron a la Ciudad las competencias en materia penal en una serie de delitos que esa norma enumera en forma taxativa. Como la Metropolitana es auxiliar de la Justicia porteña, se le plantea que debe hacerse cargo de los casos en que ciudadanos cometen esos delitos.
La enumeración es la siguiente:
- Lesiones en riña, es decir peleas entre vecinos o conocidos. Aquí no entran los hechos graves, como homicidios, que siguen estando a cargo de la Justicia nacional.
- Abandono de persona, o sea cuando una persona enferma o en graves dificultades no es asistida por quien tiene el deber de hacerlo.
- Exhibiciones obscenas.
- Amenazas. Una de las cuestiones que requiere más efectivos es la custodia de personas amenazadas, en especial mujeres que fueron agredidas por sus ex parejas.
- Violación de domicilio.
- Usurpación, como fue en el Parque Indoamericano.
- Daños.
- Ejercicio ilegal de la medicina, es decir los curanderos y falsos especialistas.
- Incumplimiento de asistencia a un hijo, hija, esposa, padre o madre, o sea a cualquier familiar que está bajo su responsabilidad. El caso más tradicional es el de los que no pagan la cuota alimentaria.
- Trato cruel de los animales.
- Delitos de discriminación.
En algunos de los diálogos informales, la Ciudad argumenta que no tiene todavía efectivos suficientes y que tampoco cuenta con una infantería lista para intervenir ante cortes de calles o las ocupaciones de predios. Por lo que dejó entrever la Presidenta ayer, lo que debe empezar a tratarse es la transferencia progresiva de la competencia de la Metropolitana en todas estas cuestiones.
La Nación, por su parte, sigue a cargo de los delitos más graves y los que tienen que ver con las organizaciones delictivas: narcotráfico, secuestros, terrorismo. También la Policía Federal deberá seguir custodiando los edificios y predios del Estado nacional, así como debe prestar el servicio de seguridad a funcionarios, legisladores y jueces.
En el fondo de lo transmitido ayer por la Presidenta hay un criterio que sostienen quienes junto a Garré llegaron al Ministerio de Seguridad: la descentralización. El criterio es que la prevención del delito y los delitos más sencillos tienen que estar en manos de los intendentes y de los gobernantes que están más cerca de los hechos.
Fuente:Pagina12
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