15 de febrero de 2011

URUGUAY: Roger Rodriguez.- La impunidad en retirada. La Suprema Corte habilitó juzgar fusilamientos en Soca, Amaral y Trabal‏.

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS
EL 12 DE FEBRERO DE 2011

La Suprema Corte habilitó juzgar Fusilamientos en Soca, Amaral y Trabal
La impunidad en retirada
La “ofensiva psicopolítica” de los militares retirados parece derrotada. Su carta pública no tuvo apoyo político y sus amenazas a la prensa provocaron repudio público y alejamiento de la institución militar. Varios miembros del Foro Libertad y Concordia dejaron su Facebook, ahora copado por ultraderechistas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad y la justicia investigará los fusilamientos de Soca, la desaparición de Amaral García y la muerte de Trabal. Los militares siguen desfilando por los juzgados y la impunidad se resquebraja.
Por ROGER RODRIGUEZ

La ofensiva “psicopolítica” lanzada por el autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, donde se reúnen militares retirados que pueden ser indagados por la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos, comenzó a cumplir sus amenazas de llegar a “extremos” cuando desde su Facebook “de apoyo” se intentó intimidar a la prensa y en particular a Caras&Caretas, que había revelado la composición y origen del grupo y sus conexiones con organizaciones de ultraderecha a nivel internacional.

Uno de los miembros del Foro, el teniente coronel Héctor Marcos Varela González, publicó en Internet los datos personales y domicilio de éste cronista y alentó a que otros miembros del Facebook publicaran un mapa de lugar, lo que generó incluso debates internos en la web donde se amenazó con la posibilidad de hacer, por lo menos, un “escrache” al periodista que había divulgado información y documentos sobre las relaciones del grupo con el extremista UnoAmérica y represores argentinos.

Héctor Varela González, quien está radicado en un camino aledaño a la ciudad de San Carlos, es el prosecretario de la Agrupación Maldonado de la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas que encabezan los torturadores coroneles José A. Baudean y Eduardo Ferro, dos de los militares que podrían ser indagados por la justicia penal por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Varela González, generación 1970 del Liceo Militar, es egresado del “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” que dictaba la norteamericana Escuela de las Américas (SOA) en 1975. Revistó a principios de los ochenta en el Regimiento de Caballería Nº 1, donde regresó en 1992, bajo el mando del entonces coronel Manuel Fernández (saliente presidente del Centro Militar) y junto al mayor Enrique Mangini, denunciado judicialmente por el homicidio de Santiago Rodríguez Muela en 1972.



Repudio a amenaza
La amenaza a la prensa fue denunciada por las redes sociales, donde se divulgó una “captura” del Facebook del Foro Libertad y Concordia en que Varela González decía: “el citado es de a ratos periodista del pasquín difamatorio La República, en otras “investigador privado sin patente” y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y éste es su curro” y pedía la ubicación de la calle Luis Kossuth, donde el periodista vivió hasta unos meses atrás.

El episodio fue informado a la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) que emitió una declaración en la que alertó al Ministerio del Interior sobre las implicancias del hecho (método utilizado en Colombia y México para atentar contra periodistas) y rechazó todo intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública. Directivos de APU se reunieron al respecto con el ministro Eduardo Bonomi.

La intimidación lanzada por el Foro Libertad y Concordia generó inmediatas reacciones locales e internacionales, donde se produjeron declaraciones de condena por parte de personalidades y organizaciones por los derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París y hasta empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asentada en Miami. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y la Unión de Trabajadores de la Alimentación (UITA) enviaron una carta al propio presidente José Mujica.

El ataque a la prensa provocó también diferencias internas dentro del propio Foro, en cuyas páginas de Internet dejó de figurar su fundadora, la psicóloga María Noel Larrosa Rombys, sindicada como hija del torturador sanducero Ramón Larrosa y de la maestra Diva “Mayita” Rombys docente del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) hasta el 2008. Larrosa era cuñado del ex candidato a intendente blanco David Dotti, a quien se sospechó en el caso del robo de los restos de Leandro Gómez.



