Por Alba Silva, enviada especial
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), surgido en los 90, es el principal interlocutor del gobierno provincial en la instancia de diálogo desde 2006, que tras varios pasos institucionales derivó en un acuerdo firmado en julio de 2010.
Pero a poco de cumplirse un año de la muerte de Sandra Juárez, de 33 años, que junto a otros campesinos enfrentó una topadora el 13 de marzo pasado en un paraje cercano a la capital santiagueña, el escenario de conflictividad por las tierras continúa con decenas de heridos, detenidos y mas de 500 procesados en la provincia.
"El derecho a la tierra y el respeto a los derechos posesorios de familias campesinas y pueblos originarios es un tema cuya resolución buscamos y lo hacemos con los interesados", aseguró a Télam una alta fuente del gobierno santiagueño, que aseguró que "la situación de los peones golondrina forma parte de esta problemática".
Así, el mapa de la pelea por la tierra en Santiago del Estero, antes una provincia impensable para la agricultura a escala pampeana, se amplió en los últimos siete años a medida que el precio de la soja subía.
Los campesinos vieron llegar desde los 90, pero con mayor virulencia en los últimos siete u ocho años, "dueños" o poseedores de dominio con policías, jueces y, si no alcanzaba, con los llamados "guardias blancos", a los montes que ocupaban para proceder al desalojo, a través del engaño o la violencia.
Guido Corvalán, del MoCaSE, que encabezó una protesta de 65 días en la ruta 34 por agresiones y usurpaciones en Pozo del Castaño, en el norte santiagueño, dijo a Télam: "Quiero ser optimista pero la realidad es que en seis años de funcionamiento no hay muchas respuestas".
El líder campesino se quejó abiertamente del poder judicial, porque pese a que presentaron unas 250 denuncias ante el Supremo Tribunal de Justicia con "casos gravísimos, los jueces siguen al lado de los que tienen plata y la policía nos detiene a nosotros".
En la Mesa de Diálogo, están también otras entidades como INCUPO, Fundapaz, Bienaventurados los Pobres (BEPE), la Pastoral Social a través de Sergio Lamberti, las mesas de Tierra de Ojo de Agua y de Figueroa, el Foro de la Agricultura Familiar y las dos líneas del MoCaSE, una de las cuales se convirtió en la filial local de la Vía Campesina.
Por su parte, el secretario de la Pastoral Social, el cura Lamberti, destacó el accionar de la Mesa de Diálogo "porque sirve para plantear la realidad, denunciamos policías, juzgados, topadoras", aunque destacó que "no queremos ser ingenuos, las expectativas son otras" respecto del reconocimiento de los derechos posesorios de los campesinos y los indígenas.
Para Hugo Soria, de Incupo, los campesinos "no existen como sujetos de derecho" y que la "indefensión jurídica es avasalladora". En tanto, en el gobierno santiagueño, concientes de la inédita apertura a los campesinos a través de la mesa de diálogo, destacan la creación de un Registro de Poseedores y del Comité de Emergencia para actuar en casos de violencia.
El siguiente paso sería la aprobación de una ley provincial que declare la Emergencia Territorial por cuatro años en el área rural ocupada por comunidades campesinas "poseedoras con ánimo de dueño", y que a la vez suspenda la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos de desalojo o desocupación.
El proyecto de Ley señala en sus fundamentos que "el acceso a la tierra es condición ineludible para garantizar el goce efectivo de otros derechos fundamentales, y los Estados deben realizar acciones concretas destinadas a lograr su plena vigencia".
Fuente:Telam.
Un registro de poseedores para quince mil familias campesinas
Después de establecer la Mesa de Diálogo por la tierra, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora creó por decreto el Registro de Poseedores, destinado a buscar la regularización dominial de las tierras ocupadas por los campesinos.
El registro lleva inscriptas unas 925 familias, sobre 15 mil en todo el territorio provincial.
Creado en 2006 y de efectiva aplicación en 2007, el Registro de Poseedores prometía convertirse en el camino para la seguridad jurídica de las familias campesinas y su estilo de vida: emprendimientos productivos autónomos, cultivos sin el uso de agroquímicos y el desarrollo de una ganadería caprina y bovina, entre otros.
En el organismo provincial la inscripción la realizan cinco personas "a pulmón" ante una demanda que implica un viaje por semana a parajes donde "la gente no conoce sus derechos, así que no es sólo el registro", explicó a Télam, Daniel Pérez Caldo, integrante del equipo provincial.
"La visita exploratoria es saber si los poseedores (habitantes con ánimo de dueño, independientemente si otro tiene escritura) tienen plano o no", agregó el técnico, quien puntualizó que el trabajo "apunta a lo judicial" por los juicios que exigen planos con la superficie y alambrados, si afecta otros dominios.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación financia este proceso con fondos para los planos y el juicio veinteañal en sí mismo.
Pérez Caldo consideró que "si en tres años de trabajo tenemos menos de mil familias, significa que para censar a todos necesitamos quince años. Es mucho", señaló.
Fuente:Telam
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