CERIGUA
Organizaciones indígenas y de derechos humanos pidieron justicia al Estado guatemalteco por el caso de la masacre de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, en la que murieron calcinadas 37 personas, entre campesinos y estudiantes de la Universidad de San Carlos.
En un comunicado, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ kej, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Coordinación Genocidio Nunca Más, señalaron que la masacre fue perpetrada por las fuerzas represivas del gobierno de turno, quienes recibieron la orden de incendiar las instalaciones que habían sido tomada pacíficamente por dirigentes campesinos del occidente del país y estudiantes universitarios, para denunciar los crímenes cometidos por el ejército en el norte de Quiché.
Como resultado únicamente sobrevivieron el embajador de España, Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá, quien luego fue secuestrado del hospital donde era tratado con graves quemaduras.
Según las organizaciones, a 31 años de ocurrido este crimen de lesa humanidad por parte de las fuerzas del Estado, el manto de la impunidad sigue protegiendo a quienes fueron los responsables materiales e intelectuales.
Las entidades indicaron que “la justicia es fundamental como garantía de la no repetición” por lo que instaron a jueces y magistrados a actuar apegados a derecho, a la vez que manifestaron su respaldo a la actual fiscal, Claudia Paz y Paz, con la confianza de que esos casos sean juzgados.
El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado por el Estado para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno, emitió un comunicado en el que recordó a las 37 víctimas de la barbarie y señaló que, como parte de su mandato institucional, se suma a los esfuerzos por hacer justicia.
Según las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el caso fue un hito en el enfrentamiento armado interno, porque en él confluyeron la violencia que se vivía tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en un suceso en que murieron tanto indígenas como ladinos, campesinos, obreros, estudiantes, personal de la Embajada y que evidenció que el Estado no autoimponía límite alguno, jurídico o ético a sus acciones represivas.
Fuente:Argenpress
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