Espíritu homicida
Dentro del Fecebook del Foro también se generaron algunas ríspidas discusiones sobre la conveniencia de haber publicado los datos del periodista y no faltaron quienes consideraron que la página había sido “infiltrada” a través de algún familiar o contacto. Dos miembros del Foro “hackearon” en la madrugada de ayer el Facebook del periodista de Caras&Caretas para publicar luego en su página el diálogo que intercambiaron cuando fueron descubiertos.

La página web pasó a ser administrada ahora por el anticomunista Jorge Guidobono e Isabel Silva, divulgadora de discursos del venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de la ultraderechista UnoAmérica y actualmente preso en Caracas, acusado de organizar atentados en las últimas elecciones legislativas de su país. También interviene con asiduidad Juliana de Sarro, la “amiga” que 1986 desmintiera ante el parlamento el testimonio de la enfermera Haydée Trías, quien denunció al coronel Pedro Mato como asesino de Zelmar Michelini. De Sarro es hoy esposa de Mato.

El propio Varela González debió salir a la prensa a explicar que sólo había dado información."La idea es que la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto", dijo con ironía el militar quien opinó que durante la dictadura no hubo violaciones de mujeres ni secuestros de niños. "Por mis camaradas pongo las manos en el fuego de que ninguno tuvo un espíritu homicida (...) hubo errores pero no por espíritu homicida", sostuvo.

El Foro Libertad y Concordia emitió una declaración en la que dice que no es su intención “causar ningún tipo de disturbios a la sociedad, ni al gobierno” y replica que “apreciaciones peyorativas y ajenas a nuestra realidad que aparecen en diarios y revistas menores, no se consideran en este comunicado, por entenderse fuera de lugar y ajenas a la cultura de los Orientales”. En su local de la calle Las Heras, sin embargo, los principales de la organización habrían valorado negativamente su exposición en prensa que lo alejó del objetivo de “sumar” a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la legisladora Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, haría un planteo parlamentario ante la presencia de varios legisladores y dirigentes políticos entre los “amigos” del grupo en la web. Entre otros aparecen los colorados Ope Pasquet, Washington Abadala, Daniel García Pintos, Juan Justo Amaro Cedrés, Yañet Puñales, Martín Aguirrezabala y Fernando Amado, y los blancos Luis Lacalle Pou, Gustavo Penadés, Jaime Trobo, Verónica Alonso, Juan Carlos Cardoso, Gustavo Borsari, Juan Carlos Raffo y Carmelo Vidalín; además de las páginas oficiales del Liceo Militar y la Armada Nacional.



Información de “dentro”
En su pasada edición Caras&Caretas informó que la creación del Foro por Libertad y Concordia implicaba un nuevo paso en la “guerra psicopolítica” que protagonizan los militares retirados implicados en violaciones a los derechos humanos para perpetuar su decadente impunidad. El Foro, es una continuación de la acción desplegada primero desde los clubes (Centro y Círculo Militar) y luego desde las cooperativas de oficiales y suboficiales.

“La ofensiva de los indagables”, se tituló el artículo donde se narraba que la nueva organización de defensa de los criminales de lesa humanidad había surgido de debates en el foro “uruguaymilitaria.com” y desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las FFAA, donde en una comunicación interna el vocero de prensa del grupo, coronel Juan Carlos Araújo, hizo explícito el origen y estrategia de la nueva agrupación pública.

El propio Araújo se contactó con los coroneles Manuel Urrutia, Julio C. Morinelli, Carlos Oscar Angelero, Walter Forichi y Walter Villanueva, para que los militares retirados se organizaran a través de sus “promociones” como había ocurrido espontáneamente con la tandas a las que pertenecían el general Miguel Ángel Dalmao, tras su procesamiento por el homicidio en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, y el coronel Juan Carlos Gómez, preso por el asesinato de Roberto Gomensoro Jossman en 1973.

