Ley de caducidad declarada inconstitucional por tercera vez
La Ley de Caducidad fue declarada nuevamente inconstitucional e inaplicable para el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. El fallo permitirá investigar el homicidio en Uruguay de cinco personas, así como casos conexos de tortura y sustracción de menores.
Por Mauricio Pérez
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró nuevamente, por el mecanismo de resolución anticipada, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", para un nuevo caso en el que se investigan crímenes de la dictadura.
El máximo órgano del Poder Judicial firmó, el pasado 15 de diciembre de 2010, un nuevo fallo promoviendo la inconstitucionalidad de la Ley, por cuanto "por sentencias Nos. 365/2009 y 1525/2010, la Corte hizo lugar a planteos de inconstitucionalidad formulados contra las disposiciones normativas impugnadas en autos, en términos que por su exacta adecuación al caso se tendrán por reproducidos", según el fallo al cual accedió LA REPUBLICA.
En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad fue adoptada en la causa caratulada "García Hernández, Amaral y otros", Ficha 173-318/2006, por el cual se indaga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del MLN-T, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay desde la República Argentina, en diciembre de 1974.
El 8 de noviembre de 1974 fueron detenidos en Buenos Aires (Argentina) los militantes del MLN-T Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell, los que fueron sometidos a incesantes torturas. Posteriormente, los cinco militantes fueron trasladados en forma clandestina hacia Uruguay en el denominado "Vuelo Cero", en el marco de la concertación represiva de los países del Cono Sur, denominado "Plan Cóndor". Los cinco militantes fueron ejecutados en Uruguay y sus cuerpos abandonados en Soca (Canelones).
Caso testigo
La excepción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad promovida por la fiscal Ana María Tellechea en la causa "Fusilados de Soca", incluyó además la petición para investigar la desaparición del niño recuperado Amaral García, hijo del matrimonio de Floreal García y Mirtha Hernández, y hoy activo militante por la investigación de los crímenes de la dictadura.
En este sentido, la abogada María del Pilar Elhodoy, patrocinante en la causa penal por los "Fusilados de Soca", destacó la relevancia del fallo de la Corte, por cuanto, permite indagar los delitos perpetrados contra Amaral García, entre ellos, sustracción de menores y cambio de identidad.
"La Corte mantiene un criterio de acción y declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, manifestándose a favor del derecho y la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, ahora se amplía porque no solo se habilita la investigación sobre personas asesinadas por la dictadura, sino los crímenes contra personas que hoy están vivas", explicó Elhordoy a LA REPUBLICA.
Amaral García fue apropiado y entregado a una familia adoptiva, cuando sus padres Floreal García y Mirtha Hernández fueron secuestrados en Buenos Aires; sus padres adoptivos eran agentes del Servicio de Información del Estado (SIDE), cuya misión era infiltrarse en grupos considerados subversivos.
El joven permaneció 10 años desaparecido hasta ser recuperado en 1985 tras una investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su aparición puso al descubierto el traslado clandestino de sus padres hacia Uruguay, donde fueron fusilados. "Amaral es el primer hijo que logra una inconstitucionalidad de la Ley por los delitos contra sus padres y para si mismo", explicó Elhordoy.
Asimismo, la abogada destacó que el nuevo fallo de la Corte permitirá indagar el secuestro, traslado clandestino y torturas contra Julio Abreu, sobreviviente y testigo directo de las circunstancias que rodearon el crimen de Soca. Abreu fue detenido en Buenos Aires junto a los cinco militantes del MLN-T y trasladado hacia Uruguay, donde fue alojado en la casona de Punta Gorda, hasta ser liberado con vida. "La indagatoria por el secuestro de Abreu podría seguir asentando algo que es sabido: la participación de militares y represores uruguayos en las prácticas represivas en la República Argentina. Podría estarse ante la primera sentencia por el traslado ilegal de una persona viva", expresó Elhordoy.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
Acciones de propaganda continuarán todo el año
Organizaciones sociales y PIT-CNT se movilizarán contra la ley de impunidad
La Comisión de Derechos Humanos del PIT CNT y todas las organizaciones sociales que integraron la coordinadora contra la ley de impunidad resolvieron ayer lanzar una multitudinaria movilización de masas a lo largo del año para eliminar del ordenamiento jurídico uruguayo la cuestionada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por considerarla "absolutamente inconstitucional".
"Debemos acumular fuerzas para que los crímenes cometidos por los represores en la dictadura sean considerados como delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto sean imprescriptibles en noviembre cuando se cumplan los 30 años", explicó a LA REPUBLICA el sindicalista Washington Beltrán.
La movilización masiva que se extenderá durante todo el año comenzará con el despliegue de un importante acto de masas que contará con la participación de figuras representativas de todas las organizaciones de la sociedad civil y de figuras de la cultura y el deporte, anunció el dirigente.
