MARCHA POR JUSTICIA.

RECLAMO DE ORGANIZACIONES
Marcha por justicia

Organizaciones políticas repudiaron las muertes de los dos adolescentes durante la represión policial tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez y convocaron para hoy a una marcha para reclamar justicia.

Firman el repudio el Movimiento Evita, la JP Evita, el Movimiento de Mujeres Evita, la Agrupación Raúl Scalabrini Ortiz, el Frente de Organizaciones Sociales, el Partido de la Victoria, el Frente de Organizaciones Evita, el Partido Socialista y la Agrupación Bicentenario.

“Desde el asesinato de Mariano Ferreyra hasta estos días, parece que la muerte se ha empecinado en aparecer todas la semanas en nuestras vidas; los asesinatos del Parque Indoamericano, la violencia del operativo policial del jueves pasado en La Cárcova y su resultado de muerte de dos jóvenes son el claro reflejo de la disputa que vive nuestra sociedad en torno al proyecto de país que queremos”, manifestaron en un comunicado.

Añadieron que “por un lado existen sectores de derecha reaccionarios que pretenden que la mano dura, la represión y el aislamiento de los sectores excluidos de nuestra sociedad sea la política para evitar la delincuencia, con el solo objetivo de criminalizar a los más humildes y detener el proceso de restitución de derechos que vive nuestro pueblo desde la asunción en la presidencia de Néstor Kirchner, hasta la fecha”.

Denunciaron que “estos oscuros sectores encuentran ecos de su política en vastos espacios dentro de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Bonaerense, que arrastra décadas de formación represiva y corrupción generalizada, siendo muchas veces los organizadores de los delitos o los circuitos delictivos”.

Añadieron que “de esta manera se articulan y construyen escenarios de ‘caos’ como los del Indoamericano, o matanzas indiscriminadas como la de José León Suárez. El único objetivo de éstas es condicionar el avance del proyecto nacional y popular que hoy encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner”. “Ahora vamos a decir las cosas con nombre y apellido, porque así como el Indoamericano se llama Duhalde, Barrionuevo y Macri; la matanza de José León Suárez se llama Comisaría 4ª de J. L. Suárez, Policía Bonaerense”, afirmaron.

En tal sentido, reclamaron la investigación de los asesinatos de Mauricio Ramos (19) y Franco Almirón (16) y exigieron “justicia para ellos y para Joaquín (19), que aún pelea por su vida en la cama del hospital. También el control suficiente sobre las fuerzas de seguridad para que no vuelva a ocurrir”.

Finalmente, convocaron “a marchar por Justicia el martes 8 de febrero a las 17 horas de la avenida Márquez y Echagüe hasta el lugar donde los asesinaron, donde se levantará un monolito con sus nombres”. También se levantará otro monolito en la zona donde ocurrió el descarrilamiento.
Fuente:Pagina12


HABLA LA MADRE DE UNA VICTIMA
“Iba a trabajar”
Por Carlos Rodríguez

La Comisaría 4ª de José León Suárez, epicentro del escándalo que sacude a la policía provincial.Imagen: Pablo Piovano

“Mi hijo salió de mi casa a juntar cartones, junto con su abuelo. Iban en bicicleta y se volvieron cuando vieron el descarrilamiento. Mi hijo no estaba armado, no era un ladrón, era apenas un chico que se juntaba en la esquina con sus amigos del barrio y juntaba cartones para ayudar a su familia.” María Elena Ramos, de 38 años, es la mamá de Mauricio Ramos, de 17 años, uno de los dos chicos asesinados el jueves pasado. “A mi hijo no le dispararon por la espalda. Tenía un balazo que entró un poco más abajo del hombro izquierdo. Eran balas policiales, ellos fueron los que lo mataron. Yo pido justicia. Todavía ningún funcionario se comunicó con nosotros, de manera que no tenemos información sobre una reunión con ellos”, que se realizaría hoy por la mañana.

“Ellos, mi hijo y el abuelo, se estaban yendo para el Cinturón (Ecológico del Ceamse). Mi hijo no salió a robar nada. Iba a trabajar, a juntar cartones. Lo que pasó es que pegaron la vuelta porque vieron el descarrilamiento y se acercaron para curiosear”, explicó la madre de Ramos. “Los que dispararon fueron los milicos. Vinieron un montón, del lado del Camino del Buen Ayre”, donde está el predio del Ceamse. “Mi hijo y el otro chico cayeron heridos en el cruce de las calles Aguado y 2 de Abril. Al otro pibe (se refiere a Franco Raúl Almirón, de 16) le pegaron un tiro en la cabeza. Tiene siete tiros. Es una barbaridad lo que hicieron estos milicos.”