Araújo aceleró la reorganización del grupo, en particular para defender a su compañero de promoción, coronel Tranquilino Machado Badaracco, cuyo pedido de procesamiento con prisión fue realizado por el fiscal Juan Gomez y está a estudio del juez que atiende el caso de homicidio especialmente agravado del estudiante Ramón Peré, primer muerto de la dictadura en julio de 1973.

El vocero del Foro, admitió allí que se reunió con el coronel argentino Horacio Gugliemone, defensor de los represores en su país, a quien conoció en una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Peña Esclusa. Ambos grupos asesoraron y dieron logística al Foro Libertad y Concordia y son hoy sus “amigos” en Facebook.



Fusilados, Amaral y Trabal
Si la ofensiva de los militares retirados se vio dificultada por las malas repercusiones políticas que tuvo a nivel de gobierno su carta a los comandantes en jefe y a nivel público su amenaza a la prensa, el objetivo de incidir en las causas judiciales que volvieron a reabrirse este mes sufrió otro duro revés con una nueva e históricas sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de caducidad para el caso de los fusilados de Soca.

La sentencia Nº 2337, firmada el 15 de diciembre pasado pero divulgada el miércoles, volvió a imponer los mismos argumentos por los que en octubre de 2009 el máximo órgano judicial uruguayo había dejado fuera de la impunidad la causa de Nibia Sabalsagaray y en noviembre de 2010 habilitó la investigación de 19 casos de muertes por tortura durante la presidencia del dictador Juan María Bordaberry. Por esta causa más de 20 militares retirados serán convocados por la justicia.

Estos juicios se suman al de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce por el que han sido citados al juzgado penal de la calle Misiones los oficiales retirados Gregorio Álvarez, Aquiles U. Morales, Carlos Techera, Víctor H. Stocco Anglet, Eduardo J. Giordano, Dardo Barrios Hernández, Jorge R. Premoli Picaroni, Juan A. Cirilo Umpiérrez, Roberto Echevarría Ballesteros, Omar Raúl Lacasa Antelo, Dr. Francisco Pons, Nelson Silvera Argencio, Dardo Barrios, Hugo Aguilera y Daniel Gordillo.

El caso de los Fusilados de Soca implica el secuestro en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974, de los tupamaros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanell, quienes fueron trasladados a Montevideo y terminaron siendo ejecutados el 20 de diciembre de ese año como supuesta represalia por el homicidio en París del agregado militar, coronel Ramón Trabal, cuya muerte también permanece impune.

La decisión judicial incluye el caso de desaparición de Amaral García, hijo de Floreal y Mirtha, quien fue entregado a una pareja de la SIDE Argentina y terminó siendo el primer niño recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y traído a Uruguay gracias a gestiones de José Germán Araújo. También incorpora el secuestro de Julio Abreu, único sobreviviente de los seis trasladados en el denominado “vuelo cero”, quien luego de 30 años de silencio denunció el primer traslado masivo en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras de la época que luego sería denominada Plan Cóndor.

Una futura decisión de la Suprema Corte podría terminar de desmoronar la impunidad que aún sostiene a los represores de la dictadura, si habilita la indagación de nuevas denuncias de casos de tortura (tipificada como crimen de lesa humanidad e imprescriptible por la jurisprudencia internacional), que se suman al ya presentado a través de Crysol por las víctimas de Boisso Lanza.


Fachos en la madrugada
En la madrugada del jueves 10 de febrero dos de los integrantes del Foro Libertad y Concordia –Javier Bussi (quien había publicado en internet el plano con el domicilio del periodista de Caras&Caretas) y Jorge Guidobono (uno de los administradores del sitio de militares retirados) ingresaron al Facebook personal de Roger Rodríguez para escribir en su “muro”, cuando el cronista se encontraba a esa hora redactando.