Beltrán, secretario alterno de la Comisión de DDHH de la Central de Trabajadores, comentó al diario plural que los participantes del encuentro realizado anoche en el local de los trabajadores de la UTE analizaron la carta del llamado "Foro Libertad y Concordia", así como "las amenazas" proferidas al periodista Roger Rodríguez y coincidieron con el PIT CNT en "la necesidad de movilizarse".
"Todos entendemos que la sociedad uruguaya está recibiendo golpes que van acumulando gravedad sobre mayor gravedad; nadie puede permanecer pasivo ante declaraciones y amenazas que buscan desacreditar al Poder Judicial e intimidar la búsqueda de Verdad y Justicia", agregó el sindicalista.
La Central de Trabajadores convocó a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, al grupo de ex presos políticos Crysol, al Servicio Paz y Justicia, a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, al Museo de la Memoria y al grupo Hijos, que reúne a descendientes de las víctimas del terrorismo de Estado.
Delegados de los participantes de la reunión de ayer acordaron volver a reunirse el jueves para dar a conocer un comunicado a la opinión pública y luego integrar una comisión para empezar a redactar la proclama que será leída en el acto que dará inicio a la movilización que se proyecta para todo el año.
La Comisión de Prensa y Propaganda del PIT CNT apoyará con volantes, afiches y murales.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
"Amigos" del Foro militar
Amenazan a periodista Roger Rodríguez
Un miembro del grupo "Apoyo al Foro Libertad y Concordia" publicó en la red información personal del ex periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Otro adherente publicó un mapa ubicando la dirección de su domicilio.
Los datos, que incluyen dirección, teléfono y datos filiatorios, fueron publicados el pasado lunes 7 en el sitio de facebook "Apoyo al Foro Libertad y Concordia", utilizado por los adherentes de este grupo castrense que reclama por la actual situación de los militares partícipes de la represión dictatorial.
"Juan Roger Rodríguez Chanardi. El citado que es de a ratos periodista del pasquín difamatorio La República, en otras 'investigador privado sin patente' y testigo de oídas (cuando lo dejan) de algo hay que vivir y este es su curro".
El oficial retirado Héctor Marcos Varela González escribió: "El citado es hijo de ..., teniendo como cédula de identidad .... Vivía en la calle ...teléfono:.... Es nacido el ...".
Acto seguido, Varela González, solicitó "a los miembros del grupo de Apoyo confirmar la ubicación de la calle Kossuth. Gracias". La respuesta no se hizo esperar: otro integrante del grupo, autodenominado Javier Bussi, colgó un mapa con las directivas concretas para el arribo al domicilio. El "gesto" fue agradecido por Varela González. Héctor Marcos Varela González fue mencionado en una nota periodística de Roger Rodríguez, titulada "La ofensiva de los indagables", publicada en la revista "Caras y Caretas", en la cual describe el origen del "Foro Libertad y Concordia" y sus vínculos con otros grupos similares, locales e internacionales.
Varela González firmó una carta publicada en el sitio "Uruguaymilitaria", en la cual cuestionaba la actual situación de los militares retirados. La carta fue escrita por el coronel Carlos Rodríguez Lagreca y acompañada por la Agrupación Maldonado del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, integrado por Varela González, José Baudean (ex OCOA), Eduardo Ferro (vinculado con el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil), Ademar Pérez (vicepresidente de la Unión Nacionalista del Santoral) y Mario Musto (presidente de los criadores de caballos criollos de Maldonado).
No descartan ADN. Solicitan la "certificación plena de la identidad"
La defensa del coronel Machado pidió nueva pericia a los restos de Peré
El catedrático Grado 5 en Medicina Forense Guido Berro cuestionó la autopsia del Instituto Técnico Forense (ITF) de los restos de Ramón Peré. La defensa del militar solicitó una nueva pericia y que se confirme si los restos analizados son del joven muerto.
Por Mauricio Pérez
La defensa del coronel (r) Tranquilino Machado, imputado por el crimen del joven militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Ramón Peré, en 1973, solicitó realizar una nueva pericia forense de sus restos, ante varios cuestionamientos esgrimidos por el catedrático Grado 5 en Medicina Forense doctor Guido Berro, contra el informe pericial presentado por el ITF en la causa.
Berro analizó, a pedido de la defensa del oficial imputado, el informe técnico elaborado por una Junta Médica del ITF sobre las causas de la muerte de Peré, formulando varias objeciones y cuestionamientos "formales" contra la pericia, según confirmó el abogado Miguel Langón a LA REPUBLICA.
Ante esto, la defensa de Machado presentó el lunes 31 de enero, durante una habilitación especial de Feria, un escrito ante el juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, solicitando la realización de una nueva pericia forense a los restos. La defensa propone al doctor Berro como perito para la elaboración del nuevo informe.