También se refirió a lo ocurrido con Joaquín Romero, de 19 años, quien recibió “tres tiros por la espalda (los familiares del chico hablan de dos disparos). Sinceramente no me puedo explicar lo que hicieron los policías. Si había un robo, podrían haber detenido a los culpables, sin matar a nadie y mucho menos a los inocentes”. En cuanto a la forma en que se produjo el ataque, comentó: “Yo escuché los tiros porque vivimos muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Hay testigos que dicen que otros dos milicos entraron al barrio con motos y disparando balas de plomo. Estuvimos hablando con un abogado y lo que le pedimos es que se haga justicia, porque esto fue una matanza sin ningún sentido”.

“Mi hijo tenía unas changuitas, cartoneaba, jugaba a la pelota y se juntaba con sus amigos, pero era una buena persona. Lo mataron como si fuera un delincuente y nunca lo fue”, dijo la mujer con un hilo de voz. Ahora, después de los sucesos del jueves, los chicos y los adultos del barrio no pueden cruzar las vías hacia el Ceamse. Eso les impide recoger cartones y ganarse algunos pesos para sobrevivir.

Hasta ayer, los familiares de Franco Almirón se niegan a dialogar con la prensa. “Están muy mal y muy asustados”, dijo un allegado. Otro de los comentarios que circulan en el barrio es el referido a la existencia de una “banda de ‘transas’” que habrían tirado contra la policía. “Acá se están mezclando los tantos: hablan de tiroteo, pero si lo hubo, fue con una bandita que todo el mundo conoce, sobre todo la policía del barrio. Los chicos muertos y el herido no tenían nada que ver con ese grupo.”

Sobre el estado de salud de Joaquín Romero, que sigue internado en el Hospital Thompson, se dijo ayer que está “un poco mejor, pero sigue delicado”. El diputado kirchnerista Fernando “Chino” Navarro insistió en que la intervención policial provocó “una matanza” y por eso exigió “condena concreta para quienes dirigieron el procedimiento porque los fusilaron a corta distancia”.
Fuente:Pagina12


OPINION
Un peligroso límite
Por Horacio Verbitsky

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires dijo ayer a Clarín: “¡No puede ser! A este tipo le damos 10 millones por año y encima nos pega y nos quiere fijar la política de seguridad!”. Se refería “al dinero que la provincia le asigna a la Comisión Provincial de la Memoria, en la que pisa fuerte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidido por Horacio Verbitsky”. El alcaide mayor Ricardo Casal tiene varias confusiones, que deben ser rectificadas. La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada en el año 2000 por la Legislatura Provincial, que establece su presupuesto. Sus copresidentes son el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal general Hugo Cañón y la integran religiosos (Aldo Etchegoyen, Daniel Goldman y Martha Pelloni), intelectuales y artistas (Roberto Tito Cosa, Fortunato Mallimaci y Mempo Giardinelli), sindicalistas (Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil), dirigentes políticos (Alejandro Mosquera, Elisa Carca) y miembros de organizaciones sociales o defensoras de los derechos humanos, como Mauricio Tenembaum, Emilce Moler y Laura Conte. Ninguno de ellos forma parte del CELS, salvo Laura Conte, quien es también fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Desde mucho antes de que asumiera Casal, el CELS y la Comisión coinciden en el relevamiento y la denuncia de la violencia policial y penitenciaria. La semana pasada, en José León Suárez, dos adolescentes fueron asesinados y otros recibieron impactos de balas policiales en la espalda, sin que haya un solo funcionario estatal herido. Con esto basta para refutar la versión de Casal sobre un enfrentamiento con una banda de delincuentes. Se trató de un asesinato a sangre fría, por el que el ministro asumió la responsabilidad al adoptar la inverosímil narración policial, refutada por el fiscal que interviene y por todos los testigos. Como el militar Aldo Rico y el policía Ramón Verón (designados al frente del ministerio de Seguridad por el ex gobernador Carlos Rückauf), el penitenciario Casal ha delegado la conducción de la seguridad en la policía, con nefasto resultado. Esta práctica superó el jueves un nuevo peligroso límite, incompatible con las pautas de una seguridad democrática. Casal se convierte así en parte del problema y no de la solución. La cínica frase que reprodujo ayer Clarín refleja a la perfección sus equívocos valores. Fuera de las cárceles del Servicio Penitenciario, en las que Casal se formó y donde la vida no vale nada, no todo se puede comprar.
Fuente:Pagina12