El grotesco diálogo entre los “hackers” y el periodista, que continuaba a una serie de mensajes de solidaridad por la amenaza anteriormente recibida, fue “capturado” como imagen por los propios intrusos que publicaron ayer la imagen en el Foro de Libertad y Concordia, con sacásticas referencias a su intromisión que titularon “Roger un amigo, te queremos – disculpas a Roger – Gracias Roger”. El impune diálogo fue textualmente el siguiente.

Javier Bussi UN ABRAZO ROGER.. NOSOTROS TAMBIEN TE QUEREMOS!!

Jorge Guidobono TE QUEREMOS SOS UN PALADÍN DE LA "JUSTICIA" UN GRAN PERIODISTA TE QUIERO SUPERROGER TE QUIERO !!!

Roger Rodriguez Es bueno Javier que me quieras, cuando fuiste tu el que publicó el mapa de mi viejo domicilio de la calle Kossuth en el Foro de Libertad y Concordia. Es bueno también que se sume Jorge Guidobono, uno de los administradores del sitio donde me amenazaron.

Jorge Guidobono por eso roger estamos arrepentidos venimos a decirte que te queremos vos nos queres ?

Javier Bussi SIII..AMIGO ROGER..TENEMOS MUCHO AMOR PARA DARTEEE!!

Roger Rodriguez Son tempraneros, muchachos...

Javier Bussi NO ESTIMADO, ESTO ES UNA GUARDIA, MILITAMOS DIA Y NOCHE POR LO QUE CREMOS JUSTO Y NOBLE


Roger Rodriguez Me parece bien. Yo estoy escribiendo, precisamente...


Javier Bussi HACE TU "TRABAJO" TRANQUILO, NOSOTROS HACEMOS EL NUESTRO

Jorge Guidobono que bueno roger enserio espero que las disculpas y el amor que te vinimos a brindar con el compañero javier se aya percibido .....


Roger Rodriguez Eso es correcto, Javier. No es correcto Jorge que escribas "aya"... pero no te voy a pedir eso...

Jorge Guidobono bueno roger te dejamos un caluroso amor y te dejamos cumplir con tu tarea periodística tranquilo

Javier Bussi ABRAZO ROGER, Y NO ME DEJES QUEMADO DE NUEVO QUE MIS AMIGOS VAN A PENSAR QUE SOY FACHO

Roger Rodriguez Necesitan mi actual dirección o ya la consiguieron...