El fiscal Juan Gómez solicitó en diciembre de 2010 el procesamiento con prisión del oficial Tranquilino Machado por el "homicidio muy especialmente agravado" del joven Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. La imputación de la Fiscalía se sustentó en un informe de una Junta Médica del ITF sobre la muerte de Peré.
Los especialistas del ITF concluyeron que la muerte de Peré se produjo por un "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revolver calibre 22, desde una distancia de 40 o 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra Nº 11 y afectó el corazón". El informe detallaba además que Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo.
Sin embargo, el ex director del Departamento de Medicina Legal del Instituto Técnico Forense (ITF), Guido Berro, formuló cuestionamientos formales sobre la pericia, por cuanto la misma no certifica que se esté ante los restos de Peré. Berro afirma, en su informe preliminar, que los restos analizados fueron exhumados en el Cementerio del Cerro, cuando el joven fue inhumado en el Cementerio del Buceo, por lo cual existe la "probabilidad" de que no se trate de sus restos.
En ese sentido, Berro reclama una "certificación plena de la identidad" de los restos analizados, la cual se obtendría mediante el seguimiento de los registros de la División de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo ("informe sobre el traslado de los restos para su reducción"), así como mediante la aplicación de métodos para la identificación de su identidad, no descartándose realizar exámenes de ADN, según pudo saber LA REPUBLICA.
"El informe preliminar presentado por el doctor Guido Berro cuestiona muchos aspectos del informe de los peritos anteriores, por lo cual solicitamos un nuevo informe para estar seguros de lo que estamos hablando". "La idea es realizar una nueva pericia con la presencia de todo el mundo, el juez, fiscal, la defensa, los denunciantes y todos los peritos para poder contrastar las posiciones", explicó Langón. El abogado reclamó, por tanto, habilitar la concreción de una pericia por parte de Guido Berro como forma de darle "transparencia total" al proceso.
El joven Ramón Peré fue muerto por un disparo durante una acción contra estudiantes de la Facultad de Veterinaria, en el marco de la huelga general convocada por el PIT-CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry. Peré repartía volantes con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron y uno de los efectivos hizo fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte.
El fiscal Juan Gómez solicitó el procesamiento de Machado por cuanto realizó "un uso excesivo del poder del Estado". "La muerte fue inmotivada, producida por el mero hecho del ejercicio de la fuerza, en una acción desmedida por parte de un efectivo de un organismo con el monopolio exclusivo de la fuerza". El representante del Ministerio Público aceptó realizar la pericia, siempre y cuando su elaboración no afecte el normal desarrollo de la causa y no afecte los posibles plazos de prescripción del delito imputado, según pudo saber LA REPUBLICA.
Central de trabajadores convoca a organizaciones para movilización masiva contra Ley de impunidad
La Comisión de Derechos Humanos del PITCNT cita para hoy a las organizaciones que integraron la Comisión Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad para realizar una movilización de masas, luego del 20 de febrero, en repudio a las declaraciones del llamado "Foro Libertad y Concordia".
"La Ley de Impunidad tiene que desaparecer de la legislación uruguaya", dijo a LA REPUBLICA el dirigente Washington Beltrán, secretario de la comisión de DDHH de la central de trabajadores.
El encuentro entre el PITCNT y las organizaciones está previsto para las 18 horas, en la sede del sindicato de los funcionarios de la UTE, en Avenida Agraciada 2463, en el barrio de La Aguada.
"Vamos a buscar consenso y veremos cómo analiza cada organización social el momento político que estamos transitando", anunció el sindicalista, quien se manifestó satisfecho con el rechazo de las bancadas parlamentarias de todos los partidos contra la carta del Foro Libertad y Concordia.
La central de trabajadores, detalló, convocó a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, al grupo de ex presos políticos Crysol, al Servicio Paz y Justicia, a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, al Museo de la Memoria y al grupo Hijos, que reúne a descendientes de las víctimas del terrorismo de Estado.
En diálogo con LA REPUBLICA, Beltrán anunció que la comisión sindical propondrá que todas las organizaciones sociales inicien una ronda de consultas con técnicos especializados y legisladores para evaluar qué posición adoptar luego del 3 de marzo cuando sesione la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, según está previsto, se pronunciará en contra de la Ley de impunidad.
"Se necesita saber qué piensa hacer el sistema político uruguayo cuando la comisión interamericana se pronuncie en contra de una Ley de impunidad, que ya fue considerada inconstitucional por los tres poderes republicanos; qué piensan hacer los partidos políticos una vez que se pronuncie la corte es una inquietud que manifestaron todos los miembros de la Comisión de DDHH", comentó Beltrán.
El dirigente sindical y activista humanitario consideró que constituiría un despropósito que Uruguay mantuviera en rigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como Ley de impunidad, luego que la corte interamericana se pronuncie en contra de su vigencia debido a "la manifiesta ilegalidad que implica una ley que somete las resoluciones del Poder Judicial a una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, en clara violación a la debida independencia de poderes".
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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