Entrevista al periodista Roger Rodriguez,
En Uruguay, los únicos carapintadas son los murguistas”
Año 3. Edición número 143. Domingo 13 de febero de 2011
Por Diego M. Vidal
Los uniformados uruguayos vienen elevando el tono de sus críticas hacia el gobierno de José Pepe Mujica.
Roger Rodríguez, periodista de la revista uruguaya Caras y Caretas, lleva publicados numerosos trabajos sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en su país entre 1973 y 1985. La causa de Automotores Orletti, centro clandestino de detención que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires, y la causa por la restitución de la nieta del escritor argentino Juan Gelman han sido algunos de sus artículos más emblemáticos. Esta vez, con el título “La ofensiva de los indagables”, hizo foco sobre las actividades de un puñado de oficiales retirados con posibilidades claras de ser indagados por la Justicia y que decidieron agruparse para “resistir” cualquier convocatoria judicial por violaciones de derechos humanos. Nucleados bajo un comando coordinador, son asesorados por represores de la Argentina y la organización de ultraderecha UnoAmérica, que alberga desde la oposición venezolana hasta las expresiones más conservadoras de todo el continente.
En la semana que pasó, el autodenominado Foro Libertad y Concordia publicó en Facebook los datos personales del cronista como parte de la ofensiva en que se han embarcado contra los poderes Judicial y Ejecutivo uruguayos. Al respecto, Rodríguez declaró a Miradas al Sur que cree se han ocupado de él “porque yo me vengo ocupando de ellos desde hace 30 años. Me conocen y saben lo que he trabajado en DDHH. Haber encontrado y revelado un documento que establece su estrategia y su táctica en lo que denominan una “guerra psicopolítica” implicó dejarlos desnudos. Amenazarme a mí era un intento de silenciar a todos los medios sobre el tema de fondo. Por eso fue importante la solidaridad de las redes sociales y personalidades y organizaciones en todo el mundo. Desde Reporteros sin Fronteras hasta la Sociedad Interamericana de Prensa”
–¿Cuál podría ser la próxima acción? ¿Un acuartelamiento como los carapintadas argentinos?
–Espero que no. Ya hubo un intento de presión al presidente Mujica por la Ley presupuestal, en el mismo momento en que algo similar ocurría en Venezuela y en Ecuador. En Uruguay, los únicos carapintadas son los murguistas del carnaval. Este grupo de exmilitares jubilados lo que tiene en su entorno es un montón de ultraderechistas, fascistas y nazis confesos, que pueden hacer cualquier cosa en un acto de impulsividad. Por eso era peligroso dejar pasar que publicaran datos personales y hasta un mapa del domicilio de un periodista.
–¿Por qué te parece que se demoraron tanto en salir a la superficie?
–Siempre han estado operando en forma subterránea y muchas veces los hemos denunciado en investigaciones periodísticas. Primero lo hicieron a través de comandos (Tenientes de Artigas y Comando Lavalleja), que hicieron atentados a la salida de la dictadura para crear el clima de miedo que permitió aprobar la Ley de Caducidad en 1986 y refrendarla en 1989. Luego, se movieron a través de los clubes militares (Centro Militar y Círculo Militar). Y últimamente lo hacían a través de las cooperativas de ahorro y crédito de las FFAA.
–La Justicia ha vuelto a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. ¿Reaccionan por temor a su definitiva derogación y a la posibilidad de juicios y condenas masivas?
–La actual estrategia se tomó de la reacción espontánea que provocó el procesamiento por el asesinato de Nibia Sabalsagaray, en 1974, entre los compañeros de la promoción del general en actividad Miguel Ángel Dalmao. Si un militar en actividad pudo ir preso, todos los represores pueden pasar por lo mismo. En particular el coronel (RE) Tranquilino Machado, que asesinó por la espalda al estudiante Ramón Peré en 1973 y de quien se ha pedido su procesamiento. La Suprema Corte había declarado inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso Sabalsagaray. A fines de 2010 lo había hecho sobre 19 casos de muertes por torturas, que implican a medio centenar de militares. Este tercer pronunciamiento es demoledor para ellos, porque el caso de los fusilados de Soca incluye: coordinación represiva en una Argentina “democrática” para el secuestro de seis uruguayos y un niño. El niño, Amaral García, queda desaparecido diez años y es el primero que recuperan las Abuelas de Plaza de Mayo. Los adultos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea (como ocurriría luego con los vuelos de Orletti). Los secuestrados permanecen vivos hasta diciembre. Cinco de ellos –todos tupamaros– son sacados del pozo donde estaban y ejecutados como supuesta represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal en París. Hoy se sospecha que esa muerte también fue de ellos. Treinta años después se supo del sexto trasladado, Julio Abreu, a quien entrevisté por primera vez hace cinco años. Semejante caso no puede ser defendido por la institución fuerzas armadas y los responsables van a quedar aislados.
–El semanario Búsqueda deslizó la sospecha de que Mujica podría haber negociado una amnistía. ¿Cuál es tu apreciación?
–El gobierno acaba de rechazar un pedido de los comandantes en jefe para que se encontrara una solución legislativa que impidiera que muchos militares fueran presos. Mujica dijo que él no puede intervenir en las decisiones del Poder Judicial... Esos son los hechos. Ahora, hay muchos dimes y diretes que hablan de un acuerdo de los tupamaros y los militares para “cerrar el tema”. Eso es imposible. El tema sólo se cierra con la verdad y la justicia que de ella emane. El tema sólo se cierra cuando la pregunta “¿dónde están?” tenga una comprobada respuesta.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh

No hay comentarios: